“Los narcos están volviendo”: Así se está reactivando economía de la coca tras crisis
El colapso del mercado por dos años, que puso a aguantar hambre a miles de familias, se vio como la mayor ventana de oportunidad para llevar alternativas a los cultivadores y recolectores, pero el Gobierno no actuó eficazmente y la economía cocalera da señales de reactivación. Expertos y comunidades coinciden en que la crisis aún no acaba y hay tiempo de tomar medidas. Prevenir el salto a la minería y otras economías ilícitas, entre los retos.
Julián Ríos Monroy
Lo primero fue improvisar bodegas. No había otra opción: corría julio de 2022 y, con el precio del kilogramo de pasta base de coca disminuido a la mitad, era mejor guardar la producción que venderla. Envueltas en plásticos, las “panelas” blancas de sulfato empezaron a acopiarse mientras la falta de dinero y el hambre se asomaban como los efectos más inmediatos en las regiones que históricamente han subsistido de la economía cocalera. Pero desde hace cuatro meses, poco a poco, los compradores han vuelto a aparecer, los precios se han estabilizado, las bodegas se han ido desocupando y los cultivadores y recolectores (el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico) han visto cómo se reactiva el negocio tras dos años de la mayor crisis.
Se trata de un efecto que estaba más que cantado. “El mercado va a volver a activarse en algún momento, pero entre tanto hay que empezar todo el proceso de transformación territorial y asentar las bases para la transición económica de estas regiones”, le dijo a Colombia+20 la investigadora Estefanía Ciro en abril de 2023, cuando la crisis cocalera ya se sentía a nivel nacional.
Por esos días, académicos, defensores de derechos humanos y líderes campesinos empezaron a hablar de la “oportunidad de oro” que el colapso del mercado abría para que el Gobierno del presidente Gustavo Petro iniciara una intervención integral que propiciara la sustitución de cultivos y economías para transformar los territorios cocaleros.
La expectativa no era resolver en dos años un proceso que puede tardar décadas, pero sí implementar acciones para que los cultivadores, al menos, se convencieran de no volver a sembrar. Sin embargo, los narcos volvieron antes de que el Ejecutivo pusiera en marcha un plan real para dar ese salto.
Este diario consultó a productores, líderes sociales, académicos e investigadores que hacen trabajo de campo en Norte de Santander, Putumayo, Nariño, Cauca y Caquetá, donde se concentra más de la mitad de la coca en Colombia. Todos coincidieron en que, aunque la crisis no ha llegado a su fin, el mercado está dando señales de reactivación que están motivando a los campesinos a continuar en esa economía.
“En las regiones hay mucha decepción. La gente tenía la voluntad genuina de dejar la coca y el Gobierno no aprovechó ese cuarto de hora. Ahora los narcos volvieron, las ventas y el precio están mejorando y la población está volviendo a sembrar”, dice el congresista Diógenes Quintero, oriundo del Catatumbo, Norte de Santander, el principal enclave cocalero del país.
Los estragos los siente el campesinado
Una prueba de que el Gobierno no aprovechó la oportunidad es que, pese a la crisis, no disminuyó el área cultivada con coca ni la producción de cocaína en Colombia. Por el contrario, hubo un aumento, como reveló el viernes pasado la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
En contexto: En el primer año de Petro hubo más hectáreas de coca y mayor producción de cocaína
Según el monitoreo de esta dependencia, en 2023 se registraron 253.000 hectáreas de coca, un 10% más que en 2022. El informe desmiente una hipótesis planteada durante la crisis: que los campesinos habían dejado quietas las siembras (mantenían las matas, pero sin cosecharlas). UNODC identificó que 9 de cada 10 cultivadores cosecharon cuatro veces al año, lo que explica, en buena medida, por qué la producción potencial de cocaína aumentó un 53%.
La conclusión: a pesar del bajísimo precio, los campesinos tuvieron que seguir cultivando. Ese hallazgo no es menor si se tiene en cuenta la dependencia que varias regiones del país tienen de este cultivo para la subsistencia. Además, según algunas estimaciones, casi el 60% de estas personas viven en situación de pobreza monetaria y el 47%, en pobreza multidimensional.
Como le dijo a Colombia+20 una lideresa social: “La gente de las ciudades cree que el campesino siembra coca porque quiere ser un bandido, como nos tildan, pero no es eso, sino la situación. Acá, en los territorios alejados, no tenemos vías de acceso para sacar otros productos y cualquier ganancia se nos va en el transporte. Con la crisis muchos tuvieron que desplazarse a buscar nuevas alternativas, otros se quedaron aguantando, pero lo que vemos es que el que tenía plata consiguió más, y el que era pobre quedó más llevado. Algunas personas compraban la producción a precio de huevo para guardarla, y ahora están aprovechando la subida para sacarla, y venderla casi al doble”.
Su relato confirma una de las principales conclusiones de los centros de investigación que le han hecho seguimiento al colapso del mercado de la coca desde 2022: que la crisis no ha sido para toda la cadena del narcotráfico, sino para el campesino cultivador y recolector.
“El primer mito que se creó era que la cocaína estaba siendo reemplazada por el fentanilo, y eso no es cierto. Los informes de UNODC muestran que la cocaína sigue y seguirá siendo un mercado boyante, y ahora mismo tiene 23 millones de usuarios en el mundo. Entonces, por supuesto que no era una crisis de toda la cadena, sino específicamente para el sector de la producción de la materia prima: los cultivadores y recolectores, que sufrieron el aplastamiento del mercado mientras los otros eslabones de la cadena siguieron funcionando”, explica Estefanía Ciro, directora del Centro de Pensamiento A la Orilla Del Río.
Según el relato de algunos campesinos que hablaron con Colombia+20, incluso tuvieron que fiar las ventas, y los pagos se demoraron hasta seis meses. La falta de dinero fue tal que llegaron a utilizar la pasta base como moneda de cambio, una práctica vieja en algunas zonas: “La gente ya estaba trabajando con gramos. Iban al supermercado por un kilo de carne, a un almacén a comprar un pantalón, pesaban la pasta y con eso era que pagaban”.
Otro de los efectos de la crisis fue el salto a otras economías, como la minería ilegal. La investigadora Beatríz Ramos, del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed), asegura que en algunas regiones del país “el oro y la coca han estado en las mismas veredas, e incluso hay fincas donde en el mismo predio se extrae oro y se cultiva coca. La minería de oro fue la actividad principal que recibió esa mano de obra flotante”. Dependiendo de la zona, los cultivadores y recolectores también se han empleado en minas de carbón.
Ramos asegura que el otro salto es hacia la ganadería: “Algunas veredas antiguamente cocaleras -esto es particular y específico de condiciones a nivel regional- hicieron transición al ganado”.
Pese a que el salto a la ganadería supone insertarse en un mercado lícito, tiene serios problemas ambientales y, a gran escala, se convierte en una de las principales causas de deforestación (el 47% de esta entre 2022 y 2023 ocurrió en los mismos territorios donde se está concentrando la coca, según UNODC).
Visión de Petro no se traduce en acciones
Y aunque en el discurso el propio presidente Gustavo Petro ha hablado del fracaso de la lucha contra las drogas y ha reconocido que el campesinado cocalero es el eslabón más vulnerable del negocio del narcotráfico, sus palabras aún no se ven materializadas en sus políticas ni en resultados.
“La política de drogas del presidente Petro no arranca. La promesa de transformación de los territorios hasta ahora se está planeando y en algunas regiones solo hasta ahora se comienza a ejecutar bajo la nueva Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos”, dijo esta semana la directora del Cesed, María Alejandra Vélez.
“Hay algunas acciones dispersas del Gobierno, pero por ahora no se ven procesos planificados que lleven a proyectos concretos y sólidos consignados en instrumentos administrativos con objetivos, metas y presupuestos claros. Eso es lo que debe desprender de la política, si se quieren resultados en este gobierno y a 10 años, que es la vigencia de esta política”, le dijo a este diario Ana María Rueda, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Un ejemplo de esa falta de planeación es la más reciente promesa del jefe de Estado. El viernes, durante uno de sus discursos, el presidente aseguró que su gobierno va a “iniciar la compra estatal de cosecha de coca” en el corregimiento de El Plateado (Argelia, Cauca), y vaticinó que por esta propuesta le caerían “rayos y centellas”. En efecto, recibió críticas de la oposición, pero más allá de la controversia política, saltaron las dudas sobre si se trata de una apuesta con una viabilidad estudiada o apenas un anuncio al aire.
María Clara Torres, una de las investigadoras que más ha estudiado la coca, planteó inquietudes sobre los ajustes normativos para permitirle al Estado comprar y vender coca, las fuentes de financiación, los estudios científicos sobre los usos potenciales de la hoja, y agregó una posibilidad que tiene un riesgo implícito: ¿No será que ese anuncio prematuro puede incentivar la expansión del cultivo de coca?
Ya en el pasado, con el anuncio del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS), planteado en el Acuerdo de Paz con las FARC, se evidenció cómo anuncios de este tipo pueden ser contraproducentes y motivar que más campesinos siembren coca para recibir los beneficios del Estado.
Sigue la mora con el cumplimiento del PNIS
Justo ese tema, el PNIS, es otro de los grandes pendientes de este gobierno. Se trata de un programa que vinculó a 99.000 familias de cultivadores y recolectores, y que estuvo rezagado durante todo el Gobierno de Iván Duque. Pese a que Petro se comprometió a cumplir los compromisos adquiridos, las cifras de implementación siguen en rojo. De hecho, en abril de este año el Congreso citó a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) a un debate de control político por la falta de ejecución presupuestal en 2023. Pese a que el Gobierno casi triplicó el presupuesto asignado al PNIS, el año pasado solo se comprometió el 5,8% de los recursos, mientras los campesinos cocaleros clamaban por atención urgente.
En respuesta a estos cuestionamientos, Gloria Miranda, actual directora de la DSCI, le dijo a Colombia+20 que el Ejecutivo sí ha adelantado acciones, como la revisión de los contratos de operación del PNIS y la reestructuración del programa para lograr su cumplimiento, la estrategia ‘Hambre cero’ para apoyar la crisis alimentaria y económica, y la focalización de zonas clave. “Se espera cumplir con el programa PNIS en los próximos 10 meses con las familias que se encuentran activas en el programa y han mantenido su cumplimiento. Ya se ejecutó un componente de alistamiento al proyecto productivo por más de 140 mil millones”, aseguró Miranda.
El problema es que varios de los beneficiarios del PNIS tienen una honda desconfianza en el Estado. Algunos de ellos ya volvieron a cultivar coca y, de todas formas, son apenas un tercio de alrededor de 300.000 familias que subsisten de esta economía en Colombia. Por eso, las soluciones deben ir más allá del cumplimiento del PNIS y de la idea de sustituir una mata por otra.
La crisis no se ha terminado
Pese a esa reactivación progresiva de la economía cocalera, los líderes campesinos y los investigadores de drogas consultados por Colombia+20 coinciden en que la crisis no ha llegado a su fin y todavía hay tiempo para que el Gobierno ofrezca alternativas.
La explicación más básica tiene que ver con que el negocio aún no es rentable. A pesar de que los precios de la paste base están casi iguales que antes de la crisis (entre 2.300 y 2.700 pesos por gramo), el incremento en los insumos, especialmente en la gasolina (que duplicó su valor), hace que el costo de producción sea superior y mermen las ganancias.
“Advertimos la situación que podría pasar si el gobierno no llegaba de forma oportuna a trabajar en la sustitución y la transformación. Es muy difícil evitar que el narcotráfico se recomponga cuando a las familias no les han cumplido, pero aún hay tiempo de actuar, el punto es que haya articulación . Si no llegan las agencias del Gobierno Nacional articuladas con gobernaciones y alcaldías no se logra nada. Los chalecos por aparte no ayudan. No pueden hacer reuniones cada uno por su lado y no iniciar nada”, dice Wilder Mora, vocero de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam).
Lo primero fue improvisar bodegas. No había otra opción: corría julio de 2022 y, con el precio del kilogramo de pasta base de coca disminuido a la mitad, era mejor guardar la producción que venderla. Envueltas en plásticos, las “panelas” blancas de sulfato empezaron a acopiarse mientras la falta de dinero y el hambre se asomaban como los efectos más inmediatos en las regiones que históricamente han subsistido de la economía cocalera. Pero desde hace cuatro meses, poco a poco, los compradores han vuelto a aparecer, los precios se han estabilizado, las bodegas se han ido desocupando y los cultivadores y recolectores (el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico) han visto cómo se reactiva el negocio tras dos años de la mayor crisis.
Se trata de un efecto que estaba más que cantado. “El mercado va a volver a activarse en algún momento, pero entre tanto hay que empezar todo el proceso de transformación territorial y asentar las bases para la transición económica de estas regiones”, le dijo a Colombia+20 la investigadora Estefanía Ciro en abril de 2023, cuando la crisis cocalera ya se sentía a nivel nacional.
Por esos días, académicos, defensores de derechos humanos y líderes campesinos empezaron a hablar de la “oportunidad de oro” que el colapso del mercado abría para que el Gobierno del presidente Gustavo Petro iniciara una intervención integral que propiciara la sustitución de cultivos y economías para transformar los territorios cocaleros.
La expectativa no era resolver en dos años un proceso que puede tardar décadas, pero sí implementar acciones para que los cultivadores, al menos, se convencieran de no volver a sembrar. Sin embargo, los narcos volvieron antes de que el Ejecutivo pusiera en marcha un plan real para dar ese salto.
Este diario consultó a productores, líderes sociales, académicos e investigadores que hacen trabajo de campo en Norte de Santander, Putumayo, Nariño, Cauca y Caquetá, donde se concentra más de la mitad de la coca en Colombia. Todos coincidieron en que, aunque la crisis no ha llegado a su fin, el mercado está dando señales de reactivación que están motivando a los campesinos a continuar en esa economía.
“En las regiones hay mucha decepción. La gente tenía la voluntad genuina de dejar la coca y el Gobierno no aprovechó ese cuarto de hora. Ahora los narcos volvieron, las ventas y el precio están mejorando y la población está volviendo a sembrar”, dice el congresista Diógenes Quintero, oriundo del Catatumbo, Norte de Santander, el principal enclave cocalero del país.
Los estragos los siente el campesinado
Una prueba de que el Gobierno no aprovechó la oportunidad es que, pese a la crisis, no disminuyó el área cultivada con coca ni la producción de cocaína en Colombia. Por el contrario, hubo un aumento, como reveló el viernes pasado la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
En contexto: En el primer año de Petro hubo más hectáreas de coca y mayor producción de cocaína
Según el monitoreo de esta dependencia, en 2023 se registraron 253.000 hectáreas de coca, un 10% más que en 2022. El informe desmiente una hipótesis planteada durante la crisis: que los campesinos habían dejado quietas las siembras (mantenían las matas, pero sin cosecharlas). UNODC identificó que 9 de cada 10 cultivadores cosecharon cuatro veces al año, lo que explica, en buena medida, por qué la producción potencial de cocaína aumentó un 53%.
La conclusión: a pesar del bajísimo precio, los campesinos tuvieron que seguir cultivando. Ese hallazgo no es menor si se tiene en cuenta la dependencia que varias regiones del país tienen de este cultivo para la subsistencia. Además, según algunas estimaciones, casi el 60% de estas personas viven en situación de pobreza monetaria y el 47%, en pobreza multidimensional.
Como le dijo a Colombia+20 una lideresa social: “La gente de las ciudades cree que el campesino siembra coca porque quiere ser un bandido, como nos tildan, pero no es eso, sino la situación. Acá, en los territorios alejados, no tenemos vías de acceso para sacar otros productos y cualquier ganancia se nos va en el transporte. Con la crisis muchos tuvieron que desplazarse a buscar nuevas alternativas, otros se quedaron aguantando, pero lo que vemos es que el que tenía plata consiguió más, y el que era pobre quedó más llevado. Algunas personas compraban la producción a precio de huevo para guardarla, y ahora están aprovechando la subida para sacarla, y venderla casi al doble”.
Su relato confirma una de las principales conclusiones de los centros de investigación que le han hecho seguimiento al colapso del mercado de la coca desde 2022: que la crisis no ha sido para toda la cadena del narcotráfico, sino para el campesino cultivador y recolector.
“El primer mito que se creó era que la cocaína estaba siendo reemplazada por el fentanilo, y eso no es cierto. Los informes de UNODC muestran que la cocaína sigue y seguirá siendo un mercado boyante, y ahora mismo tiene 23 millones de usuarios en el mundo. Entonces, por supuesto que no era una crisis de toda la cadena, sino específicamente para el sector de la producción de la materia prima: los cultivadores y recolectores, que sufrieron el aplastamiento del mercado mientras los otros eslabones de la cadena siguieron funcionando”, explica Estefanía Ciro, directora del Centro de Pensamiento A la Orilla Del Río.
Según el relato de algunos campesinos que hablaron con Colombia+20, incluso tuvieron que fiar las ventas, y los pagos se demoraron hasta seis meses. La falta de dinero fue tal que llegaron a utilizar la pasta base como moneda de cambio, una práctica vieja en algunas zonas: “La gente ya estaba trabajando con gramos. Iban al supermercado por un kilo de carne, a un almacén a comprar un pantalón, pesaban la pasta y con eso era que pagaban”.
Otro de los efectos de la crisis fue el salto a otras economías, como la minería ilegal. La investigadora Beatríz Ramos, del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed), asegura que en algunas regiones del país “el oro y la coca han estado en las mismas veredas, e incluso hay fincas donde en el mismo predio se extrae oro y se cultiva coca. La minería de oro fue la actividad principal que recibió esa mano de obra flotante”. Dependiendo de la zona, los cultivadores y recolectores también se han empleado en minas de carbón.
Ramos asegura que el otro salto es hacia la ganadería: “Algunas veredas antiguamente cocaleras -esto es particular y específico de condiciones a nivel regional- hicieron transición al ganado”.
Pese a que el salto a la ganadería supone insertarse en un mercado lícito, tiene serios problemas ambientales y, a gran escala, se convierte en una de las principales causas de deforestación (el 47% de esta entre 2022 y 2023 ocurrió en los mismos territorios donde se está concentrando la coca, según UNODC).
Visión de Petro no se traduce en acciones
Y aunque en el discurso el propio presidente Gustavo Petro ha hablado del fracaso de la lucha contra las drogas y ha reconocido que el campesinado cocalero es el eslabón más vulnerable del negocio del narcotráfico, sus palabras aún no se ven materializadas en sus políticas ni en resultados.
“La política de drogas del presidente Petro no arranca. La promesa de transformación de los territorios hasta ahora se está planeando y en algunas regiones solo hasta ahora se comienza a ejecutar bajo la nueva Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos”, dijo esta semana la directora del Cesed, María Alejandra Vélez.
“Hay algunas acciones dispersas del Gobierno, pero por ahora no se ven procesos planificados que lleven a proyectos concretos y sólidos consignados en instrumentos administrativos con objetivos, metas y presupuestos claros. Eso es lo que debe desprender de la política, si se quieren resultados en este gobierno y a 10 años, que es la vigencia de esta política”, le dijo a este diario Ana María Rueda, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Un ejemplo de esa falta de planeación es la más reciente promesa del jefe de Estado. El viernes, durante uno de sus discursos, el presidente aseguró que su gobierno va a “iniciar la compra estatal de cosecha de coca” en el corregimiento de El Plateado (Argelia, Cauca), y vaticinó que por esta propuesta le caerían “rayos y centellas”. En efecto, recibió críticas de la oposición, pero más allá de la controversia política, saltaron las dudas sobre si se trata de una apuesta con una viabilidad estudiada o apenas un anuncio al aire.
María Clara Torres, una de las investigadoras que más ha estudiado la coca, planteó inquietudes sobre los ajustes normativos para permitirle al Estado comprar y vender coca, las fuentes de financiación, los estudios científicos sobre los usos potenciales de la hoja, y agregó una posibilidad que tiene un riesgo implícito: ¿No será que ese anuncio prematuro puede incentivar la expansión del cultivo de coca?
Ya en el pasado, con el anuncio del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS), planteado en el Acuerdo de Paz con las FARC, se evidenció cómo anuncios de este tipo pueden ser contraproducentes y motivar que más campesinos siembren coca para recibir los beneficios del Estado.
Sigue la mora con el cumplimiento del PNIS
Justo ese tema, el PNIS, es otro de los grandes pendientes de este gobierno. Se trata de un programa que vinculó a 99.000 familias de cultivadores y recolectores, y que estuvo rezagado durante todo el Gobierno de Iván Duque. Pese a que Petro se comprometió a cumplir los compromisos adquiridos, las cifras de implementación siguen en rojo. De hecho, en abril de este año el Congreso citó a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) a un debate de control político por la falta de ejecución presupuestal en 2023. Pese a que el Gobierno casi triplicó el presupuesto asignado al PNIS, el año pasado solo se comprometió el 5,8% de los recursos, mientras los campesinos cocaleros clamaban por atención urgente.
En respuesta a estos cuestionamientos, Gloria Miranda, actual directora de la DSCI, le dijo a Colombia+20 que el Ejecutivo sí ha adelantado acciones, como la revisión de los contratos de operación del PNIS y la reestructuración del programa para lograr su cumplimiento, la estrategia ‘Hambre cero’ para apoyar la crisis alimentaria y económica, y la focalización de zonas clave. “Se espera cumplir con el programa PNIS en los próximos 10 meses con las familias que se encuentran activas en el programa y han mantenido su cumplimiento. Ya se ejecutó un componente de alistamiento al proyecto productivo por más de 140 mil millones”, aseguró Miranda.
El problema es que varios de los beneficiarios del PNIS tienen una honda desconfianza en el Estado. Algunos de ellos ya volvieron a cultivar coca y, de todas formas, son apenas un tercio de alrededor de 300.000 familias que subsisten de esta economía en Colombia. Por eso, las soluciones deben ir más allá del cumplimiento del PNIS y de la idea de sustituir una mata por otra.
La crisis no se ha terminado
Pese a esa reactivación progresiva de la economía cocalera, los líderes campesinos y los investigadores de drogas consultados por Colombia+20 coinciden en que la crisis no ha llegado a su fin y todavía hay tiempo para que el Gobierno ofrezca alternativas.
La explicación más básica tiene que ver con que el negocio aún no es rentable. A pesar de que los precios de la paste base están casi iguales que antes de la crisis (entre 2.300 y 2.700 pesos por gramo), el incremento en los insumos, especialmente en la gasolina (que duplicó su valor), hace que el costo de producción sea superior y mermen las ganancias.
“Advertimos la situación que podría pasar si el gobierno no llegaba de forma oportuna a trabajar en la sustitución y la transformación. Es muy difícil evitar que el narcotráfico se recomponga cuando a las familias no les han cumplido, pero aún hay tiempo de actuar, el punto es que haya articulación . Si no llegan las agencias del Gobierno Nacional articuladas con gobernaciones y alcaldías no se logra nada. Los chalecos por aparte no ayudan. No pueden hacer reuniones cada uno por su lado y no iniciar nada”, dice Wilder Mora, vocero de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam).