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María Raquel Espinosa da pasos lentos y cuidadosos. El crujido de sus botas sobre la hojarasca se mezcla con el sonido de los pájaros hasta que llega a un árbol frondoso y lo abraza: “Se siente el palpitar del corazón”, dice.
La reserva donde caminamos está atravesada por un sendero de dos kilómetros que se ha convertido en una excusa para que niños, jóvenes y adultos de las sabanas comprendan la importancia de cuidar el medio ambiente.
Es un oasis de vida y biodiversidad en medio de un territorio en el que el paisaje más habitual son pastizales de cientos de hectáreas usadas para mantener hatos de ganado.
Este bosque restaurado es parte del vivero amazónico Alto Morrocoy, una iniciativa de la Asociación Ambiental de Mujeres Trabajadoras por el Desarrollo del Yarí (Aampy), que en los últimos cinco años ha impulsado la siembra de más de 130.000 árboles de 140 especies nativas de esta región, ubicada entre los municipios de La Macarena (sur de Meta) y San Vicente del Caguán (norte de Caquetá).
“El vivero surgió por la necesidad de cambiar el chip. Estábamos en los primeros lugares de los listados de deforestación, y se empezó a estigmatizar al campesino como un criminal. Acá buscamos que haya un cambio, que nos reconozcan por proteger la fauna y la flora, y podamos vivir en paz con la naturaleza”, dice Raquel, quien llegó al Yarí hace 26 años.
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Un eco de esperanza
Para esa época, a finales de 1998, la región empezó a sonar con frecuencia en Colombia, porque formaba parte de la zona de distensión de 42.000 kilómetros cuadrados que el gobierno del presidente Andrés Pastrana acordó con las FARC para adelantar los diálogos de paz del Caguán, que fracasaron luego de tres años de negociación.
La elección de estas tierras para el despeje no fue en vano: desde 1990, cuando se desplegó la Operación Centauro para arrinconar al secretariado de la entonces guerrilla, el bloque Oriental se expandió por la Orinoquia y aprovechó la ausencia estatal histórica del Yarí para establecer una de sus columnas y forjar, de a poco, una zona de retaguardia que le sería útil durante casi tres décadas.
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Desde la carretera que recorremos para llegar al vivero aún se observan algunos vestigios de los tiempos del proceso de paz con Pastrana: la antigua sede de los diálogos en la vereda Los Pozos, que terminó adecuada como colegio y hoy lucha por mantenerse en pie; las columnas de las casas de algunos comandantes guerrilleros que sobrevivieron a los bombardeos que vinieron tras el fin de las conversaciones; las pistas de aterrizaje construidas en la década de los 80, que luego sirvieron para la llegada de las comitivas nacionales e internacionales que asistían a la mesa.
El sacerdote Emilio Jiménez recuerda bien esa época. Fue enviado a San Vicente del Caguán en 2003, cuando el gobierno ya tenía desplegados los operativos militares de retoma del territorio. Según documentó la Comisión de la Verdad, decenas de civiles inocentes, incluidos varios niños, resultaron muertos producto de las acciones de la Fuerza Pública y las FARC.
En medio de esa escalada del conflicto, explica Jiménez, cobró mayor fuerza un proyecto de la Iglesia católica que inició en 1995: la emisora comunitaria Ecos del Caguán.
“Desafortunadamente, este territorio ha sido epicentro de sueños de paz, pero también de frustraciones en medio de la guerra. Por eso el lema de Ecos del Caguán es ‘La voz de la vida’, porque donde hay muerte buscamos ser un signo de vida y de esperanza; donde hay miedo, que haya un momento de consolación. Eso ha sido Ecos a lo largo de casi 30 años de esta historia tan dura”, cuenta el padre Emilio.
En un municipio donde el acceso a internet y la señal de celular todavía son limitados, esta emisora ha sido la compañía de los campesinos durante las labores de ordeño y agricultura, el canal de información sobre las noticias de su región y el país entero, la forma más eficaz de enviarle un mensaje de cumpleaños a un familiar.
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Pero también ha sido una herramienta de construcción de paz y pedagogía en una región en la que se mantiene la presencia y el control de grupos disidentes de las FARC, como la Segunda Marquetalia (que antes de su reciente división interna era comandada por “Iván Márquez”), el Estado Mayor Central (de “Iván Mordisco”) y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (bajo órdenes de “Calarcá Córdoba”, que actualmente mantiene una mesa de diálogos con el Gobierno Nacional).
“En los escenarios de guerra, la emisora hace resistencia siendo un oasis de paz y cultura. Los actores armados nos han respetado por nuestra labor en el territorio. Ahora mismo, en el proceso que se lleva, creemos que Ecos del Caguán es una herramienta válida para hacer pedagogía para la paz y ayudar a tejer esperanza en medio de la desesperanza”, asegura el sacerdote.
De hecho, para llevar su mensaje a más poblaciones, Ecos del Caguán está en un proceso de modernización que ya fue aprobado por el Ministerio de las TIC, que incluye ampliar su alcance para pasar de 32.000 a 100.000 oyentes potenciales en los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Puerto Rico y La Macarena.
Las apuestas que convergen con la mesa de paz
La actualización de la emisora y el fortalecimiento del Vivero Amazónico Alto Morrocoy son dos de las seis iniciativas (con más de 1.000 participantes) que está impulsando en la región del Yarí el proyecto Apoyo a la Consolidación de la Paz de la Unión Europea, operado por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).
Además, el proyecto acompaña el fortalecimiento de la participación de las mujeres en la Comisión Interinstitucional y Comunitaria del Sur del Meta y Guaviare, de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán (ACISC) y de la plataforma de mujeres de este municipio.
También apoya la puesta en marcha de la Escuela de Oficios Campesinos y Técnicas Agropecuarias, que busca una reconversión productiva de la Amazonia basada en el cuidado y la restauración de los ecosistemas. El plan es ponerla en funcionamiento en el Centro Don Bosco, un lugar emblemático de San Vicente, operado por la Iglesia católica, que durante 20 años sirvió como colegio internado y luego, por ocho años más, brindó programas técnicos laborales para que la población de la zona rural pudiera formarse.
Estas seis apuestas de la sociedad civil, que ya existían y habían recibido el apoyo de la cooperación internacional, ahora reciben un nuevo impulso de la Unión Europea y el ICTJ, dado su rol clave en la construcción de paz de las sabanas del Yarí, una de las regiones priorizadas para las tranformaciones territoriales de la mesa de diálogos entre el Gobierno y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF).
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Camilo González Posso, coordinador de la delegación del Ejecutivo en la negociación, asegura que “estas iniciativas no son asuntos decididos en la mesa, pero son apuestas de las comunidades que nos sirven para las transformaciones. No podemos pretender que la transformación de un territorio tan grande pase toda por la mesa y no podemos cortarles las alas a todas estas apuestas. Nos parece importante que se desarrollen para que converjan con las acciones institucionales, de la Alcaldía, la Gobernación, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), entre otras que van de la mano del proceso de paz”.
Las luchas de las mujeres
La Plataforma Municipal de Mujeres de San Vicente del Caguán nació en 2019 con el objetivo de juntar y fortalecer a las integrantes de cerca de 10 organizaciones que buscaban apalancar y gestionar recursos y constituir la Casa de la Mujer como un lugar de encuentro, formación y de exposición de sus proyectos productivos.
Pero durante el camino se encontraron con varios obstáculos. Uno de ellos fue que recibieron de la Alcaldía de San Vicente una casa en comodato que nunca pudieron usar porque no estaba en condiciones de ser habitada y, además, por ser un bien público, no podía ser utilizada para la comercialización de sus productos. Así que hoy el predio está vacío y a punto de quedarse sin techo y las mujeres siguen sin su casa.
Mientras tratan de consolidar esa apuesta, buscan reactivar otras iniciativas, entre ellas la producción y transformación de plantas aromáticas y la recuperación de siete máquinas de confección que no han podido poner en funcionamiento para que las mujeres garanticen sus ingresos y su independencia económica.
Otro reto ha sido tener la fuerza organizativa suficiente para sacar adelante los estatutos de la plataforma y terminar de constituirla legalmente. Ese también ha sido un camino difícil por la falta de experiencia y de capacidades de las mujeres, que han hecho varios intentos para, además, tener la posibilidad de que las organizaciones que componen la plataforma puedan estar constituidas legalmente.
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Estas dificultades han llevado a que se fragmenten los liderazgos y, por momentos, se pierdan de vista los objetivos de unidad y fortalecimiento de las organizaciones, pero varias de las lideresas siguen firmes en el empeño de conseguirlo: Gloria Inés Anaya Correa, de la Asociación de Mujeres en Pie de Lucha por la Equidad, la Paz y la Defensa del Territorio (Asomupiel); Nini Johanna Collazos, de la Asociacion de Mujeres Rurales de Campo Hermoso, quien también es concejal, y Eliana Hernández, quien pertenece a la Mesa Municipal de Mujer y Género del municipio, entre otras, están jalonando el proceso para no perder el camino andado.
Ellas lideraron la creación de sus propias organizaciones, se unieron para formar la plataforma y saben que el éxito está en trabajar unidas y seguir aprendiendo. De hecho, no descartan que se pueda materializar una bancada de mujeres en el Concejo Municipal, ya que nunca habían tenido cinco de los 15 escaños.
Las luchas históricas que ellas han encabezado por abrirse espacios de participación y decisión, por liderar iniciativas y construir paz en su territorio, están siendo heredadas por decenas de jóvenes que siguen sus pasos.
Una de ellas es Mayra Ayala Valencia, tiene 20 años, pertenece al colectivo de comunicaciones Voces del Yarí y a Aampy, la Asociación que está detrás del vivero Alto Morrocoy. Desde su mirada, el trabajo que están encabezando es “una semilla” para fortalecer el empoderamiento de las mujeres y cambiar la imagen estigmatizada de las sabanas del Yarí.
“No ocultamos que hay un orden público tenso, pero acá con solo decir de dónde somos nos tildan de que es una zona de solo guerrilla y coca. Lo que queremos mostrar es que hay jóvenes y organizaciones que trabajan por el territorio y la conservación del medio ambiente. De alguna forma, les estamos dando un ejemplo a las nuevas generaciones, que ven cómo las personas de lo que anteriormente era ‘zona roja’ se están empoderando, están tomando un liderazgo y están representando el territorio”, dice Mayra.
Una conversa intercultural
Desde que se instaló la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno y la disidencia de las FARC, comandada por “Calarcá Córdoba”, el grupo con mayor injerencia en las sabanas del Yarí, uno de los temas que más han mencionado las comunidades y organizaciones participantes es la necesidad de agilizar el ordenamiento territorial para dar respuesta a las demandas de distintas poblaciones en torno a la tierra.
En esta zona del país conviven comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, y algunos de los predios que habitan no están titulados o tienen problemas porque pertenecen a zonas especiales de manejo, colindan con zonas de reserva forestal o Parques Nacionales Naturales.
La mayora Luz Mery Panche, del pueblo indígena nasa, resume esa multiplicidad de figuras de ordenamiento en una expresión: “La cartografía del desorden”, pero destaca que pese a las dificultades, tanto las comunidades étnicas como los campesinos han prevenido conflictos.
“Hay que hacer primero la cartografía del desorden para poder mirar cuál es el orden que puede haber y por dónde es que va a caminar el cambio acá. No se puede definir una ruta sin comprender el territorio y sin que quienes hacen las políticas públicas resuelvan esos cuellos de botella”, afirma la mayora, quien pertenece al resguardo de Altamira, en San Vicente del Caguán.
Como parte de esa apuesta para avanzar en el ordenamiento territorial sin dañar las relaciones entre las comunidades, el proyecto de la Unión Europea y el ICTJ está apoyando la sistematización del proceso de diálogo intercultural entre la Asociación Ambiental del Bajo Pato (ASABP), la Asociación Municipal de Colonos del Pato (AMCOP) y el resguardo nasa de Altamira.
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“Somos vecinos y queremos demostrar que somos capaces de resolver nuestros conflictos en el territorio, porque acá no se trata de vender el resguardo o el límite de la Zona de Reserva Campesina, o el territorio colectivo de las comunidades negras, se trata de defender la vida y el territorio. La Madre Tierra es una, no es un pedazo de tierra, y estamos llamados a protegerla, a cuidar el agua que es la vida, que pasa por la Zona de Reserva, baja por el resguardo y sale a la cuenca del Amazonas. Nada hacemos con quedarnos enfrentados cuando nuestra visión es por el planeta y es la vida la que está en peligro, y ya empezamos a avanzar en esta conversa”, cuenta Panche.
Pese a las distintas visiones en las organizaciones sociales del norte de Caquetá, el sur de Meta y Guaviare, siempre hay un punto de encuentro común: el compromiso por encontrar soluciones a las dificultades que enfrenta el territorio y el deseo de poder, algún día, vivir en paz. No solo sin la presencia de grupos armados ilegales, sino conservando el medio ambiente, respetando los derechos de todas las poblaciones y librándose del manto de estigmatización que por décadas ha cubierto al territorio.
*Esta pieza periodística hace parte de la iniciativa “Comunidades que Transforman” de El Espectador, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés) y la Embajada de la Unión Europea. Esta es una alianza para producir contenidos que narran los esfuerzos de las organizaciones comunitarias, las autoridades y el sector privado en la construcción de paz.
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