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“La división en los grupos violentos es un avance en la paz”, escribió el domingo el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, cuando se conoció la noticia de la ruptura interna de la disidencia de las FARC conocida como Segunda Marquetalia, al mando de Iván Márquez.
El mandatario no explicó en su publicación a qué se refería con el avance, pero sí afirmó que quienes no tuvieran la voluntad de deponer las armas serían “doblegados” por la Fuerza Pública.
Lo cierto de esa fractura es que no es la primera vez que se presenta en los grupos armados que tienen una negociación de carácter político en la paz total del Gobierno Petro. De hecho, todos sus procesos estrella -el del ELN, el de la disidencia Estado Mayor Central (EMC) y el que llevaba con el grupo de Márquez- terminaron en confrontaciones internas que derivaron en la división de los grupos armados.
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Hasta ahora esas segmentaciones no han tenido mayor impacto en la apuesta de Petro. De hecho, algunas de las críticas de quienes hacen seguimiento a los procesos no son tanto que el Gobierno y sus delegaciones hayan optado por seguir con la parte del grupo que quiere permanecer en la mesa, sino que se ha hecho sin modificar nada de la agenda temática o los procesos internos de la negociación.
“El Gobierno renunció a la política de paz total y ha avanzado mucho más en un formato de paz parcial territorializada, en esta fórmula de negociar con quien se pueda, donde se pueda”, dijo a este diario hace unos meses Jorge Mantilla, investigador en temas de conflicto y crimen organizado.
En el caso de la disidencia de Márquez, el mismo consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, aseguró que las negociaciones con la disidencia continuarán según lo planeado.
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“Desde que se comenzó este proceso, la dirección de la Segunda Marquetalia eligió un equipo negociador y con ese es con el que se está trabajando. Tienen unos problemas internos, pero creemos que la Segunda Marquetalia puede seguir expresando en conjunto una voluntad de paz. Mientras superan esa crisis, que no es la crisis del proceso, vamos a avanzar con lo que ya tenemos”, explicó.
¿Estrategia del Gobierno Petro?
Expertos y fuentes cercanas a las negociaciones han planteado la hipótesis de que esas fracturas podrían ser una estrategia del Ejecutivo para debilitar a los grupos armados o, de alguna forma, asegurarse de estar negociando con las estructuras que sí tienen voluntad de llegar a acuerdos.
“Hay varias decisiones que parecieran apuntar a provocar esas tensiones en los grupos. Pasó en el ELN con Comuneros del Sur, pasó con el EMC con el levantamiento del cese al fuego regional (que llevó a que una facción se levantara de la mesa) y pasó con Márquez al no darse cuenta del poco poder de decisión de la delegación. Quizás es el afán de los resultados. Pero se pierde de vista que más divisiones son más grupos a atacar para la Fuerza Pública”, dijo a este diario una fuente enterada de uno de esos procesos de paz.
El otro tema, ampliamente conocido, es que el Ejecutivo tenía claro, al menos con las dos disidencias, que no se trataba de grupos armados con mando unificado y orden vertical como la extinta guerrilla de las FARC, sino más bien de una suerte de sumas de estructuras, coaliciones de frentes y bloques a los que el Gobierno de alguna manera “bautizó” bajó una sola denominación sin tener en cuenta sus alianzas, intereses o disputas.
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“El tema principal para el equipo del Gobierno es lograr establecer si existe unidad dentro de la disidencia, porque eso es un matrimonio de varios grupos que realmente tienen intereses y economías distintas. La pregunta recae entonces en si ese grupo tiene realmente la unidad para negociar en conjunto y si tiene intereses alineados frente al tema de la paz”, explicó hace unas semanas a Colombia+20 Elizabeth Dickinson, investigadora del International Crisis Group, a propósito de la reconfiguración de la Segunda Marquetalia.
El exfrente del ELN que fue el florero de Llorente
La primera de estas divisiones se dio en el proceso con el ELN. En febrero ese diálogo entró en crisis cuando esa guerrilla expresó que las conversaciones se congelarían en rechazo a una iniciativa del Gobierno para dialogar en Nariño con el frente Comuneros del Sur. Esa estructura, que terminó por separarse de la guerrilla y luego fue reconocida por el Gobierno como un grupo independiente, sigue en ese proceso de paz, que el ELN calificó como una acción de “perfidia”.
Desde entonces, el diálogo con el ELN ha venido a menos. A pesar de que en mayo se firmó un histórico acuerdo sobre el primer punto de la agenda de negociación, el cese al fuego no se pudo renovar, el proceso fue suspendido hace dos meses tras un ataque a una base militar en Arauca, y recién hace dos semanas las delegaciones volvieron a verse cara a cara.
Aunque parecía inentendible que un proceso que había avanzado se dejara de lado por uno con un grupo significativamente más pequeño como Comuneros del Sur (que tendría menos de 200 miembros y tiene influencia en pocos municipios), el presidente Petro defendió ese diálogo.
“Sin desmedro del diálogo regional para construir un Nariño en paz que ya ha iniciado, mi gobierno mantiene como escenario de diálogos de paz con el ELN la mesa nacional instaurada (…) Es importante que esa mesa tenga integrantes de los diferentes frentes regionales del ELN para pasar del diálogo a la negociación definitiva”, dijo entonces el mandatario.
Entonces no parecía tan claro, pero el Gobierno enfilaba baterías para lo que ha llamado la territorialización de la paz que palabras más, palabras menos que concibe la construcción de la paz no solo como el eventual desmantelamiento de los grupos armados ilegales y su tránsito a la vida civil, sino también como la consolidación de transformaciones territoriales que tengan un impacto real, tangible y efectivo en las comunidades.
El Gobierno sigue adelante con ese proceso, que hoy podría decirse que es uno de los que más rápido ha avanzado. Entre los acuerdos se destaca la destrucción de armas de guerra antes de diciembre de este año, el inicio del diseño para un cese al fuego, y de unas “zonas de concentración” para quienes hagan tránsito de la vida civil. Además de continuar con las labores de desminado humanitario.
Mordisco vs. Calarcá
La otra división se dio en la disidencia denominada como Estado Mayor Central (EMC), comandada por Iván Mordisco.
El 14 de marzo de 2023, el mandatario le concedió estatus político a este grupo armado ilegal bajo la presunción de que había cierta homogeneidad, jerarquía y un componente político sólido, pero desde varios sectores se advirtió que se trataba de una suma de estructuras disímiles, con una unidad de mando apenas en construcción, que apuntaba a ‘Iván Mordisco’ como máximo comandante sin que en realidad él pudiera dar línea a todos los frentes.
Sin embargo, en abril estallaron las tensiones entre los frentes del EMC -que venían aumentando porque Mordisco afirmaba que no tenía una representación de sus frentes directa en la mesa- luego de que el presidente Petro decretó la suspensión regional del cese al fuego en respuesta a hechos de violencia del grupo, una medida que solo afectaba a las estructuras de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, justamente donde opera Mordisco.
Los voceros de esos frentes exigían que se reestableciera el cese en todo el país, pero no recibieron el respaldo de todo el grupo y por ello la disidencia se dividió.
En este momento, el Gobierno sigue un diálogo con la facción del EMC que decicidió continuar en la mesa, bajo la comandania de Calarcá Córdoba -quien era el segundo al mando-. Ese grupo ahora es denominado como Estado Mayor de los Bloques (EMB).
Iván Márquez, ¿fuera de la mesa?
De acuerdo con Walter Mendoza, jefe de la delegación de ese grupo armado en los diálogos que se siguen con el Gobierno Nacional, a través de una carta que se conoció el domingo pasado, Márquez prohibió seguir utilizando ese nombre y desautorizó los encuentros bilaterales.
Esa comunicación el máximo comandante de la Segunda Marquetalia le dijo a los países y entidades garantes y acompañantes de ese proceso que se había dado un “uso inadecuado a este proceso de paz”.
“Me veo en la obligación de manifestarles que la operación a realizarse en territorio del departamento del Putumayo el 16 de noviembre y las reuniones posteriores a llevarse a cabo con los representantes del Gobierno de Colombia no fueron consultadas con el comandante de la SM (Segunda Marquetalia), así uno de los convocantes sea el jefe de nuestra delegación de paz”, dijo.
Y agregó: En consecuencia, tales reuniones deben entenderse como una iniciativa propia de representantes de las estructuras de los Comandos de Frontera y de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, que hasta ahora han aceptado ser parte de la Segunda Marquetalia. Las decisiones que allí se tomen no nos comprometen”, dice la misiva.
El mismo jefe de la delegación de Gobierno en ese proceso, Armando Novoa, dijo que ya había experiencia del Gobierno en esas rupturas y que esa era una realidad de los actuales procesos de negociación. “No me quiero anticipar a los acontecimientos, pero ya hay unos antecedentes con el (la otra disidencia de FARC conocida como Estado Mayor de los Bloques) por ejemplo, con los señores Calarcá y compañía en donde a medida que avanzan las negociaciones estas agrupaciones no se cohesionan, se fracturan. Entonces esa es una realidad que parece ser transversal a todas las mesas de diálogo si nosotros quisiéramos tener claridad sobre el tema”, indicó.
Aunque el Gobierno afirmó que seguirá conversando con las estructuras separadas de la Segunda Marquetalia, no descarta continuar también, por aparte, con Iván Márquez.
Desde la Segunda Marquetalia hasta el Estado Mayor Central y el ELN, las fragmentaciones han sido un fenómeno recurrente que plantea preguntas clave sobre la viabilidad de negociar con estructuras armadas heterogéneas, con mandos poco cohesionados y diversos intereses económicos y territoriales.
