Zonas de Reserva Campesina: la apuesta clave en mesa de paz con disidencia de Calarcá
En el marco de la mesa de diálogo entre el Gobierno y las disidencia Estado Mayor de Bloques y Frente se han adelantado acciones en materia de titulación de tierras, creación de Zonas de Reserva Campesina, planes de educación y desarrollo sostenible. Este domingo las comunidades pidieron ampliar el cese al fuego bilateral con ese grupo.
Luego de décadas resistiendo los efectos de la violencia y el abandono estatal, las comunidades de Caquetá, Meta y Guaviare están comenzando a ver los frutos de una nueva apuesta de construcción de paz.
La entrega de títulos de propiedad de más de 8.000 hectáreas a campesinos, el avance de los trámites para la creación de nuevas Zonas de Reserva Campesina y una hoja de ruta para solucionar los históricos conflictos socioambientales en las áreas de parques naturales hacen parte de los avances que se han dado en el marco de la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), disidencia de las FARC comandada por Calarcá Córdoba, que es el principal actor armado en la región.
Las partes han mantenido el impulso a los proyectos para beneficiar a las comunidades del denominado arco amazónico, a pesar de dos hechos que significaron desafíos.
El primero, que la mesa de diálogo no ha desarrollado el séptimo ciclo (el último se cumplió en Bogotá en octubre de 2024); el segundo, los efectos de la arremetida del ELN a la base social y comunitaria del Bloque Magdalena Medio del EMBF en Catatumbo, que dejó un crítico balance humanitario (más de 55.000 desplazados y 75 personas asesinadas) y que puso en jaque los avances en las transformaciones territoriales que se adelantaban en esa región de Norte de Santander.
Pese a esas situaciones, las reuniones entre dirigentes campesinos e indígenas de Caquetá, Meta y Guaviare y funcionarios de las agencias del Gobierno en temas de tierras, desarrollo rural, medio ambiente y educación, han seguido cada semana, incluso con visitas a las zonas donde se adelantan los proyectos de transformación territorial.
Los esfuerzos del gobierno y las disidencias se han concentrado en demostrar que la mesa hace un aporte real y concreto a las comunidades con miras a discutir la prórroga del cese al fuego, que según el consejero comisionado de paz, Otty Patiño, está condicionado a estos avances.
Una esperanza para las comunidades
En diálogo con Colombia+20, César Augusto Monje, secretario de gobierno de San Vicente del Caguán, destacó la importancia de adelantar estos acuerdos: “Hoy los campesinos ven una esperanza, gracias a esta mesa están siendo escuchados y aspiramos que efectivamente siga llegando la inversión social, que siga llegando la seguridad jurídica para el territorio”.
Este domingo, luego de tres días de reuniones, cerró un encuentro entre más de 10 entidades estatales y gubernamentales, delegados del EMBF y cerca de 400 campesinos que llegaron desde distintas partes de la región de la Amazonia-Orinoquia para participar de la construcción conjunta de propuestas para consolidar la paz.
En contexto: Esto se acordó tras reunión del Gobierno y disidencia de Calarcá con 400 campesinos
El evento tuvo lugar en el municipio de La Macarena, Meta, y concluyó con una serie de compromisos en defensa de los derechos humanos, garantías para los derechos campesinos en armonía con el cuidado de las áreas protegidas y de su biodiversidad. También se enfatizó en la urgencia de atender a los llamados de agilizar el ordenamiento territorial y la delimitación de los parques, entre otros temas.
Una de las peticiones de la población fue acelerar la formación de Zonas de Reserva Campesina y persistir en el camino del diálogo y la ampliación del cese al fuego bilateral entre el Gobierno y el EMBF, que vence el 15 de abril. Según conoció El Espectador, en las próximas semanas se desarrollará el séptimo ciclo entre las partes, que tendrá entre sus temas centrales dicha prórroga del cese.
Una región con más de 770.000 víctimas que busca un cambio de raíz
Una mirada a la historia de esta región permite entender la dimensión del proceso que se está llevando a cabo. Esta zona del país, que es la puerta de entrada a la selva del Amazonas, fue el punto de llegada de miles de campesinos que huían de la violencia bipartidista y buscaban un pedazo de tierra a mediados del siglo pasado.
Con el tiempo, los rumores sobre la extensión de los terrenos y la falta de control del Estado impulsaron el arribo de narcotraficantes, que impulsaron los cultivos de coca (e incluso construyeron sendos laboratorios como Tranquilandia, entre las décadas de 1970 y 1980).
Puede leer: Las propuestas de líderes del Caguán para construir paz y proteger el medioambiente
En los años 90, la guerrilla de las FARC convirtió estos departamentos en su mayor zona de retaguardia, y varios municipios sufrieron también la arremetida paramilitar. Ni los fallidos diálogos del Caguán durante el Gobierno de Andrés Pastrana, ni la firma del Acuerdo de Paz de 2016 lograron sacar del todo a los grupos armados ni impulsar las propuestas de desarrollo alternativo y la presencia estatal.
Producto de los ciclos de violencia de los últimos 40 años, al menos 773.819 habitantes de Caquetá, Meta y Guaviare resultaron afectados, según registros de la Unidad para las Víctimas. A la par del conflicto, los pobladores han sufrido la estigmatización de buena parte del país, que aún sigue señalándolos, sin fundamento, de tener vínculos con las guerrillas.
El aumento de la deforestación en la región también ha generado una sombra sobre estas comunidades, que ven en el nuevo proceso de paz una oportunidad de darle un giro a la historia y la imagen del territorio.
En toda esta apuesta, hay tres temas centrales que están avanzando: el ordenamiento territorial, la creación de nuevas zonas de reserva campesina y las apuestas de desarrollo (que incluyen iniciativas en educación, infraestructura y agricultura).
La entrega de tierras
Una de las principales exigencias de los pobladores que han participado de los diálogos de paz es que se solucione el desorden catastral de la región: parte de los predios pertenecen a zonas especiales de manejo, colindan o se traslapan con zonas de reserva forestal o Parques Nacionales Naturales, no están saneados y es escasa la titulación.
El pasado 9 de marzo se dio un paso relevante en esa materia. En el municipio de San Vicente del Caguán, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó 63 títulos de propiedad, que corresponden a 8.153 hectáreas, a 315 campesinos.
Esta área hace parte un primer grupo de adjudicaciones de baldíos en los Llanos del Yarí, pero vendrían más. La ANT anunció que ya hay un segundo polígono sobre el cual se espera tener los actos administrativos listos en el curso de los próximos cinco meses.
Puede leer: La ANT entregó 63 títulos de propiedad a 315 campesinos en San Vicente del Caguán
“Al Caguán lo único que llegaba por parte del Estado eran bombas, criminalización; sin embargo, hoy llegamos con 63 títulos, y esto es un reconocimiento justo y legal del territorio. Que el campesino nunca más sienta miedo porque llegó el Estado”, afirmó en la entrega el director general de la Agencia, Felipe Harman.
El secretario de gobierno de San Vicente, destacó la importancia de esa entrega: “Para nosotros es muy importante tener seguridad jurídica con las tierras, pues esa ha sido una reclamación histórica; este municipio tiene una condición por ley segunda que imposibilita tener títulos de propiedad de los predios. Con esa entrega se empiezan a desatrasar ese arrume de peticiones históricas”, indicó Monje.
Crear Zonas de Reserva Campesina, una apuesta clave
El jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con el EMBF, Camilo González Posso, le explicó a Colombia+20 que una de las apuestas centrales es gestionar la petición de las comunidades para que se establezcan cinco nuevas Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en la región. “Hay zonas que tienen una territorialidad amplia de campesinos con raíces acá , quienes han reclamado el reconocimiento de sus derechos de posesión y titulación. Ya se hizo la inscripción y comenzó el trámite del Plan de Desarrollo Sostenible”, dijo el delegado.
Raúl Ávila, dirigente de la Corporación de Trabajadores Campesinos Agropecuarios Ambientales de los Llanos del Yarí (Corpoayarí), explicó que lo que se busca con la creación de nuevas ZRC es “poderle brindar alguna alternativa a ese campesinado que está ahí para minimizar la problemática que hay en temas ambientales y de derechos sobre la tierra”.
Ávila agregó que la meta de la población es convertir a este territorio en un distrito para la producción, y fue enfático en que se trata de una vieja deuda con las comunidades.
“Es una reivindicación pendiente de cumplir por parte del Estado desde 2021. Y se ratificó en el acuerdo que hicimos en Los Pozos. También está pendiente el tema de parques, que fue una ruta de trabajo que se acordó para ir avanzando en una solución a las familias que se encuentran en territorio de parques nacionales. En eso no se ha avanzado tampoco”, señaló el líder de Corpoayarí.
Hasta donde han adelantado los campesinos, la apuesta en estas Zonas de Reserva está estrechamente atada a la protección del territorio.
En la región ya hay experiencias adelantadas, porque allí se ubica la ZRC El Pato-Balsillas, que se creó hace 31 años y ha mostrado resultados, por ejemplo, en la protección de los bosques, las iniciativas de reforestación y restauración ambiental y el compromiso de las comunidades para no ampliar la frontera agrícola (una de las principales causas de deforestación).
Lea: Entrevista a ‘Calarcá’: “Un acuerdo con Petro es imposible, pero tenemos voluntad de avanzar”
Ávila explica que la idea de las nuevas ZRC es trabajar sobre el concepto de ganadería sostenible (que evita algunas de las afectaciones de la ganadería extensiva), incorporar otras opciones de subsistencia como la producción de miel de abejas y el turismo comunitario.
No obstante, el líder dice que la apuesta debe ir de la mano de mejoras en las condiciones de vida de la población. “En términos sociales, lo que tiene que ver con lo comunitario pues tener garantizada la educación, mejor atención en salud y mejorar la infraestructura. Hay varias iniciativas para un plan de desarrollo, un plan de vida para unas 3.000 familias campesinas, también hay indígenas, en unas 50 veredas”, cuenta el dirigente de Corpoayarí.
¿Qué va a pasar con el Colegio Agroecológico del Yarí?
Uno de los temas que más desafíos ha tenido en el marco de la mesa de diálogos y las transformaciones territoriales es la formalización del Colegio Agroecológico Sabanas del Yarí, una obra que fue construida con apoyo del Bloque Jorge Suárez Briceño del EMBF, que es el que comanda Calarcá Córdoba.
Hace unos meses, el tema causó una polémica, debido a que se dijo que la institución se llamaría ‘Gentil Duarte’, en honor al fallecido fundador de esta disidencia.
Desde mayo de 2024, la delegación del Ejecutivo se comprometió a hacer las gestiones para que se ponga en funcionamiento esta institución educativa, que cuenta con servicio de internado y capacidad para más de 400 estudiantes y se ubica en una región de difícil acceso, a cuatro horas del casco urbano de San Vicente del Caguán.
Frente a este tema, González Posso aseguró que se mantiene en firme la decisión de regularizar el colegio y darle estatus de establecimiento de educación de carácter público a través del Ministerio de Educación.
Mientras los trámites se concretan, explicó el jefe negociador, se dictarán cursos de capacitación en temas agropecuario y agroindustriales de la mano del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se espera que dichos cursos comiencen a ofertarse antes de mitad de año.
Sin embargo, en la región insisten en la urgencia de que el colegio pueda ser usado por los menores de edad. “Hay una escuela cercana que atiende alrededor de 70 niños y se está cayendo. La comunidad pide que se les asignen las instalaciones, porque ya han tenido incidentes y afectaciones por la lluvia”, dijo González.
Puede ver: La emisora que ha narrado el conflicto y los anhelos de paz del Caguán
Al respecto, el secretario de Gobierno de San Vicente contó que se han adelantado todos los trámites para que la institución se ponga en funcionamiento.
“Con toda esta problemática del colegio que se volvió un chicharrón, el alcalde decidió recibirlo para seguir en el tema de la formalización. Este trámite era necesario para darle seguridad jurídica al predio donde está el colegio, ya que era un territorio baldío. Hicimos lo pertinente con la ANT, llenar todos los formularios y solicitar que le adjudiquen ese bien al municipio de San Vicente Caguán. El municipio no tiene la competencia de la educación, pues es del gobierno departamental y lógicamente del Ministerio de Educación. Lo importante es que se pueda prestar el servicio. El gobierno tiene que ser consciente de que debe suplir las necesidades que surgen en ese colegio, como los docentes y el transporte de los estudiantes, porque el municipio no tiene la capacidad para atenderlas. El señor gobernador también ha manifestado la misma preocupación”, dijo Monje.
Al margen de las acciones de la mesa de diálogos, la sociedad civil, con el apoyo de la comunidad internacional, están trabajando en una serie de proyectos que fortalecen la construcción de paz y el desarrollo de la región.
Como contó Colombia+20 esta semana, durante una jornada de diálogo social llevada a cabo en San Vicente, las organizaciones sociales de la región están impulsando proyectos de fortalecimiento comunitario, restauración de bosques, comunicaciones, entre otras actividades con las que quieren aportar a la consolidación de la paz en la Amazonia-Orinoquia.
El evento se dio en el marco del proyecto Apoyo a la consolidación de la paz de Colombia, de la Unión Europea y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés)
Lea también: La historia de las mujeres que han sembrado más de 130.000 árboles para restaurar la Amazonia
Una frase del exalcalde Domingo Pérez en ese diálogo resume parte de las expectativas de la población: “Necesitamos tener espacios para encontrar nuestra agenda común, somos todos en suma, un movimiento campesino. Lo que tenemos que hacer es reconocer que tuvimos condiciones de violencia y que eso mismo fue lo que nos impulsó a transformarnos. Tenemos que encontrarnos y reconocernos lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser”.
*Esta pieza periodística hace parte de la iniciativa “Comunidades que Transforman” de El Espectador, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés) y la Embajada de la Unión Europea. Esta es una alianza para producir contenidos que narran los esfuerzos de las organizaciones comunitarias, las autoridades y el sector privado en la construcción de paz.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com, o aosorio@elespectador.com.
Luego de décadas resistiendo los efectos de la violencia y el abandono estatal, las comunidades de Caquetá, Meta y Guaviare están comenzando a ver los frutos de una nueva apuesta de construcción de paz.
La entrega de títulos de propiedad de más de 8.000 hectáreas a campesinos, el avance de los trámites para la creación de nuevas Zonas de Reserva Campesina y una hoja de ruta para solucionar los históricos conflictos socioambientales en las áreas de parques naturales hacen parte de los avances que se han dado en el marco de la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), disidencia de las FARC comandada por Calarcá Córdoba, que es el principal actor armado en la región.
Las partes han mantenido el impulso a los proyectos para beneficiar a las comunidades del denominado arco amazónico, a pesar de dos hechos que significaron desafíos.
El primero, que la mesa de diálogo no ha desarrollado el séptimo ciclo (el último se cumplió en Bogotá en octubre de 2024); el segundo, los efectos de la arremetida del ELN a la base social y comunitaria del Bloque Magdalena Medio del EMBF en Catatumbo, que dejó un crítico balance humanitario (más de 55.000 desplazados y 75 personas asesinadas) y que puso en jaque los avances en las transformaciones territoriales que se adelantaban en esa región de Norte de Santander.
Pese a esas situaciones, las reuniones entre dirigentes campesinos e indígenas de Caquetá, Meta y Guaviare y funcionarios de las agencias del Gobierno en temas de tierras, desarrollo rural, medio ambiente y educación, han seguido cada semana, incluso con visitas a las zonas donde se adelantan los proyectos de transformación territorial.
Los esfuerzos del gobierno y las disidencias se han concentrado en demostrar que la mesa hace un aporte real y concreto a las comunidades con miras a discutir la prórroga del cese al fuego, que según el consejero comisionado de paz, Otty Patiño, está condicionado a estos avances.
Una esperanza para las comunidades
En diálogo con Colombia+20, César Augusto Monje, secretario de gobierno de San Vicente del Caguán, destacó la importancia de adelantar estos acuerdos: “Hoy los campesinos ven una esperanza, gracias a esta mesa están siendo escuchados y aspiramos que efectivamente siga llegando la inversión social, que siga llegando la seguridad jurídica para el territorio”.
Este domingo, luego de tres días de reuniones, cerró un encuentro entre más de 10 entidades estatales y gubernamentales, delegados del EMBF y cerca de 400 campesinos que llegaron desde distintas partes de la región de la Amazonia-Orinoquia para participar de la construcción conjunta de propuestas para consolidar la paz.
En contexto: Esto se acordó tras reunión del Gobierno y disidencia de Calarcá con 400 campesinos
El evento tuvo lugar en el municipio de La Macarena, Meta, y concluyó con una serie de compromisos en defensa de los derechos humanos, garantías para los derechos campesinos en armonía con el cuidado de las áreas protegidas y de su biodiversidad. También se enfatizó en la urgencia de atender a los llamados de agilizar el ordenamiento territorial y la delimitación de los parques, entre otros temas.
Una de las peticiones de la población fue acelerar la formación de Zonas de Reserva Campesina y persistir en el camino del diálogo y la ampliación del cese al fuego bilateral entre el Gobierno y el EMBF, que vence el 15 de abril. Según conoció El Espectador, en las próximas semanas se desarrollará el séptimo ciclo entre las partes, que tendrá entre sus temas centrales dicha prórroga del cese.
Una región con más de 770.000 víctimas que busca un cambio de raíz
Una mirada a la historia de esta región permite entender la dimensión del proceso que se está llevando a cabo. Esta zona del país, que es la puerta de entrada a la selva del Amazonas, fue el punto de llegada de miles de campesinos que huían de la violencia bipartidista y buscaban un pedazo de tierra a mediados del siglo pasado.
Con el tiempo, los rumores sobre la extensión de los terrenos y la falta de control del Estado impulsaron el arribo de narcotraficantes, que impulsaron los cultivos de coca (e incluso construyeron sendos laboratorios como Tranquilandia, entre las décadas de 1970 y 1980).
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En los años 90, la guerrilla de las FARC convirtió estos departamentos en su mayor zona de retaguardia, y varios municipios sufrieron también la arremetida paramilitar. Ni los fallidos diálogos del Caguán durante el Gobierno de Andrés Pastrana, ni la firma del Acuerdo de Paz de 2016 lograron sacar del todo a los grupos armados ni impulsar las propuestas de desarrollo alternativo y la presencia estatal.
Producto de los ciclos de violencia de los últimos 40 años, al menos 773.819 habitantes de Caquetá, Meta y Guaviare resultaron afectados, según registros de la Unidad para las Víctimas. A la par del conflicto, los pobladores han sufrido la estigmatización de buena parte del país, que aún sigue señalándolos, sin fundamento, de tener vínculos con las guerrillas.
El aumento de la deforestación en la región también ha generado una sombra sobre estas comunidades, que ven en el nuevo proceso de paz una oportunidad de darle un giro a la historia y la imagen del territorio.
En toda esta apuesta, hay tres temas centrales que están avanzando: el ordenamiento territorial, la creación de nuevas zonas de reserva campesina y las apuestas de desarrollo (que incluyen iniciativas en educación, infraestructura y agricultura).
La entrega de tierras
Una de las principales exigencias de los pobladores que han participado de los diálogos de paz es que se solucione el desorden catastral de la región: parte de los predios pertenecen a zonas especiales de manejo, colindan o se traslapan con zonas de reserva forestal o Parques Nacionales Naturales, no están saneados y es escasa la titulación.
El pasado 9 de marzo se dio un paso relevante en esa materia. En el municipio de San Vicente del Caguán, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó 63 títulos de propiedad, que corresponden a 8.153 hectáreas, a 315 campesinos.
Esta área hace parte un primer grupo de adjudicaciones de baldíos en los Llanos del Yarí, pero vendrían más. La ANT anunció que ya hay un segundo polígono sobre el cual se espera tener los actos administrativos listos en el curso de los próximos cinco meses.
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“Al Caguán lo único que llegaba por parte del Estado eran bombas, criminalización; sin embargo, hoy llegamos con 63 títulos, y esto es un reconocimiento justo y legal del territorio. Que el campesino nunca más sienta miedo porque llegó el Estado”, afirmó en la entrega el director general de la Agencia, Felipe Harman.
El secretario de gobierno de San Vicente, destacó la importancia de esa entrega: “Para nosotros es muy importante tener seguridad jurídica con las tierras, pues esa ha sido una reclamación histórica; este municipio tiene una condición por ley segunda que imposibilita tener títulos de propiedad de los predios. Con esa entrega se empiezan a desatrasar ese arrume de peticiones históricas”, indicó Monje.
Crear Zonas de Reserva Campesina, una apuesta clave
El jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con el EMBF, Camilo González Posso, le explicó a Colombia+20 que una de las apuestas centrales es gestionar la petición de las comunidades para que se establezcan cinco nuevas Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en la región. “Hay zonas que tienen una territorialidad amplia de campesinos con raíces acá , quienes han reclamado el reconocimiento de sus derechos de posesión y titulación. Ya se hizo la inscripción y comenzó el trámite del Plan de Desarrollo Sostenible”, dijo el delegado.
Raúl Ávila, dirigente de la Corporación de Trabajadores Campesinos Agropecuarios Ambientales de los Llanos del Yarí (Corpoayarí), explicó que lo que se busca con la creación de nuevas ZRC es “poderle brindar alguna alternativa a ese campesinado que está ahí para minimizar la problemática que hay en temas ambientales y de derechos sobre la tierra”.
Ávila agregó que la meta de la población es convertir a este territorio en un distrito para la producción, y fue enfático en que se trata de una vieja deuda con las comunidades.
“Es una reivindicación pendiente de cumplir por parte del Estado desde 2021. Y se ratificó en el acuerdo que hicimos en Los Pozos. También está pendiente el tema de parques, que fue una ruta de trabajo que se acordó para ir avanzando en una solución a las familias que se encuentran en territorio de parques nacionales. En eso no se ha avanzado tampoco”, señaló el líder de Corpoayarí.
Hasta donde han adelantado los campesinos, la apuesta en estas Zonas de Reserva está estrechamente atada a la protección del territorio.
En la región ya hay experiencias adelantadas, porque allí se ubica la ZRC El Pato-Balsillas, que se creó hace 31 años y ha mostrado resultados, por ejemplo, en la protección de los bosques, las iniciativas de reforestación y restauración ambiental y el compromiso de las comunidades para no ampliar la frontera agrícola (una de las principales causas de deforestación).
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Ávila explica que la idea de las nuevas ZRC es trabajar sobre el concepto de ganadería sostenible (que evita algunas de las afectaciones de la ganadería extensiva), incorporar otras opciones de subsistencia como la producción de miel de abejas y el turismo comunitario.
No obstante, el líder dice que la apuesta debe ir de la mano de mejoras en las condiciones de vida de la población. “En términos sociales, lo que tiene que ver con lo comunitario pues tener garantizada la educación, mejor atención en salud y mejorar la infraestructura. Hay varias iniciativas para un plan de desarrollo, un plan de vida para unas 3.000 familias campesinas, también hay indígenas, en unas 50 veredas”, cuenta el dirigente de Corpoayarí.
¿Qué va a pasar con el Colegio Agroecológico del Yarí?
Uno de los temas que más desafíos ha tenido en el marco de la mesa de diálogos y las transformaciones territoriales es la formalización del Colegio Agroecológico Sabanas del Yarí, una obra que fue construida con apoyo del Bloque Jorge Suárez Briceño del EMBF, que es el que comanda Calarcá Córdoba.
Hace unos meses, el tema causó una polémica, debido a que se dijo que la institución se llamaría ‘Gentil Duarte’, en honor al fallecido fundador de esta disidencia.
Desde mayo de 2024, la delegación del Ejecutivo se comprometió a hacer las gestiones para que se ponga en funcionamiento esta institución educativa, que cuenta con servicio de internado y capacidad para más de 400 estudiantes y se ubica en una región de difícil acceso, a cuatro horas del casco urbano de San Vicente del Caguán.
Frente a este tema, González Posso aseguró que se mantiene en firme la decisión de regularizar el colegio y darle estatus de establecimiento de educación de carácter público a través del Ministerio de Educación.
Mientras los trámites se concretan, explicó el jefe negociador, se dictarán cursos de capacitación en temas agropecuario y agroindustriales de la mano del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se espera que dichos cursos comiencen a ofertarse antes de mitad de año.
Sin embargo, en la región insisten en la urgencia de que el colegio pueda ser usado por los menores de edad. “Hay una escuela cercana que atiende alrededor de 70 niños y se está cayendo. La comunidad pide que se les asignen las instalaciones, porque ya han tenido incidentes y afectaciones por la lluvia”, dijo González.
Puede ver: La emisora que ha narrado el conflicto y los anhelos de paz del Caguán
Al respecto, el secretario de Gobierno de San Vicente contó que se han adelantado todos los trámites para que la institución se ponga en funcionamiento.
“Con toda esta problemática del colegio que se volvió un chicharrón, el alcalde decidió recibirlo para seguir en el tema de la formalización. Este trámite era necesario para darle seguridad jurídica al predio donde está el colegio, ya que era un territorio baldío. Hicimos lo pertinente con la ANT, llenar todos los formularios y solicitar que le adjudiquen ese bien al municipio de San Vicente Caguán. El municipio no tiene la competencia de la educación, pues es del gobierno departamental y lógicamente del Ministerio de Educación. Lo importante es que se pueda prestar el servicio. El gobierno tiene que ser consciente de que debe suplir las necesidades que surgen en ese colegio, como los docentes y el transporte de los estudiantes, porque el municipio no tiene la capacidad para atenderlas. El señor gobernador también ha manifestado la misma preocupación”, dijo Monje.
Al margen de las acciones de la mesa de diálogos, la sociedad civil, con el apoyo de la comunidad internacional, están trabajando en una serie de proyectos que fortalecen la construcción de paz y el desarrollo de la región.
Como contó Colombia+20 esta semana, durante una jornada de diálogo social llevada a cabo en San Vicente, las organizaciones sociales de la región están impulsando proyectos de fortalecimiento comunitario, restauración de bosques, comunicaciones, entre otras actividades con las que quieren aportar a la consolidación de la paz en la Amazonia-Orinoquia.
El evento se dio en el marco del proyecto Apoyo a la consolidación de la paz de Colombia, de la Unión Europea y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés)
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Una frase del exalcalde Domingo Pérez en ese diálogo resume parte de las expectativas de la población: “Necesitamos tener espacios para encontrar nuestra agenda común, somos todos en suma, un movimiento campesino. Lo que tenemos que hacer es reconocer que tuvimos condiciones de violencia y que eso mismo fue lo que nos impulsó a transformarnos. Tenemos que encontrarnos y reconocernos lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser”.
*Esta pieza periodística hace parte de la iniciativa “Comunidades que Transforman” de El Espectador, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés) y la Embajada de la Unión Europea. Esta es una alianza para producir contenidos que narran los esfuerzos de las organizaciones comunitarias, las autoridades y el sector privado en la construcción de paz.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com, o aosorio@elespectador.com.
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