Gobierno traza líneas rojas y responde a Segunda Marquetalia: “El tiempo apremia”

Armando Novoa, jefe negociador del Ejecutivo en los diálogos de paz con la disidencia de las FARC comandada por Iván Márquez, habló con Colombia+20 sobre el congelamiento de la mesa. Aseguró que no es momento de dilatar la negociación y se debe llegar a acuerdos antes del fin del Gobierno Petro.

Julián Ríos Monroy
28 de agosto de 2024 - 11:01 a. m.
Armando Novoa es exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y lidera la delegación del Gobierno con la Segunda Marquetalia.
Armando Novoa es exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y lidera la delegación del Gobierno con la Segunda Marquetalia.
Foto: CRISTIAN GARAVITO/EL ESPECTADOR - CRISTIAN GARAVITO

Luego de un primer ciclo de negociaciones prometedor, desarrollado a finales de junio, el proceso de paz con la Segunda Marquetalia entró en su primer congelamiento. En las últimas semanas, esta disidencia de las FARC, comandada por Iván Márquez, ha puesto de relieve algunos desacuerdos con la delegación del Gobierno Nacional, que llevaron a aplazar la segunda ronda de diálogos y a romper el canal de comunicaciones.

En entrevista con Colombia+20, el exmagistrado Armando Novoa, jefe negociador del Ejecutivo, explica los reveses de la negociación, y envía un mensaje certero al grupo ilegal: que el tiempo apremia y que la única forma de avanzar es sentarse en la mesa nuevamente.

¿Cuál es la posición del gobierno sobre las declaraciones de la Segunda Marquetalia?

El Gobierno mantiene su voluntad firme de encontrar soluciones, a las violencias que afectan a los territorios, por la vía del diálogo, pero esa voluntad no puede ignorar que en recientes declaraciones del jefe negociador de la Segunda Marquetalia se ignoran por completo los avances logrados en el primer ciclo de negociaciones.

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¿A qué avances se refiere?

En esas declaraciones no hay ninguna mención al compromiso de llevar a cabo el encuentro de las delegaciones con líderes de las comunidades en el municipio de Tumaco, ni el compromiso de la reunión para la integración de una subcomisión técnica que adelante el trabajo de la georreferenciación. Estos dos aspectos son parte central de los acuerdos tempranos de desescalamiento acordados en Caracas, y deben cumplirse.

¿Qué pasa si no se avanza en esos compromisos?

El cumplimiento de esos compromisos hace parte de las condiciones para llevar a cabo el segundo ciclo en La Habana. El tiempo apremia, pero para el equipo negociador del Gobierno esto implica que los acuerdos para llegar a un fin del conflicto con esta agrupación deben concretarse antes del año 2026. No tiene sentido alguno que en una mesa se fije el horizonte para su terminación en un periodo de ocho años, pues ni la sociedad ni las comunidades afectadas en los territorios en donde tiene presencia la Segunda Marquetalia lo aceptarían. Es hora de avanzar y de cumplir lo acordado en el primer ciclo de conversaciones, no de dilatar los diálogos.

La Segunda Marquetalia solicitó que se le retire la orden de captura a Iván Márquez. ¿Qué va a pasar con eso?

El consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, tuvo oportunidad de referirse a esa situación. Ese tema en el primer ciclo no se había examinado ni considerado. Allí habíamos hablado de unas garantías generales en donde no se incluía un aspecto tan sensible y de tanta entidad. El Gobierno tiene una posición muy clara al respecto: la ley 2272 del 2022 establece cuáles son las circunstancias en las que procede la suspensión de una orden de captura con fines de extradición, y nos atendremos tanto a lo que ha dicho Otty Patiño como al texto de la ley de paz total.

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¿Para la Segunda Marquetalia esa suspensión es una condición para continuar dialogando?

No podemos tener condiciones inamovibles, menos en el caso de la Segunda Marquetalia, que han incurrido en una deserción a los Acuerdos de Paz de 2016. En ese momento, el tema se trató en detalle y se resolvió al final de ese proceso, no al principio, de tal manera que nos parece que esa es una condición antes de tiempo.

Volvamos a la georreferenciación. ¿Se alcanzó a avanzar en eso?

La Delegación del Gobierno ha adelantado algunas actividades y estudios para presentarlos en la mesa. Uno de los temas principales que correspondía desarrollar desde el pasado 15 de julio fue avanzar en la georreferenciación, pero la Segunda Marquetalia, de manera unilateral, solicitó que se suspendieran esas conversaciones y no hemos vuelto a hablar del asunto. Esa es una de las actividades principales que tenemos pendientes para abordar en la reunión de Tumaco, que debe realizarse de la manera más pronta posible.

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¿Por qué no se realizó la reunión?

Hemos tenido dificultades de carácter técnico para darles desarrollo a las actividades. Teníamos prevista una reunión para los días 23 y 24 de julio pasado en Tumaco, Nariño, con el propósito de socializar los avances del primer ciclo. Sin embargo, hubo allí una situación relacionada con las condiciones para la extracción de los jefes de la Segunda Marquetalia de sus campamentos, de sus áreas de influencia, y ya cuando pretendimos resolver el asunto, ya estábamos sobre la fecha del evento de Tumaco.

Y luego de eso se dificultó la comunicación...

A partir de ese momento hemos perdido contacto con el jefe de la delegación de la Segunda Marquetalia (Walter Mendoza). Hemos podido hablar con algunos de los facilitadores designados, pero por supuesto, no es lo mismo; hemos estado en una situación de dificultades en razón a esa falta de comunicación.

No es muy claro por qué se rompe el canal de comunicación con Walter Mendoza, si el tema venía funcionando bien...

No tenemos respuesta esa pregunta. Esa pregunta deberían responderla los voceros y delegados de la Segunda Marquetalia. Es muy importante que haya un canal expedito, viable, inmediato entre los jefes de las delegaciones, pero eso hasta la fecha no se ha podido materializar. Ellos alegan que es por condiciones de seguridad, nosotros creemos que esas justificaciones pueden ser superadas siempre y cuando podamos discutirlas, examinarlas y concretar los mecanismos para el restablecimiento de ese diálogo directo.

Si se resuelven las dificultades, ¿qué temas van a abordar?

Tenemos que abordar asuntos que van desde los protocolos para asegurar que se cumpla estrictamente el compromiso de la Segunda Marquetalia de mantener un cese unilateral de fuegos frente al Estado y sus Fuerzas Armadas, hasta la definición más detallada de la agenda de negociación y otras actividades complementarias que hacen referencia a darle estabilidad al desarrollo de las conversaciones, pero claro, se entenderá que eso es posible siempre que se reúna la mesa, porque si no se reúne, no podemos ni avanzar.

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En un pronunciamiento de Mendoza se alerta la presencia de grupos paramilitares en Nariño. ¿Cuál es la posición del Gobierno frente a eso?

Hemos tenido noticias de que hay unos movimientos de estructuras de otras agrupaciones (por ejemplo del EMC, facción de Iván Mordisco) en el departamento, que pueden eventualmente entrar a disputar áreas bajo el control en la actualidad de la Segunda Marquetalia y por supuesto que pondrían en riesgo, más que a sus propias estructuras, a las comunidades que se encuentran asentadas allí, entonces ese es un elemento importante a considerar. Nosotros hemos hablado de que corresponde armonizar la política de paz con las políticas de seguridad a efecto de que ambas caras de este propósito gubernamental puedan desarrollarse en debida forma para crear mecanismos que aseguren la presencia de la fuerza pública en esos territorios, con el objeto de que se proteja las comunidades y se pueda también desarrollar en unas condiciones de cierta tranquilidad los acuerdos establecidos preliminarmente con esta agrupación.

También hay que señalar y recordar que en el primer ciclo se estableció con claridad que las medidas de desescalamiento militar (como el cese unilateral de fuegos) no implican ninguna restricción a la presencia de la fuerza pública en el territorio, de tal suerte que no hay limitación a el Ejército ni a otras organizaciones del Estado para que puedan asegurar que vamos a desarrollar estas conversaciones en las condiciones adecuadas para avanzar en el proceso de negociación.

En otras mesas, como la del ELN, estas denuncias contra estructuras paramilitares o herederas del paramilitarismo han llevado a exigencias de condiciones. ¿Está pasando eso en este tablero de diálogos?

Ese tema que usted observa es de reciente data. Como no hemos podido tener oportunidad de dialogar y avanzar en la mesa de negociaciones tampoco hemos podido examinar en conjunto qué tipo de medidas deberían tomarse para evitar o impedir que fuerzas ilegales ajenas a este proceso puedan hacer presencia en el territorio con las perturbaciones que ello ocasionaría. Reitero e insisto en que resulta fundamental que se pueda llevar adelante las conversaciones, para lo cual urge que se instale la mesa. Sin mesa no hay negociación, y la voluntad de paz tiene que medirse precisamente por el compromiso de las partes para darle sostenibilidad a las conversaciones dentro de la instancia prevista para el efecto, que es la mesa de diálogos.

El encuentro en Tumaco es clave, porque entre otras cosas, en ese municipio está uno de los principales fortines de la Segunda Marquetalia. ¿Qué se busca con esa reunión?

Para el evento de Tumaco se tenían prevista dos actividades. Primero, una reunión con un grupo cercano a 200 líderes de las comunidades que tienen asiento en las zonas de influencia de la Segunda Marquetalia, con el propósito de socializar con ellos que los acuerdos y las actividades que surgieron del primer ciclo. El segundo aspecto se relaciona con la instalación de una subcomisión técnica para que avance la georreferenciación. En pocas palabras, la georeferenciación significa que las partes en un trabajo mancomunado deben establecer las zonas de presencia de la Segunda Marquetalia en el territorio nacional especialmente en los departamentos de Nariño y de Putumayo, en donde tienen sus destacamentos más importantes.

¿Y qué efectos tendría eso?

El propósito es adoptar medidas de correspondencia del Estado a través de su fuerza pública para proteger y blindar a las comunidades que se encuentran en los territorios de influencia de la Segunda Marquetalia, al tiempo que se pongan en marcha proyectos de carácter socioeconómico para contrarrestar la proliferación de las economías ilícitas, que son a las que centralmente atienden las comunidades como actividades de subsistencia. La georreferenciación tiene un sentido militar de seguridad, pero también un sentido de establecer proyectos económicos de ejecución pronta y de resultados tempranos para ir creando una senda de avance hacia el proceso de paz con esta agrupación.

La Segunda Marquetalia no tiene presencia nacional ni es uno de los grupos más fuertes del país. ¿Cómo van a ajustar las expectativas de la negociación al tamaño del grupo?

Según la información que nosotros tenemos, la Segunda Marquetalia no es una estructura nacional, no es ni de lejos lo que representaba las FARC en el año 2016 y aunque puede tener algunas presencias en departamentos como Guajira o Caquetá, el grueso de su presencia armada y militar está en dos departamentos, Nariño y Putumayo, de tal manera que ese tema tiene que ser objeto de un análisis más exhaustivo, más detallado, porque por supuesto se entenderá que a nosotros nos interesa saber en dónde tiene la Segunda Marquetalia presencia porque en clave de paz territorial necesitamos identificar sus estructuras para en esos territorios avanzar en medidas tempranas de paz en la dirección de llegar al fin del conflicto.

El principal escollo de este proceso está en lo jurídico. ¿Qué han analizado, considerando que quienes firmaron el Acuerdo de 2016, constitucionalmente, no podrían recibir beneficios de otro proceso de paz?

Estamos en eso. Estas agrupaciones tienen unas características que nos corresponde tener en cuenta, por ejemplo, cómo están integradas sus estructuras, si están conformadas por personas que firmaron el acuerdo de paz y desertaron del mismo, como es el caso del propio Iván Márquez y de Walter Mendoza; o por personas que siendo de las FARC no firmaron el acuerdo; o con otro grupo que son aquellas personas que llegaron después de la disolución de las FARC y de la firma del acuerdo de paz, entonces son tres grandes grupos que al momento de establecer medidas de justicia transicional tenemos que identificarlos con claridad para que, con base en esa realidad, se establezca una hoja de ruta que permita la reincorporación a la vida civil de sus integrantes bajo ciertas reglas relacionadas, si es del caso, con la justicia transicional y con medidas complementarias de otra naturaleza para lograr la desactivación en su integridad de sus estructuras armadas.

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¿Cuál es la expectativa del Gobierno con ese proceso de paz?

Para nosotros no tiene mucho sentido abordar estas conversaciones como si el correr del tiempo fuera indefinido e ilimitado. La primera regla que debemos tener en cuenta es no perder el tiempo, no porque sea una urgencia para la propia actividad del Gobierno adelantar esas conversaciones, sino porque necesitamos que haya mensajes claros de alivio a las comunidades de que esta mesa se restablezca y se puedan adoptar medidas que permitan que la gente en los territorios vea la diferencia de lo que significa una mesa de diálogos dentro de la lógica de la paz total, a que no exista una política de paz en los territorios. Yo enviaría un mensaje para que buscáramos, a través de todos los canales habilitados para el efecto, un diálogo inmediato, directo, sincero y, sobre todo, útil y ordenado.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.

Julián Ríos Monroy

Por Julián Ríos Monroy

Periodista y fotógrafo. Es subeditor de Colombia+20 y profesor de cátedra en la Universidad del Rosario.@julianrios_mjrios@elespectador.com

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