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El cuarto ciclo de diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de la guerrilla de las FARC, terminó con la aprobación de siete documentos clave. Uno de estos es el Acuerdo Especial sobre Transformaciones Territoriales en Caquetá, Meta y Guaviare, que contiene más de 50 acciones y actividades, casi todas de carácter inmediato, para poner en marcha la apuesta de paz en estos tres departamentos en los que históricamente han hecho presencia las FARC.
Colombia+20 conoció el documento, que en siete páginas sintetiza una serie de compromisos e iniciativas en materia educativa, ambiental, social y de desarrollo económico para esta zona del sur oriente de Colombia.
Salud y educación, temas clave
Entre las propuestas que más llaman la atención está la formalización de pistas de aterrizaje de operación segura, la formulación de un proyecto para la construcción de hospitales en San Vicente del Caguán y La Macarena, y la creación de una universidad en Losada - Guayabero (Meta), así como instituciones de educación técnica con enfoque rural.
En otro de los puntos se pide “estudiar la propuesta del Centro Amazónico de formación tecnológico y revitalizar la sede de la Universidad de la Amazonía”.
“Hemos planteado rutas para transformación territorial con proyectos concretos, con obras, no esperando la firma final”, indicó al respecto Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno, durante la clausura del cuarto ciclo el pasado domingo.
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En un apartado del acuerdo las partes plantean la creación de un “documento marco” para los procesos de consulta de las propuestas planteadas.
Un plan piloto en los llanos del Yarí
Entre las acciones inmediatas está un plan piloto integral en la región del Yarí, en las estribaciones de la Serranía de la Macarena, en Caquetá. Se trata de una zona estratégica para el antiguo Bloque Oriental de las FARC, comandado por el ‘Mono Jojoy’.
Fue justo en esa región donde en abril de 2023 el EMC citó a una reunión a la que asistieron más de 6.000 miembros de comunidades campesinas y étnicas para escuchar la propuesta de paz de la disidencia y conocer a sus delegados en la mesa de diálogos con el gobierno.
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El plan integral del Yarí incluye propuestas sobre formalización de tierras, vivienda, electricidad, y proyectos de ganadería sostenible. Además, se plantea “promover la propuesta de frigorífico y pasteurizadora en San Vicente del Caguán”, según se lee en el documento.
La sustitución de cultivos de uso ilícito y los PNN
También se plantea establecer las coordenadas de referencia y verificar el número de hectáreas para la formalización de la tierra y la sustitución de cultivos de coca con programas de crédito del Banco Agrario.
Sobre el tema de estas siembras, el acuerdo agrega que se van a apoyar los esfuerzos de las comunidades indígenas que transforman la coca y el cannabis y dan uso alternativo, “para que se desarrollen reuniones con el Ministerio de Justicia, la DIAN y el Invima”.
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De otro lado, en el acuerdo se plantea una reunión en el mes de abril con Parques Nacionales Naturales (PNN), para hacer un intercambio sobre el ordenamiento ambiental y la actividad socioeconómica de los pequeños productores que allí habitan.
Sobre el tema, proponen la “rezonificación con zonas de uso sostenible para parques nacionales naturales con gente y vivienda campesina para los parques”.
La contratación con Juntas de Acción Comunal para construir vías
El último apartado del acuerdo desarrolla la ruta para la transformación integral de estos tres departamentos, que tiene entre sus primeras propuestas la contratación con Juntas de Acción Comunal (JAC) para la construcción de vías secundarias y terciarias.
Se trata de un tema del que ya ha hablado el presidente Gustavo Petro. En enero de 2023, el jefe de Estado señaló que el Gobierno tenía lista una partida cercana a los 2 billones de pesos para contratar con las juntas la construcción de vías y para desarrollar la producción de alimentos en Colombia.
Frente al tema, en el acuerdo de transformaciones de Guaviare Meta y Caquetá las partes contemplaron la revisión de la situación de las vías, especialmente aquellas que están asociadas a la deforestación y actividades ilícitas.
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En este punto, el EMC pidió respuesta del gobierno sobre la carretera Marginal de la Selva, un polémico proyecto de infraestructura de mil millones de dólares que en su momento se planteó como una ruta comercial para transportar carga pesada de Venezuela a Ecuador a través de Colombia sin tener que atravesar las zonas montañosas, lo que implicaba que la vía atravesara zonas de selva claves para la conservación.