Sebastián Martínez es uno de los delegados de las disidencias de las FARC conocidas como Estado Mayor Central (EMC) en la mesa de diálogo con el Gobierno de Gustavo Petro.
Es uno de los mandos del frente Jaime Martínez del Bloque Occidental Jacobo Arenas, que opera en el Cauca y que ha mantenido una fuerte confrontación con las Fuerzas Militares en lo corrido de este año.
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La confrontación entre esta y otras tres estructuras del EMC contra la Fuerza Pública fue uno de los motivos de la mayor crisis que ha soportado este proceso y que tuvo su momento de máxima tensión el pasado fin de semana, y que se tradujo en la postergación de la instalación de la mesa y la entrada en vigor del cese al fuego bilateral de carácter nacional. Ambos hechos están previstos para el próximo 16 de octubre.
Aunque Martínez lo niega, analistas y la inteligencia militar aseguran que el rápido crecimiento y expansión de su estructura y del Bloque Occidental se debe a su relación con el narcotráfico, del que obtiene cuantiosos recursos. Esa sería la razón para que la posición de los representantes de las estructuras del Cauca en la delegación de diálogo haya sido más radical exigiendo que el gobierno cumpliera el compromiso del cese al fuego bilateral y nacional.
La participación de Sebastián Martínez en la discusión del domingo pasado fue tan determinante, que estuvo en la subcomisión que negoció hasta último minuto con el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, la solución que permitió superar la crisis, mientras Andrey Avendaño, el jefe de la delegación de la disidencia estuvo sentado en la mesa, junto a otros representantes del gobierno.
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Al final del accidentado encuentro que terminó el domingo pasado con el anuncio del aplazamiento del cese al fuego y de la instalación de la mesa, Martínez aceptó unas preguntas de Colombia+20.
¿Cómo le explicaría al país lo que pasó el domingo en Tibú?
Nosotros el 19 de septiembre hicimos un comunicado público en el que nos comprometimos a que el 8 de octubre íbamos a tener la instalación de mesa y el decreto de cese al fuego. Ese fue el compromiso. Para nosotros el cese al fuego es una condición para instalar la mesa y lo es también para la población civil. Hay que construir unas condiciones previas al cese al fuego y no las alcanzamos a cumplir. Faltaba, por ejemplo, que las fuerzas militares hicieran pedagogía interna, también se deben definir los delegados para el equipo nacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación.
Por eso, la suspensión de acciones ofensivas es la primera medida que se toma, que empieza a regir desde el domingo a la medianoche y va hasta el 16 de octubre. Es un tiempo muy corto de ocho días en los que esperamos resolver esas últimas cositas que nos quedaron faltando, pero el anuncio fundamental fue el de parar las confrontaciones armadas entre las fuerzas del Estado y las de las FARC EP.
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El anuncio logró calmar los ánimos de la gente, que estaban muy caldeados…
Claro, la gente sabe que el mejor ambiente para dialogar es fuera de la confrontación armada. A pesar de que no se hizo la instalación de la mesa ya tenemos la fecha que es el 16 de octubre. Esperamos finiquitar las cosas logísticas y de convocatoria para que las personas puedan llegar y hacer la instalación con todo lo que se necesita, incluido el decreto de cese al fuego rigiendo plenamente con todos los instrumentos.
Lo que vimos fue un poco de caos porque las delegaciones no estaban completas, algunos se paraban y se iban, eso generó mucha incertidumbre…
Lo que pasa es que llegamos acá y había una convocatoria muy importante que había hecho la región. El proceso social de acá se echó al hombro la logística. Incluso un dato para resaltar fue que todos los sectores empresariales y sociales del Catatumbo se vincularon a los preparativos y hasta las trabajadoras sexuales estuvieron ayudando en las tareas de pintura y adecuación de algunos sitios. Ya habían llegado las delegaciones, algunas habían viajado por más de 40 horas. Entonces, nosotros no podíamos quedarles mal a esas personas. Lo que hicimos fue definir que unas personas estuvieran presentes en el evento, mientras otra comisión trabajaba esos elementos problemáticos y buscábamos alternativas para poderlas presentar.
¿El proceso estuvo en riesgo?
Sí, estuvo en riesgo, porque habíamos consensuado que sin instalación de mesa no había decreto. Trabajamos hasta altas horas de la noche todos estos días, pero no habíamos consensuado el decreto. Entonces la fórmula que encontramos fue: a la población colombiana le interesa que pare la guerra, entonces al menos con las FARC EP hoy (el domingo 8 de octubre) se para la guerra. Mientras tanto, seguimos en las adecuaciones que son cuestiones meramente logísticas y técnicas.
¿Se afectó la construcción de confianza entre las partes?
Nosotros entendemos que al haber creado una comisión con representantes de sectores de la sociedad colombiana que se salen más allá del espectro de lo que él representa como gobierno, en la que hay representantes, incluso del Centro Democrático, se generan tensiones que son naturales. Incluso pueden ser mayores que en el proceso anterior. Frente a eso no se genera más desconfianza, el asunto es que en las cuestiones militares hay situaciones que superar y que vamos a ser muy vigilantes como, por ejemplo, el caso de las suplantaciones que pueden presentar.
Tenemos que discutir un instrumento que nos permita blindarnos para que no pase que cualquier grupo se ponga un brazalete y entre a atacarnos. O que no pase un hecho como el de Tierralta, en el que sectores del Ejército que no estén de acuerdo con este proyecto de paz se coloquen el brazalete de otro grupo armado y generen confrontación con nosotros. La tarea de nosotros es fortalecer los equipos de monitoreo locales donde va a estar la población civil.
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¿Y cuál fue el punto que generó más tensión?
Hay un documento anexo sobre el que ya hemos dejado la mayoría de lineamientos para iniciar un proceso de transformaciones territoriales que permitan la superación de las economías que hoy se consideran ilegales, llámese coca, marihuana o amapola, incluso la misma minería tradicional. Ese documento generaba muchas tensiones porque nosotros teníamos una visión y el Gobierno tenía otras sobre cómo debía construirse.
Nosotros insistimos en que es difícil refrendar un documento de ese tipo sin que las comunidades participen. Nosotros nos distanciamos de lo que hizo el anterior secretariado de las FARC en 2016 que negoció, por ejemplo, el tema de los cultivos que no eran de ellos. Nosotros sí somos muy pausados a la hora de decir ‘consultemos con ellos, hablemos con ellos’.
¿Eso tenía que ver con el cese al fuego?
Si tiene que ver porque el gobierno nos ofrece ese cese al fuego, pero les proponemos que las FARC se integren en una propuesta de transformación territorial para superar las economías ilegales y eso hace parte del decreto de cese al fuego.
¿Es cierto que otro punto de tensión es que ustedes no aceptan la georreferenciación de sus tropas?
Los términos en los que está la georreferenciación obedecen más a una intención de identificar algunos elementos que son problemáticos y que nos pueden poner en riesgo. La propuesta inicial que se trabajó en Bogotá a principios del año generó la ruptura del cese al fuego. Recuerden que incluso antes de que sucediera el caso de los cuatro menores del Putumayo, el equipo nacional de monitoreo ya se había retirado porque había una tensión muy fuerte por ese tema.
Esa propuesta inicial implicaba ubicación de tropas, implicaba ubicar tropas, corredores de movilidad, implicaba que dijéramos cuantos hombres y mujeres teníamos, cuántas personas pertenecían a poblaciones étnicas, cuáles eran los centros de almacenamiento de nuestras armas… es una situación que no se correspondía con esta etapa del proceso. Hemos insistido que nuestro carácter es de guerrillas móviles y es muy difícil entregar esa información porque tenemos áreas de control que están muy consolidadas, pero otras áreas en las que nos movemos diferente. Estamos planteando una figura alterna que refleje lo que somos nosotros, unas guerrillas móviles. Planteamos un proceso similar al que se dio en el 2016 previo a los puntos de preagrupamiento en el que los delegados de las Farc que estaban facultados para hacer el proceso de pedagogía antes del plebiscito pudieran moverse con una línea de emergencia en la que estuvieran notificando al mando militar del área que iban a pasar por ahí. Eso nos quitaría todo el tema de georreferenciación, no necesitaríamos estar informando a cada momento dónde estamos, qué estamos haciendo, cuántos somos y superaría ese impasse que tenemos.
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¿Qué tan cerca o qué tan lejos están en el acuerdo de ese punto?
Ya está superado. El gobierno nos manifestó que no trabajemos sobre el tema de georreferenciación ahora.
¿Cómo les va con los militares que están en la negociación?
Normal. Creo que es una discusión en la dimensión de lo técnico y de lo militar y estamos en igualdad de condiciones para debatir y discutir sobre lo posible o imposible de alguna propuesta. Hay un trato cordial en la mesa, no hay cuestiones de agresividad, hay momentos tensionantes muy naturales. Las tensiones con los militares son mínimas comparadas con los demás miembros de la comisión de diálogo.
¿Cuál fue el peor momento en estos tres días?
Yo creo que hemos avanzado, salvo el punto de las transformaciones territoriales que estaba dificultando la publicación del decreto por esas cuestiones técnicas. Nosotros tenemos varios documentos casi listos. Tenemos el acuerdo especial de protección a la población civil y cese al fuego que se podría decir que está ultimado. Tenemos un documento que contiene los lineamientos de agenda en el que resaltamos la participación de la comunidad. Tenemos casi listo el protocolo que define el papel de la comunidad internacional. Y está el que define el papel de las iglesias. Esos son los que me acuerdo, pero son como cuatro o cinco documentos que ya están trabajados. Como decía Camilo González, son documentos ya consensuados en un corto tiempo si se compara con otros procesos, en los que se llevaron años para hacerlos.
La gente se tensionó mucho, ¿pensaron que la situación se saldría de control?
La guerra genera tensión, genera dolor, genera destrucción, la guerra genera muchas cosas y en esas afectaciones a la población civil, estamos involucradas las dos partes.
La población teme que, pasadas las elecciones, ustedes reactiven las confrontaciones con el ELN en el Catatumbo, ¿es cierto?
Nosotros tenemos lineamientos políticos y militares, controlamos áreas y salvo que haya alguna agresión, no vamos a hacerlo. Hay planes también de expansión o de recuperación de algunas áreas que fueron históricamente controladas por las FARC sobre las que no podemos mentirles a las comunidades. Muy posiblemente se den confrontaciones porque hoy no existe cese fuego multilateral. Pero no es cierto que hayamos definido una fecha para confrontarnos, no al menos desde las FARC. Tal vez sean cuestiones circunstanciales porque nosotros no es que amemos la guerra.
Usted cómo vio la frase del presidente Petro en el Tambo cuando habló de que “no podían vestir de revolucionarios y tener alma de traquetos”
Creo que Petro falla en su caracterización. Se lo hicimos saber a la comisión de diálogo en medio de esas tensiones. Nosotros creemos que las economías ilegales hay que superarlas. No tenemos la mejor relación con los narcotraficantes. Eso se lo hicimos saber a ellos. Creemos que hay que avanzar sobre economías propias, que reivindiquen la producción tradicional de las poblaciones, en eso él desacierta al catalogarnos así.
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Pero la operación está montada porque el Cañón de Micay es un lugar estratégico para eso...
Precisamente, la salida que se dio es que, si ese es el objetivo, pues eso no se resuelve militarmente, se resuelve políticamente. Por eso estamos trabajando el acuerdo especial para la transformación territorial por la superación de las economías.
Lo que se dice es que las estructuras del EMC en el Cauca son las que más recursos tienen por el negocio del narcotráfico y que por eso están fuertes en la mesa de diálogo, ¿qué responde a eso?
En eso fallan los analistas. Por ejemplo, el Bloque Suroriental es el bloque más grande. Más grande que el Bloque Occidental (lo que compone Caquetá, Meta, Guaviare, Putumayo), entonces no es no es cierto. Los analistas fallan porque nosotros ya superamos ese momento en el que las FARC tuvo su principal fuente de financiamiento los impuestos sobre sobre la base (de coca), o sea, nosotros ya superamos esa etapa. Nosotros tenemos fuentes de financiamiento que van más allá de eso y que no las puedo comentar.
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Entonces, para ustedes, las operaciones militares en el Cañón del Micay no les afectan...
A nosotros no nos afecta porque nosotros no somos narcotraficantes.
Entonces, ¿por qué tan fuerte la respuesta militar en el Cauca?
Nosotros tenemos que responder porque no lo están haciendo en contra de los narcotraficantes. Incluso, en el caso de Argelia, las Fuerzas Militares están protegiendo a una banda de narcotraficantes, es un plan de expansión que nosotros hemos denunciado: hay dos generales que han caído, por eso el general Herrera y el general Jhon Rojas y el general Mejía muy seguramente sigue involucrados, porque recuperan una vereda y aparece mágicamente al otro día otra banda de narcotraficantes. No es una cuestión de atacar las economías ilegales porque si esa fuera la razón, la respuesta debería ser política, no militar.