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De los 30 ceses al fuego en los que se ha comprometido la guerrilla del ELN en sus 60 años de existencia, el que logró con el Gobierno de Gustavo Petro se convirtió en el más sólido y extenso. Sin embargo, esta semana quedó demostrado que ni siquiera la continuidad de ese pacto de no agresión será la cura para aliviar las tensiones en la mesa de diálogos de paz, cuyos ciclos de negociación quedaron congelados desde hace casi seis meses.
Este viernes, pocas horas antes de que terminara la vigencia del cese, la Iglesia Católica y Naciones Unidas —que fungen como acompañantes de la negociación— le enviaron una carta a las delegaciones del Gobierno y la guerrilla para pedir una extensión de la tregua “por una semanas”, mientras se coordina una reunión extraordinaria con el fin de buscarle salidas a la crisis.
Se necesitaron menos de dos horas para que los negociadores de Petro respondieran la misiva aceptando la propuesta, dejando en evidencia la disposición del Ejecutivo para mantener el cese y descongelar las conversaciones, una actitud que ya habían expresado en comunicaciones públicas durante el último mes.
Pero el ELN solo respondió el día siguiente, condicionando la extensión a que el Gobierno expida un decreto que retire a esta organización del listado de Grupos Armados Organizados (GAO).
Esa solicitud, que fue interpretada como un intento de golpe de autoridad de la guerrilla para “medirle el aceite” al Ejecutivo, produjo críticas de diversos sectores, e incluso algunas voces, como la del exnegociador de paz Juan Camilo Restrepo, alertaron que si el Gobierno aceptaba esa condición “le estaría abriendo la puerta para calificar al ‘estado de beligerancia’, una vieja aspiración siempre negada rotundamente en las negociaciones adelantadas por gobiernos anteriores”.
En la práctica, el condicionamiento del ELN —sobre el que no se ha conocido respuesta del Ejecutivo— dejó el alto al fuego sin posibilidad de prórroga, al menos hasta ahora. De hecho, desde las 00:00 horas de este domingo, 4 de agosto, quedó abierta la posibilidad de reanudar las operaciones militares, ofensivas y de inteligencia contra el ELN y viceversa.
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En su carta de respuesta, el grupo guerrillero mencionó, además, temas como la negociación paralela del Gobierno con el Frente Comuneros del Sur, una estructura de Nariño que se separó del ELN para empezar un proceso independiente. Ese fue el principal detonante de la crisis en la mesa, que comenzó en febrero.
Al margen de la extensión o no del alto al fuego, la complejidad para sentar a las partes a hablar y la prioridad que se le ha dado a las treguas abren varios interrogantes: ¿Es hora de que el gobierno reevalúe la preponderancia que le ha dado a esas treguas, de cara a la falta de avances en la mesa? ¿Ha sido efectivo el cese para disminuir las afectaciones humanitarias en los territorios donde hace presencia la guerrilla? ¿Es esta una nueva demostración de que el ELN tiene “el sartén por el mango” y está usando el cese al fuego para presionar concesiones que el gobierno no ha aceptado en la mesa de diálogos? ¿Es probable que se desaten hechos de violencia ahora que no hay cese activo?
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El impacto de tener al cese al fuego como eje central
Según explica la investigadora Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), es evidente que “el Gobierno concentró todas las ventajas del proceso de paz en el cese al fuego, que es donde hay mayores posibilidades de mostrar voluntad y cumplimiento, pero esta no es una buena estrategia porque ha creado una inercia que deja al cese en el centro de todo y hace que las cosas se compliquen”.
En efecto, mientras la mesa tuvo ciclos de negociación activos (se suspendieron en febrero por la crisis), buena parte de las discusiones giraron en torno a la evaluación de la tregua, los posibles incumplimientos y las posibilidades para extenderla, lo que cambió el cronograma de algunas actividades y postergó discusiones sobre temas de fondo.
De hecho, distintos observadores han advertido que darle tanta preponderancia a los ceses al fuego puede generar trabas en la negociación, y han puesto como ejemplo metodologías opuestas, como la usada en el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, en la que solo hubo pactos de este tipo en una fase muy avanzada, tras años de conversaciones.
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Tatiana Prada, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), explica que en medio del congelamiento de la mesa, el Gobierno se ha aferrado al cese al fuego como principal punto para mostrar algún dividendo a la ciudadanía y la comunidad internacional, mientras que el ELN puede tener otros intereses con la crisis.
“Cada vez se han hecho más evidentes los reclamos de la sociedad civil contra la violencia del ELN y su pregunta por la desmovilización. Hay varios temas en los que el grupo no ha mostrado disposición para hacer concesiones, así que mantener la mesa congela resulta conveniente para no ponerle la cara a esas solicitudes”, dice Prada.
Los incumplimientos durante el cese al fuego
La otra gran sombra del cese al fuego con el ELN tiene que ver con los incumplimientos. El investigador y promotor de paz Carlos Velandia hizo parte de esa guerrilla en el pasado y ahora, en la vida civil, le hace seguimiento académico a las conversaciones y monitorea el cese al fuego. En su concepto, el balance de la tregua no es positivo.
Aunque Velandia reconoce que la confrontación bélica entre la Fuerza Pública y las unidades armadas del ELN llegó “casi a ceros”, plantea que “se exacerbaron las hostilidades hacia las comunidades que habitan los territorios donde las fuerzas insurgentes históricamente han mantenido una presencia continuada”.
Entre los hechos de violencia que el promotor de paz documentó en el último año están los retenes en las vías, la elaboración de listas de personas, el registro fotográfico de viandantes por las calles de las poblaciones, los empadronamientos y censos poblacionales por parte de comisiones guerrilleras, entre otros: que, asegura, “han creado un clima de zozobra y miedo que obliga a las gentes al silencio, y restringe los derechos ciudadanos de libre locomoción, de expresión, de reunión”.
Un tema que ha complicado la evaluación del cese al fuego bilateral es que no se ha podido poner en marcha de manera eficaz el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV), que debía presentar informes periódicos, de los cuales aún no se conoce ninguno.
No obstante, los seguimientos que se hacen desde otras instituciones, académicas y de la sociedad civil, muestran un panorama agridulce del último año.
Por ejemplo, el último informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) indicó que desde el inicio del cese, el 3 de agosto de 2023, hasta el pasado 5 de julio, se registraron 45 eventos violentos atribuidos a la guerrilla del ELN considerados violaciones (39) o incumplimientos (seis) de la tregua. “En las 39 violaciones cinco personas fueron asesinadas, tres fueron heridas, 52 fueron secuestradas; 37 fueron liberadas y tres permanecen en poder de esa guerrilla”, informó el Cerac.
Desde la Coordinadora Humanitaria Vivamos Humanos (que reúne más de 700 organizaciones sociales del país) se registraron 41 eventos de conflicto a manos del ELN solo en el primer semestre de 2024 (la mitad de ellos, ocurridos en Arauca), por lo que se hizo un llamado a que “la voluntad de paz se traduzca en acciones concretas que alivien a las comunidades más afectadas por el conflicto”.
Otro gran lunar de la negociación con el ELN ha sido el secuestro. El tema generó una de las mayores crisis del proceso en octubre de 2023, cuando fue raptado Manuel Díaz, padre del futbolista del Liverpool Luis Díaz. Aunque tras ese hecho la guerrilla se comprometió unilateralmente a suspender los secuestros económicos, meses después, argumentando incumplimientos del Gobierno, retornó a esa práctica (que también va en contravía de acuerdos pactados en la mesa).
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Según Velandia, “las distintas estructuras guerrilleras han incrementado el secuestro de ciudadanos, los que reivindica como una actividad normalizada en las costumbres guerrilleras por medio de comunicados, en los que informa de las liberaciones de algunos de los secuestrados, dándole a estas liberaciones un tinte de acto humanitario”.
Producto de su monitoreo, el investigador asegura que cerca del 20% de los secuestrados no regresan a sus casas, “en tanto que aparecen cadáveres de personas abandonados en parajes rurales y en la vera de carreteras terciarias del territorio. Se tiene constancia de que algunos de los cadáveres corresponden a personas que han sido secuestrados en días anteriores”.
Por supuesto, no hay que desconocer que en varias regiones del país el cese al fuego bilateral ha contribuido a disminuir las afectaciones humanitarias y evitar que la población civil quede en medio del fuego cruzado, pero los incumplimientos y dificultades para verificarlos ponen sobre la mesa un cuestionamiento a la efectividad de esta medida y la preponderancia que se le ha dado desde el inicio de la negociación.
Ante ausencia del cese al fuego, no se descartan hechos de violencia
Como lo advirtieron la Iglesia y la ONU, en varias regiones del país hay preocupación por el eventual riesgo de hechos de violencia ante el rompimiento de la tregua.
Según la investigadora Laura Bonilla, urge poner la lupa sobre regiones como el Catatumbo (Norte de Santander) y Arauca, que podrían ser las más afectadas debido a las disputas territoriales que el ELN sostiene con grupos como las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.
Algo similar ocurre en Chocó y otra regiones declaradas como “zonas críticas” en la mesa de diálogos con el ELN, donde, en el marco del cese al fuego, un coletazo del aumento de pie de fuerza militar fue disminuir la confrontación de la guerrilla con las demás organizaciones ilegales.
Este domingo, ya con la medida levantada, el obispo del Chocó, Mario de Jesús Álvarez, envió un mensaje para pedir que se extienda el acuerdo.
“Desde las comunidades del departamento del Chocó hago un llamado al Gobierno y el ELN para que se extienda el cese al fuego. Esperamos se puedan superar las dificultades, de tal manera que las comunidades sientan un alivio. Es necesario que se prolongue el cese al fuego para que las comunidades vayan sintiendo fortaleza en su caminar y se vislumbre que la paz está cerca”
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De acuerdo con Prada, es difícil especular qué podría pasar, pero no se pueden descartar posibles ataques estratégicos del ELN.
“Puede haber un escenario en el que el grupo intente demostrar que su fuerza y capacidad no se han reducido durante el cese al fuego a través de alguna operación, incluso urbana. Con esto, a la vez, intentarían mandar un mensaje de lo que el gobierno pierde al no cumplir con las concesiones que el ELN le está exigiendo. Por supuesto, no es una afirmación radical, pero sí se podría esperar algún tipo de acciones”, plantea la investigadora de la FIP.
Ahora mismo, todo depende de la voluntad de paz de los frentes guerrilleros y del rol que asuman las fuerzas militares al no tener restricciones para atacar al ELN.
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