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El ataque terrorista del ELN a la base militar en Puerto Jordán, Arauca, desató el episodio de mayor tensión e incertidumbre en los 22 meses que ajusta el proceso de diálogo entre el Gobierno y esa guerrilla. Si bien el equipo negociador de Gustavo Petro había optado por mantener la puerta abierta al diálogo durante la crisis que se ha sostenido desde hace siete meses, al parecer el discurso se endureció tras el atentado de este martes, 18 de septiembre, que dejó dos soldados muertos y 25 heridos, cinco de ellos de gravedad. La mayoría trasladados hacia el Hospital Militar en Bogotá.
El propio mandatario dijo que “es una acción que prácticamente cierra el proceso de paz con sangre”, y aunque todavía no hay pronunciamiento oficial por parte de la delegación de Gobierno en la mesa, algunos analistas señalan el fin del proceso.
Esto en parte porque en anteriores negociaciones se ha visto el uso de la violencia terrorista del ELN. Precisamente, durante el gobierno de Iván Duque, ese proceso quedó suspendido tras el atentado con un carro bomba a la Escuela de Cadetes General Santander, el 17 de enero de 2019, que dejó 23 muertos y 87 heridos.
Y en su reciente pronunciamiento, Petro hizo énfasis en ese episodio, lo que podría significar un portazo a las oportunidades de continuar con el proceso.
Lo cierto es que hasta ahora siguen las reuniones en la Casa de Nariño para definir de una vez por todas el rumbo de la negociación, en medio de tensiones por los impactos que podrían generarse si finalmente la mesa se rompe.
La pregunta de fondo que está en el aire por lo pronto es cuál sería entonces la solución a la crisis, en caso de que el proceso no termine, incluso teniendo en cuenta que este ataque se suma a una serie de al menos diez atentados ocurridos desde que se venció el ultimátum que le dio el ELN al Gobierno el pasado 23 de agosto para sacarlo a través de decreto de la lista de los Grupos Armados Organizados (GAO) y en el marco de un congelamiento de siete meses en la mesa.
A eso se le suman los pocos avances sustanciales en los primeros dos años de Gobierno y con el tiempo en contra para la segunda mitad del periodo presidencial.
Para analistas que han seguido el proceso de paz con el ELN, el presidente está en una encrucijada por el camino a tomar tras los recientes ataques de ese grupo armado. En parte, lo que se pone en cuestión es el costo político que se tendrá que asumir ante cualquier escenario que finalmente se decida.
Para Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), si el Gobierno decide levantarse de la mesa, tendría que asumir un costo político muy alto, esto teniendo en cuenta que su bandera principal fue la firma de una paz total. A eso se le suma que, en anteriores negociaciones, el ELN no asume ese costo de pararse de la mesa, sino que se lo delega al Gobierno, como pasó en el Gobierno Duque.
Sin embargo, desde la otra cara del asunto, Arias resalta que para el Gobierno también es importante sacar réditos y para eso es fundamental priorizar lo que se puede hacer en los dos años de mandato que le quedan a Petro.
“El Gobierno perdería muchísimo apoyo en términos del levantamiento de la mesa, pero también está haciendo un cálculo hacia el año 2026 sobre los réditos que implica colocar líneas rojas y establecer límites a una negociación que como estaba pareciera que no iba a llegar a un punto de llegada”, señaló Arias.
Primer escenario: El rompimiento de la mesa
Siguiendo la narrativa que utilizó Petro para pronunciarse sobre el ataque a la base militar en Arauca, uno de los escenarios posibles en medio de la crisis sería que el Gobierno decida suspender las negociaciones con el ELN, como sucedió durante el gobierno Duque tras el atentado a la escuela de cadetes.
Para algunos analistas, había dudas sobre la voluntad de paz del ELN para continuar en un proceso de diálogo con el Gobierno Petro, y esas preguntas se hicieron mucho más profundas tras los recientes atentados en zonas del país como Arauca y Cauca.
“El ELN logró su objetivo de hacer que el gobierno rompiera la negociación. Esta guerrilla se va con 28 acuerdos firmados y la metodología de su convención nacional y esperará los resultados electorales de 2026 mientras se consolida en Venezuela”, señaló el profesor Luis Fernando Trejos.
Por su parte, Juan Carlos Restrepo, jefe negociador del Gobierno en los diálogos con el ELN durante el mandato de Juan Manuel Santos, señaló que la única salida a la crisis, definitivamente es suspender las negociaciones con ese grupo armado.
“El ELN demostró hasta la saciedad su desprecio con el proceso de paz y por el respeto al DIH. Mantener unas negociaciones con alguien que no respeta sus obligaciones mínimas dentro de un diálogo de paz, se le volvió imposible al gobierno”, señaló a través de sus redes sociales.
Para hacer efectiva la suspensión, desde el procedimiento, sería necesario cumplir con una serie de protocolos que den por terminado el proceso con esa guerrilla, como la expedición de un decreto que certifique la finalización de la mesa de diálogo e informar a ambas delegaciones.
Posteriormente, también se tendrá que avisar a los países acompañantes como Suecia, Suiza, Alemania y España; los países garantes como Cuba, Venezuela, Brasil, Noruega, México y Chile; así como a los acompañantes permanentes, entre ellos la Conferencia Episcopal y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
Si bien todavía el presidente Petro no ha dado instrucciones claras a su Gobierno sobre un posible rompimiento de la mesa, lo cierto es que esta vez pareciera que el mandatario adoptó una postura mucho más fuerte a pesar de su apuesta por la paz.
Segundo escenario: La continuidad del proceso
En caso de que el Gobierno se sostenga en su posición de diálogo, como lo ha venido haciendo durante siete meses de crisis junto con llamados reiterativos a reactivar la mesa y la prórroga del cese al fuego, el gran reto se centrará en mantener la confianza entre las partes y darle trámite a las conversaciones que se congelaron desde febrero, tras los acercamientos del Gobierno con Comuneros del Sur, otrora frente del ELN que se separó del grupo armado en mayo pasado, adelanta negociaciones en Nariño y ha sido una de las razones principales de la crisis.
Al respecto, el profesor Trejos tiene una lectura del reciente atentado como una especie de presión por parte del ELN al Gobierno para que se sienten en la mesa aceptando las peticiones del grupo armado como la suspensión de esos diálogos en Nariño y el retiro, por decreto, de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO).
Precisamente, el atentado a la base militar se da justo un día después de que el Gobierno echó a andar oficialmente la primera parte del proceso con Comuneros y se enmarca en los días posteriores al vencimiento del ultimátum.
“Hay que entender que los atentados hacen parte de la dinámica militar de una guerrilla que no está en cese al fuego y que tiene congelada una mesa de negociación. Podría hacer parte también de un mecanismo de presión para sentar nuevamente al gobierno y que acceda a sus condiciones, cosa que es difícil porque parece que lo de Nariño es irreversible y eso para el ELN terminó siendo una línea roja que cruzó el Gobierno”, apuntó el profesor Trejos.
Por otro lado, un escenario posible es que el ELN buscara que el Gobierno fuera quien rompiera la mesa y asumiera el costo político de dicha acción, pero esto con miras a darle continuidad al proceso en el mandato siguiente, sea quien sea que se suba a la presidencia.
Lo diferentes es que no empezarían desde cero sino desde el punto en que quedaron con el Gobierno Petro y en ese sentido, según Trejos, sería mucho más atractivo el proceso en otro mandato que tenga mayor capacidad de cumplir lo que se pacte.
“Tienen la metodología de la convención nacional y un lugar estratégico consolidado en Venezuela desde el cual pueden seguir conduciendo sus acciones en suelo colombiano y esperar los resultados electorales de 2026 (...) El ELN puede ya haber percibido que el Gobierno Petro desgastó su capital político y eso en la práctica hace que no exista ninguna posibilidad de garantizar el cumplimiento de lo acordado”, concluyó el profesor.
Sin embargo, eso también podría jugar en contra puesto que, ante las profundas crisis en las mesas de negociación y el deterioro de la seguridad en el país, en las elecciones de 2026, los candidatos alimenten los discursos de mano dura y el retorno de estrategias de seguridad.
A eso se le suma que, si el Ejecutivo decide no romper la mesa de negociación, es probable que la percepción ciudadana y de algunos sectores políticos sea la de un Gobierno complaciente en ese proceso con el ELN.
“El país y la sociedad ya no aguantan que un grupo armado ilegal como el ELN presione al gobierno con estos métodos y con estas acciones terroristas para la continuidad de una mesa. Este era un tablero que se había consolidado, que se había invertido mucho capital político, muchos recursos, mucho tiempo y que el ELN salga con este tipo de cosas”, señaló el investigador de la FIP, Gerson Arias.
Al mismo tiempo, Arias resalta que la paz no es sencilla de alcanzar y que es probable que existan soluciones para superar la crisis, pero el tiempo juega en contra. “Hay que garantizar que se mejore la comunicación y que las dos delegaciones logren sentarse y superar esta crisis. Además, hay que colocarse metas posibles y reales de construir de aquí a final de 2026″, añadió.
Por ahora, mientras se define un escenario para los diálogos del ELN, lo que se podría esperar es que el Gobierno entre en una encrucijada en cuanto a su apuesta de paz total, que fue bandera en los discursos del mandatario con una fuerte inversión del capital político. “Esa medida debe transformarse entonces en una acción militar de gran envergadura, no solo contra el ELN, sino contra otros grupos con los cuales también se está negociando, pero cuyas mesas no avanzan significativamente y siguen delinquiendo en territorios”, señaló Trejos.
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