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El anuncio del Gobierno de Gustavo Petro de nombrar a 18 exjefes paramilitares de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores de paz abrió varias dudas sobre cuál es el objetivo de esta nueva mesa de paz -que sería la décima en la apuesta de paz total del mandatario- y qué se ofrecería a cambio de este nombramiento.
Entre la lista aparecen nombres como Hernán Giraldo Serna, conocido como “el Patrón de la Sierra”; Carlos Mario Jiménez, “Macaco”; Ramón Isaza; Rodrigo Tovar, “Jorge 40″, y Hebert Veloza, “HH”. Algunos de ellos fueron extraditados a Estados Unidos, donde pagaron sentencias por narcotráfico y otros aún están en cárceles de Colombia por delitos como desaparición forzada, reclutamiento, homicidios o violencia sexual.
De acuerdo con la resolución que fue firmada el pasado 8 de noviembre, la designación de estos 18 “exparas” se da para que “contribuyan con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamientos con actores armados ilegales”.
El primer revés de ese anunció lo sufrió este miércoles el Gobierno luego de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la negativa de libertad de Mancuso Gómez al ser designado mediante resolución presidencial como gestor de Paz. “Al analizar el alcance de la paz en relación con la justicia y los derechos de las víctimas, se advierte la falta de proporcionalidad de la medida pretendida por el Gobierno Nacional”, se lee en la decisión.
Y agrega que busca otorgar un beneficio ilimitado (la libertad), “sin contraprestación ni contención alguna, pese a la ausencia de contribución real con la verdad y la reparación de las víctimas por parte del postulado”.
La figura de los gestores de paz, creada a partir de la Ley 418 de 1997, fue creada para designar a personas que han pertenecido a los grupos armados ilegales y que estando en la cárcel son liberadas para que presten sus buenos oficios en tareas varias que ayuden a alcanzar acuerdos humanitarios o avanzar en contactos que permitan consolidar la paz con el grupo al que pertenecen.
Esa norma fue recientemente modificada por la Ley 2272 de 2022, conocida como la Ley de Paz Total, que en uno de sus artículos se refiere a las personas en prisión, una carta de la que podría echar mano el Ejecutivo en los casos de los detenidos en protestas. “Se admitirá como voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el Presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad”, dice el parágrafo 1 del artículo 5.
El documento afirma que la designación como gestores de paz “será de seis meses” y “no modifica su situación jurídica ni las medidas de aseguramiento vigentes, o su régimen de libertad, ni conlleva beneficios judiciales”. Además, precisa que el consejero comisionado de Paz podrá pedir a autoridades extranjeras o nacionales poner a “disposición condiciones tecnológicas para la conexión virtual de las personas que se encuentren cumpliendo sanciones penales por fuera del territorio nacional” o en cárceles en Colombia.
En la resolución también se explica que los 18 designados firmarán un acta ante el comisionado de Paz, “en la que se comprometerán a asistir a las diligencias judiciales cada vez que sean requeridas” y a “construir un plan de trabajo”.
La resolución, que se dio a conocer el martes, conjuró lo dicho el pasado 3 de octubre por el presidente pasado 3 de octubre Petro durante un evento en Córdoba, Montería, cuando afirmó que la idea central de esa mesa era “terminar” ese proceso de desmovilización que se dio en 2005, hace casi 20 años, y entregar los bienes a las víctimas.
“Salvatore, ‘Macaco’, ‘Jorge 40′ podemos reactivar la mesa de paz porque el proceso no ha terminado, no se han entregado los bienes a las víctimas que ustedes le entregaron a la justicia, el proceso no se ha terminado, quedó interrumpido y para eso propongo instalar la mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Álvaro Uribe Vélez con ustedes, esta vez sin traición y sin miedo a la verdad que existía en esa época”, aseguró entonces el mandatario.
Petro también aclaró en su momento que una mesa con los ex-AUC tendría como objetivo entregar tierras a las víctimas del conflicto armado.
¿Qué se podría obtener de esta mesa de paz?
La viabilidad de una eventual mesa de paz con los exjefes paramilitares de las AUC depende de varios factores, entre ellos la transparencia del proceso, la capacidad del Estado de garantizar justicia a las víctimas y el compromiso genuino de contar la verdad. “La mesa para mí sí tiene viabilidad, pero si se generan garantías para que se ayude al esclarecimiento, especialmente de hechos para que las víctimas puedan ser reparadas, para que se pueda dar a conocer esos hechos y se pueda tener una verdad completa. Entendería que la mesa tiene por objeto revisar esos procesos que de alguna u otra manera están engavetados y que se iniciaron incluso hace más de 20 años, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, y que siguen abiertos y que por variados mecanismos, incluso de justicia transicional, pero también por la famosa extradición, pues en el país sigue eso que anda en un segundo plano”, explicó a Colombia+20 Juan Pablo Guerrero, subdirector del Centro de Investigación y Educación Popular - Programa por la Paz (Cinep).
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La teoría de la verdad extraditada -en referencia a todos los exjefes paramilitares que fueron enviados a cárceles de Estados Unidos- ha sido usada varias veces por el presidente Petro. El mandatario varias veces ha sostenido que por eso se hace necesario un tribunal de cierre en la que confluyan todos los actores armados. “Deben estar empresarios, que digan la verdad de su papel en el conflicto”, dijo Petro hace unos meses.
La semana pasada se radicó ante el Congreso un proyecto para extender el período de la Ley de Justicia y Paz, que permitió la desmovilización de paramilitares y cuya vigencia terminará en 2025. El articulado, que anticipó El Espectador, tiene todo para convertirse en el marco jurídico que el Gobierno necesita con urgencia para el sometimiento a la justicia de bandas y estructuras criminales.
Para el investigador, el mayor incentivo sería la reducción de penas. “No en vano, Salvatore Mancuso tiene varios procesos judiciales, incluso en diferentes etapas con casi 65.000 hechos criminales y por los que normalmente se emitirían por lo menos 45 sentencias adicionales en su contra, según Justicia y Paz. El asunto es que yo no sé si llamarle esto un nuevo mecanismo de justicia transicional, pero si es así yo creería que una parte importante para ello primero sería enfocarse en la no revictimización de las víctimas, esclarecer hechos implicar responsables de delito”, dice.
Sobre cuáles podrían ser hechos que “muestran verdad”, Guerrero afirma que rescataría lo que hizo la Comisión de la Verdad. “Esos actos públicos de reconocimiento y esclarecimiento de verdad, fue una forma interesante de reparar de forma simbólica losdaños que fueron cometidos por este grupo de paramilitares a mediados del 2000″, explica.
El marco jurídico para esta mesa de paz
Aún se desconoce cómo se haría y bajo qué marco jurídico. Esto último es especialmente importante, porque para muchos analistas, si Petro no ha conseguido tener una base jurídica que sustente los diálogos con miras al sometimiento que lleva durante dos años con bandas criminales (Valle de Aburrá, Buenaventura y Quibdó), es menos probable que logre una estrategia jurídica para los exparamilitares en tiempo récord.
El otro punto es que ese plan debe contemplar que la jurisdicción primaria que cobija a los exparamilitares es Justicia y Paz, un tribunal cuya vigencia terminará en 2025. La semana pasada, justamente, se radicó ante el Congreso un proyecto para extender el período de la Ley de Justicia y Paz.
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En 2003, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se firmó un proceso de desmovilización con las AUC que resultó en la entrega de más de 30.000 combatientes. Sin embargo, la eficacia de este proceso ha sido cuestionada, ya que muchos líderes paramilitares fueron extraditados a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico, interrumpiendo sus testimonios en los tribunales colombianos y su compromiso con la reparación de víctimas. Eso sin contar con que en tribunales se ha probado que esa estructura armada habría engañado al Gobierno entregando armas viejas, haciendo pasar a civiles como miembros del grupo y dejando en los territorios bases para seguir su actuar delictivo.
La Comisión de la Verdad, en su informe sobre las AUC, ha resaltado las deficiencias de este proceso, señalando que no se cumplió plenamente con los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Mancuso, extraditado en 2008, ha afirmado en varias ocasiones que está dispuesto a contar toda la verdad sobre los vínculos entre los paramilitares, el narcotráfico y sectores del poder político y empresarial en Colombia. Para el presidente Petro, esta nueva mesa de paz es una oportunidad de retomar ese proceso, pero sin las “traiciones” del pasado y sin miedo a la verdad.
“Queda faltando el cómo, el método, el procedimiento. Hoy esto nos lleva a un plano de especulación en el cual se podrían plantear dos escenarios: primero, ante la falta de resultados de la paz total podría ser que el Gobierno esté presionado a mostrar algún tipo de logro y, en ese sentido, busque armar una mesa que tendría algún tipo de finalización exprés. Lo que no sabemos es cómo ni para qué. Lo otro es que hace mucho ruido es que se haga este anuncio sin ningún tipo de coordinación con Justicia y Paz y, en ese sentido, queda la sensación de que el Gobierno está pasando sobre una instancia judicial. Tendremos que esperar anuncios desde la Oficina del Consejero Comisionado”, dijo a Colombia+20 Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte.
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