Estos son los 18 exjefes paramilitares de AUC que Petro nombró gestores de paz
Entre ellos está Rodrigo Tovar, conocido como Jorge 40, Ramón Isaza; Hernán Giraldo Serna; Diego Fernando Murillo, conocido Don Berna. ¿Quiénes son los otros y qué harán en ese rol?
Este martes, el Gobierno Nacional dio a conocer la resolución 453 de 2024 en la que designó como gestores de paz a 18 exjefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con los que abrirá la mesa que anunció el pasado 3 de octubre durante un evento en Córdoba.
De acuerdo con la resolución que fue firmada el pasado 8 de noviembre, la designación de estos 18 ‘exparas’ se da para que “contribuyan con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamientos con actores armados ilegales”.
Lea: El prontuario de los 18 exjefes paramilitares que Petro nombró gestores de paz
Según Petro, la idea central de esa propuesta es “terminar” ese proceso de desmovilización que se dio en 2005, hace casi 20 años, y entregar los bienes a las víctimas. “Salvatore, ‘Macaco’, ‘Jorge 40′ podemos reactivar la mesa de paz porque el proceso no ha terminado, no se han entregado los bienes a las víctimas que ustedes le entregaron a la justicia, el proceso no se ha terminado, quedó interrumpido y para eso propongo instalar la mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Álvaro Uribe Vélez con ustedes, esta vez sin traición y sin miedo a la verdad, que existía en esa época”, aseguró entonces el mandatario en un mensaje directo a Mancuso, que participó por primera vez en un encuentro con Petro tras su llegada a Colombia el pasado febrero luego de 15 años de extradición.
El perfil de los exparas que serían gestores de paz
El otro punto es cuáles serían las consecuencias de que salieran de la cárcel, figuras como Carlos Mario Jiménez, conocido como Macaco, comandante del Bloque Central Bolívar de las AUC. y quien desde 2020 está buscando ser gestor de paz. También estaría Hernán Giraldo, quien también está en la cárcel y, de hecho, fue expulsado de Justicia y Paz y por delitos sexuales contra menores de edad.
Entre los gestores están Ramón María Isaza Arango, uno de los paramilitares de mayor data en el país. Fue uno de los fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 1997, pero su pasado en la guerra se remonta a dos décadas atrás, cuando conformó el grupo de ‘Los escopeteros’ para combatir a los guerrilleros r a los guerrilleros que les robaban los animales y les pedían cuota. A su grupo le entregaron ocho armas del Ejército Nacional y emboscaron a veinte guerrilleros de las FARC-EP.
También está Ramiro Vanoy Murillo, exjefe paramilitar conocido como Cuco Vanoy. Fue precursor del paramilitarismo y comandante del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con mayor presencia en el Bajo Cauca. Fue condenado a 24 años en Estados Unidos por narcotráfico.
Además, llama la atención la inclusión de, Hernán Giraldo Serna, considerado el jefe natural e histórico de la Sierra Nevada de Santa Marta, Giraldo regresó a Colombia en enero de 2021, tras pagar su condena en Estados Unidos. Actualmente, se encuentra privado de la libertad en una cárcel de Itagüí (Antioquia). En febrero pasado, la Corte Constitucional confirmó su expulsión de Justicia y Paz por continuar actos de violencia sexual luego de haberse desmovilizado. La Fiscalía lo acusa de haber abusado de menores de 14 años mientras estuvo detenido en el país, entre 2006 y 2008.
Además, aparece Carlos Mario Jiménez Naranjo, conocido como Macaco, procesado por 12 casos de homicidio, secuestro y extorsión que él mismo aceptó. Entre 1997 y el 2006, el Bloque Central Bolívar operó en 13 departamentos del país y dejó un saldo de al menos 31.000 víctimas. El exparamilitar, que fue extraditado y excluido de Justicia y Paz, llegó al país en 2019 para enfrentar procesos por al menos 141 crímenes, entre asesinatos y masacres. Actualmente está en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.
Además: Las tierras de El Chimborazo tienen palma, pero no verdad de ‘paras’ de las AUC
Aquí la lista completa:
Ramón María Isaza Arango
Arnubio Triana Mahecha
Héctor José Buitrago Rodríguez,
Ramiro Vanoy Murillo
Hernán Giraldo Serna
Luis Eduardo Cifuentes Galindo
Manuel de Jesus Pirabán
Juan Francisco Prada Márquez
José Baldomero Linares Moreno
Salvatore Mancuso Gómez
Carlos Mario Jiménez Naranjo
Diego Fernando Murillo Bejarano
Hebert Veloza García
Rodrigo Tovar Pupo
Rodrigo Pérez Alzate
Fredy Rendón Herrera
Edwar Cobos Téllez
Héctor Germán Buitrago Parada
¿Cuál sería el marco jurídico de la mesa con los exparamilitares?
Petro también aclaró en su momento que una mesa con los ex-AUC tendría como objetivo entregar tierras a las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, aún se desconoce cómo se haría y bajo qué marco jurídico. Esto último, especialmente, porque para muchos analistas, si Petro no ha conseguido tener una base jurídica que sustente los diálogos con miras al sometimiento que lleva durante dos años con bandas criminales (Valle de Aburrá, Buenaventura y Quibdó), es menos probable que logre una estrategia jurídica para los exparamilitares en tiempo récord.
Y no menos importante es que ese plan debe contemplar que la jurisdicción primaria que cobija a los exparamilitares es Justicia y Paz, un tribunal que sigue vigente en el país. Cualquier marco jurídico nuevo, podría generar roces con esa ley, cuya vigencia termina en 2025.
Lea también: Mancuso pide reparar a víctimas de toma paramilitar de la Universidad de Córdoba
La semana pasada, justamente, se radicó ante el Congreso un proyecto para extender el período de la Ley de Justicia y Paz, que permitió la desmovilización de paramilitares y cuya vigencia terminará en 2025. El articulado, que anticipó El Espectador, tiene todo para convertirse en el marco jurídico que el Gobierno necesita con urgencia para el sometimiento a la justicia de bandas y estructuras criminales.
El presidente Petro y personas cercanas al Gobierno, como el excanciller Álvaro Leyva, han venido proponiendo desde hace meses la idea de un tribunal de cierre, que podría ser ese proyecto que presentó el senador del Partido de la U, Antonio Correa. Esa tesis de fragmentación la ha dicho el mandatario varias veces y sosteniendo que por eso se hace necesario un tribunal de cierre en la que confluyan todos los actores armados. “Deben estar empresarios, que digan la verdad de su papel en el conflicto”, dijo Petro en ese momento.
En 2003, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se firmó un proceso de desmovilización con las AUC que resultó en la entrega de más de 30.000 combatientes. Sin embargo, la eficacia de este proceso ha sido cuestionada, ya que muchos líderes paramilitares fueron extraditados a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico, interrumpiendo sus testimonios en los tribunales colombianos y su compromiso con la reparación de víctimas. Eso sin contar con que en tribunales se ha probado que esa estructura armada habría engañado al Gobierno entregando armas viejas, haciendo pasar a civiles como miembros del grupo y dejando en los territorios bases para seguir su actuar delictivo.
La Comisión de la Verdad, en su informe sobre las AUC, ha resaltado las deficiencias de este proceso, señalando que no se cumplió plenamente con los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Mancuso, extraditado en 2008, ha afirmado en varias ocasiones que está dispuesto a contar toda la verdad sobre los vínculos entre los paramilitares, el narcotráfico y sectores del poder político y empresarial en Colombia. Para el presidente Petro, esta nueva mesa de paz es una oportunidad de retomar ese proceso, pero sin las “traiciones” del pasado y sin miedo a la verdad.
Las dificultades de esta mesa de paz
Muchos sectores de la sociedad, especialmente las víctimas de los paramilitares, desconfían de la posibilidad de que estos exjefes sean partícipes de un proceso genuino de reconciliación. Para que esta mesa sea viable, se necesitará reconstruir la confianza, garantizando un compromiso claro con la verdad y la justicia. Y eso no será nada fácil si se tiene en cuenta que los tableros de la paz total de Petro no han avanzado.
Aunque Mancuso y Jorge 40, ya cumplieron penas en Estados Unidos por narcotráfico, en Colombia aún enfrentan procesos judiciales por delitos relacionados con masacres, desapariciones forzadas y desplazamientos. La posibilidad de que estas personas ocupen un rol político o simbólico en una mesa de paz debería ir acompañada de justicia, verdad y reparación.
El otro punto es que deberían aclarar los vínculos entre las AUC, el narcotráfico y ciertos sectores de la élite política. La verdad que pueda emerger de esta mesa podría desestabilizar a actores poderosos, lo que pone en duda hasta qué punto existe voluntad política para permitir un proceso sin restricciones.
Además, si bien la desmovilización oficial de las AUC ocurrió hace más de una década, sus redes aún están activas a través de grupos sucesores como el Clan del Golfo. Estos grupos controlan vastas regiones del país y continúan siendo actores claves en el narcotráfico y la violencia. Involucrar a exlíderes de las AUC en la paz implicaría reconocer que el problema persiste y que se necesitan soluciones
La viabilidad de una eventual mesa de paz con los exjefes paramilitares de las AUC depende de varios factores, entre ellos, la transparencia del proceso, la capacidad del Estado de garantizar justicia a las víctimas y el compromiso genuino de los exlíderes de contar la verdad. Sin embargo, también existen riesgos significativos, especialmente en términos de legitimidad pública y las posibles repercusiones políticas de las revelaciones que pudieran surgir. Este será un camino complejo, pero puede ofrecer una oportunidad única para cerrar uno de los capítulos más dolorosos del conflicto.
¿Qué hace un gestor de paz?
La figura de los gestores de paz, creada a partir de la Ley 418 de 1997, fue creada para designar a personas que han pertenecido a los grupos armados ilegales y que estando en la cárcel son liberadas para que presten sus buenos oficios en tareas varias que ayuden a alcanzar acuerdos humanitarios o avanzar en contactos que permitan consolidar la paz con el grupo al que pertenecen.
Esa norma fue recientemente modificada por la Ley 2272 de 2022, conocida como la Ley de Paz Total, que en uno de sus artículos se refiere a las personas en prisión, una carta de la que podría echar mano el Ejecutivo en los casos de los detenidos en protestas. “Se admitirá como voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el Presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad”, dice el parágrafo 1 del artículo 5.
En los 24 años de existencia de las gestorías de paz, uno de los casos emblemáticos ha sido el de “Juan Carlos Cuéllar” (cuyo nombre de pila es Gilberto Astudillo Victoria).
Otras designaciones se dieron hacia 2007 durante el gobierno de Álvaro Uribe aunque no estuvieron motivadas en una exploración de voluntad de paz, sino como una estrategia para excarcelar guerrilleros que lograran la desmovilización de sus excompañeros de armas.
De hecho, el gobierno Uribe designó a Rodrigo Granda como gestor de paz en junio de 2007. En ese momento, el hombre conocido como “el canciller de las Farc” estaba preso en la cárcel de La Dorada, tras ser “capturado” en una operación ilegal en territorio venezolano en diciembre de 2004. El episodio provocó una de las más graves crisis diplomáticas con el gobierno de Hugo Chávez.
✉️ Si tiene información o denuncias sobre temas relacionadas con la paz, el conflicto, las negociaciones de paz o algún otro tema que quiera compartirnos o que trabajemos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com; jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com
Este martes, el Gobierno Nacional dio a conocer la resolución 453 de 2024 en la que designó como gestores de paz a 18 exjefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con los que abrirá la mesa que anunció el pasado 3 de octubre durante un evento en Córdoba.
De acuerdo con la resolución que fue firmada el pasado 8 de noviembre, la designación de estos 18 ‘exparas’ se da para que “contribuyan con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamientos con actores armados ilegales”.
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Según Petro, la idea central de esa propuesta es “terminar” ese proceso de desmovilización que se dio en 2005, hace casi 20 años, y entregar los bienes a las víctimas. “Salvatore, ‘Macaco’, ‘Jorge 40′ podemos reactivar la mesa de paz porque el proceso no ha terminado, no se han entregado los bienes a las víctimas que ustedes le entregaron a la justicia, el proceso no se ha terminado, quedó interrumpido y para eso propongo instalar la mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Álvaro Uribe Vélez con ustedes, esta vez sin traición y sin miedo a la verdad, que existía en esa época”, aseguró entonces el mandatario en un mensaje directo a Mancuso, que participó por primera vez en un encuentro con Petro tras su llegada a Colombia el pasado febrero luego de 15 años de extradición.
El perfil de los exparas que serían gestores de paz
El otro punto es cuáles serían las consecuencias de que salieran de la cárcel, figuras como Carlos Mario Jiménez, conocido como Macaco, comandante del Bloque Central Bolívar de las AUC. y quien desde 2020 está buscando ser gestor de paz. También estaría Hernán Giraldo, quien también está en la cárcel y, de hecho, fue expulsado de Justicia y Paz y por delitos sexuales contra menores de edad.
Entre los gestores están Ramón María Isaza Arango, uno de los paramilitares de mayor data en el país. Fue uno de los fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 1997, pero su pasado en la guerra se remonta a dos décadas atrás, cuando conformó el grupo de ‘Los escopeteros’ para combatir a los guerrilleros r a los guerrilleros que les robaban los animales y les pedían cuota. A su grupo le entregaron ocho armas del Ejército Nacional y emboscaron a veinte guerrilleros de las FARC-EP.
También está Ramiro Vanoy Murillo, exjefe paramilitar conocido como Cuco Vanoy. Fue precursor del paramilitarismo y comandante del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con mayor presencia en el Bajo Cauca. Fue condenado a 24 años en Estados Unidos por narcotráfico.
Además, llama la atención la inclusión de, Hernán Giraldo Serna, considerado el jefe natural e histórico de la Sierra Nevada de Santa Marta, Giraldo regresó a Colombia en enero de 2021, tras pagar su condena en Estados Unidos. Actualmente, se encuentra privado de la libertad en una cárcel de Itagüí (Antioquia). En febrero pasado, la Corte Constitucional confirmó su expulsión de Justicia y Paz por continuar actos de violencia sexual luego de haberse desmovilizado. La Fiscalía lo acusa de haber abusado de menores de 14 años mientras estuvo detenido en el país, entre 2006 y 2008.
Además, aparece Carlos Mario Jiménez Naranjo, conocido como Macaco, procesado por 12 casos de homicidio, secuestro y extorsión que él mismo aceptó. Entre 1997 y el 2006, el Bloque Central Bolívar operó en 13 departamentos del país y dejó un saldo de al menos 31.000 víctimas. El exparamilitar, que fue extraditado y excluido de Justicia y Paz, llegó al país en 2019 para enfrentar procesos por al menos 141 crímenes, entre asesinatos y masacres. Actualmente está en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.
Además: Las tierras de El Chimborazo tienen palma, pero no verdad de ‘paras’ de las AUC
Aquí la lista completa:
Ramón María Isaza Arango
Arnubio Triana Mahecha
Héctor José Buitrago Rodríguez,
Ramiro Vanoy Murillo
Hernán Giraldo Serna
Luis Eduardo Cifuentes Galindo
Manuel de Jesus Pirabán
Juan Francisco Prada Márquez
José Baldomero Linares Moreno
Salvatore Mancuso Gómez
Carlos Mario Jiménez Naranjo
Diego Fernando Murillo Bejarano
Hebert Veloza García
Rodrigo Tovar Pupo
Rodrigo Pérez Alzate
Fredy Rendón Herrera
Edwar Cobos Téllez
Héctor Germán Buitrago Parada
¿Cuál sería el marco jurídico de la mesa con los exparamilitares?
Petro también aclaró en su momento que una mesa con los ex-AUC tendría como objetivo entregar tierras a las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, aún se desconoce cómo se haría y bajo qué marco jurídico. Esto último, especialmente, porque para muchos analistas, si Petro no ha conseguido tener una base jurídica que sustente los diálogos con miras al sometimiento que lleva durante dos años con bandas criminales (Valle de Aburrá, Buenaventura y Quibdó), es menos probable que logre una estrategia jurídica para los exparamilitares en tiempo récord.
Y no menos importante es que ese plan debe contemplar que la jurisdicción primaria que cobija a los exparamilitares es Justicia y Paz, un tribunal que sigue vigente en el país. Cualquier marco jurídico nuevo, podría generar roces con esa ley, cuya vigencia termina en 2025.
Lea también: Mancuso pide reparar a víctimas de toma paramilitar de la Universidad de Córdoba
La semana pasada, justamente, se radicó ante el Congreso un proyecto para extender el período de la Ley de Justicia y Paz, que permitió la desmovilización de paramilitares y cuya vigencia terminará en 2025. El articulado, que anticipó El Espectador, tiene todo para convertirse en el marco jurídico que el Gobierno necesita con urgencia para el sometimiento a la justicia de bandas y estructuras criminales.
El presidente Petro y personas cercanas al Gobierno, como el excanciller Álvaro Leyva, han venido proponiendo desde hace meses la idea de un tribunal de cierre, que podría ser ese proyecto que presentó el senador del Partido de la U, Antonio Correa. Esa tesis de fragmentación la ha dicho el mandatario varias veces y sosteniendo que por eso se hace necesario un tribunal de cierre en la que confluyan todos los actores armados. “Deben estar empresarios, que digan la verdad de su papel en el conflicto”, dijo Petro en ese momento.
En 2003, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se firmó un proceso de desmovilización con las AUC que resultó en la entrega de más de 30.000 combatientes. Sin embargo, la eficacia de este proceso ha sido cuestionada, ya que muchos líderes paramilitares fueron extraditados a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico, interrumpiendo sus testimonios en los tribunales colombianos y su compromiso con la reparación de víctimas. Eso sin contar con que en tribunales se ha probado que esa estructura armada habría engañado al Gobierno entregando armas viejas, haciendo pasar a civiles como miembros del grupo y dejando en los territorios bases para seguir su actuar delictivo.
La Comisión de la Verdad, en su informe sobre las AUC, ha resaltado las deficiencias de este proceso, señalando que no se cumplió plenamente con los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Mancuso, extraditado en 2008, ha afirmado en varias ocasiones que está dispuesto a contar toda la verdad sobre los vínculos entre los paramilitares, el narcotráfico y sectores del poder político y empresarial en Colombia. Para el presidente Petro, esta nueva mesa de paz es una oportunidad de retomar ese proceso, pero sin las “traiciones” del pasado y sin miedo a la verdad.
Las dificultades de esta mesa de paz
Muchos sectores de la sociedad, especialmente las víctimas de los paramilitares, desconfían de la posibilidad de que estos exjefes sean partícipes de un proceso genuino de reconciliación. Para que esta mesa sea viable, se necesitará reconstruir la confianza, garantizando un compromiso claro con la verdad y la justicia. Y eso no será nada fácil si se tiene en cuenta que los tableros de la paz total de Petro no han avanzado.
Aunque Mancuso y Jorge 40, ya cumplieron penas en Estados Unidos por narcotráfico, en Colombia aún enfrentan procesos judiciales por delitos relacionados con masacres, desapariciones forzadas y desplazamientos. La posibilidad de que estas personas ocupen un rol político o simbólico en una mesa de paz debería ir acompañada de justicia, verdad y reparación.
El otro punto es que deberían aclarar los vínculos entre las AUC, el narcotráfico y ciertos sectores de la élite política. La verdad que pueda emerger de esta mesa podría desestabilizar a actores poderosos, lo que pone en duda hasta qué punto existe voluntad política para permitir un proceso sin restricciones.
Además, si bien la desmovilización oficial de las AUC ocurrió hace más de una década, sus redes aún están activas a través de grupos sucesores como el Clan del Golfo. Estos grupos controlan vastas regiones del país y continúan siendo actores claves en el narcotráfico y la violencia. Involucrar a exlíderes de las AUC en la paz implicaría reconocer que el problema persiste y que se necesitan soluciones
La viabilidad de una eventual mesa de paz con los exjefes paramilitares de las AUC depende de varios factores, entre ellos, la transparencia del proceso, la capacidad del Estado de garantizar justicia a las víctimas y el compromiso genuino de los exlíderes de contar la verdad. Sin embargo, también existen riesgos significativos, especialmente en términos de legitimidad pública y las posibles repercusiones políticas de las revelaciones que pudieran surgir. Este será un camino complejo, pero puede ofrecer una oportunidad única para cerrar uno de los capítulos más dolorosos del conflicto.
¿Qué hace un gestor de paz?
La figura de los gestores de paz, creada a partir de la Ley 418 de 1997, fue creada para designar a personas que han pertenecido a los grupos armados ilegales y que estando en la cárcel son liberadas para que presten sus buenos oficios en tareas varias que ayuden a alcanzar acuerdos humanitarios o avanzar en contactos que permitan consolidar la paz con el grupo al que pertenecen.
Esa norma fue recientemente modificada por la Ley 2272 de 2022, conocida como la Ley de Paz Total, que en uno de sus artículos se refiere a las personas en prisión, una carta de la que podría echar mano el Ejecutivo en los casos de los detenidos en protestas. “Se admitirá como voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el Presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad”, dice el parágrafo 1 del artículo 5.
En los 24 años de existencia de las gestorías de paz, uno de los casos emblemáticos ha sido el de “Juan Carlos Cuéllar” (cuyo nombre de pila es Gilberto Astudillo Victoria).
Otras designaciones se dieron hacia 2007 durante el gobierno de Álvaro Uribe aunque no estuvieron motivadas en una exploración de voluntad de paz, sino como una estrategia para excarcelar guerrilleros que lograran la desmovilización de sus excompañeros de armas.
De hecho, el gobierno Uribe designó a Rodrigo Granda como gestor de paz en junio de 2007. En ese momento, el hombre conocido como “el canciller de las Farc” estaba preso en la cárcel de La Dorada, tras ser “capturado” en una operación ilegal en territorio venezolano en diciembre de 2004. El episodio provocó una de las más graves crisis diplomáticas con el gobierno de Hugo Chávez.
✉️ Si tiene información o denuncias sobre temas relacionadas con la paz, el conflicto, las negociaciones de paz o algún otro tema que quiera compartirnos o que trabajemos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com; jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com