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En respuesta al comunicado de la banda criminal Los Shottas sobre la prohibición del bloqueo de vías a modo de protesta de organizaciones sociales en Buenaventura, la delegación de Gobierno en el espacio de diálogo sociojurídico que se adelanta en esa ciudad se pronunció en total rechazo y señaló que ningún actor ilegal tiene la facultad de interponerse en las formas de expresión de la sociedad.
En el documento firmado por los Shottas, la estructura armada señaló que no permitirá los taponamientos en el puerto debido a que afectan “la libre movilidad de visitantes y comunidad en general, afectando gravemente la economía de la ciudad y del país”. Y agregó: “Invitamos a organizaciones y personas naturales a no tomar vías de hecho como cerrar vías acuartelando el derecho a las demás personas de su libre movilidad”.
El comunicado respondería a una actividad sindical que promovieron los trabajadores de la empresa que presta el servicio de aseo en Buenaventura que incluía la movilización por las calles.
¿Qué dijo el jefe negociador del Gobierno?
Al respecto, Fabio Cardozo, jefe de la delegación de Gobierno, señaló que “el hecho de estar conversando con el gobierno nacional no les faculta ni les entrega atribución alguna para hacer este tipo de pronunciamientos. De ninguna manera las amenazas, la violencia, tendrá asidero en los esfuerzos de paz en Buenaventura y Colombia”.
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Asimismo, en un documento de cinco puntos, el equipo negociador de Petro dijo que ese tipo de pronunciamientos son amenazantes y van en contra del Estado Social de Derecho.
“Reprobamos los términos del comunicado suscrito por los Shottas, dado que está en abierta contradicción con el espíritu de diálogo y construcción de paz que estamos adelantando en el Espacio Socio-Jurídico de Buenaventura. Dicho Espacio no los faculta para hacer esos pronunciamientos”, se lee en el comunicado.
El laboratorio de paz que se adelanta en Buenaventura tiene sentados en la mesa a las dos principales bandas criminales: los Shottas y los Espartanos.
Actualmente, ambas estructuras armadas extendieron su tregua hasta febrero de 2025. Sin embargo, en el comunicado la delegación de Gobierno instó a las partes a tratar el documento de los Shottas en el próximo encuentro de diálogo.
“Ningún actor ilegal puede interponerse en las formas de expresión de la sociedad a través de sus organizaciones (...) Conminamos a las estructuras armadas a que este asunto inaceptable sea tratado en la próxima sesión formal del Espacio Socio-Jurídico”, concluye el comunicado de la delegación.
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El pronunciamiento de los Shottas generó polémica y preocupación puesto que algunos analistas que han seguido de cerca el conflicto en Buenaventura apuntan que dicho comunicado estaría presionando y afectado el derecho a la protesta en esa ciudad.
Para Ghina Castrillón, columnista de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el comunicado de la estructura armada pondría en riesgo a los liderazgos sociales.
“Si bien no se pueden negar las afectaciones económicas que generan los bloqueos en las vías, que un grupo armado, que hace parte de una mesa de diálogo sociojurídico, alegue preocupación por la economía para decir que “no permitirá” la protesta es muy preocupante y eleva una alerta urgente por el riesgo de seguridad que pueden tener los liderazgos sociales, locales e integrantes de algunas organizaciones, además de un gran retroceso en la paz urbana”, señaló Castrillón en la red social X.
Aquí puede leer el comunicado completo:
*Esta pieza periodística hace parte de la iniciativa “Comunidades que Transforman” de El Espectador, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés) y la Embajada de la Unión Europea. Esta es una alianza para producir contenidos que narran los esfuerzos de las organizaciones comunitarias, las autoridades y el sector privado en la construcción de paz.
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