El cara a cara entre Mindefensa y comisionado Patiño sobre seguridad y paz total

Ministro de Defensa de Colombia

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha estado marcado por dos políticas que parecen contraponerse: por un lado, la política de seguridad, liderada por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y por la otra una ambiciosa apuesta de paz total cuyos nueve tableros de negociación están en cabeza del consejero comisionado de paz, Otty Patiño.

El 4 de diciembre, ambos funcionarios participarán en el foro Proteger la vida y transformar los territorios: seguridad y paz total, evento convocado por el Ministerio de Defensa, la Universidad de los Andes y el Instituto de Paz de Estados Unidos (USIP), para hablar de las contradicciones y puntos de acuerdo de estas dos políticas. A propósito de este encuentro, Colombia+20 habló con el ministro Velásquez sobre los ceses al fuego, los gestores de paz, la toma de El Plateado y su percepción de las negociaciones de la paz total.

¿Cuáles son las tensiones que, a veces, muestran la política de seguridad y la de paz total como contradictorias?

Por la propia función del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, hay acciones, operaciones que generan esas tensiones cuando desde el otro sector del Gobierno se está en el propósito de acercamientos, discusiones y negociaciones sobre las posibilidades de llegar al fin del conflicto con cualquiera de las organizaciones que están involucradas. Esto se presenta entonces como si existiera realmente una contradicción entre paz y seguridad.

Las acciones que se desarrollan desde Fuerzas Militares y Policía Nacional podrían generar por el lado de la negociación una cierta afectación. Podríamos decirlo en esos términos, pero yo considero que todo esto es un proceso muy dinámico e interrelacionado. Las Fuerzas Militares, las Fuerzas Armadas, en general, la fuerza pública está interesada en la paz. Todos estamos interesados en la paz. Lo que no podría permitirse es que, en virtud de negociaciones de paz, el Estado ceda en su capacidad de tener un control sobre los territorios. Y ahí es tal vez donde se genera la mayor contradicción.

¿Cómo se han resuelto esas fricciones, como usted las llama?

Nosotros tenemos periódicamente el Consejo de Paz y Seguridad. A esas reuniones asiste el comisionado de paz, Otty Patiño, y también la cúpula militar y de policía. También asisto yo y es presidida por el presidente. Ahí, en muchas ocasiones establecemos discusiones específicas sobre situaciones que se vienen presentando. Aunque para los grupos armados ilegales, la aspiración es que no exista esa ni siquiera ese accionar de parte de la fuerza pública, ese es un asunto que ha quedado definitivamente acordado con la Oficina del Comisionado y con los delegados que la fuerza pública no cesa en la presencia ni en el cumplimiento de la responsabilidad constitucional.

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Muchos sectores son críticos de la apuesta de paz total del presidente Petro porque, entre otras cosas, la consideran ambiciosa. ¿Cuál es la postura del Ministerio de Defensa y particularmente la suya sobre la paz total?

El Ministerio de Defensa, la fuerza pública, apoya y contribuye a esas negociaciones, no solo con la información necesaria para negociar para los delegados y la propia oficina del comisionado consejero, sino que hace presencia con oficiales activos en las mesas en calidad de observadores. Participamos igualmente en los mecanismos de monitoreo y verificación. Es decir, estamos al tanto del avance o la situación que se presenta en esas conversaciones. Podemos decir que ni las Fuerzas Militares ni la Policía Nacional ni mucho menos el Ministerio de Defensa constituyen un obstáculo para el avance de esas negociaciones. Los obstáculos que se presentan surgen de las actitudes que en muchas ocasiones asumen los integrantes de los grupos armados ilegales.

Si hiciera un balance de cómo van las negociaciones de paz, desde el Ministerio de Defensa, ¿sería positivo?

No podría haber una respuesta uniforme. Hay situaciones favorables respecto de alguno o algunos procesos, pero no hay una uniformidad. Cada proceso ha tenido unas dificultades y las posibilidades de unos avances.

Por ejemplo, se viene planteando con el Estado Mayor de los Bloques y Frente (la disidencia de Calarcá Córdoba) unos proyectos específicos de transformación territorial. Eso nosotros lo vemos de manera muy, muy positiva, porque creemos, como lo ha dicho el presidente permanentemente, y además tenemos esa convicción: que la paz es la transformación del territorio. A veces se plantea que ese proceso no ha tenido todavía un avance importante, pero la georreferenciación, por ejemplo, para nosotros es un elemento muy importante que se lograra acordar en la mesa.

El proceso que se adelanta con Comuneros del Sur tiene también avances en temas de desminado o en las posibilidades de transformación territorial, a partir de la sustitución de la economía ilegal predominante en la zona por una economía legal. Entonces habría que mirar respecto de cada proceso y en temas específicos para nosotros poder afirmar qué tan positivo, neutro o negativo sería nuestra posición frente a esas conversaciones.

¿Qué diría del proceso con el ELN? Usted ha participado en varias reuniones...

Yo creo que ha tenido unas grandes dificultades y que afirmaciones de negociadores del ELN en el sentido de decir desde ya “vamos a ver cómo desarrollamos estos dos años que quedan porque la negociación va a ser con el próximo gobierno”, no son afirmaciones que precisamente contribuyan al proceso y al restablecimiento de las conversaciones o que se vuelva a activar la mesa.

Creo que también acciones que se desarrollan de parte del ELN, todas muy lamentables, pero unas que son además sin absoluta justificación —sin decir que las otras tengan alguna justificación—. Lo que ocurrió, por ejemplo, en Anorí (Antioquia) para mí es un hecho de mucha gravedad: jóvenes soldados que están cuidando un proceso de paz, porque esa es la función de ellos en los AETCR (Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación). Es decir no están en combate, no realizan patrullajes para buscar contacto con ninguna organización ilegal, sino que están protegiendo a unas personas que se comprometieron con la paz. Eso es un hecho de mucha gravedad.

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¿Qué tanto habla con los jefes negociadores en los diálogos de paz?

Hemos tenido muchos espacios. Aquí mismo en este despacho tenemos reuniones más o menos frecuentes. Siempre está la disposición de los dos lados. De parte nuestra, por cualquier necesidad o interés de plantear una inquietud de parte de ellos, así como cuando nosotros hacemos una reunión para aclarar temas. Algo que hemos convenido es que las delegaciones siempre tienen el interés de mantenernos informados sobre los avances y el estado actual de las negociaciones.

Hablemos del cese al fuego. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen de los ceses al fuego? ¿Sí han funcionado? ¿A usted las Fuerzas Armadas le han manifestado que se sienten maniatadas?

Hay una limitación evidente. No maniatados, que es un concepto distinto. Pero hay una limitación evidente en cuanto a la suspensión de operaciones militares ofensivas o las operaciones especiales de Policía, porque, aunque están siempre haciendo presencia en los territorios, solo podrían actuar respecto a alguna organización en situaciones de flagrancia o, como decía ahora, haciendo efectivas órdenes de captura. Las modalidades que han venido realizando estas organizaciones con las extorsiones hace que sea más difícil tener un resultado precisamente en flagrancia.

Hay una situación con respecto a los ceses que nosotros hemos planteado, repitiendo siempre las palabras del presidente Petro y es: el cese que no les sirva a las comunidades es un cese que no le sirve al Gobierno. Hay problemas evidentes como el ejercicio del control social que realizan organizaciones ilegales en comunidades que lleva a la sustitución de liderazgos tradicionales de las comunidades, a la afectación de organizaciones tradicionales (...) Es el ejercicio del control social o la demostración de poder. Algo como: yo soy autoridad acá y como autoridad, el expendedor de tintos, la vendedora de arepas o el hombre de la tienda, todos tienen obligación de pagarme la extorsión.

El ejemplo de esto que usted acaba de decir ocurre en el corregimiento más disputado en este país: El Plateado, en Cauca. El presidente dio hace más de siete meses, la orden de “retomar el control”. Hace un mes ustedes llevaron una operación allí, pero por ahora solo han podido quedarse con el casco urbano. Es decir, no hay un control del Cañón del Micay… y allí no hay cese al fuego. ¿Qué decir de eso?

Lo que pasa es que esta es una operación militar muy compleja que viene de manera sucesiva, desarrollándose en el tiempo. En un momento cuando se tomaron las posiciones que tenía (el frente) Carlos Patiño en las partes altas de El Plateado, se decretó un cese al fuego, que significó la imposibilidad de operar sobre el corregimiento que tenía una presencia armada de miembros de ese frente en el casco urbano…

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Pero ese cese al fuego se levantó regionalmente en marzo… las críticas vienen porque aún sin cese se demoró esa operación.

Sí, se levanta regionalmente y eso abre posibilidades de avances y se hace una toma de posiciones de parte del Ejército, en un avance que en ocasiones era casi que contado por metros, porque además todavía en muchos lugares del Cañón del Micay hay zonas minadas, que no permiten ese avance.

Uno puede tener la idea desde acá, yo también la tenía antes de esta experiencia como ministro, de ¿y por qué se demoran tanto para llegar a un sitio? Les están dando tiempo para que se vayan. Si son apenas cinco kilómetros, ¿cómo es que se demoran días y días? Ahora personalmente conozco lo que significa poder avanzar con seguridad, sin riesgo para los hombres y como digo, casi metro a metro. Pero sí le puedo decir que ha sido una acción permanente. No ha habido día de descanso en un proceso que llegaba antes solo tener un control territorial periférico, pero todavía con una zona que aún está con mucha presencia de la Carlos Patiño hacia el norte.

O sea, todavía en zona rural de El Plateado permanecen miembros de esta estructura…

Sí, sí, y también están otros corregimientos. Pero retomo lo anterior, la orden de tomarse El Plateado estaba, hacer la ocupación como se hizo. Eso supuso también una preparación muy cuidadosa, porque después de lo que significó la Operación Orión en Medellín, y solo lo menciono porque fue el evento de acción militar más grande en medio de una población. Aquí en El Plateado, llegar al ejército a un centro poblado con tanta población, casi 8.000 habitantes permanentes y 12.000 con la población que se desplaza todos los días, se produjo un operativo como ese sin que se ocasionara ninguna afectación a la población civil.

Desde la ocupación, desde la operación militar del 12 de octubre hasta la semana pasada, se han seguido encontrando depósitos de explosivos en por lo menos cinco inmuebles en El Plateado. Hay un proceso de estabilización en el casco urbano, pero es una acción que tiene que llegar hasta el Pacífico. Se va avanzando también en la ocupación de posiciones. Lo que puedo afirmar es: el Ejército ha mantenido la voluntad, le ha venido dando cumplimiento a la orden presidencial.

Este es un proceso en el que se va avanzando, consolidando el control del territorio. No es un proceso simplemente de pasada, no es transitorio, es para recuperar efectivamente el control legal del territorio, pero que tiene que ir unido a la transformación territorial y a la presencia integral del Estado, particularmente del Gobierno, de manera que para la población signifique el mejoramiento de sus condiciones materiales de existencia.

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Ahora que habla de las acciones del Ejército, hace unas semanas el ELN ordenó un paro armado en Chocó y muchos expertos hablaban de que no solo el paro se hizo efectivo, sino de que el Ejército no lo había repelido, aun cuando con esa guerrilla no hay cese desde el pasado 3 de agosto… ¿Qué responde?

No, sí había control y si había mucha presencia militar. La infantería de Marina transitó por los ríos. Lo que pasa es que el solo anuncio de un paro armado naturalmente genera en la población un gran temor y entonces nadie se atreve, a pesar de la presencia evidente de fuerza pública, a desafiar lo que considera es un poder que podría tomar represalias contra ellos. Ese es el juego con el terror, como ocurre también con esa y otras organizaciones. Pero no significa, insisto, en que haya una ausencia de la fuerza pública; por el contrario, la disposición del comandante general de las Fuerzas Militares, tan pronto se anunció el paro armado, fue redoblar presencia de Ejército e infantería de Marina en el territorio.

No puedo dejar de preguntarle sobre las figuras de gestores de paz que han generado tantas polémicas, porque hay quienes consideran que se están dando a personas con un prontuario y una situación jurídica compleja. Para no ir muy lejos, hace poco se otorgó esta figura a 18 exparamilitares, algunos de los cuales son responsables de delitos sexuales. ¿Cuál es la posición del Ministerio sobre este tema?

Esta es una decisión del presidente que naturalmente todos debemos acatar y no contradecir porque, de acuerdo con su visión del proceso o de los procesos negociación, es una figura que considera puede ser útil. Hay algunas acciones de gestores que contribuyen a acercamientos y hay otros que han aprovechado esto para la realización de actividades delictivas. Pero podríamos decir que en general la figura tiene un propósito importante de contribución a los procesos, sobre todo a los acercamientos y la consolidación de diálogos de negociación. De todas maneras, creo que esas situaciones de mal manejo de esas figuras son realmente excepcionales.

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