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Se mantiene la voluntad de paz entre el Gobierno y las principales bandas de Buenaventura, Shottas y Espartanos, que hacen parte del espacio de diálogo sociojurídico en ese territorio. A pesar de los pocos avances recientes en ese proceso de paz, las delegaciones en el espacio anunciaron que la tregua se extenderá hasta febrero de 2025.
“Esta extensión reafirma el compromiso de las estructuras con el Espacio de Conversación Sociojurídica y la consolidación de paz de la región, en la que prevalezca la protección de la vida y se fortalezcan los esfuerzos conjuntos para la construcción de un entorno pacífico en Buenaventura”, se lee en un comunicado de la Consejería Comisionada de Paz.
A través de esta medida, las partes también buscarán desescalar las violencias y avanzar en acciones concretas que beneficien la calidad de vida, así como el desarrollo social y económico de la ciudad.
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La tregua entre bandas ha permitido, entre otras cosas, que Buenaventura saliera del listado de las 50 ciudades más peligrosas de América Latina. Buenaventura fue el primer laboratorio de paz urbana del Gobierno Petro. El 7 de diciembre de 2022, el jefe de Estado y varios funcionarios de alto nivel llegaron a la ciudad para anunciar los diálogos entre los Shottas y los Espartanos, que se formalizaron con la instalación de la mesa de conversaciones el 18 de julio de 2023.
El gobierno ha calificado este proceso como un “diálogo sociojurídico” con miras al sometimiento, en tanto las bandas no tienen reconocimiento político, como ocurre con grupos como el ELN o las disidencias de las FARC, que también tienen procesos abiertos en el marco del proyecto de paz total.
Sin embargo, la falta de un marco jurídico claro, así como una metodología concreta por parte del Ejecutivo, ha derivado en varios momentos de tensión en Buenaventura.
La cadena de episodios más recientes estuvo relacionada con el cambio de delegados del Gobierno para este proceso de paz, que antes estaban bajo el liderazgo del congresista Alejandro Ocampo y ahora son liderados por el abogado Fabio Cardozo Montealegre.
En su momento, Ocampo denunció en entrevista con El Espectador que la decisión de nombrar nuevos negociadores estaba relacionada con una carta que ellos enviaron el pasado 24 de abril al comisionado de paz, Otty Patiño, en la que le solicitaban respuestas ante la falta de claridad con la destinación de 2.999 millones de pesos, entre otros interrogantes.
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