Pese a las dificultades para despegar el proceso de paz urbana en Buenaventura, las dos principales bandas criminales de esa ciudad (los Shottas y los Espartanos) extendieron la tregua, que vencía este lunes, 5 de agosto.
Aunque aún no es seguro si la prórroga será por 30, 60 o 90 días, se trata de una noticia positiva, considerando que este acuerdo para evitar la confrontación ha sido uno de los más exitosos durante la apuesta de paz total del Gobierno Petro.
De hecho, en parte gracias a la tregua, Buenaventura salió del listado de las 50 ciudades más peligrosas de América Latina, y en los últimos meses han disminuido dramáticamente las cifras de homicidios en esta ciudad costera del Valle del Cauca.
Este fin de semana estuvieron en Buenaventura el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), con Gustavo Bolívar, y el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López, quien hasta hace poco hizo parte de los delegados del Gobierno en el espacio de diálogos sociojurídico con las bandas.
Bolívar dio a conocer un video en el que aparece un vocero de los Shottas, quien confirma la extensión de la tregua y resalta los avances que se lograron tras una reciente visita del presidente Petro a la ciudad.
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“La estructura está cumpliendo con la tregua y sigue en pie. Nos ponemos de acuerdo con el compañero de ‘Los Espartanos’ para determinar por cuánto tiempo se ampliará esta tregua. Nos dieron solución a lo que veníamos pidiendo siete meses atrás. Estamos pidiendo oportunidades para los niños y para las niñas, que ellos crezcan y digan que Buenaventura tuvo un proceso de violencia, pero gracias a Dios, hoy en día estamos en paz”, aseguró el vocero de la banda.
Siguen los desafíos en la mesa, que dio un giro en las últimas semanas
Buenaventura fue el primer laboratorio de paz urbana del Gobierno Petro. El 7 de diciembre de 2022, el jefe de Estado y varios funcionarios de alto nivel llegaron a la ciudad para anunciar los diálogos entre los Shottas y los Espartanos, que se formalizaron con la instalación de la mesa de conversaciones el 18 de julio de 2023.
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El gobierno ha calificado este proceso como un “diálogo sociojurídico” con miras al sometimiento, en tanto las bandas no tienen reconocimiento político, como ocurre con grupos como el ELN o las disidencias de las FARC, que también tienen procesos abiertos en el marco del proyecto de paz total.
Sin embargo, la falta de un marco jurídico claro, así como una metodología concreta por parte del Ejecutivo, ha derivado en varios momentos de tensión en Buenaventura.
La cadena de episodios más recientes estuvo relacionada con el cambio de delegados del Gobierno para este proceso de paz, que antes estaban bajo el liderazgo del congresista Alejandro Ocampo y ahora son liderados por el abogado Fabio Cardozo Montealegre.
En su momento, Ocampo denunció en entrevista con El Espectador que la decisión de nombrar nuevos negociadores estaba relacionada con una carta que ellos enviaron el pasado 24 de abril al comisionado de paz, Otty Patiño, en la que le solicitaban respuestas ante la falta de claridad con la destinación de 2.999 millones de pesos, entre otros interrogantes.
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Al margen del cambio de negociadores, en Buenaventura, tanto los líderes de las bandas como la sociedad civil, siguen a la espera de que el Gobierno dé claridad sobre la apuesta de paz que se piensa desarrollar y cómo se va a garantizar que, más allá de eventual sometimiento de estas organizaciones criminales, se logre una presencia integral del Estado que ponga a fin a décadas de violencias estructurales y abandono.
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