PISCC: la guía para que alcaldes y gobernadores construyan sus planes de seguridad
El DNP, con el apoyo de USAID, lanzó la nueva “Guía metodológica para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC)”. ¿Por qué es un documento clave para la gestión de los mandatarios?
El próximo 1.° de enero, los alcaldes de los 1.102 municipios y los gobernadores de los 32 departamentos del país inician sus mandatos. Ese mismo día empieza a correr el plazo de seis meses para que presenten sus Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), un instrumento clave que, junto a los Planes de Desarrollo, será la hoja de ruta en estos ámbitos durante los cuatro años que estarán en el poder.
Para ofrecer herramientas que permitan una eficaz formulación, implementación y seguimiento de los PISCC, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) presentó, el pasado 11 de diciembre, una guía metodológica que les servirá a los mandatarios entrantes en este proceso.
“Con esta Guía buscamos abordar cinco grandes acciones: facilitar el acceso a oportunidades financieras para implementar los planes, la formulación de proyectos, la coordinación interinstitucional, la articulación de instrumentos de planeación nacional y territorial, así como el seguimiento y la evaluación para la participación ciudadana”, dijo Jorge Iván González, director del DNP, durante la presentación del documento.
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Una de las principales novedades de la Guía es que por primera vez se construyó de manera participativa con las comunidades. Además, de la mano de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y su proyecto Somos Comunidad —implementado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD)— se incorporó el enfoque de género e inclusión social y se tomaron en cuenta una serie de aprendizajes del trabajo de esta iniciativa en 35 municipios priorizados en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que se crearon en las zonas más afectadas por el conflicto tras la firma del Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las FARC.
“Por cinco años trabajamos en los municipios PDET, que son municipios, categorías 5 y 6 y tienen poca capacidad institucional, poco presupuesto y poco conocimiento para articular y coordinar acciones. En ese marco, lo que hemos hecho es poner esa experiencia al servicio del DNP para alimentar esta Guía, que debe servir para generar un buen espacio de planificación”, explicó Joshua Mitrotti, director de Somos Comunidad, durante el lanzamiento del documento.
Esta guía metodológica aborda el paso a paso desde el marco normativo, las pautas para el diagnóstico y la focalización para la planeación, hasta llegar a la etapa de formulación de los PISCC, y también da pautas sobre cómo planear financiera y operativamente estos planes, de qué manera implementarlos y cómo hacerles seguimiento y evaluación.
Para Fernando Lozano, subdirector de Seguridad y Defensa del DNP, la guía será una herramienta crucial para que los mandatarios que están ad portas de posesionarse puedan formular estrategias con base “en factores de riesgo identificados en un ejercicio de diagnóstico, que se debe hacer de manera articulada con varias entidades para dar pasos claros en la planeación estratégica”.
Una mirada integral y participativa
Para la formulación de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) se busca que las entidades territoriales no solo identifiquen los fenómenos delictivos y comportamientos que afecten la convivencia, sino también las situaciones de conflicto o de violencia con orígenes en causas estructurales.
“La idea es partir de un diagnóstico que no solo incluya el análisis de las tasas delictivas o de los homicidios, sino ir más allá y pensar, por ejemplo, qué factores de riesgo en términos de deserción escolar están afectando la seguridad en cuanto al consumo problemático de las sustancias psicoactivas. También hay que tener en cuenta cómo está compuesta la población, qué porcentaje de ruralidad y urbanidad hay y cómo eso se materializa en estrategias diferenciales de política pública a nivel territorial en convivencia y seguridad”, contó María Paula Nieto, asesora de la Subdirección de Seguridad y Defensa del DNP.
Además: Paz en los territorios: ¿cómo abordarla desde los DD. HH. y el rol de la Policía?
Con miras a lograr un enfoque más integral en esta Guía y orientar de forma eficaz a los mandatarios locales, durante los últimos cuatro años se hicieron visitas de campo que permitieron recoger información de más de 30 entidades territoriales, 26 entidades del orden nacional, cuatro asociaciones gremiales y expertos nacionales e internacionales para incluir sus recomendaciones en la nueva guía metodológica de los PISCC.
Al respecto, uno de los puntos que destacó Juan Miguel Gallego, subdirector de Prospectiva y Desarrollo Nacional del DNP, es que esta Guía “es fundamental para cumplir los objetivos de manera ordenada, a través de la apuesta de integralidad del Plan Nacional de Desarrollo, que permita establecer de manera adecuada las necesidades de inversión en materia de convivencia y seguridad”.
El funcionario añadió que toda esta apuesta es crucial para lograr la cohesión social, un concepto que viene siendo impulsado por Somos Comunidad y también es transversal a los PISCC.
El coronel retirado Juan Carlos Nieto, líder de Seguridad Ciudadana de Somos Comunidad, explica que esta iniciativa busca generar resiliencia comunitaria a partir del fortalecimiento de la cohesión social: “Se busca tener unos sistemas de seguridad local más eficientes, pero a través de la participación, y eso también implica coordinación. Hay que entender que la resiliencia es una capacidad que tienen las comunidades, el Estado y el sector privado para prevenir, mitigar y recuperarse de la acción de los violentos y construir convivencia y paz. Por eso trabajamos con tanto ahínco y con diferente instancias del orden nacional”.
Un nuevo sistema que integra la información
Entre las novedades de esta Guía resalta la participación ciudadana, un eje que debe ser básico tanto en la construcción de los PISCC como en su seguimiento.
Para integrar la información de los planes, se desarrolló un módulo específico para el PISCC en el Sistema de Planeación Territorial (SisPT) del DNP, el cual les permitirá a las autoridades y a la ciudadanía hacer consultas, seguimiento y veeduría.
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“Lo que hemos buscado desde hace unos 10 años es que la información no solo sea útil para las entidades territoriales, también para otras entidades del Gobierno, los ministerios, entes de control y la ciudadanía. Buscamos que cuando las autoridades suban ahí su información de seguimiento se pueda registrar qué es lo que han planeado en sus cuatro años de período y que la ciudadanía vea cómo el gobernador o el alcalde está haciendo las cosas en determinados temas”, asegura José Manuel Díaz, ingeniero del DNP que participó en la creación del módulo PISCC.
Se trata de una herramienta clave, pues a pesar de que desde la Ley 62 de 1993 los alcaldes y gobernadores deben formular Planes Integrales de Seguridad y Convivencia —asociados a su Planes de Desarrollo Territoriales—, esos planes se suelen crear por cumplir el requisito, pero no se implementan a cabalidad ni se sabe cómo va la ejecución de los recursos.
El nuevo módulo en el SisPT también marca un hito en la democratización de la información pública y en los procesos de evaluación y análisis de las políticas de seguridad y convivencia.
“Esto va a significar realmente un avance, porque permitirá una mejor evaluación y seguimiento y sobre todo se abre a la puerta a que, con esa participación ciudadana, haya un control, una suerte de veeduría por parte de las comunidades sobre los PISCC”, dice Juan Carlos Nieto.
La seguridad humana
El concepto de seguridad humana es uno de los más relevantes en la nueva “Guía metodológica para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana” (PISCC).
“El Estado garantizará la seguridad humana, con enfoque de derechos, diferencial, de género, étnico, cultural, territorial e interseccional para la construcción de la paz total. Para ello, promoverá respuestas centradas en las personas y las comunidades, de carácter exhaustivo y adaptadas a cada contexto, orientadas a la prevención, y que refuercen la protección de todas las personas y comunidades; en especial, las víctimas de la violencia. Asimismo, reconocerá la interrelación de la paz, el desarrollo y los derechos humanos en el enfoque de seguridad humana”, se lee en el documento.
El coronel Nieto explica que lo que se busca con la puesta en marcha de este concepto es romper con “la figura tradicional paternalista de que hay un papá que es el Estado que debe imponer la seguridad”. Con este nuevo enfoque, la seguridad es un constructo en el que todos, incluidos los ciudadanos, tienen que hacer parte.
De hecho, la Guía propone diagnosticar los factores de riesgo de los municipios y departamentos a partir de las dimensiones de la seguridad humana: económica, alimentaria, sanitaria, ambiental, personal, comunitaria y política.
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“Este es un enfoque que no solo deja la seguridad en manos de la Policía Nacional o las Fuerzas Militares, sino que va más allá de esa seguridad que conocemos clásicamente. Hoy lo que les pedimos a los alcaldes y gobernadores es que incluyan todos los lineamientos para que los objetivos que propongan sean relevantes para los territorios”, dice Fernando Lozano, subdirector de Seguridad y Defensa del DNP.
Los próximos seis meses serán decisivos para que los mandatarios locales se pongan en la tarea de construir Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana que permitan consolidar estrategias y proyectos que ayuden a superar no solo el crimen, sino también sus causas estructurales para empezar a construir la paz en los territorios.
El próximo 1.° de enero, los alcaldes de los 1.102 municipios y los gobernadores de los 32 departamentos del país inician sus mandatos. Ese mismo día empieza a correr el plazo de seis meses para que presenten sus Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), un instrumento clave que, junto a los Planes de Desarrollo, será la hoja de ruta en estos ámbitos durante los cuatro años que estarán en el poder.
Para ofrecer herramientas que permitan una eficaz formulación, implementación y seguimiento de los PISCC, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) presentó, el pasado 11 de diciembre, una guía metodológica que les servirá a los mandatarios entrantes en este proceso.
“Con esta Guía buscamos abordar cinco grandes acciones: facilitar el acceso a oportunidades financieras para implementar los planes, la formulación de proyectos, la coordinación interinstitucional, la articulación de instrumentos de planeación nacional y territorial, así como el seguimiento y la evaluación para la participación ciudadana”, dijo Jorge Iván González, director del DNP, durante la presentación del documento.
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Una de las principales novedades de la Guía es que por primera vez se construyó de manera participativa con las comunidades. Además, de la mano de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y su proyecto Somos Comunidad —implementado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD)— se incorporó el enfoque de género e inclusión social y se tomaron en cuenta una serie de aprendizajes del trabajo de esta iniciativa en 35 municipios priorizados en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que se crearon en las zonas más afectadas por el conflicto tras la firma del Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las FARC.
“Por cinco años trabajamos en los municipios PDET, que son municipios, categorías 5 y 6 y tienen poca capacidad institucional, poco presupuesto y poco conocimiento para articular y coordinar acciones. En ese marco, lo que hemos hecho es poner esa experiencia al servicio del DNP para alimentar esta Guía, que debe servir para generar un buen espacio de planificación”, explicó Joshua Mitrotti, director de Somos Comunidad, durante el lanzamiento del documento.
Esta guía metodológica aborda el paso a paso desde el marco normativo, las pautas para el diagnóstico y la focalización para la planeación, hasta llegar a la etapa de formulación de los PISCC, y también da pautas sobre cómo planear financiera y operativamente estos planes, de qué manera implementarlos y cómo hacerles seguimiento y evaluación.
Para Fernando Lozano, subdirector de Seguridad y Defensa del DNP, la guía será una herramienta crucial para que los mandatarios que están ad portas de posesionarse puedan formular estrategias con base “en factores de riesgo identificados en un ejercicio de diagnóstico, que se debe hacer de manera articulada con varias entidades para dar pasos claros en la planeación estratégica”.
Una mirada integral y participativa
Para la formulación de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) se busca que las entidades territoriales no solo identifiquen los fenómenos delictivos y comportamientos que afecten la convivencia, sino también las situaciones de conflicto o de violencia con orígenes en causas estructurales.
“La idea es partir de un diagnóstico que no solo incluya el análisis de las tasas delictivas o de los homicidios, sino ir más allá y pensar, por ejemplo, qué factores de riesgo en términos de deserción escolar están afectando la seguridad en cuanto al consumo problemático de las sustancias psicoactivas. También hay que tener en cuenta cómo está compuesta la población, qué porcentaje de ruralidad y urbanidad hay y cómo eso se materializa en estrategias diferenciales de política pública a nivel territorial en convivencia y seguridad”, contó María Paula Nieto, asesora de la Subdirección de Seguridad y Defensa del DNP.
Además: Paz en los territorios: ¿cómo abordarla desde los DD. HH. y el rol de la Policía?
Con miras a lograr un enfoque más integral en esta Guía y orientar de forma eficaz a los mandatarios locales, durante los últimos cuatro años se hicieron visitas de campo que permitieron recoger información de más de 30 entidades territoriales, 26 entidades del orden nacional, cuatro asociaciones gremiales y expertos nacionales e internacionales para incluir sus recomendaciones en la nueva guía metodológica de los PISCC.
Al respecto, uno de los puntos que destacó Juan Miguel Gallego, subdirector de Prospectiva y Desarrollo Nacional del DNP, es que esta Guía “es fundamental para cumplir los objetivos de manera ordenada, a través de la apuesta de integralidad del Plan Nacional de Desarrollo, que permita establecer de manera adecuada las necesidades de inversión en materia de convivencia y seguridad”.
El funcionario añadió que toda esta apuesta es crucial para lograr la cohesión social, un concepto que viene siendo impulsado por Somos Comunidad y también es transversal a los PISCC.
El coronel retirado Juan Carlos Nieto, líder de Seguridad Ciudadana de Somos Comunidad, explica que esta iniciativa busca generar resiliencia comunitaria a partir del fortalecimiento de la cohesión social: “Se busca tener unos sistemas de seguridad local más eficientes, pero a través de la participación, y eso también implica coordinación. Hay que entender que la resiliencia es una capacidad que tienen las comunidades, el Estado y el sector privado para prevenir, mitigar y recuperarse de la acción de los violentos y construir convivencia y paz. Por eso trabajamos con tanto ahínco y con diferente instancias del orden nacional”.
Un nuevo sistema que integra la información
Entre las novedades de esta Guía resalta la participación ciudadana, un eje que debe ser básico tanto en la construcción de los PISCC como en su seguimiento.
Para integrar la información de los planes, se desarrolló un módulo específico para el PISCC en el Sistema de Planeación Territorial (SisPT) del DNP, el cual les permitirá a las autoridades y a la ciudadanía hacer consultas, seguimiento y veeduría.
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“Lo que hemos buscado desde hace unos 10 años es que la información no solo sea útil para las entidades territoriales, también para otras entidades del Gobierno, los ministerios, entes de control y la ciudadanía. Buscamos que cuando las autoridades suban ahí su información de seguimiento se pueda registrar qué es lo que han planeado en sus cuatro años de período y que la ciudadanía vea cómo el gobernador o el alcalde está haciendo las cosas en determinados temas”, asegura José Manuel Díaz, ingeniero del DNP que participó en la creación del módulo PISCC.
Se trata de una herramienta clave, pues a pesar de que desde la Ley 62 de 1993 los alcaldes y gobernadores deben formular Planes Integrales de Seguridad y Convivencia —asociados a su Planes de Desarrollo Territoriales—, esos planes se suelen crear por cumplir el requisito, pero no se implementan a cabalidad ni se sabe cómo va la ejecución de los recursos.
El nuevo módulo en el SisPT también marca un hito en la democratización de la información pública y en los procesos de evaluación y análisis de las políticas de seguridad y convivencia.
“Esto va a significar realmente un avance, porque permitirá una mejor evaluación y seguimiento y sobre todo se abre a la puerta a que, con esa participación ciudadana, haya un control, una suerte de veeduría por parte de las comunidades sobre los PISCC”, dice Juan Carlos Nieto.
La seguridad humana
El concepto de seguridad humana es uno de los más relevantes en la nueva “Guía metodológica para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana” (PISCC).
“El Estado garantizará la seguridad humana, con enfoque de derechos, diferencial, de género, étnico, cultural, territorial e interseccional para la construcción de la paz total. Para ello, promoverá respuestas centradas en las personas y las comunidades, de carácter exhaustivo y adaptadas a cada contexto, orientadas a la prevención, y que refuercen la protección de todas las personas y comunidades; en especial, las víctimas de la violencia. Asimismo, reconocerá la interrelación de la paz, el desarrollo y los derechos humanos en el enfoque de seguridad humana”, se lee en el documento.
El coronel Nieto explica que lo que se busca con la puesta en marcha de este concepto es romper con “la figura tradicional paternalista de que hay un papá que es el Estado que debe imponer la seguridad”. Con este nuevo enfoque, la seguridad es un constructo en el que todos, incluidos los ciudadanos, tienen que hacer parte.
De hecho, la Guía propone diagnosticar los factores de riesgo de los municipios y departamentos a partir de las dimensiones de la seguridad humana: económica, alimentaria, sanitaria, ambiental, personal, comunitaria y política.
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“Este es un enfoque que no solo deja la seguridad en manos de la Policía Nacional o las Fuerzas Militares, sino que va más allá de esa seguridad que conocemos clásicamente. Hoy lo que les pedimos a los alcaldes y gobernadores es que incluyan todos los lineamientos para que los objetivos que propongan sean relevantes para los territorios”, dice Fernando Lozano, subdirector de Seguridad y Defensa del DNP.
Los próximos seis meses serán decisivos para que los mandatarios locales se pongan en la tarea de construir Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana que permitan consolidar estrategias y proyectos que ayuden a superar no solo el crimen, sino también sus causas estructurales para empezar a construir la paz en los territorios.