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Tal como lo había anticipado el lunes Colombia+20, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, empezó la socialización de su plan de choque para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz.
Aunque este jueves tenía planeado su presentación oficial ante el Congreso, fuentes enteradas le contaron a este diario que decidió empezar su correría por la comunidad internacional, no solo una de las principales fuentes de financiación de ese pacto firmado en 2016 con las extintas FARC, sino también una de las mayores impulsoras.
La cita de este jueves fue en la sede de las Naciones Unidas en Bogotá y se convocó al Comité Estratégico del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas. En la cita estuvieron representantes y delegados de más de 20 países; el comisionado para la Paz, Otty Patiño; Kandya Obezom viceministra de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, miembros del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el jefe de la Misión de Verificación de la ONU y Representante Especial del Secretario General de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, entre otros.
El lunes pasado, Colombia+20 publicó el borrador de ese documento, que aún debe pasar por algunos ajustes y consultas, entre ellas a Petro y, justamente, las entidades de la comunidad internacional que hace seguimiento al Acuerdo de Paz. Se trata de una estrategia con acciones urgentes en la que se venía trabajando desde la llegada de Juan Fernando Cristo al Ministerio del Interior, con la misión de ponerle el acelerador al pacto acordado en La Habana hace ocho años.
Los seis puntos incluirían agilizar el acceso a tierras, actualizar el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) —encargado, entre otras cosas de las garantías de seguridad para firmantes de paz, líderes sociales, defensores de derechos humanos— y redefinir algunas funciones del Gabinete de Paz. Esto último está contemplado en un borrador de decreto que dio a conocer Colombia+20 la semana pasada.
Los otros tres puntos son las iniciativas que pasarían por la agenda legislativa, impulsar el acuerdo nacional a través del Acuerdo de Paz y los pactos territoriales, que son en realidad el corazón del plan de choque, porque incluyen las acciones que se realizarán para ponerles acelerador a las obras y proyectos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
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El Ministerio del Interior confirmó en su cuenta de X (antes Twitter) que esos son los seis puntos del plan y que, con estos ejes, “se busca transformar los territorios más afectados por el conflicto. Las subregiones PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) serán el foco de este esfuerzo, priorizando proyectos con mayor potencial transformador”, explicó el ministro, según esa publicación.
De acuerdo con las publicaciones del Ministerio del Interior, “la cooperación internacional reafirmó su apoyo a la paz en Colombia”. A través del Fondo se han gestionado unos 15 mil millones “que se destinarán a desminado humanitario y emprendimientos productivos en las zonas más afectadas, dice esa cartera.
Hoy, en el Comité Estratégico del Fondo Multidonante de @onucolombia, nos reunimos con la comunidad internacional para presentar el #PlanDeChoque que acelerará la implementación del #AcuerdoDePaz. La cooperación internacional es fundamental en este esfuerzo. En esta reunión… pic.twitter.com/cWaVFhSpYU
— MinInterior Colombia (@MinInterior) October 3, 2024
El trabajo de este plan de choque ha estado adelantándose a través de una tríada bajo la batuta del Ministerio del Interior y completada con el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio (ART).
Representantes de esas y otras instituciones implementadoras del Acuerdo de Paz, incluido el director de la ART, Raúl Delgado, han estado acompañando al ministro Cristo en la correría que viene haciendo desde el 30 de julio por las 16 zonas PDET que terminará el 16 de octubre.
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Fuentes le confirmaron a este diario que en los próximos días, el ministro Cristo hará la presentación ante el Congreso y que se está pensando en un evento el 15 de octubre. La fecha coincidiría con la semana en la que la Misión de Verificación de la ONU presentará su informe trimestral del Acuerdo de Paz ante el Consejo de Seguridad.
Aún se desconoce qué nivel de participación han tenido en este plan de choque los excombatientes de las FARC, particularmente quienes hacen parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), y quienes son la contraparte del Acuerdo de Paz.
¿De qué se tratan los seis puntos del plan de choque del Acuerdo de Paz?
1. Transformación territorial más allá de los PDET
Justamente esos viajes han servido de insumo para el primer punto que se está discutiendo en ese borrador y que, por ahora, lleva el nombre de pactos territoriales, que responden a las necesidades de las 16 subregiones (o zonas PDET) creadas en el Acuerdo de Paz, que reúnen a 170 municipios —que suman al menos seis millones de habitantes—, que fueron los más azotados por el conflicto.
En una reciente entrevista con Colombia+20, Cristo explicó que la idea era cambiar la metodología de esos PATR por los pactos territoriales, que serán diseñados con base en las necesidades locales, las particularidades de la región y los acuerdos ya establecidos con las comunidades. El objetivo final es construir una paz sostenible que responda a las demandas locales, promoviendo el desarrollo y la estabilidad.
Aunque aún no se ha especificado cuál sería el tiempo para esta implementación, podría ser antes de noviembre.
2. Acelerar el acceso a tierras y los planes nacionales sectoriales
El segundo punto del plan de choque estaría centrado en la agilización del acceso a tierras y la promoción de los 16 planes nacionales sectoriales, que también nacieron del Acuerdo de Paz y que buscan la superación de la pobreza, la desigualdad, y el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad.
Entre los planes hay temas de vivienda, vías, agua potable, educación, economía campesina, electricidad, entre otros. Por ahora se está discutiendo, tendrán un enfoque particular en la equidad de género. Las prioridades de los planes sectoriales estarán alineadas con los pactos territoriales, lo que garantiza que las decisiones sean tomadas en función de las necesidades y demandas específicas de cada región.
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Lo que se ha estado trabajando en este plan de choque es maximizar los instrumentos existentes de compra y volver más eficiente el trabajo y prioridades de la adjudicación por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
3. Reestructurar el enfoque de seguridad
El tercer punto del plan abordaría la seguridad en el postconflicto, un tema de vital importancia dado el contexto de violencia que persiste en muchas regiones, a pesar del Acuerdo de Paz.
Para ello, se propone la reconceptualización del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), vinculado a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. El SISEP fue creado con el objetivo de proteger a los excombatientes, los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, quienes han sido objeto de amenazas y asesinatos en los últimos años. No obstante, el sistema ha sido poco eficaz, entre otras cosas, por la falta de recursos.
Lo que se está discutiendo con este punto del plan es una mejora en los esquemas de seguridad tradicionales, como los proporcionados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), sino también un cambio de enfoque que priorice la funcionalidad y la protección integral de las comunidades más vulnerables.
4. Agenda legislativa
Este punto se referiría a las iniciativas y proyectos de ley que se van a presentar al Congreso. Una de las prioridades legislativas más importantes en este sentido es la creación de una Jurisdicción Agraria, un nuevo sistema judicial especializado en resolver conflictos relacionados con la tierra.
Aunque en junio pasado el Congreso aprobó la ley estatutaria de esta jurisdicción, aún no se ha puesto en marcha, lo cual ha sido un obstáculo importante para la implementación de la reforma agraria, ya que los conflictos sobre la propiedad de la tierra son complejos y requieren un conocimiento especializado.
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Las otras iniciativas que estarían incluidas son el proyecto que establece un tratamiento diferencial en materia penal para los pequeños cultivadores de coca; la reforma política – que presentó Cristo la semana pasada y que le lanza un salvavidas a Comunes, el partido que crearon excombatientes de las extintas FARC tras el Acuerdo y a otros partidos pequeños porque les permitiría conservar la personería por 4 años más—. Además, el proyecto de ley que regula la protesta social.
5. Acuerdo nacional
La creación de un acuerdo nacional para impulsar el pacto político implícito en el Acuerdo de Paz es otro de los puntos que se estarían trabajando en ese plan de choque.
La tesis de ese “pacto político implícito” partió desde marzo pasado cuando Petro soltó la idea de que Colombia tenía que ir a una Asamblea Nacional Constituyente y que el Acuerdo de Paz lo facultaba para ello. Luego lo siguió el destituido canciller Álvaro Leyva, quien dijo que el pacto de 2016 era “una fórmula” que encaminaba al país hacia un “acuerdo político nacional”.
El pasado 1 de octubre, El Espectador dio a conocer los tres ejes sobre los que versaría ese acuerdo nacional.
6. Gobernanza
Finalmente, el sexto punto del plan de choque se referiría a la creación de una nueva gobernanza para la implementación del Acuerdo de Paz, basada en la creación de un Gabinete de Paz y una Comisión de Implementación del Acuerdo, ambos liderados por el Ministerio del Interior.
El Gabinete de Paz, que estaba contenido en la Ley de Paz Total, se creó mediante un decreto publicado en junio pasado. No obstante, en esa primera entrega no se contemplaban funciones del gabinete para sacar adelante el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016. Por ello, el Gobierno publicó para consulta ciudadana un nuevo decreto —que aún no tiene las firmas— en el que se adiciona la creación de una Comisión Intersectorial para el cumplimiento del Acuerdo de Paz.
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Según el decreto, este grupo tendrá la misión de identificar las barreras o impedimentos para el cumplimiento del acuerdo final y deberá proponer alternativas o soluciones para avanzar en lo pactado en el 2016. La Comisión estará presidida por el Ministerio del Interior.
El Ministerio estaría esperando la firma de ese decreto para echar a andar el plan de choque.
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