El Acuerdo de Paz firmado en 2016 se ha convertido en el caballo de batalla del presidente Gustavo Petro, que fue viene insistiendo en varios escenarios, Consejo de Seguridad de la ONU incluido, en que quiere cumplirlo, pero que necesita tiempos y recursos para ello.
Algunos creen, basados en algunas salidas que ha tenido el mandatario que en realidad es la excusa que está usando para su idea de una Constituyente, pero tanto el jefe de Estado que le ha bajado el tono a sus declaraciones como el mismo del interior, Juan Fernando Cristo, han cambiado en los últimos días la narrativa y se han centrado en que se necesita un acuerdo nacional en torno a lo fundamental: llevar el acuerdo a las regiones.
Todo eso estará enmarcado en el plan de choque que anunció el pasado 9 de julio el canciller, Luis Gilberto Murillo, con el que quieren “acelerar y nivelar” la implementación del Acuerdo de Paz. “Ese plan de choque va a requerir de algunas medidas extraordinarias y de emergencia”, dijo Murillo entonces.
El mismo Petro dio algunas claves en su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU el pasado 11 de julio. Entre ellas, la extensión de siete años para ejecutar lo acordado en La Habana y la solicitud al Congreso de la República de un ‘fast track’ para reformar algunas leyes, que tocarían puntos, como el sistema de justicia del país. Según dijo el presidente Petro, la idea es que exista “un sistema único de verdad, justicia y reconciliación” para grupos paramilitares, guerrilleros, disidentes y de otros orígenes.
Otra de las acciones del mandatario para apresurar la ya lenta ejecución del pacto de La Habana fue el nombramiento de Cristo en la cartera del Interior. La tarea que le encargo el presidente no es solo que sea el ministro de la política, sino una suerte de coordinador del Acuerdo de Paz y de implementador, pero en los gobiernos locales. El estreno de ese papel se dio hace unos días, cuando Cristo empezó uno de los 16 viajes que hará a las zonas PDET.
Cristo, un hombre cercano a Santos y quien también participo del Acuerdo de Paz, aceptó volver al cargo que ostentó por tres años justamente al lado del presidente y en menos de un mes ya sentó al partido Comunes, a Cuartas y a la Oficina del Alto Comisionado de Paz para prender motores. También se ha reunido con todos los sectores para unir y articular la implementación con ese acuerdo nacional.
El primer paso para ello es darle forma al plan de choque. En diálogo con Colombia+20 dio detalles sobre los tres ejes que tendrá.
1. Acelerar la inversión
“El plan de choque tiene tres grandes capítulos y todo tiene que ver con acelerar procesos que venían retrasados. El primero es lo que acabamos de ver en Simití: apresurar la inversión del Estado en los 170 municipios PDET. Se han hecho cosas, pero no han tenido el impacto suficiente en las comunidades. A mí me impresiona mucho la gente en los territorios de Colombia porque es gente que le tiene mucha paciencia al Estado, siguen esperando. No podemos defraudar esa confianza. Hay una oportunidad de sincerarnos con estos pactos territoriales”, explicó a Colombia+20 Cristo durante uno de los trayectos a Simití.
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Cristo explica que esos pactos territoriales se diferencian de los PATR en la metodología. “Queremos garantizar que se utilicen de manera más transparente y eficiente los recursos. Para nadie es un secreto que se han perdido recursos de la paz durante estos años especialmente con el OCAD-PAZ donde hay un hueco negro. No nos podemos dar el lujo de pensar que, encima de que hay problemas fiscales y poca plata para la implementación, la plata se quede donde no debe”, afirma.
El escándalo del OCAD-PAZ se conoció hace dos años, cuando se reveló el desfalco de al menos $250 mil millones destinados para los municipios PDET. De acuerdo con las revelaciones de Blu Radio el 12% de los recursos aprobados por el OCAD-Paz terminó en coimas y sobornos.
Este desfalco se habría producido a través de coimas y sobornos a funcionarios de la Contraloría, el Departamento Nacional de Planeación y varios congresistas, que habrían pedido dineros a cambio de dar el visto bueno a los proyectos presentados por los alcaldes de los municipios PDET. Si los alcaldes no aceptaban pagar las coimas, los proyectos serían descartados y no recibirían los avales necesarios para su aprobación
“Lo que no queremos es someter a los alcaldes a la peregrinación en Bogotá, de ir a todos los ministerios, a Planeación Nacional para lograr recursos para la paz, sino que definamos esas necesidades. Hablamos con el consejo gremial para vincular mucho más activamente al sector privado y potenciar el mecanismo de obras por impuestos y que el pacto signifique un compromiso mayor de los entes territoriales”, explica.
Según el jefe de la cartera, se trabaja desde hace días con Planeación Nacional y con las agencias implementadoras para suscribir esos 16 pactos territoriales y tener una hoja de ruta de inversión que tenga un impacto realmente transformador en los próximos dos años.
2. La Reforma Rural Integral
El segundo capítulo del plan es la reforma rural integral, también uno de los puntos en los que más ha insistido el presidente Petro. “Hemos venido trabajando con el Ministerio de Agricultura y con la Agencia Nacional de Tierras, el ritmo de la adquisición y distribución de tierras, y también de ponerlas a producir porque va muy lento. Cualquier proceso de reforma agraria es supremamente complejo porque hay que articular demasiados temas, pero yo soy optimista que con la nueva ministra vamos a hacer un buen equipo. La reforma no es solamente en las zonas PDET, sino también en todo el país donde tienen definidos los núcleos de la reforma agraria, que es como la llama el presidente. Tenemos que avanzar mucho más en las metas del acuerdo porque estamos muy quedados”, admite.
Este tema también está dentro de los ocho puntos que propuso Petro en la ONU para la implementación del Acuerdo de Paz. De acuerdo con lo que dijo el mandatario, la reforma agraria debe contener la modificación de las normas actuales para la compra administrativa exprés de la tierra. Así mismo, una transformación de la Agencia Nacional de Tierras en una entidad estructuradora de proyectos productivos con acceso a créditos y una formalización de títulos con mecanismos especiales.
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La compra exprés es un punto difícil para el Gobierno luego de que la Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó el pasado 19 de julio parte del artículo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno de Petro que buscaba facilitar los procesos de compra de tierras.
Las partes del artículo del PND “Colombia Potencia Mundial de la Vida” demandadas modificaban el trámite de algunos procesos agrarios, como eliminar la fase judicial para adquirir tierras. Dicha fase es necesaria, según la ley previa a la expedición del PND de Petro, para el desarrollo de procesos como la clarificación de la propiedad, el deslinde y recuperación de baldíos, extinción judicial del dominio sobre tierras incultas, caducidad administrativa, condición resolutoria del subsidio, reversión y revocatoria de titulación de baldíos.
3. Los proyectos que tendrá que tramitar el Congreso
La tercera “pata del trípode”, como lo califica el ministro Cristo, quizás será la más difícil. Se trata de definir cuáles serán los proyectos de ley o de reforma constitucional que tendrá que tramitar en el Congreso. “Tampoco queremos abrumar de proyectos al Congreso de implementación, pero sí queremos avanzar en varios temas que tienen que ver con el territorio: la ley de tratamiento penal diferencial a los pequeños cultivadores. Esto es un compromiso, claro y exigible”, detalla.
El segundo tema que se está evaluando para ese trámite legislativo, es —como lo adelantó Petro hace unas semanas— un ajuste puntual al Sistema General de Participaciones (SGP) para “privilegiar transitoriamente a los 170 municipios” y aumentar la inversión de ese SGP.
A ello se suman dos temas. Por un lado, la ley de jurisdicción agraria. “Ya se aprobó acto legislativo, ya se aprobó la ley estatutaria, falta la ley ordinaria. Esta semana empezaremos a socializarla”. Por el otro, se está decidiendo si es necesario un proyecto de ley de tierras.
El otro tema que se está evaluando es la ampliación de la vigencia del plan de implementación del Acuerdo de Paz. Sobre esto, el ministro aclara que se está contemplando no tramitar un proyecto de ley, “sino que podría darse a través de un documento Conpes o por un decreto que fue por el que se adoptó un plan de implementación”.
Y agrega: “Sería básicamente ampliar plazos, mover Conpes, mover vigencias futuras y definir un plan hasta el 2037″.
Por último, Cristo afirmó que sí hay algunas dificultades con el dinero de la implementación del Acuerdo de Paz. “Hay recursos distribuidos en todo el presupuesto nacional y lo que está claro es que se viene un ajuste porque la situación fiscal y la paz no va a escapar de ese ajuste. Creo que en unas semanas presentaremos esas cuentas”.
