Las mujeres que encararon a las Farc por la libertad de policías y militares
Un grupo de madres, esposas y hermanas de uniformados secuestrados para ser canjeados por guerrilleros presos creó una asociación para exigirle al Estado y a las Farc la libertad de sus seres queridos. Se internaron en la selva para conseguir pruebas de supervivencia y lograron visitar las infames jaulas donde estaban cautivos.
Gloria Castrillón Pulido
A finales de los años 90 la exguerrilla de las Farc adelantó la más fuerte ofensiva contra el Estado colombiano, propinando uno de los golpes militares más duros: secuestrar a más de 500 soldados y policías para presionar, a través de un acuerdo, la liberación de cientos de guerrilleros presos en las cárceles. Solo entre 1997 y 1998, ese grupo subversivo hizo cautivos a 261 miembros de la Fuerza Pública. Esos uniformados sobrevivieron a cruentos combates en las montañas y las selvas del país en lugares como Patascoy, El Billar, La Uribe, Miraflores, Pavarandó, Tamborales, Las Mercedes, Mitú, Puerto Rico, entre otros lugares de la ruralidad que quedaron reseñados en la historia de Colombia por ser escenario de un infierno.
La mayoría de estos hombres pertenecían a hogares de escasos recursos y cumplían con su deber en zonas consideradas como “rojas” y de un momento pasaron a engrosar una lista de la infamia: secuestrados para el canje. Decenas de esposas, madres y hermanas crearon la Asociación de familiares de miembros de la fuerza pública retenidos y liberados por grupos guerrilleros, Asfamipaz, para presionar al Estado y a las Farc por la liberación de los cautivos.
En este pódcast hacemos un homenaje a Marleny Orjuela, Margarita Sánchez Rivas y Luz Amparo Rico, tres de esas mujeres que recorrieron el país en marchas y plantones y fueron la selva a enfrentar a sus victimarios. Marleny y Luz Amparo consiguieron pruebas de supervivencia y fueron a visitar las jaulas de la infamia donde las Farc tenían a los secuestrados. Hoy, cuando esa guerrilla ya no existe, estas mujeres siguen reclamando servicios de educación, vivienda y salud para los uniformados y sus familias. Y exigen la entrega de los cuerpos de los que continúan desaparecidos.
Este pódcast hace parte de Las mujeres escribimos la historia, una iniciativa que cuenta con el apoyo de International Media Support (IMS), en asocio con la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz y la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo.
A finales de los años 90 la exguerrilla de las Farc adelantó la más fuerte ofensiva contra el Estado colombiano, propinando uno de los golpes militares más duros: secuestrar a más de 500 soldados y policías para presionar, a través de un acuerdo, la liberación de cientos de guerrilleros presos en las cárceles. Solo entre 1997 y 1998, ese grupo subversivo hizo cautivos a 261 miembros de la Fuerza Pública. Esos uniformados sobrevivieron a cruentos combates en las montañas y las selvas del país en lugares como Patascoy, El Billar, La Uribe, Miraflores, Pavarandó, Tamborales, Las Mercedes, Mitú, Puerto Rico, entre otros lugares de la ruralidad que quedaron reseñados en la historia de Colombia por ser escenario de un infierno.
La mayoría de estos hombres pertenecían a hogares de escasos recursos y cumplían con su deber en zonas consideradas como “rojas” y de un momento pasaron a engrosar una lista de la infamia: secuestrados para el canje. Decenas de esposas, madres y hermanas crearon la Asociación de familiares de miembros de la fuerza pública retenidos y liberados por grupos guerrilleros, Asfamipaz, para presionar al Estado y a las Farc por la liberación de los cautivos.
En este pódcast hacemos un homenaje a Marleny Orjuela, Margarita Sánchez Rivas y Luz Amparo Rico, tres de esas mujeres que recorrieron el país en marchas y plantones y fueron la selva a enfrentar a sus victimarios. Marleny y Luz Amparo consiguieron pruebas de supervivencia y fueron a visitar las jaulas de la infamia donde las Farc tenían a los secuestrados. Hoy, cuando esa guerrilla ya no existe, estas mujeres siguen reclamando servicios de educación, vivienda y salud para los uniformados y sus familias. Y exigen la entrega de los cuerpos de los que continúan desaparecidos.
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