Polémica por uso de camionetas de UNP por disidentes de FARC con orden de captura

El débil proceso que tiene el Gobierno con las estructuras de la disidencia de las FARC, conocida como Estado Mayor Central, que apenas hace unos días superó con algunas dificultades la extensión de su cese al fuego, tuvo hoy un capítulo que pone en entredicho la articulación entre la mesa de diálogos, la Oficina del Alto Comisionado de Paz y las fuerzas militares.

En un retén militar en la vía que conduce de Medellín a Anorí, a la altura de Puente Gabino, fueron ubicados varios jefes de ese grupo armado, mientras se transportaban a bordo de al menos nueve camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Entre ellos se encontraban Alexander Mendoza, conocido como Calarcá Córdoba, jefe de las estructuras de ese grupo armado que sigue en la mesa de diálogo; y Erika Castro, del mismo bloque. Todos son parte de la delegación de esa guerrilla que está en el proceso de paz.

Además, estaba Erlinson Echavarría Escobar, cconocido como Ramiro, cabecilla de la estructura 18, y Édgar de Jesús Orrego Arango, conocido como ‘Firu’, cabecilla de la estructura 36.

Aunque los miembros de la delegación pueden transportarse en esas camionetas —entre otras cosas en virtud del proceso de paz—, la polémica se generó porque dentro de esos vehículos estaban varios disidentes que tienen órdenes de captura vigentes, como Firu. Las reglas del uso de ese tipo de transporte prohíbe la movilización de personas que sean solicitadas por las autoridades. El director de la UNP, Augusto Rodríguez, afirmó que se abrirá una investigación por el uso de esos automotores.

“En los vehículos de los esquemas es prohibido transportar personas con orden de captura, combatientes, ni visitar áreas de guerra, como tampoco servir de apoyo logístico a actividades, transporte de pertrechos y elementos que afecten la política de paz”, explicó la UNP.

Hasta el momento, siete de los pasajeros de las camionetas fueron capturados por las autoridades: Firu, que tiene actualmente procesos en la Fiscalía por el asesinato de seis militares y que no tenía suspendidas sus órdenes de captura, y otras dos personas: Érika Castro y Ramiro. Su situación parece más difícil dado que sus órdenes de captura sí están suspendidas y desde hace meses forman parte de la mesa. El cuarto es Omar delgado Novoa, conocido como Boyaco o Hermes. Aún no se conoce el por qué de su captura.

También Juan Antonio Agudelo Salazar, conocido como Urías Perdomo, cabecilla del Frente Rodrigo Cadete; Wenser Yosony Duque, o Oliver González; cabecilla de Comisión Frente Raúl Reyes. También María Alejandra Ojeda Londoño, capturada por porte ilegal.

En la requisa a los vehículos se encontraron $60 millones en efectivo, dos computadores portátiles, memorias USB, un teléfono satelital, celulares, dos pistolas calibre 9 mm y un chaleco balístico.

Por ahora no se puede calcular el efecto que puede tener este episodio en la negociación que aún no se recupera de la división interna que tuvo el grupo con el ala más radical comandada por Mordisco. Algunos expertos señalan que sí hubo violaciones al cese al fuego y que se necesita una posición más fuerte de la delegación del Gobierno.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, rechazó el hecho. “Tenemos que expresar con toda claridad que es inaceptable que a un esquema de protección que el Gobierno está dando para garantizar unas negociaciones de paz se le dé una utilización indebida. El Gobierno lo rechaza y vamos a exigir explicaciones en la mesa por parte de las disidencias”, declaró el jefe de la cartera desde la Casa de Nariño.

Órdenes de captura en trámite

En un video que conoció Colombia+20, Andrey Avendaño, miembro de la delegación de esa guerrilla, explicó que quienes venían en los vehículos estaban en una reunión de comandantes que se estaba desarrollando en Norte de Santander y que todos los ocupantes sí son miembros de la delegación.

“Los camaradas que se trasladan en los vehículos son parte de nuestra delegación en la mesa de diálogos que adelantamos con el Gobierno Nacional. Si presentan inconvenientes jurídicos es producto de la falta de voluntad política del Gobierno, ya que desde el pasado 17 de mayo del año en curso enviamos a la OACP la solicitud del levantamiento de órdenes de captura”, indicó.

Avendaño, también dijo que hacía un llamado a la institución del Estado a “actuar en concordancia con la política de paz total” y que esos “hechos que fragmentan la confianza y lo construido”, dijo y agregó: “Aspiramos sea superado este impase positivamente”.

Camilo González, jefe de la delegación del Gobierno en esa mesa, confirmó, a través de un video, que en efecto la caravana detenida estaba en esa reunión de comandantes autorizada por el Gobierno tras el quinto ciclo la semana pasada y que se dirigía a una reunión que ambas partes tenían planeada hoy en el Yarí.

Además, confirmó que ‘Firu’ tiene en trámite el levantamiento de la orden de captura. Sobre la detención de Castro, aunque no lo dice con nombre propio, afirma que la captura se dio por portar “un cargador de pistola”. González agregó que espera que la situación se aclare. “Queremos que se solucione lo más rápido posible y podamos retomar las actividades programadas para esta semana que forman parte de los compromisos de paz que hemos establecido en la mesa de conversaciones”.

Disidentes sí pueden movilizarse en carros de la UNP, pero con condiciones

De acuerdo con el protocolo de reglas y compromisos del cese al fuego, se deben “proporcionar las condiciones de seguridad necesarias para asegurar la integridad de los integrantes del Estado Mayor Central”. El artículo 6 explica que la Policía Nacional, a través de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep), “articulará con la Unidad Nacional de Protección (UNP) y sin perjuicio de la colaboración armónica que puedan prestar las demás instituciones de seguridad del Estado, las acciones necesarias para el cumplimiento de las tareas para la protección de los integrantes del MVMV (Mecanismo de Veeduría y Monitoreo y Verificación)”, indica el documento.

Foto: Archivo propio

El otro punto que ha levantado polémica es que al ser requeridos por las autoridades, los guerrilleros se negaron a bajar los automotores. La misma UNP ha aclarado que esto hace parte del protocolo que usa para personas que se transportan en este tipo de carros. “Por razones de seguridad, los vehículos no deben ser forzados a ser abiertos en carretera y por ello deben ser conducidos a infraestructuras seguras y vigiladas por la autoridad”, dijo la unidad en su cuenta de X (antes Twitter).

La autorización del transporte de personas que están en un proceso de paz no solo se rige por el acuerdo y protocolo del cese al fuego, sino por resoluciones que debe dar la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) y que les otorga a estos miembros de los grupos armados el papel como negociadores o facilitadores en el proceso de paz.

Además de ello, en ese tipo de movilizaciones debe estar presente un funcionario de la OACP y deben coordinarse con la fuera pública, especialmente si son por carreteras o vías primarias. Según la información que tiene este diario, no había un funcionario de esa entidad en las camionetas. Hasta el momento no ha habido pronunciamiento de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz sobre este hecho.

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