Con un proceso accidentado desde el inicio y en medio de múltiples impases, el episodio del martes en el que fueron detenidos en un retén militar en Antioquia disidentes del Estado Mayor Central (EMC), entre ellos delegados en la mesa de diálogo, pone de nuevo en entredicho la continuidad de ese proceso de paz.
Esta vez la incógnita recae en si la débil mesa de diálogos podrá soportar ese episodio que incluyó, un jefe disidente a bordo de una camioneta de la Unidad Nacional de Protección con una orden de captura vigente -algo en contra de los protocolos- y varios elementos hallados dentro del vehículo, como dinero, dos armas, balas y un cargador, que también violan lo establecido en las normas de este tipo de vehículos de protección. Además, este escándalo devela una cadena de errores de comunicación entre la mesa de diálogos, la Oficina del Alto Comisionado de Paz y las Fuerzas Militares.
En diálogo con Colombia+20, Camilo González, jefe de la delegación de Gobierno, en esos diálogos de paz, afirmó que sí hubo comunicación y se siguieron los protocolos de ese desplazamiento -que sí fue autorizado por el Gobierno- , pero admite que faltó coordinación. “Yo creo que sí debió hacerse una coordinación más estricta con la Policía, sobre todo con la Unipep, pero en todo momento se supo de su traslado desde el momento en que salieron. Ellos informaron también a las personas que sirven de enlace en la propia mesa de conversaciones y pues lo que se dio fue, efectivamente, una situación especial, no prevista”
Y agrega que deben revisarse los errores de procedimiento, especialmente con la UNP. “Hubo fallas en los controles que tiene que hacer el equipo de la UNP que está en territorio para que no se use de manera indebida los vehículos de ninguna manera, pero también hubo varias irregularidades de parte del EMC”, explicó.
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Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), coincide en que hubo una “larga cadena de errores” durante el desplazamiento de esa caravana. “Tuvo que haber acompañamiento de la delegación, eso tiene que estar previsto en los protocolos, así como un teléfono rojo donde se pueda llamar directamente y exista comunicación entre el Ejército y la Oficina del Alto Comisionado. Además, tenía que haber existido mucha más pedagogía con la Fuerza Pública sobre cuáles son los protocolos específicos de funcionamiento. Es un proceso que no ha tenido la capacidad ni siquiera dentro del Estado, no es un proceso alineado”, apuntó.
Y en eso coincide Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), quien cuestionó la ausencia de un funcionario del Gobierno en esa caravana. “Esto es una muestra de la ligereza con la que se adelanta esta mesa de negociación. Es una muestra de que no tienen una estructura fuerte o metodológica. Si era un viaje autorizado por el Gobierno ¿Por qué no había alguien que acompañara el traslado y verificara los protocolos? Este tipo de detalles en los protocolos de traslado deben ser muy claros para las partes. Definitivamente la logística de la negociación de paz no se está atendiendo de la forma correcta y con la responsabilidad que requiere”, dijo.
Sobre las demoras en la solicitud para levantar la orden de captura de Edgar de Jesús Orrego Arango, conocido como Firu, que según pudo establecer este diario se presentó el pasado 17 de mayo, Bonilla reconoce que son errores que develan un desorden administrativo, pero también una falla de las disidencias al transportar a alguien bajo esa condición.
Los diálogos con esa disidencia están frágiles desde hace meses, especialmente tras la fractura que tuvo el grupo armado en marzo pasado por el levantamiento del cese al fuego regional y que provocó que unos frentes se levantaran de la mesa -los leales a Iván Mordisco- y otros decidieran seguir en el proceso -los que están con Calarcá Córdoba-
En el panorama general, la disidencia de Mordisco enfrenta una ofensiva total por parte del Gobierno, mientras que los frentes de Calarcá apenas hace una semana superaron algunas dificultades para lograr extender el cese al fuego por tres meses más, en medio de denuncias y señalamientos de ser los responsables del desplazamiento de un grupo de firmantes de paz en el ETCR de Miravalle, Caquetá, lo que había puesto en entredicho continuar con el alto al fuego.
A juicio de varios expertos que siguen la negociación, esta nueva polémica pone al proceso en un tablero mucho más complejo. “Es muy difícil imaginar una crisis mayor de la que ya están. Se está negociando con la mitad de la gente con la que se tenía antes y lo que puede pasar es que empiece a dañarse la mesa por sustracción de materia, es decir, que más frentes se salgan, que el grupo se vuelva mucho más disperso y la negociación se vuelva compleja”, explicó Bonilla, quien plantea que otro escenario podría ser que el mismo Gobierno detenga el proceso. “El Gobierno Nacional también en algún momento puede decir que ya es suficiente, como ocurrió con la facción al mando de Mordisco”, dice. Por ahora, según González, esa propuesta no está sobre la mesa.
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“Yo sí creo que vamos a superar esta dificultad conversando con algunos de los responsables del Estado Mayor en la mesa. Calarcá y Andrey tienen la disposición de continuar, no obstante que pretenden que hagamos ajustes y nosotros también estamos interesados en esos cambios. Hay una serie de asuntos que son muy críticos que se derivan de este asunto de seguridad con la caravana. Es un proceso que tiene vueltas y revueltas y tenemos que prepararnos para afrontarlas. La dificultad es el nombre del camino hacia la paz”, explicó.
Para el investigador Preciado es probable que el escándalo no tenga mayor impacto sobre el proceso con el EMC. “Muchas veces las controversias no han frenado la mesa, eso hay que reconocerlo. Por ejemplo, el desplazamiento forzado de los excombatientes en Caquetá, un hecho muy delicado y que no tuvo repercusión en la realización del quinto ciclo de diálogos que sucedió sin mayores percances. No es la primera vez que esta mesa pasa por encima de las polémicas que genera”, explicó.
¿Qué se espera para el proceso de paz con el EMC?
De acuerdo con González, el episodio sí ha tenido consecuencias en la mesa como la pérdida de confianza entre las partes. Además, se ha trastocado el cronograma de actividades que estaban programadas para las próximas semanas en los territorios. Para no ir más lejos, la caravana detenida el martes se dirigía a los Llanos del Yarí donde tenían una actividad con la delegación de Gobierno y las comunidades.
“La delegación del EMC ha dicho que van a considerar la situación y que van a evaluar las medidas de seguridad. Estos reajustes son una perturbación mayor en cuanto a las reuniones previas con comunidad y entidades. Teníamos programada la presencia de delegados de cinco ministerios, de siete agencias del Estado a estos diferentes eventos, y eso está suspendido e implica recomposiciones. No es fácil mover toda una coordinación interinstitucional, el compromiso de las entidades con inversiones, muchas de ellas ya definidas, los planes de desarrollo. Tenemos que acelerar el paso y retomar el camino, creo que esa es la tarea”, explicó González.
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Para Bonilla, la negociación está tocando un punto muerto y aún no tiene un puerto de llegada claro. Sin embargo, advierte que un posible rompimiento de la mesa de diálogos podría desatar olas de violencia en las poblaciones.
“Se ha dicho en la mesa que las negociaciones han contribuido al alivio humanitario, eso es parcialmente cierto, pero si en este momento se suspendieran las negociaciones se abren muchos frentes de combate y es un grupo que entraría de una forma desatada también a confrontar la Fuerza Pública. La comunidad quedaría en el medio y peor, eso lo tiene que tener en cuenta el Estado. No se pueden tomar este tipo de decisiones sin tener un plan de salida”, afirmó.
Se siga o no con el proceso, lo más evidente es que se debe reajustar las comunicaciones entre las entidades del Gobierno. Esta semana se prevén reuniones para ver cómo se supera y qué tan fuerte es esta “casi” nueva mesa de diálogos.
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