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El anuncio lo hizo el coronel Édgar Cárdenas, director de la Policía Antinarcóticos: la meta de erradicación forzada de cultivos de coca para 2023 será de 20.000 hectáreas, una reducción del 60% frente al año pasado, cuando la meta eran 50.000 hectáreas. Lo propio se espera que ocurra con relación al Ejército, que tenía esa misma meta para el año pasado y que ahora mismo se encuentra en mesa de trabajo liderada por el Comando General y el Ministerio de Defensa para trazar la meta de este año. La reducción en la meta es un giro radical frente a la estrategia a la que el gobierno de Iván Duque le confió todo su esfuerzo, pero que, al final, no sirvió.
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El monitoreo del área sembrada de coca en el país que revelaron el Gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) al cierre de 2022 fue una bofetada para la estrategia antidrogas de la administración Duque: su gobierno dejó los cultivos de coca en su máximo histórico, con 204.000 hectáreas en 2021.
Una cifra récord, pese a que la erradicación forzada de esos cultivos había sido bandera de ese gobierno. Duque había recibido los cultivos de coca en 171.000 hectáreas (2017) y durante tres años seguidos parecía que la cifra empezaba -mínimamente - a reducir: en 2018 la cifra quedó en 169.000, para 2019 bajó a 154.000 y en 2020 llegó a 143.000 hectáreas. Sin embargo, la reducción parecía marginal frente a la enorme cantidad de hectáreas que reportaba el gobierno como erradicadas: 60.000 en 2018, más de 90.000 en 2019 y 130.000 en 2020.
De hecho, así presentó Duque el logro de haber llegado a 130.000 hectáreas erradicadas para ese año: “Hemos logrado el máximo nivel de erradicación manual de coca jamás registrado por Colombia: 130.000 hectáreas, para quitarle al narcotráfico su capacidad de contaminar las regiones de Colombia y amenazar a la ciudadanía. Tenemos claro que a más coca, menos paz”.
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Pero esa cifra histórica de erradicación forzada en 2020 tendría que haberse reflejado en las cifras de coca del año siguiente y allí fue cuando quedó al desnudo el fracaso de la estrategia: entre 2020 y 2021 el aumento en las hectáreas de coca fue del 43%, llegando a las históricas 204.000 hectáreas que mencionamos al principio de esta nota.
Para Pedro Arenas, experto en materia de cultivos de coca, la reducción en la meta de erradicación que hizo el Gobierno Petro “significa una aceptación o reconocimiento de que detrás de las metas de erradicación forzada hay una danza de cifras que no son reales”.
En el mismo sentido comentó María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes: “La erradicación forzada en el Gobierno Duque y en otros gobiernos ha sido inefectiva; simplemente se trasladan los cultivos a otros lugares y la tasa de resiembra se ha estimado en 30%, más de cuatro veces superior a la de la sustitución voluntaria”. Y añadió: “Quizá sea esta la oportunidad para dejar de usar hectáreas como indicador de éxito de la política de drogas y comenzar a incluir otros: calidad de vida de familias cultivadoras, desarticulación de organizaciones criminales, disminución de violencia en zonas de cultivos, deforestación, etc.”
Ahora bien, advirtió Arenas, “al mantener una meta – aunque sea menor – se reserva esa herramienta para “cultivos industriales”, como aparece claramente en las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Aún el Gobierno tiene que definir ese concepto y dónde y cómo lo aplicará”.
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Reducir los choques entre campesinos y fuerza pública
Tanto Arenas como Vélez coincidieron en señalar que la disminución en la erradicación forzada contribuye también a restablecer la confianza con las comunidades campesinas y disminuir su conflictividad con la fuerza pública cuando los uniformados llegan a arrancarles las matas a las familias. En palabras de Arenas, esa es una estrategia que “causó muertes de campesinos”.
De hecho, desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, al menos una docena de campesinos han muerto por disparos de la fuerza pública en medio de operativos de erradicación forzada. Siete de ellos murieron en la que se conoce como la masacre de El Tandil, en Tumaco (Nariño), ocurrida el 5 de octubre de 2017. Ese día, policías y militares ejecutaban labores de erradicación forzada cuando empezaron los choques con la comunidad que protestaba contra esas jornadas. Los uniformados dispararon contra la población civil. Según ellos, sus tropas fueron atacadas por un grupo disidente de las Farc y en respuesta abrieron fuego. Los hechos hoy, cinco años después, no se han esclarecido y nadie ha sido condenado ni sancionado por esas muertes.
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Las otras cinco víctimas se registraron en 2020, el año en que la erradicación forzada alcanzó récords históricos: Segundo Girón en Tumaco, Nariño, (febrero de 2020); Alejandro Carvajal en Sardinata, Norte de Santander (marzo de 2020); Ángel Artemio Nastacuás en Tumaco, Nariño (abril de 2020); Digno Emérito Buendía en Cúcuta, Norte de Santander (mayo de 2020); y Educardo Alemeza Papamija en Puerto Asís, Putumayo (julio de 2020).
En este momento, la política de drogas del Gobierno Petro sigue en construcción, a la cabeza del Ministerio de Justicia. Sin embargo, el mandatario ha dejado ver hacia dónde va su apuesta, desde que su primer discurso oficial en la Asamblea General de Naciones Unidas se lo dedicó a este tema y en el que condenó con fuerza la fracasada guerra contra las drogas. La reducción en la meta de erradicación se suma a lo anunciado por Petro en diciembre pasado sobre la gradualidad en la sustitución voluntaria y permitir que los campesinos mantengan sus cultivos hasta que el proyecto alternativo despegue.
Aunque aún no hay detalles de cómo funcionaría esa estrategia, las palabras del presidente que calaron en la opinión pública durante la primera Asamblea cocalera, en el Catatumbo, fueron: “Les diré a los funcionarios que ideemos el programa para que un campesino pueda cultivar aún hoja de coca mientras va plantando el cultivo sustituto, hasta probar que el cultivo sustituto funciona. Y si funciona, ya no hay necesidad de lo otro”.
Sin embargo, María Alejandra Vélez advierte también los riesgos que anuncios de este tipo podrían tener: “Hay que tener cautela con estos anuncios pues pueden generar incentivos perversos en un mercado que se ha visto responde muy rápido a este tipo de información. Ya vimos que con el anuncio del PNIS (programa de sustitución) después del Acuerdo de Paz aumentaron los cultivos. Lo mismo puede pasar con los anuncios de gradualidad, incentivos a la conservación o disminución de las metas de erradicación si esto no viene acompañado de unos compromisos o acuerdos con las organizaciones de base cocaleras y una claridad sobre donde estará el esfuerzo policivo”.
