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Este lunes se emitió el más reciente Informe Trimestral del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia, en el que se recopilan hallazgos y recomendaciones asociados a la implementación de lo pactado en La Habana, abarcando el periodo del 28 de junio al 26 de septiembre de 2022.
En el documento, el secretario general de la ONU António Guterres destacó las intenciones del gobierno de Gustavo Petro para hacer frente a la violencia, con procesos de diálogo con distintos grupos armados, donde también están inscritas diferentes disposiciones sobre garantías de seguridad que forman parte del Acuerdo de Paz.
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A su vez, la ONU resaltó avances dentro del Sistema Integral para la Paz, en los que se refiere específicamente a acciones como la firma del protocolo para el establecimiento del Mecanismo de Monitoreo y Verificación de las Sanciones Propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el pasado mes de agosto.
Violencia territorial
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios informó que durante el periodo del informe más de 8.000 personas fueron confinadas y más de 13.000 fueron desplazadas forzosamente. En torno a esta afectación, la Misión indica que más del 60 % de las víctimas de desplazamiento y confinamiento son indígenas y afrocolombianas y se estima que el 30 % son menores de 18 años.
Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió denuncias de 45 homicidios contra defensores de derechos humanos, incluyendo siete mujeres. Sobre estos hechos, 27 siguen en proceso de verificación.
“Ante la persistencia de la violencia y las expectativas insatisfechas de las comunidades afectadas por el conflicto, el camino a seguir es continuar esforzándose por alcanzar la paz mediante la plena implementación del Acuerdo Final y mediante iniciativas de paz adicionales para poner fin a este sufrimiento”, se lee en el documento.
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Otras dinámicas regionales de violencia abordadas en el informe muestran violencias diferenciadas contra pueblos étnicos. Uno de los casos más críticos es el de “miembros de la comunidad indígena awá fueron asesinados en municipios de los departamentos de Nariño y el Putumayo”, episodios violentos en los que también fueron víctimas miembros de Policía y el Ejército.
Lea aquí el informe completo:
La Defensoría del Pueblo, en el lapso de tiempo del informe, emitió 12 alertas tempranas de riesgo de violencia, haciendo hincapié en 39 municipios ubicados en Antioquia, Cauca, Chocó, Córdoba, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima, Vaupés y Valle.
Adicionalmente, fuera de esos departamentos, en el informe quedó referenciado que en Bolívar y Cesar están los mayores deterioros a la seguridad para líderes y defensores.
Los retos de la reincorporación
A la fecha de corte del informe se registraron 121 proyectos productivos aprobados, de los cuales han resultado beneficiados 3.963 firmantes de paz.
En materia de retribuciones económicas para las comunidades de los y las firmantes de paz, la ONU precisó en su informe que en estas actividades se han generado “dividendos tanto para los excombatientes como para las comunidades y contribuyen a la convivencia y la reconciliación. Hay iniciativas de este tipo en curso en 77 municipios, de conformidad con una estrategia elaborada conjuntamente por las partes en el seno del Consejo Nacional de Reincorporación. En el municipio de Ovejas (Sucre) se construyó un almacén para las iniciativas productivas de excombatientes y miembros de la comunidad, y se hicieron obras para mejorar las carreteras locales y un centro cultural, proyectos que beneficiaron a más de 2.000 personas”, utilizando esto como uno de los casos más exitosos.
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El papel comunitario ha sido fundamental para estos procesos de reincorporación. Esto también se vio en el número de mesas de reincorporación que han participado en los espacios que a nivel técnico miden la eficiencia y alcances de los proyectos de los firmantes de paz. Puntualmente la ONU dijo que “el papel de las autoridades regionales en apoyo de la reincorporación sigue siendo esencial. Si bien el número de mesas de reincorporación departamentales (20), municipales (12) y locales (24) no ha cambiado, los ejemplos de su influencia indican que es importante respaldarlas”.
Los diálogos para implementar la paz
La Paz Total que propone Gustavo Petro está vista con buenos ojos desde Naciones Unidas. A pesar de la violencia que persiste en los territorios, el secretario general Guterres asegura que el país puede atravesar una buena etapa exploratoria para forjar consensos y sacar adelante diálogos y potenciales procesos de paz consolidados como el que se pretende con la guerrilla del Eln.
“La política de “paz total” también incluye explorar acuerdos de sometimiento o acogimiento a la justicia con arreglo a los cuales otros actores ilegales ponen fin a la violencia a cambio de beneficios legales. El nuevo Gobierno ha hecho un llamado a todos los actores armados ilegales para que expresen su intención de formar parte de la “paz total” y ha asegurado que estos esfuerzos tendrán como pilar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. El Clan del Golfo (también conocido como Agc) y algunos grupos disidentes de las antiguas Farc-EP han expresado su disposición a dialogar. El Presidente Petro ha pedido a estos actores que demuestren su voluntad de paz con acciones concretas, y recientemente llamó a un cese al fuego multilateral a fin de crear el entorno más propicio posible para explorar el diálogo”, precisó el informe.