“Los ceses al fuego fracasaron”: Comisionado de Paz, Otty Patiño y Mindefensa

Este miércoles en la Universidad de Los Andes se realizó el foro Proteger la vida y transformar los territorios: Seguridad y Paz Total. El evento, convocado por el Ministerio de Defensa Nacional, la Universidad de los Andes y el Instituto de Paz de Estados Unidos (USIP), puso sobre la mesa las tensiones entre las dos políticas banderas del Gobierno Petro: la seguridad y la paz total.

Desde la llegada al poder el presidente Gustavo Petro, el Gobierno ha tenido un enfoque dual para abordar las dinámicas de conflicto: por un lado, una política de seguridad y defensa, que busca la recuperación del control territorial y la protección de las comunidades frente a grupos armados ilegales, y por la otra una ambiciosa apuesta de paz total que, mediante negociaciones políticas y procesos de sometimiento a la justicia pretende, entre otras, desarticular guerrillas, bandas criminales y estructuras de alto impacto y llevar tranquilidad y proyectos de transformación a los territorios.

Uno de los puntos clave del debate es la eficacia y alcances de los ceses al fuego bilaterales, implementados en procesos de negociación con actores como el ELN, facciones disidentes de las antiguas FARC y grupos como los Comuneros del Sur en Nariño.

Las tensiones han llegado incluso a las cabezas de esas dos políticas: Por un lado, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y por el otro, el consejero comisionado de paz, Otty Patiño. Por ello, ambos funcionarios sostuvieron una conversación sobre este tema.

El primero en hablar fue el comisionado Patiño quien dijo la paz no se hace con los armados, sino que se está haciendo con las comunidades. “En la implementación si no se cuenta con las comunidades es imposible el desarrollo. Cada región es diversa y en cada región los factores son diferentes. Por ejemplo, en el caso de Comuneros del Sur, un proceso que aún no le gusta al ELN, pero es el proceso más adelantado, pero ya estamos entrando en la fase de implementación. Nosotros queremos que este 2025 sea el año de la implementación”, dijo.

Patiño también resaltó que los procesos de paz no son abarcan la totalidad del territorio, de tal manera que las quejas que puedan existir de lo que está ocurriendo en partes donde no hay procesos, por ejemplo, en Tolima, no corresponde a esas negociaciones. Los procesos de paz descansan sobre tres elementos fundamentales: uno es la transformación territorial que tiene que, debe ir acompañado del desescalamiento del conflicto (...) El otro tema importante es si hay una vocación real del actor armado para transitar a la civilidad. Si no hay esa voluntad no amerita estar en una mesa. Con todos los actores se pueden tener diálogos, con todos tenemos diálogos incluso con aquellos que aún no tenemos mesa o que están congeladas”, afirmó.

Y luego citó unos datos. “En Nariño, por ejemplo, desde que iniciamos con el proceso con Comuneros solo ha habido el asesinato de un líder social. Allí donde se han empezado procesos de diálogos han caído los homicidios. Esos son temas que son importantes”.

Además, dijo que no se trata de “Araucanizar el país”. “Diálogo con todos los actores, mesa para quien se la gane (...) No me gusta esta palabra porque me parece peyorativa, pero terminamos por “Araucanizar” el país. Es decir cogobierno de los actores armados junto con las autoridades locales para tener un factor de Gobierno y no de transición a la civilidad. Todo el tema es la participación sincera, franco y efectiva”, indicó.

En su segunda intervención, el ministro Velásquez también habló sobre cuáles han sido los retos y puntos positivos del cese al fuego.

“Como acaba de decir el comisionado: ‘La mesa es para quien se la gane”. También debe ser el cese para quien se lo gane”, dijo.

El ministro de Defensa, por su parte, abordó tres puntos: la caracterización de los grupos armados, los objetivos de los procesos de paz y el cese al fuego.

“Podemos partir de dos aspectos que se han mencionado hoy, uno es el tema de la caracterización de los grupos armados ilegales porque no ellos no están precisamente en la disputa del poder, sino en el control de los territorios con una finalidad última que es el enriquecimiento. Ahí pongo el tema de la extorsión que yo lo veo como un ejercicio de control social más que una pretensión de obtener recursos para financiarse, sobrevivir o enriquecerse. De esa caracterización debería desprenderse algo que desde la Oficina y las delegaciones, negociadores debería ser unificado, clarificado que es: ¿cuál es el objetivo en cada caso de cada proceso de paz?”, dijo Velásquez.

Y agregó que tras superar esos dos puntos entonces sí debería hablar del cese al fuego, que para el Gobierno los únicos válidos es lo que les sirve a las comunidades y luego sí en las transformaciones territoriales. “La transformación del territorio no puede ser en abstracto ni una justificación para todo. La paz necesita seguridad”, dijo.

Velásquez fue certero y duro con las negociaciones que se siguen con la disidencia de Calarcá y dijo que no permiten que realmente haya una participación efectiva de las comunidades.

“Esta mañana lo denunciaba Camilo González... 200 líderes comunitarios van a desplazarse para dialogar en torno a ese proceso de paz, pero el EMB (la disidencia de Calarcá) impide que hablen porque le ha otorgado la vocería a una organización que el mismo la mencionó expresamente Cooscopaz, que pretende ser la única interlocutora en esas mesas e inclusive en dificultades que se han presentado, en protestas, manifestaciones en las que interviene el proceso o en acciones que desarrollan Ministerios u otras dependencias del Ejecutivo en zonas de presencia del EMB. Pretenden que esa organización Cooscopaz, como ocurrió el caso de Los Pozos por el secuestro de los militares, sea la única a vocera de toda la comunidad porque puede que lleguen otros 200, pero no pueden hablar”, afirmó Velásquez.

Sobre el cese al fuego, el Ministro dijo que solo tienen interés aquellos altos al fuego que sean beneficiosos para las comunidades o no hay interés para el Gobierno. “¿Cómo ser beneficioso para las comunidades? Uno de los puntos es que las comunidades tengan la oportunidad de expresarse en las discusiones o hablar en las negociaciones y ser parte de las discusiones sobre los programas sociales en los territorios y tener esa autonomía”, indicó.

Actualmente solo existe un cese al fuego con un grupo armado, justamente con la disidencia de Calarcá. “Pero ese cese al fuego para qué si hemos conocido sobre esto de impedir la expresión libre de las comunidades. También lo han hecho con liderazgos sociales, Juntas de Acción Comunal (JAC). Conocimos que reemplazan a todas las presidencias de las JAC de acuerdo con sus intereses particulares suprimiendo las representaciones auténticas de las comunidades”, detalló el ministro.

Y agregó: “Debemos tener un cuidado muy grande: la Fuerza Pública es la depositaria del uso legítimo de armas en el país. Nunca pretender equipara fuerza pública a fuerza irregular. Creo que no se puede equiparar una acción del Gobierno en un territorio con la acción que ejerza, aun en beneficio de las comunidades, uno organización ilegal. Estamos luchando por la legitimidad del Estado, no por la desinstitucionalización del Estado. Desde el Gobierno y desde las delegaciones tenemos que tener claridad que se está discutiendo con un actor armado que no está en la misma posición del Estado”, dijo Velásquez.

Además, finalizó diciendo que es para los ceses al fuego una condición “inexcusable” es que se “constituya simultáneamente un mecanismo de monitoreo y verificación con alcance regional y con plena operatividad”.

También hizo referencia al reciente ataque de disidencia de Mordisco en el área donde se está haciendo el proceso con Comuneros. “Ahí se presentó una confrontación armada, pero quien sufra en esa ‘zona de paz’ fueron las comunidades. La paz no la hacen los armados, sino que también las comunidades que están en los territorios”.

El ministro finalizó hablando de la intervención que hace poco más de un mes hizo el Gobierno en el corregimiento de El Plateado, en Cauca, y dijo que es un proceso sostenido y que no ha habido un día en que no se haga trabajo allí. “Este es un proceso en el que se va avanzando, consolidando el control del territorio. No es un proceso simplemente de pasada, no es transitorio. Hay un proceso de estabilización en el casco urbano, pero es una acción que tiene que llegar hasta el Pacífico”.

Así mismo anunció que en los próximos días se hará la segunda etapa para que la Policía llegue a ese corregimiento y tome el control de sus labores y las garantías de convivencia.

En su última intervención, el comisionado Patiño dijo que el Estado debe mostrar que es el elemento fundamental para garantizar las libertades y los derechos de los ciudadanos. Pero también tiene que haber voluntad del grupo armado.

“Hay que mirar cómo hacer para que el cese al fuego no se convierta en la espina dorsal de toda la negociación, eso así ya fracasó. Con el EMB que es con el único que hay cese, eso hace rato se hizo agua. Tenemos que plantear cómo se hacen los procesos de desescalamiento y distensión en los territorios, obedeciendo también a la voluntad expresa de los actores que van a respetar a las comunidades”, afirmó.

A la pregunta de si creía que los ceses al fuego habían fracasado, la respuesta de Patiño fue: “Exactamente”.

El foro inició a las 8 de la mañana con los saludos protocolarios de la rectora de la Universidad de los Andes, Raquel Bernal, del ministro de Defensa, Iván Velásquez; del embajador de Noruega Nils Martin Gunneng; la embajadora de Países Bajos, Reina Bujis y el director de USIP, Steve Hege. La charla introductoria estará a cargo de Gerson Arias de USIP.

El primer panel abordó los retos del cese al fuego, y estuvo compuesto por Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación; Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia; Luis Francisco Ruiz, gobernador de Caquetá; el vicedefensor del Pueblo, Roberto Molina, y Camilo González Posso, jefe de la delegación de Gobierno en los diálogos con la disidencia denominada Estado Mayor de los Bloques y Frente, comandada por Calarcá Córdoba.

La charla fue moderada por María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

El primero en hablar fue Ruiz Massieu quien afirmó que lo más importante, por ahora, de los ceses al fuego, ha sido su carácter preventivo. De acuerdo con el jefe de la Misión de la ONU, se han podido prevenir varios enfrentamientos o posibles confrontaciones.

Sin embargo, afirma que aunque los avances son importantes, no son suficientes. “Los beneficios a las comunidades han sido positivos en cuanto a los daños colaterales porque no hay enfrentamientos entre Fuerza Pública y los grupos armados, pero esos beneficios aunque importantes no son suficientes porque los enfrentamientos se dan más entre los grupos armados y los ceses aún no contemplan eso. Además, los actos prohibidos han sido limitados (...) o muy genéricos”, dijo Massieu, quien agregó que también le ha faltado “robustez” a los mecanismos de verificación y monitoreo.

Por su parte, Luis Francisco Ruiz, gobernador de Caquetá, fue crítico del proceso de negociación que se lleva a cabo con la disidencia de Calarcá Córdoba, quien tiene control en ese departamento. “Apoyamos el proceso de paz, pero también somos críticos. El cese al fuego en nuestro departamento ha representado un aumento en la violencia porque han aumentado las confrontaciones entre grupos armados y hemos tenido confinamiento en algunas comunidades de nuestro territorio”, afirmó.

Y agregó que para él, el levantamiento de las órdenes de captura es una licencia para delinquir. “Si nos vamos a los datos, hemos tenido 25.000 nuevas notificaciones de víctimas, hemos tenido desplazamiento, confinamiento, paros armados, la extorsión también ha aumentado. Entonces muchos de los hombres armados tienen levantada la orden de captura y tienen ‘licencia para delinquir’”.

Ruiz también dijo que aunque quiere seguir dando la oportunidad al proceso de paz, “hay que ponerle acciones que se vean reflejadas en el corto plazo”.

A su turno, la fiscal Camargo dijo que los ceses se están utilizando en un momento incipiente de las negociaciones y que, por tanto, “no pueden tener un efecto mágico en frenar las actividades punibles de los grupos armados”.

Además, dijo que los procesos se trataban de que el Estado se siente con grupos armados que realizan varias actividades ilegales y que lo que ya tienen “no es un control territorial, sino dictaduras locales”.

Por su parte, el vicedefensor del Pueblo, Roberto Molina, dijo:

“Hay que leer el cese al fuego y las negociaciones en clave del territorio. Nuestro sistema de alertas tempranas dice que hay 790 municipios donde hay afectación por conflicto armado. Esos municipios expresan ocho conflictos que se llevan a cabo con tres tipos de organizaciones ilegales, es un panorama muy complejo (...) La labor es muy compleja y desafiante, pero es un desafío que asumimos porque el camino es el camino de la paz”, indicó.

González Posso, jefe de la delegación de Gobierno en los diálogos con la disidencia de Calarcá, dijo que el cese al fuego no tiene que verse como un objetivo sino como un instrumento de la negociación y que, a la visión de la mesa y los datos que llevan sí han repercutido en la disminución de homicidios, desplazamientos y confinamientos, entre otros hechos violentos.

Además: El cara a cara entre Mindefensa y comisionado Patiño sobre seguridad y paz total

En una segunda ronda de preguntas, Ruiz Massieu resaltó la importancia de que el Ministerio de Defensa sea parte integral de los ceses al fuego. “Es una evolución porque a la fuerza Pública le toca implementarlo, entonces es importante esa articulación con las delegaciones. También es importante determinar las acciones específicas para que sean monitoreables y que se puedan verificar (...) Los mecanismos robustos también ayudan a verificar las violaciones en los territorios y para que el cese se siga implementando y que el proceso pueda seguir andando”, afirmó.

El gobernador Ruiz dijo en su segunda intervención que se han evidenciado más de 200 violaciones a cese al fuego. “Parece que todo fuera un saludo a la bandera porque no tenemos interlocución real para darle solución a esas quejas. Hoy en Caquetá la gente tiene poca credibilidad en el proceso de paz porque no existe esa voluntad real de paz y se sigue afectando a la sociedad, principalmente con la extorsión. Las transformaciones sociales hay que hacerlas. Detener los enfrentamientos es solo una fase, pero la gente se sigue quejando que no tiene escuelas”, dijo.

También afirmó: “Cuando se tuvo que mantener el control territorial, se hizo fue un desescalamiento de la presencia de la Fuerza Pública en nuestro territorio que permitió la expansión de los disidentes”.

La fiscal Camargo también dijo que el alcance de los ceses es limitado en cuanto a delitos como la extorsión y algo que llamo como exacción (exigir impuestos, prestaciones, multas de manera ilegal).

“Los ceses al fuego cesan las confrontaciones. Esa es una opción. La otra es no tener cese al fuego como se hizo en la negociación de 2016 (...) Hay otros delitos que están agobiando al país como las extorsiones o las exacciones que no necesariamente lo hacen los grupos armados sino pequeñas estructuras en territorio que muchas veces están al servicio de grupos más grandes”, dijo.

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En su intervención, el vicedefensor dijo que, aunque la Defensoría del Pueblo no es verificador del cese al fuego, “constantemente hace recomendaciones contras las violaciones a derechos humanos”, pero dijo que el problema es que “el nivel de cumplimiento es muy bajo”.

Y agregó: “El sistema institucional y normativo se puede agotar si no entramos en la materialización de políticas públicas. Las comunidades necesitan participar en los procesos de paz, ellos tienen mucho que decir. También se necesita la inclusión porque muchas de las soluciones territoriales tiene que ver con inclusión”.

Por último, el jefe negociador Camilo González, dijo que el cese al fuego y coordinación que tiene la mesa con el Ministerio de Defensa ha permitido que se avance en el tema de la georreferenciación (la entrega de parte del grupo armado a la fuerza pública de las coordenadas de ubicación de sus tropas)

“Entre las cosas que tenemos pendientes es la georreferenciación, la próxima semana tenemos una reunión con los mandos de los frentes para avanzar en ese tema”, anunció González.

Además hizo referencia al ejercicio que este fin de semana hizo la mesa con unas 34 organizaciones sociales y campesinas para frenar la deforestación de la Amazonía. “También tuvimos un ejercicio de una acción coordinada con todos los sectores para contener la tala y la deforestación en la Amazonía y tenemos que fortalecerlo con los alcaldes en Caquetá para trabajar las violaciones que se han dado en el departamento”.

En el segundo panel sobre la paz y la seguridad territorial participarán Álvaro Jiménez, de la oficina del Consejero Comisionado para la Paz; Leyner Palacios, del Instituto de Paz de los Estados Unidos; Luz Stella Sucre, lideresa Asociación Granita, de Arauca; monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, director de la Pastoral Social y Claudia Rodriguez, de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

La primera en hablar fue la lideresa Sucre, quien dio un panorama de Arauca, como un departamento azotado por la violencia. “Arauca es un departamento que viene en el conflicto desde hace muchos años, pero desde enero de 2022 se agudizó a tal punto que los líderes sociales estamos siendo asesinados. El campesino está siendo utilizado por los grupos armados. Sentimos que en nuestro departamento gobiernan los grupos armados. Queremos que el Estado nos ayude a generar que estos escenarios sean tomados para consolidar esos compromisos que se establecen”, afirmó.

A su turno Leyner Palacios, quien también fue comisionado de la Comisión de la Verdad afirmó: “Algunos líderes nos han expresado el miedo que sienten por la instrumentalización de la que están siendo víctimas por los grupos armados. Es impresionante el reclutamiento por parte del ELN y de las AGC (Clan del Golfo o el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC). También nos llamó la atención el nivel de cooptación a autoridades locales. El control a la movilidad también es una problemática (... ) Muchas veces se percibe que el Estado está perdiendo contra los grupos armados. La gente siente que el actor armado se legitima más que la Fuerza Pública que está maniatada”.

Jiménez, de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y delegado del Gobierno en los diálogos -aun no instalados- con el Clan del Golfo o EGC, dijo que se debe trabajar en la construcción de justicia, “porque la justicia en los territorios es la que tenga la pistola más grande”.

Monseñor Henao, que acompaña varias mesas de paz, explica que hay fragilidad en los territorios hace que sea dificíl “encontrarse en la diversidad”, pero que los consejos comunitarios han sido quienes encuentran espacios de diálogo. “Estamos aprendiendo cada día de los consejos territoriales para la construcción de paz. Es muy importante trabajar en torno a la resiliencia porque no se puede hablar de seguridad y paz sin la resiliencia. Las comunidades han mantenido su capacidad de seguir trabajando a pesar de los problemas”, dijo.

“El cambio es ese, que la gente hoy siente que tiene poder, que puede ser poder y que quiere ser poder en su territorio y que el poder de los grupos armados se traslade a ellos. Yo siento que las mesas son el instrumento para que las mesas puedan transitar el poder de los armados a las comunidades”, dijo Jiménez.

El panel gira en torno a la seguridad en los territorios. Sobre esto, la lideresa de Arauca dijo que se sentían desamparados. “Nosotros necesitamos que el Estado se articule con nosotros y que no nos dejen solos. Aún desde la administración local estamos solos. La gente se está desplazando porque nos da miedo denunciar. Si no se mitiga el conflicto armado no podemos hacer economías transformadas. Nosotros somos los que estamos viviendo las mayores consecuencias y somos los que más deseamos esa paz anhelada”, detalló.

Por último, Claudia Rodríguez, de OCHA dijo que lo importante en los diálogos es que las comunidades estén en el centro de las discusiones. “Ellos la tienen clara, saben qué necesitan en sus poblaciones. Vemos la diferencia cuando hay procesos organizativos muy fuertes. Hay que apoyar esos procesos, pero para eso hay que generar unos mínimos de condiciones de seguridad para que puedan tener ese rol central”, afirmó.

✉️ Si tiene información o denuncias sobre temas relacionadas con la paz, el conflicto, las negociaciones de paz o algún otro tema que quiera compartirnos o que trabajemos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com; jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com

Este miércoles en la Universidad de Los Andes se realizó el foro Proteger la vida y transformar los territorios: Seguridad y Paz Total. El evento, convocado por el Ministerio de Defensa Nacional, la Universidad de los Andes y el Instituto de Paz de Estados Unidos (USIP), puso sobre la mesa las tensiones entre las dos políticas banderas del Gobierno Petro: la seguridad y la paz total.

Desde la llegada al poder el presidente Gustavo Petro, el Gobierno ha tenido un enfoque dual para abordar las dinámicas de conflicto: por un lado, una política de seguridad y defensa, que busca la recuperación del control territorial y la protección de las comunidades frente a grupos armados ilegales, y por la otra una ambiciosa apuesta de paz total que, mediante negociaciones políticas y procesos de sometimiento a la justicia pretende, entre otras, desarticular guerrillas, bandas criminales y estructuras de alto impacto y llevar tranquilidad y proyectos de transformación a los territorios.

Uno de los puntos clave del debate es la eficacia y alcances de los ceses al fuego bilaterales, implementados en procesos de negociación con actores como el ELN, facciones disidentes de las antiguas FARC y grupos como los Comuneros del Sur en Nariño.

Las tensiones han llegado incluso a las cabezas de esas dos políticas: Por un lado, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y por el otro, el consejero comisionado de paz, Otty Patiño. Por ello, ambos funcionarios sostuvieron una conversación sobre este tema.

El primero en hablar fue el comisionado Patiño quien dijo la paz no se hace con los armados, sino que se está haciendo con las comunidades. “En la implementación si no se cuenta con las comunidades es imposible el desarrollo. Cada región es diversa y en cada región los factores son diferentes. Por ejemplo, en el caso de Comuneros del Sur, un proceso que aún no le gusta al ELN, pero es el proceso más adelantado, pero ya estamos entrando en la fase de implementación. Nosotros queremos que este 2025 sea el año de la implementación”, dijo.

Patiño también resaltó que los procesos de paz no son abarcan la totalidad del territorio, de tal manera que las quejas que puedan existir de lo que está ocurriendo en partes donde no hay procesos, por ejemplo, en Tolima, no corresponde a esas negociaciones. Los procesos de paz descansan sobre tres elementos fundamentales: uno es la transformación territorial que tiene que, debe ir acompañado del desescalamiento del conflicto (...) El otro tema importante es si hay una vocación real del actor armado para transitar a la civilidad. Si no hay esa voluntad no amerita estar en una mesa. Con todos los actores se pueden tener diálogos, con todos tenemos diálogos incluso con aquellos que aún no tenemos mesa o que están congeladas”, afirmó.

Y luego citó unos datos. “En Nariño, por ejemplo, desde que iniciamos con el proceso con Comuneros solo ha habido el asesinato de un líder social. Allí donde se han empezado procesos de diálogos han caído los homicidios. Esos son temas que son importantes”.

Además, dijo que no se trata de “Araucanizar el país”. “Diálogo con todos los actores, mesa para quien se la gane (...) No me gusta esta palabra porque me parece peyorativa, pero terminamos por “Araucanizar” el país. Es decir cogobierno de los actores armados junto con las autoridades locales para tener un factor de Gobierno y no de transición a la civilidad. Todo el tema es la participación sincera, franco y efectiva”, indicó.

En su segunda intervención, el ministro Velásquez también habló sobre cuáles han sido los retos y puntos positivos del cese al fuego.

“Como acaba de decir el comisionado: ‘La mesa es para quien se la gane”. También debe ser el cese para quien se lo gane”, dijo.

El ministro de Defensa, por su parte, abordó tres puntos: la caracterización de los grupos armados, los objetivos de los procesos de paz y el cese al fuego.

“Podemos partir de dos aspectos que se han mencionado hoy, uno es el tema de la caracterización de los grupos armados ilegales porque no ellos no están precisamente en la disputa del poder, sino en el control de los territorios con una finalidad última que es el enriquecimiento. Ahí pongo el tema de la extorsión que yo lo veo como un ejercicio de control social más que una pretensión de obtener recursos para financiarse, sobrevivir o enriquecerse. De esa caracterización debería desprenderse algo que desde la Oficina y las delegaciones, negociadores debería ser unificado, clarificado que es: ¿cuál es el objetivo en cada caso de cada proceso de paz?”, dijo Velásquez.

Y agregó que tras superar esos dos puntos entonces sí debería hablar del cese al fuego, que para el Gobierno los únicos válidos es lo que les sirve a las comunidades y luego sí en las transformaciones territoriales. “La transformación del territorio no puede ser en abstracto ni una justificación para todo. La paz necesita seguridad”, dijo.

Velásquez fue certero y duro con las negociaciones que se siguen con la disidencia de Calarcá y dijo que no permiten que realmente haya una participación efectiva de las comunidades.

“Esta mañana lo denunciaba Camilo González... 200 líderes comunitarios van a desplazarse para dialogar en torno a ese proceso de paz, pero el EMB (la disidencia de Calarcá) impide que hablen porque le ha otorgado la vocería a una organización que el mismo la mencionó expresamente Cooscopaz, que pretende ser la única interlocutora en esas mesas e inclusive en dificultades que se han presentado, en protestas, manifestaciones en las que interviene el proceso o en acciones que desarrollan Ministerios u otras dependencias del Ejecutivo en zonas de presencia del EMB. Pretenden que esa organización Cooscopaz, como ocurrió el caso de Los Pozos por el secuestro de los militares, sea la única a vocera de toda la comunidad porque puede que lleguen otros 200, pero no pueden hablar”, afirmó Velásquez.

Sobre el cese al fuego, el Ministro dijo que solo tienen interés aquellos altos al fuego que sean beneficiosos para las comunidades o no hay interés para el Gobierno. “¿Cómo ser beneficioso para las comunidades? Uno de los puntos es que las comunidades tengan la oportunidad de expresarse en las discusiones o hablar en las negociaciones y ser parte de las discusiones sobre los programas sociales en los territorios y tener esa autonomía”, indicó.

Actualmente solo existe un cese al fuego con un grupo armado, justamente con la disidencia de Calarcá. “Pero ese cese al fuego para qué si hemos conocido sobre esto de impedir la expresión libre de las comunidades. También lo han hecho con liderazgos sociales, Juntas de Acción Comunal (JAC). Conocimos que reemplazan a todas las presidencias de las JAC de acuerdo con sus intereses particulares suprimiendo las representaciones auténticas de las comunidades”, detalló el ministro.

Y agregó: “Debemos tener un cuidado muy grande: la Fuerza Pública es la depositaria del uso legítimo de armas en el país. Nunca pretender equipara fuerza pública a fuerza irregular. Creo que no se puede equiparar una acción del Gobierno en un territorio con la acción que ejerza, aun en beneficio de las comunidades, uno organización ilegal. Estamos luchando por la legitimidad del Estado, no por la desinstitucionalización del Estado. Desde el Gobierno y desde las delegaciones tenemos que tener claridad que se está discutiendo con un actor armado que no está en la misma posición del Estado”, dijo Velásquez.

Además, finalizó diciendo que es para los ceses al fuego una condición “inexcusable” es que se “constituya simultáneamente un mecanismo de monitoreo y verificación con alcance regional y con plena operatividad”.

También hizo referencia al reciente ataque de disidencia de Mordisco en el área donde se está haciendo el proceso con Comuneros. “Ahí se presentó una confrontación armada, pero quien sufra en esa ‘zona de paz’ fueron las comunidades. La paz no la hacen los armados, sino que también las comunidades que están en los territorios”.

El ministro finalizó hablando de la intervención que hace poco más de un mes hizo el Gobierno en el corregimiento de El Plateado, en Cauca, y dijo que es un proceso sostenido y que no ha habido un día en que no se haga trabajo allí. “Este es un proceso en el que se va avanzando, consolidando el control del territorio. No es un proceso simplemente de pasada, no es transitorio. Hay un proceso de estabilización en el casco urbano, pero es una acción que tiene que llegar hasta el Pacífico”.

Así mismo anunció que en los próximos días se hará la segunda etapa para que la Policía llegue a ese corregimiento y tome el control de sus labores y las garantías de convivencia.

En su última intervención, el comisionado Patiño dijo que el Estado debe mostrar que es el elemento fundamental para garantizar las libertades y los derechos de los ciudadanos. Pero también tiene que haber voluntad del grupo armado.

“Hay que mirar cómo hacer para que el cese al fuego no se convierta en la espina dorsal de toda la negociación, eso así ya fracasó. Con el EMB que es con el único que hay cese, eso hace rato se hizo agua. Tenemos que plantear cómo se hacen los procesos de desescalamiento y distensión en los territorios, obedeciendo también a la voluntad expresa de los actores que van a respetar a las comunidades”, afirmó.

A la pregunta de si creía que los ceses al fuego habían fracasado, la respuesta de Patiño fue: “Exactamente”.

El foro inició a las 8 de la mañana con los saludos protocolarios de la rectora de la Universidad de los Andes, Raquel Bernal, del ministro de Defensa, Iván Velásquez; del embajador de Noruega Nils Martin Gunneng; la embajadora de Países Bajos, Reina Bujis y el director de USIP, Steve Hege. La charla introductoria estará a cargo de Gerson Arias de USIP.

El primer panel abordó los retos del cese al fuego, y estuvo compuesto por Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación; Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia; Luis Francisco Ruiz, gobernador de Caquetá; el vicedefensor del Pueblo, Roberto Molina, y Camilo González Posso, jefe de la delegación de Gobierno en los diálogos con la disidencia denominada Estado Mayor de los Bloques y Frente, comandada por Calarcá Córdoba.

La charla fue moderada por María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

El primero en hablar fue Ruiz Massieu quien afirmó que lo más importante, por ahora, de los ceses al fuego, ha sido su carácter preventivo. De acuerdo con el jefe de la Misión de la ONU, se han podido prevenir varios enfrentamientos o posibles confrontaciones.

Sin embargo, afirma que aunque los avances son importantes, no son suficientes. “Los beneficios a las comunidades han sido positivos en cuanto a los daños colaterales porque no hay enfrentamientos entre Fuerza Pública y los grupos armados, pero esos beneficios aunque importantes no son suficientes porque los enfrentamientos se dan más entre los grupos armados y los ceses aún no contemplan eso. Además, los actos prohibidos han sido limitados (...) o muy genéricos”, dijo Massieu, quien agregó que también le ha faltado “robustez” a los mecanismos de verificación y monitoreo.

Por su parte, Luis Francisco Ruiz, gobernador de Caquetá, fue crítico del proceso de negociación que se lleva a cabo con la disidencia de Calarcá Córdoba, quien tiene control en ese departamento. “Apoyamos el proceso de paz, pero también somos críticos. El cese al fuego en nuestro departamento ha representado un aumento en la violencia porque han aumentado las confrontaciones entre grupos armados y hemos tenido confinamiento en algunas comunidades de nuestro territorio”, afirmó.

Y agregó que para él, el levantamiento de las órdenes de captura es una licencia para delinquir. “Si nos vamos a los datos, hemos tenido 25.000 nuevas notificaciones de víctimas, hemos tenido desplazamiento, confinamiento, paros armados, la extorsión también ha aumentado. Entonces muchos de los hombres armados tienen levantada la orden de captura y tienen ‘licencia para delinquir’”.

Ruiz también dijo que aunque quiere seguir dando la oportunidad al proceso de paz, “hay que ponerle acciones que se vean reflejadas en el corto plazo”.

A su turno, la fiscal Camargo dijo que los ceses se están utilizando en un momento incipiente de las negociaciones y que, por tanto, “no pueden tener un efecto mágico en frenar las actividades punibles de los grupos armados”.

Además, dijo que los procesos se trataban de que el Estado se siente con grupos armados que realizan varias actividades ilegales y que lo que ya tienen “no es un control territorial, sino dictaduras locales”.

Por su parte, el vicedefensor del Pueblo, Roberto Molina, dijo:

“Hay que leer el cese al fuego y las negociaciones en clave del territorio. Nuestro sistema de alertas tempranas dice que hay 790 municipios donde hay afectación por conflicto armado. Esos municipios expresan ocho conflictos que se llevan a cabo con tres tipos de organizaciones ilegales, es un panorama muy complejo (...) La labor es muy compleja y desafiante, pero es un desafío que asumimos porque el camino es el camino de la paz”, indicó.

González Posso, jefe de la delegación de Gobierno en los diálogos con la disidencia de Calarcá, dijo que el cese al fuego no tiene que verse como un objetivo sino como un instrumento de la negociación y que, a la visión de la mesa y los datos que llevan sí han repercutido en la disminución de homicidios, desplazamientos y confinamientos, entre otros hechos violentos.

Además: El cara a cara entre Mindefensa y comisionado Patiño sobre seguridad y paz total

En una segunda ronda de preguntas, Ruiz Massieu resaltó la importancia de que el Ministerio de Defensa sea parte integral de los ceses al fuego. “Es una evolución porque a la fuerza Pública le toca implementarlo, entonces es importante esa articulación con las delegaciones. También es importante determinar las acciones específicas para que sean monitoreables y que se puedan verificar (...) Los mecanismos robustos también ayudan a verificar las violaciones en los territorios y para que el cese se siga implementando y que el proceso pueda seguir andando”, afirmó.

El gobernador Ruiz dijo en su segunda intervención que se han evidenciado más de 200 violaciones a cese al fuego. “Parece que todo fuera un saludo a la bandera porque no tenemos interlocución real para darle solución a esas quejas. Hoy en Caquetá la gente tiene poca credibilidad en el proceso de paz porque no existe esa voluntad real de paz y se sigue afectando a la sociedad, principalmente con la extorsión. Las transformaciones sociales hay que hacerlas. Detener los enfrentamientos es solo una fase, pero la gente se sigue quejando que no tiene escuelas”, dijo.

También afirmó: “Cuando se tuvo que mantener el control territorial, se hizo fue un desescalamiento de la presencia de la Fuerza Pública en nuestro territorio que permitió la expansión de los disidentes”.

La fiscal Camargo también dijo que el alcance de los ceses es limitado en cuanto a delitos como la extorsión y algo que llamo como exacción (exigir impuestos, prestaciones, multas de manera ilegal).

“Los ceses al fuego cesan las confrontaciones. Esa es una opción. La otra es no tener cese al fuego como se hizo en la negociación de 2016 (...) Hay otros delitos que están agobiando al país como las extorsiones o las exacciones que no necesariamente lo hacen los grupos armados sino pequeñas estructuras en territorio que muchas veces están al servicio de grupos más grandes”, dijo.

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En su intervención, el vicedefensor dijo que, aunque la Defensoría del Pueblo no es verificador del cese al fuego, “constantemente hace recomendaciones contras las violaciones a derechos humanos”, pero dijo que el problema es que “el nivel de cumplimiento es muy bajo”.

Y agregó: “El sistema institucional y normativo se puede agotar si no entramos en la materialización de políticas públicas. Las comunidades necesitan participar en los procesos de paz, ellos tienen mucho que decir. También se necesita la inclusión porque muchas de las soluciones territoriales tiene que ver con inclusión”.

Por último, el jefe negociador Camilo González, dijo que el cese al fuego y coordinación que tiene la mesa con el Ministerio de Defensa ha permitido que se avance en el tema de la georreferenciación (la entrega de parte del grupo armado a la fuerza pública de las coordenadas de ubicación de sus tropas)

“Entre las cosas que tenemos pendientes es la georreferenciación, la próxima semana tenemos una reunión con los mandos de los frentes para avanzar en ese tema”, anunció González.

Además hizo referencia al ejercicio que este fin de semana hizo la mesa con unas 34 organizaciones sociales y campesinas para frenar la deforestación de la Amazonía. “También tuvimos un ejercicio de una acción coordinada con todos los sectores para contener la tala y la deforestación en la Amazonía y tenemos que fortalecerlo con los alcaldes en Caquetá para trabajar las violaciones que se han dado en el departamento”.

En el segundo panel sobre la paz y la seguridad territorial participarán Álvaro Jiménez, de la oficina del Consejero Comisionado para la Paz; Leyner Palacios, del Instituto de Paz de los Estados Unidos; Luz Stella Sucre, lideresa Asociación Granita, de Arauca; monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, director de la Pastoral Social y Claudia Rodriguez, de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

La primera en hablar fue la lideresa Sucre, quien dio un panorama de Arauca, como un departamento azotado por la violencia. “Arauca es un departamento que viene en el conflicto desde hace muchos años, pero desde enero de 2022 se agudizó a tal punto que los líderes sociales estamos siendo asesinados. El campesino está siendo utilizado por los grupos armados. Sentimos que en nuestro departamento gobiernan los grupos armados. Queremos que el Estado nos ayude a generar que estos escenarios sean tomados para consolidar esos compromisos que se establecen”, afirmó.

A su turno Leyner Palacios, quien también fue comisionado de la Comisión de la Verdad afirmó: “Algunos líderes nos han expresado el miedo que sienten por la instrumentalización de la que están siendo víctimas por los grupos armados. Es impresionante el reclutamiento por parte del ELN y de las AGC (Clan del Golfo o el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC). También nos llamó la atención el nivel de cooptación a autoridades locales. El control a la movilidad también es una problemática (... ) Muchas veces se percibe que el Estado está perdiendo contra los grupos armados. La gente siente que el actor armado se legitima más que la Fuerza Pública que está maniatada”.

Jiménez, de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y delegado del Gobierno en los diálogos -aun no instalados- con el Clan del Golfo o EGC, dijo que se debe trabajar en la construcción de justicia, “porque la justicia en los territorios es la que tenga la pistola más grande”.

Monseñor Henao, que acompaña varias mesas de paz, explica que hay fragilidad en los territorios hace que sea dificíl “encontrarse en la diversidad”, pero que los consejos comunitarios han sido quienes encuentran espacios de diálogo. “Estamos aprendiendo cada día de los consejos territoriales para la construcción de paz. Es muy importante trabajar en torno a la resiliencia porque no se puede hablar de seguridad y paz sin la resiliencia. Las comunidades han mantenido su capacidad de seguir trabajando a pesar de los problemas”, dijo.

“El cambio es ese, que la gente hoy siente que tiene poder, que puede ser poder y que quiere ser poder en su territorio y que el poder de los grupos armados se traslade a ellos. Yo siento que las mesas son el instrumento para que las mesas puedan transitar el poder de los armados a las comunidades”, dijo Jiménez.

El panel gira en torno a la seguridad en los territorios. Sobre esto, la lideresa de Arauca dijo que se sentían desamparados. “Nosotros necesitamos que el Estado se articule con nosotros y que no nos dejen solos. Aún desde la administración local estamos solos. La gente se está desplazando porque nos da miedo denunciar. Si no se mitiga el conflicto armado no podemos hacer economías transformadas. Nosotros somos los que estamos viviendo las mayores consecuencias y somos los que más deseamos esa paz anhelada”, detalló.

Por último, Claudia Rodríguez, de OCHA dijo que lo importante en los diálogos es que las comunidades estén en el centro de las discusiones. “Ellos la tienen clara, saben qué necesitan en sus poblaciones. Vemos la diferencia cuando hay procesos organizativos muy fuertes. Hay que apoyar esos procesos, pero para eso hay que generar unos mínimos de condiciones de seguridad para que puedan tener ese rol central”, afirmó.

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