Una comitiva de la Defensoría, de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) viajan a esta hora a Guaviare por el caso de los militares que permanecen retenidos desde el viernes en un cerco humanitario.
De acuerdo con fuentes en terreno, tratarán de mediar para la liberación de los 60 militares pertenecientes al Comando Específico del Oriente de la Fuerza de Tarea Omega y que aún permanecen en la zona.
También estará una comitiva de la Alcaldía de San José del Guaviare y de la Gobernación.
Según la versión oficial, los uniformados “se encontraban realizando acciones de control y presencia institucional”, cuando los interceptaron las personas que harían parte de las guardias de las veredas Chuapal y Bocas de Caño Cafra.
De acuerdo con la Defensoría, funcionarios de la oficina regional ya están en la zona intentando dialogar con la guardia campesina que hizo el cerco humanitario.
En esa zona operan algunos frentes de la disidencia Estado Mayor Central que siguen en la mesa de diálogo y que son comandados por Calarcá Córdoba, pero en la región también ha hecho presencia Iván Mordisco, quien abandonó la negociación de paz.
Camilo González Posso, jefe negociador del Gobierno en el proceso de paz con las estructuras al mando de Calarcá, sostiene que —según las comunicaciones con los disidentes— la retención de los soldados no habría sido protagonizada por el Estado Mayor, sino por organizaciones sociales. Debido a esto, la respuesta a esta situación no estaría en manos de la mesa.
El hecho ha tenido un impacto en ese proceso de paz. Este domingo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, manifestó que el hecho y el cese al fuego que se tiene actualmente con algunas de esas estructuras debería “obligar a replantear el cese al fuego con el bloque Jorge Suárez Briceño”. El ministro expresó que “la prórroga por tres meses, vigente hasta el 15 de octubre, se debe suspender si no existe real compromiso de parte de ese grupo ilegal”.