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Elizabeth Moreno Barco, conocida en el Chocó y el litoral del Pacífico como “Chava Moreno”, es la ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos 2023 en la categoría de Defensora del año, un reconocimiento que de acuerdo con los organizadores busca resaltar “los logros y sacrificios de aquellos que han liderado diferentes iniciativas en defensa de los derechos humanos”.
Moreno Barco lleva por lo menos dos décadas vinculada a procesos comunitarios y de defensa de su territorio en la región del río San Juan, al sur del departamento del Chocó, de donde es oriunda. Aquella labor de liderazgo empezó a mediados de los años 2000 cuando se destacó como madre comunitaria en Togoromá, su caserío natal, junto al océano Pacífico, en los esteros y manglares que rodean la desembocadura de este río.
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En el año 2013 Togoromá fue el escenario de un combate entre Urabeños y Rastrojos, dos grupos narcotraficantes residuales de las Autodefensas Unidas de Colombia, que se disputaban una ruta de cocaína en la desembocadura del río. Aquel enfrentamiento dejó varias de las casas destruidas y una persona de la comunidad muerta, obligando a todos los habitantes a escapar hacia Docordó, la cabecera municipal del Litoral del San Juan.
Moreno estaba entre los desplazados y se erigió en su líder natural, solicitando atención urgente del Estado y las instituciones. Togoromá es hoy en día un pueblo fantasma, con la mayoría de sus casas abandonadas, pues muchos de los desplazados nunca regresaron.
Antes de ese hecho, Elizabeth Moreno ya había empezado a destacarse dentro del Consejo Comunitario General del Río San Juan (ACADESAN), la organización étnico-territorial que es dueña de las 683 mil hectáreas de tierra entre Chocó y Valle del Cauca que rodean la cuenca media y baja del río San Juan, tierras colectivas que pertenecen a más de 70 comunidades afrocolombianas asentadas desde tiempos ancestrales en el río gracias a la ley 70.
Fue así como en 2012 llegó a enfrentarse incluso con un mando medio de las FARC, quien armado y en medio de una reunión de 300 delegados, buscaba manipular una asamblea de la organización para montar su propia junta directiva.
Por su valentía Elizabeth Moreno terminó siendo electa por mayoría como la primera mujer en llegar al máximo cargo directivo de ACADESAN en el año 2015, una gestión que las comunidades del río reconocieron como impecable reeligiéndola por un periodo más, cargo que ostentó hasta hace un par de meses.
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Desde mediados de los años setenta aparecieron megaproyectos y grandes planes para la región del San Juan que, no obstante, no tenían en cuenta a las comunidades indígenas y afrocolombianas que viven en la zona desde hace siglos.
Si bien estas comunidades no contaban con escrituras o títulos sobre sus propiedades, en realidad habían sido las poseedoras reales de aquel territorio y quienes lo han conservado como uno de los baluartes de la vida y la biodiversidad en el planeta. Es por ello que los planes para realizar grandes hidroeléctricas, las concesiones de extracción de maderas finas sobre la selva a grandes compañías multinacionales, o los proyectos de minería a gran escala, fueron vistos como una amenaza de despojo por indígenas y afrocolombianos.
Por ello en los noventa las comunidades afrocolombianas fundaron la Asociación Campesina del río San Juan (ACADESAN), hoy conocida como Consejo Comunitario General del San Juan. Desde el año 2001 esta organización tiene el título colectivo que reconoce la propiedad colectiva sobre las tierras ancestrales de los afrocolombianos del río San Juan en un extenso polígono de 683.591 hectáreas que abarcan desde Istmina, en el curso medio del río, hasta la desembocadura en el océano, ya en límites con Buenaventura.
“El proceso organizativo nace precisamente por la defensa de la vida y el territorio para las poblaciones afrodescendientes. Es una lucha que ha venido dándose de generación en generación, trabajando por el beneficio de nuestras comunidades”, explicó Elizabeth Moreno a este diario en uno de varios recorridos por el río San Juan que buscaban visibilizar la grave crisis humanitaria que vive la región por cuenta de los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo.
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En octubre de 2022 ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Elizabeth Moreno se convirtió en la primera lideresa chocoana en pronunciar un discurso, con motivo del seguimiento que ese organismo hace del Acuerdo de Paz en Colombia, suscrito entre el Gobierno Nacional y las extintas FARC.
Moreno fue enfática en esa ocasión en denunciar la grave crisis de su región y la reconfiguración del conflicto armado, exigiendo que los actores “armados legales e ilegales” no conviertan a las comunidades en parte de ese conflicto y que “respeten la decisión de ser neutrales”, agregando que ella y su organización estaban “a favor de las comunidades, de los diálogos y de las negociaciones para que se termine la violencia de los territorios”.
Esta vez, al recibir el premio en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, Moreno aprovechó para enviar un agradecimiento a su familia: “Ser líder no es algo que se construya solo, siempre está la familia y personas que acompañan”, declaró, agradeciendo también a la cooperación internacional y la iglesia católica por el acompañamiento que han dado a sus comunidades. “Este premio es el legado de esos líderes y lideresas que hoy no están con nosotros”, aseguró; “es de gran importancia defender la vida, ese es el compromiso que tenemos”.