ExFARC insisten en irse de Mesetas, pese a las garantías que ofrece el Gobierno

Instalación del PMUV en Mesetas, Meta, para discutir los problemas de seguridad que enfrentan las 200 familias que viven en el ETCR de Mariana Páez.

Foto: Tomada de Twitter Franklin Castañeda

El presidente Gustavo Petro intenta, a esta hora, convencer a los líderes del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, de Mesetas, Meta, para que no se desplacen del lugar por cuenta de las amenazas que recibieron de las disidencias que se denominan Estado Mayor Central de las FARC EP. Petro encabeza una reunión con 15 hombres y mujeres que firmaron el Acuerdo de Paz, junto al senador Iván Cepeda; al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda; la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo, Gloria Cuartas; del director de derechos humanos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda; de la directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización, Alejandra Miller; y del director de la Agencia de Renovación del Territorio Raúl Delgado.

En ese encuentro se discuten dos propuestas que el presidente Petro puso a discusión: que los excombatientes se queden y el gobierno se compromete a comprar, en un plazo de tres meses, el predio que ocupa el espacio Mariana Páez y otro diferente -hay 7 terrenos que están bajo análisis de las entidades gubernamentales -. Los líderes del espacio insisten del lugar el próximo 8 de abril.

Esta reunión se realiza después del Puesto de Mando Unificado por la Vida, PMUV, que instaló Franklin Castañeda en la que participaron los representantes de los ETCR ubicados en ese departamento, quienes han insistido en que la decisión de que cerca de 200 familias de firmantes de paz abandonen el Mariana Páez, tras una seria amenaza que hizo una estructura de los disidentes que se identifican como miembros del Estado Mayor Central de las FARC EP, EMC, que mantienen una confrontación con el otro grupo disidente que se autodenomina Segunda Marquetalia.

El director de Derechos Humanos Franklin Castañeda ratificó en la mañana que “el gobierno está en capacidad de dar todas las garantías integrales para acompañar a los firmantes de paz se queden en el ETCR Mariana Páez o de acompañarlos en otros espacios que ellos decidan”.

En este espacio participaron también el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; la directora de la Unidad de Implementación, Gloria Cuartas; la directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización ARN, Alejandra Miller; y los representantes del Partido Comunes, Rodrigo Londoño y Pastor Alape. Como garantes de la reunión están el jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu y delegados de los países que han acompañado el proceso de paz.

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Se espera al final de la reunión con el presidente Gustavo Petro, haya un pronunciamiento sobre la decisión definitiva. La visita de Petro -la primera a un espacio territorial desde su posesión- viene acompañada de una robusta comitiva de entidades y funcionarios para responder a las demandas de los firmantes de paz.

A primera hora del día, un grupo de mujeres excombatientes anunció que la salida de los firmantes de paz y sus familias “es inminente y no tiene reversa”. Yulis Cabana y Tilfia Quintero fueron las voceras del grupo de lideresas que tienen a su cargo varios procesos organizativos dentro del espacio y señalaron que no quieren entorpecer los esfuerzos del gobierno en su política de Paz Total, pero que no hay condiciones de seguridad para quedarse en ese lugar.

Las mujeres le exigirán al gobierno celeridad en el trabajo de la comisión de tierras que se instaló la semana pasada y que es la encargada de conseguir y comprar un predio donde se puedan asentar las familias de manera definitiva para reiniciar sus proyectos productivos. También piden que las entidades gubernamentales agilicen los planes que les den acceso a vivienda.

Las lideresas fueron contundentes al señalar que si antes del 8 de abril el gobierno no ha conseguido un predio, debe habilitarles un espacio temporal en Villavicencio, con condiciones dignas y servicios básicos para esperar allí la solución definitiva a su situación. Y fijaron esa fecha porque es una semana antes de que se cumplan los 30 días que les habían dado las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC EP para irse del lugar.

Aun no hay un cálculo aproximado de pérdidas por los proyectos productivos que habían emprendido allí y que contaron con recursos de la comunidad internacional, pero las lideresas explicaron que se vio truncado el trabajo de cuatro cooperativas y seis asociaciones que producían café, ganado, pan, además de un proyecto de turismo y una planta de reciclaje que habían establecido con la comunidad aledaña.

Aunque se espera que se dé una rueda de prensa por separado, las conclusiones de la jornada parecen ya haberse dado: la salida de los habitantes del Mariana Páez -como se le conoce a ese ETCR- no tiene marcha atrás. De acuerdo con un comunicado emitido por esa comunidad hace dos días, la “salida humanitaria” será el próximo 8 de abril. “Día en el cual, mujeres, hombres, familias, proyectos productivos, mascotas, recuerdos y nostalgias saldrán para resguardar su vida, seguridad y dignidad”, dice el texto.

Ambas partes ya habían atendido una reunión de emergencia hace dos semanas con los excombatientes de las FARC que viven en esa zona en la que no se logró su permanencia en el territorio. Los firmantes afirman que, aunque coinciden con el Gobierno en que una de las razones para su salida son las inconformidades que vienen presentando por el terreno donde está ubicado el espacio, la amenaza y las pocas garantías a su seguridad aceleró su desplazamiento. Incluso hoy cuando las disidencias al mando de Iván Mordisco desactivaron la amenaza, la marcha sigue en pie.

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“La vida de las personas no puede depender de una posibilidad y lo que el Gobierno planteaba era eso, que ellos hablaban con las disidencias del EMC, pero ¿qué pasa si la conversación con ese grupo se rompe en un mes? Los habitantes del ETCR quedarán aún más desprotegidos. La decisión se tomó por esa amenaza latente. Ya hemos perdido muchas vidas en pro de la construcción de la paz”, dijo hace unos días a Colombia+20 Manuela Marín, delegada del Partido Comunes ante la CSIVI, y quien participó en esa reunión de emergencia.

Con todo y la salida de los habitantes de ese ETCR, la visita de Petro se configura, por un lado como una señal de su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz -una de sus promesas de campaña-, y que se había puesto en duda por los firmantes, por el mismo Londoño e incluso por el expresidente Juan Manuel Santos, artífice de ese Acuerdo, y quien le pidió a Petro que los escuchara.

De hecho, el viaje fue el resultado tanto del encuentro entre Petro, Santos y Londoño como de la una reunión extraordinaria que el Gobierno tuvo con integrantes de la CSIVI.

“La implementación del Acuerdo de Paz y la seguridad de los firmantes es una prioridad para nuestro gobierno. El primer compromiso del gabinete es el cumplimiento de lo pactado, este es el gobierno de la paz”, escribió en su cuenta de Twitter hace unos días el mandatario.

Por otro lado, la presencia de Petro da al menos una mínima garantía para los firmantes que se quedan en el departamento.

Así mismo, el hecho de haber pisado el terreno también es un mensaje para las disidencias de Mordisco con las que Petro está, además, iniciando una negociación de paz y tiene actualmente un cese al fuego que iría hasta el 30 de junio. El mismo hecho de que la amenaza se hubiera retirado por parte del Estado Mayor Central fue la primera muestra de que ese grupo armado sí le está apostando a esos diálogos y la visita de Petro es, la devolución a esa muestra, pero también un claro anuncio de que el Gobierno no está ausente en ese territorio.

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Hace una semana se constituyó una comisión de tierras, que reúne a varias entidades como la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Gobernación de Meta, entre otras, para la “exploración, realización de estudios y adquisición de tierras para vivienda y desarrollos de los proyectos productivos”, según explicó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Esa comisión fue una de las tres que se acordaron crear con el Gobierno. Las otras eran la comisión de la ruta humanitaria, donde se constituyó el Puesto de Mando Unificado Por la Vida, y la comisión de campamento humanitario y mesa de seguimiento para verificar el cumplimiento de los compromisos.

La situación deja, sin embargo, al Gobierno con un debe sobre la situación de seguridad de los firmantes que ya suman 352 asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz en 2016 hasta el 15 de marzo de 2023, tres de ellos este año. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ya le solicitó a varias entidades encargadas de la implementación del Pacto que atienda la situación y presente “una ruta integral de emergencia ante situaciones de desplazamiento de personas en proceso de reincorporación, individual y colectiva incorporado al Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP)”.

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Lo que queda del Mariana Páez

Casi desde el día siguiente al ultimátum que les dio ese grupo armado para desalojar el territorio en 30 días -contados a partir del primero de marzo-, los habitantes del Mariana Páez, empezaron a recoger sus enseres y no se han detenido.

En los últimos días hombres y mujeres se han dedicado a desarmar los corrales del ganado, y a subir en camiones todo lo que pueden trasladar de los 14 proyectos productivos que habían armado, entre ellos siembras de café, agencias de ecoturismo, entre otras.

Incluso, una modesta casa con varias habitaciones que habían bautizado como “hotel” para el emprendimiento de turismo, ya fue desarmada. Del Mariana Páez tampoco quedan algunos mercados ni las cooperativas que abastecían a las familias. Tampoco están los libros de la biblioteca comunitaria cuya fachada tenía a uno de los tantos gallos que se paseaban por el lugar, ni la panadería ni el letrero de una de las casas donde decía paz y fraternidad.

Las 86 mujeres que viven en el lugar, en su mayoría madres cabezas de hogar también empacaron sus cosas, cerraron las huertas y hace varios días que los 80 niños y niñas del lugar no reciben clase.