El pedido de perdón de Petro a las víctimas del Ejército y los “paras” en Antioquia
Las Autodefensas del Magdalena Medio, en conjunto con el Ejército Nacional y el grupo de Fuerza de Tarea Águila, incursionaron en la vereda La Esperanza en 1996 dejaron 15 campesinos desaparecidos y uno más asesinado. Casi tres décadas después de lo ocurrido, el Estado hizo un acto de reconocimiento de responsabilidad en respuesta a una sentencia de la Corte IDH.
Paulina Mesa Loaiza
Una espera de 28 años tuvieron que vivir las víctimas de la vereda La Esperanza, en el Carmen de Viboral, para que el Estado les pidiera perdón por la desaparición de 15 campesinos y el asesinato de uno más en 1996 a manos de los paramilitares de las Autodefensas del Magdalena Medio en connivencia con el Ejército Nacional y la Fuerza de Tarea Águila. Fue el mismo presidente Gustavo Petro, -quien llegó retrasado cuatro horas al evento-, quien pidió perdón en cumplimiento con la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2017, cuando condenó al Estado colombiano por ese episodio del conflicto armado en el oriente antioqueño.
El primer hecho violento que vivió la vereda La Esperanza se reportó el 21 de junio cuando hombres armados retuvieron y desaparecieron al comerciante Aníbal de Jesús Gallego. Y horas más tarde, fue desaparecido Óscar Hemel Zuluaga, de 16 años. Ambos fueron señalados por el Ejército de vender suministros de hogar a las guerrillas de la zona.
Un día después, el 22 de junio, desaparecieron a Juan Crisóstomo y Miguel Ancízar Cardona, de 12 y 15 años. Cuatro días más tarde, el grupo Fuerza de Tarea Águila desapareció a Irene de Jesús Gallego, acusada de pertenecer a la guerrilla. Al mes siguiente continuaron las desapariciones de Juan Carlos Gallego, Jaime Alonso Mejía y asesinaron a Javier Giraldo. También fueron víctimas de desaparición Hernando de Jesús Castaño, Orlando de Jesús Muñoz y Octavio de Jesús Gallego. Siete meses después, el 27 de diciembre de 1996, hombres armados desaparecieron a Andrés Antonio Gallego Castaño y Leonidas Cardona Giraldo.
Casi tres décadas después, el Estado le pidió perdón a las familias de esas 13 víctimas a través de un acto de reconocimiento internacional, una medida de reparación simbólica, en la que el Estado reconoce su responsabilidad por el crimen y las violaciones a los derechos humanos.
Desde las 10 de la mañana, los carmelitanos le dieron inicio al acto de reconocimiento de responsabilidad internacional con una marcha desde el parque principal del municipio hasta el Centro de Convenciones. Al llegar, las fotos de los desaparecidos estaban adornadas con flores blancas y velas. El ambiente era propicio para darle paso a una Eucaristía. Al evento también asistieron varios miembros del Gobierno, entre ellos el ministro de Defensa, Iván Velásquez y la de la directora de la Unidad de Víctimas, Lilia Solano.
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Sobre las 2:30 de la tarde, las víctimas vieron descender de una caravana al mandatario y gritaron entre aplausos “Bienvenido al Oriente”. Afuera del Centro de Convenciones, un grupo de víctimas le pedía que también querían ser escuchadas por el caso de los desaparecidos en La Escombrera, en Medellín.
Uno por uno los familiares de las víctimas fueron dando sus testimonios del crimen atroz que cometieron las Fuerzas Militares junto con las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. La primera en intervenir fue Flor Gallego, lideresa de La Esperanza y esposa de Hernando Castaño, desaparecido en junio de ese año.
“Ser campesino, testigo directo de los hechos, nos ha dado la fuerza para mantener viva nuestra principal exigencia que es encontrar a nuestros seres queridos. Seguimos resistiendo unidos, enfrentando el silencio y la impunidad. El proceso ha sido difícil y agotador. Queremos saber qué pasó con ellos. Seguimos buscando hasta encontrarlos vivos o muertos, pero que los encontremos. Que nos digan dónde están, qué pasó con ellos. El resultado más significativo de esta lucha es la resistencia”, señaló la lideresa durante el acto de perdón.
Asimismo, agregó que durante los 28 años de búsqueda, las instituciones como la Fiscalía no han adelantado acciones sustanciales y aseguró que “esto es todavía más cruel. El Estado nos ha incumplido después de la sentencia de la Corte IDH desde 2017. No nos han dicho la verdad, no han investigado a fondo”.
Flor hizo especial énfasis en que este acto de perdón también era un llamado a cuidar al pueblo carmelitano y al oriente antioqueño que ajusta casi cuatro mil desaparecidos y mil ejecuciones extrajudiciales.
“Le pedimos a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) que haga un plan de búsqueda solo para la vereda La Esperanza. Esa es la exigencia. Le pedimos a la JEP que tenga la verdad en cuenta, que avance en la investigación y en el llamado a las audiencias a estos militares implicados”, añadió la lideresa.
Durante las intervenciones de las víctimas, que hacían pausas largas entre párrafo y párrafo, la comunidad se secaba las lágrimas y el sudor. El gran pedido de los carmelitanos fue para el presidente Petro, a quien le pidieron más compromiso para exigir verdad y justicia en este camino en el que se han hecho expertos, desde la teoría y la práctica, en resistencia para saber dónde están sus seres queridos. “Por nuestros desaparecidos, ni un minuto de silencio”, gritaron.
Aunque Petro trataba de escuchar con atención -y por varios momentos lo hizo-, afuera del recinto la noticia era otra. Casi al tiempo de que el presidente llegara al evento, se conoció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le abrió pliego de cargos y con ello una investigación formal a su campaña por presuntamente haber violado en más de $5.355 millones el tope de gasto permitido para las elecciones de 2022.
Desde ese lugar el mandatario respondió por esa investigación y puso en su cuenta de X que “el golpe de Estado” ya había “comenzado”.
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Al finalizar las intervenciones de las víctimas, el micrófono fue para el mandatario quien comenzó su discurso aceptando que fue el Estado el responsable de la muerte y desaparición de los campesinos carmelitanos en 1996. “La justicia no ha sido capaz de condenar, no saben que cuando pasan estas cosas, no se olvida nunca. Es imposible borrar la huella, es la ignorancia de no reconocer la historia mundial y por eso se repite el mismo círculo de terror y de soberbia”, dijo el presidente, quien también en su discurso habló sobre el “golpe de Estado”. Su intervención cerró con una frase que la comunidad aplaudió: “Este pueblo se cansó de tener que llorar muertos. Me encargo, si sobrevivimos, de que se haga justicia a fondo con las personas de la vereda La Esperanza”, dijo.
El camino para buscar justicia
Ese mismo año, en 1996, las familias de las víctimas comenzaron a buscar justicia y verdad. La Corporación Jurídica Libertad se puso al frente del caso y se reunía constantemente con la comunidad para volver a tejer lazos de confianza y apoyo. La abogada Liliana María Uribe fue la que para ese entonces tomó el caso que tres años más tarde se llevó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero solo hasta 2017 se logró que se dictara una sentencia a favor de las víctimas. La Corte IDH condenó al Estado colombiano por la desaparición de las 12 personas, pero también consideró a las 120 familias que resultaron afectadas por los paramilitares y el Ejército Nacional. Tal como señaló la Corte, 520 personas fue el total de perjudicados tras los crímenes en la vereda La Esperanza.
La sentencia de la Corte le ordenó al Estado investigar los hechos, realizar un acto público de reconocimiento, crear un monumento de los desaparecidos y realizar una reparación psicológica, médica y económica a los familiares y a la comunidad.
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“Sabemos que estos actos de perdón se han demorado y las comunidades tienen dolores, pero el Gobierno del cambio lo que quiere decir es que es un trabajo arduo, pero estamos dispuestos a asumirlo.
Anunciaremos el comienzo de un proceso de construcción de un monumento para las víctimas, la realización de un libro que cuente la historia de esta comunidad durante 28 años buscando justicia y reparación. Y por supuesto, la idea de la inclusión en el plan de formación artística y cultural del Ministerio. No solo se trata de recordar sino de brindar posibilidades para el futuro de las comunidades que han sufrido”, explicó el ministro de Cultura, Juan David Correa, quien también hizo presencia en el evento.
Al pedido de perdón también asistió la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago quien apuntó que “entender que el Estado participó en actos en connivencia con actores al margen de la ley, con paramilitarismo y con otros actores que también significaron muchas muertes en Colombia, es un acto necesario. Por eso, la presencia de los ministerios y del Presidente en estos actos para reconocer que hay que ser consciente del pasado. Nuestra presencia significa acompañar a las víctimas, entender el dolor de tantos años”, dijo la ministra.
Si bien los anteriores Gobiernos no realizaron ese acto de perdón y reconocimiento, el Gobierno de Gustavo Petro cumplió con lo que ordena la sentencia para esta vereda del municipio de El Carmen de Viboral. Hasta el momento, el Gobierno Petro ha realizado tres actos públicos de reconocimiento de responsabilidad internacional en regiones como Santander, Antioquia y Bogotá.
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Una espera de 28 años tuvieron que vivir las víctimas de la vereda La Esperanza, en el Carmen de Viboral, para que el Estado les pidiera perdón por la desaparición de 15 campesinos y el asesinato de uno más en 1996 a manos de los paramilitares de las Autodefensas del Magdalena Medio en connivencia con el Ejército Nacional y la Fuerza de Tarea Águila. Fue el mismo presidente Gustavo Petro, -quien llegó retrasado cuatro horas al evento-, quien pidió perdón en cumplimiento con la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2017, cuando condenó al Estado colombiano por ese episodio del conflicto armado en el oriente antioqueño.
El primer hecho violento que vivió la vereda La Esperanza se reportó el 21 de junio cuando hombres armados retuvieron y desaparecieron al comerciante Aníbal de Jesús Gallego. Y horas más tarde, fue desaparecido Óscar Hemel Zuluaga, de 16 años. Ambos fueron señalados por el Ejército de vender suministros de hogar a las guerrillas de la zona.
Un día después, el 22 de junio, desaparecieron a Juan Crisóstomo y Miguel Ancízar Cardona, de 12 y 15 años. Cuatro días más tarde, el grupo Fuerza de Tarea Águila desapareció a Irene de Jesús Gallego, acusada de pertenecer a la guerrilla. Al mes siguiente continuaron las desapariciones de Juan Carlos Gallego, Jaime Alonso Mejía y asesinaron a Javier Giraldo. También fueron víctimas de desaparición Hernando de Jesús Castaño, Orlando de Jesús Muñoz y Octavio de Jesús Gallego. Siete meses después, el 27 de diciembre de 1996, hombres armados desaparecieron a Andrés Antonio Gallego Castaño y Leonidas Cardona Giraldo.
Casi tres décadas después, el Estado le pidió perdón a las familias de esas 13 víctimas a través de un acto de reconocimiento internacional, una medida de reparación simbólica, en la que el Estado reconoce su responsabilidad por el crimen y las violaciones a los derechos humanos.
Desde las 10 de la mañana, los carmelitanos le dieron inicio al acto de reconocimiento de responsabilidad internacional con una marcha desde el parque principal del municipio hasta el Centro de Convenciones. Al llegar, las fotos de los desaparecidos estaban adornadas con flores blancas y velas. El ambiente era propicio para darle paso a una Eucaristía. Al evento también asistieron varios miembros del Gobierno, entre ellos el ministro de Defensa, Iván Velásquez y la de la directora de la Unidad de Víctimas, Lilia Solano.
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Sobre las 2:30 de la tarde, las víctimas vieron descender de una caravana al mandatario y gritaron entre aplausos “Bienvenido al Oriente”. Afuera del Centro de Convenciones, un grupo de víctimas le pedía que también querían ser escuchadas por el caso de los desaparecidos en La Escombrera, en Medellín.
Uno por uno los familiares de las víctimas fueron dando sus testimonios del crimen atroz que cometieron las Fuerzas Militares junto con las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. La primera en intervenir fue Flor Gallego, lideresa de La Esperanza y esposa de Hernando Castaño, desaparecido en junio de ese año.
“Ser campesino, testigo directo de los hechos, nos ha dado la fuerza para mantener viva nuestra principal exigencia que es encontrar a nuestros seres queridos. Seguimos resistiendo unidos, enfrentando el silencio y la impunidad. El proceso ha sido difícil y agotador. Queremos saber qué pasó con ellos. Seguimos buscando hasta encontrarlos vivos o muertos, pero que los encontremos. Que nos digan dónde están, qué pasó con ellos. El resultado más significativo de esta lucha es la resistencia”, señaló la lideresa durante el acto de perdón.
Asimismo, agregó que durante los 28 años de búsqueda, las instituciones como la Fiscalía no han adelantado acciones sustanciales y aseguró que “esto es todavía más cruel. El Estado nos ha incumplido después de la sentencia de la Corte IDH desde 2017. No nos han dicho la verdad, no han investigado a fondo”.
Flor hizo especial énfasis en que este acto de perdón también era un llamado a cuidar al pueblo carmelitano y al oriente antioqueño que ajusta casi cuatro mil desaparecidos y mil ejecuciones extrajudiciales.
“Le pedimos a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) que haga un plan de búsqueda solo para la vereda La Esperanza. Esa es la exigencia. Le pedimos a la JEP que tenga la verdad en cuenta, que avance en la investigación y en el llamado a las audiencias a estos militares implicados”, añadió la lideresa.
Durante las intervenciones de las víctimas, que hacían pausas largas entre párrafo y párrafo, la comunidad se secaba las lágrimas y el sudor. El gran pedido de los carmelitanos fue para el presidente Petro, a quien le pidieron más compromiso para exigir verdad y justicia en este camino en el que se han hecho expertos, desde la teoría y la práctica, en resistencia para saber dónde están sus seres queridos. “Por nuestros desaparecidos, ni un minuto de silencio”, gritaron.
Aunque Petro trataba de escuchar con atención -y por varios momentos lo hizo-, afuera del recinto la noticia era otra. Casi al tiempo de que el presidente llegara al evento, se conoció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le abrió pliego de cargos y con ello una investigación formal a su campaña por presuntamente haber violado en más de $5.355 millones el tope de gasto permitido para las elecciones de 2022.
Desde ese lugar el mandatario respondió por esa investigación y puso en su cuenta de X que “el golpe de Estado” ya había “comenzado”.
Además: Las tierras de El Chimborazo tienen palma, pero no verdad de ‘paras’ de las AUC
Al finalizar las intervenciones de las víctimas, el micrófono fue para el mandatario quien comenzó su discurso aceptando que fue el Estado el responsable de la muerte y desaparición de los campesinos carmelitanos en 1996. “La justicia no ha sido capaz de condenar, no saben que cuando pasan estas cosas, no se olvida nunca. Es imposible borrar la huella, es la ignorancia de no reconocer la historia mundial y por eso se repite el mismo círculo de terror y de soberbia”, dijo el presidente, quien también en su discurso habló sobre el “golpe de Estado”. Su intervención cerró con una frase que la comunidad aplaudió: “Este pueblo se cansó de tener que llorar muertos. Me encargo, si sobrevivimos, de que se haga justicia a fondo con las personas de la vereda La Esperanza”, dijo.
El camino para buscar justicia
Ese mismo año, en 1996, las familias de las víctimas comenzaron a buscar justicia y verdad. La Corporación Jurídica Libertad se puso al frente del caso y se reunía constantemente con la comunidad para volver a tejer lazos de confianza y apoyo. La abogada Liliana María Uribe fue la que para ese entonces tomó el caso que tres años más tarde se llevó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero solo hasta 2017 se logró que se dictara una sentencia a favor de las víctimas. La Corte IDH condenó al Estado colombiano por la desaparición de las 12 personas, pero también consideró a las 120 familias que resultaron afectadas por los paramilitares y el Ejército Nacional. Tal como señaló la Corte, 520 personas fue el total de perjudicados tras los crímenes en la vereda La Esperanza.
La sentencia de la Corte le ordenó al Estado investigar los hechos, realizar un acto público de reconocimiento, crear un monumento de los desaparecidos y realizar una reparación psicológica, médica y económica a los familiares y a la comunidad.
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“Sabemos que estos actos de perdón se han demorado y las comunidades tienen dolores, pero el Gobierno del cambio lo que quiere decir es que es un trabajo arduo, pero estamos dispuestos a asumirlo.
Anunciaremos el comienzo de un proceso de construcción de un monumento para las víctimas, la realización de un libro que cuente la historia de esta comunidad durante 28 años buscando justicia y reparación. Y por supuesto, la idea de la inclusión en el plan de formación artística y cultural del Ministerio. No solo se trata de recordar sino de brindar posibilidades para el futuro de las comunidades que han sufrido”, explicó el ministro de Cultura, Juan David Correa, quien también hizo presencia en el evento.
Al pedido de perdón también asistió la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago quien apuntó que “entender que el Estado participó en actos en connivencia con actores al margen de la ley, con paramilitarismo y con otros actores que también significaron muchas muertes en Colombia, es un acto necesario. Por eso, la presencia de los ministerios y del Presidente en estos actos para reconocer que hay que ser consciente del pasado. Nuestra presencia significa acompañar a las víctimas, entender el dolor de tantos años”, dijo la ministra.
Si bien los anteriores Gobiernos no realizaron ese acto de perdón y reconocimiento, el Gobierno de Gustavo Petro cumplió con lo que ordena la sentencia para esta vereda del municipio de El Carmen de Viboral. Hasta el momento, el Gobierno Petro ha realizado tres actos públicos de reconocimiento de responsabilidad internacional en regiones como Santander, Antioquia y Bogotá.
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