En la larga discusión del presupuesto, el Acuerdo de Paz también resultó malherido

Varias entidades claves para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 tienen serias reducciones en su destinación presupuestal o en su inversión.

Foto: El Espectador

La discusión alrededor del proyecto del Presupuesto General de la Nación presentado por el Gobierno y, sobre todo el debate alrededor del monto que quedará para 2025 no solo ha dejado una nueva tensión entre el Congreso y el Ejecutivo, sino también una especie de pausa de con cuánta plata contará el Gobierno para su funcionamiento y la asignación de los recursos públicos.

El Gobierno busca que el Congreso le apruebe un presupuesto por $511 billones y, al tiempo, una Ley de Financiamiento -casi como una reforma tributaria- por $12 billones, para un total de cerca de $523 billones.

En esa ecuación, una vez más, la apuesta de paz resulta damnificada. Varias entidades claves para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 tienen serias reducciones en su destinación presupuestal o en su inversión o, entre otro escenario, aunque tienen incrementos en los recursos podrían ser insuficientes.

Este viernes desde Florencia, Caquetá, donde se realizó la clausura de la Cumbre de alcaldes y alcaldesas rumbo a la COP16, el presidente Gustavo Petro se refirió a este tema y dijo que sumado a la corrupción que se dio dentro del OCAD-Paz -cuya denuncia por la pérdida de 12 billones de pesos fue hecha hace unas semanas por el mandatario-, el Congreso ha hecho un “sabotaje” con el tema del presupuesto y que con eso se estaba “desbaratando la paz”.

“Suma uno todo y se llevaron la plata pública de Colombia y la plata de la paz, no hay ni para pagarle a los que firmaron la paz. ¿Qué se le dice a un exguerrillero que firmó la paz? ¿Qué el Gobierno no tiene plata para pagarle la comida? (…) Estamos desbaratando la paz. Entonces unos congresistas, unos pocos, dicen: saboteémosle el presupuesto a Petro porque así lo tumbamos”, dijo el mandatario.

Pese a esto, no deja de ser sorprendente que el proyecto presentado por el mismo Gobierno sí presente reducciones importantes para la implementación. Sobre todo si se tiene en cuenta que incluso desde la campaña, el presidente Petro se comprometió a acelerar la implementación de ese pacto firmado con la extinta guerrilla de las FARC y, de hecho, ha sido uno de los tantos caballos de batalla que ha usado para sus llamados a una constituyente o más recientemente para un acuerdo nacional.

Hace dos meses, el mismo mandatario habló ante el Consejo de Seguridad de la ONU, para pedir respaldo para acelerar esa ejecución del Acuerdo, y en esa misma visita, le pidió a la Comisión para la Consolidación de la paz de Naciones Unidas ayuda económica para la implementación.

“Hago una suma de lo que se necesita y los valores del mercado y me enfrento con las circunstancias reales del país sobre endeudado por el COVID, con tasas de interés internacional altas, con un crédito del FMI por COVID que debo pagar este año. Hago mis cuentas nacionales y el resultado es que estamos ahorcados. ¿Cómo financiamos el acuerdo de paz que es una declaración unilateral de Estado y que en mi opinión es supraconstitucional?”, dijo entonces el presidente.

Dos meses después de esa visita, el presidente le pidió al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que asumiera la tarea de apresurar los trabajos alrededor del Acuerdo de Paz, pero a la luz de la presentación del proyecto de presupuesto y cómo quedaron las partidas presupuestales ese pacto sigue estando fuera de las prioridades del mandatario.

El mismo Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes, último jefe de la antigua guerrilla de las FARC y quien fue la contraparte firmante en el Acuerdo de Paz le reclamó al mandatario, a través de su cuenta en X por esa disminución en el presupuesto. “Presidente, ¿ese su compromiso de paz?, ¿ese es su mensaje a los firmantes y constructores de paz?”, dijo.

Aunque tanto el proyecto como el monto del presupuesto pueden cambiar -y con el contexto de lo que ha pasado estos días en el Congreso, todo apunta a que cualquier escenario es posible-, no deja de ser una alerta la distribución propuesta por el Ejecutivo con entidades que cumplen tareas que el Gobierno ha tildado de prioritarias como por ejemplo, el trabajo que hace la Agencia de Desarrollo Rural, y la de Reincorporación, entre otras.

Preocupaciones y alertas en el presupuesto 2025 para el Acuerdo de Paz

Desde la firma del Acuerdo de Paz se creó una herramienta llamada trazador de paz que básicamente es un marcador que tienen las entidades estatales del orden nacional para que en cada vigencia fiscal identifiquen la partida, el monto o la cifra que necesitan para las tareas que se relacionen con el cumplimiento del Acuerdo de Paz o de su implementación.

Un informe del proyecto Del Capitolio al Territorio, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) indica que, “de acuerdo con el proyecto de ley radicado por el Ministerio de Hacienda al Congreso, es posible encontrar algunas reducciones al trazador de paz”.

El análisis del proyecto del presupuesto nacional de la FIP muestra un escenario mixto en los montos de esas entidades, con varias áreas críticas sufriendo recortes significativos. “Si bien para el 2025 es notable una reducción en buena parte de las entidades que directamente se ven involucradas en la implementación del Acuerdo de Paz, los niveles de inversión y funcionamiento son, en su mayoría, superiores a los recursos destinados para las mismas que en el 2023 cuando iniciaba el gobierno actual. Esto, a pesar de los esfuerzos por parte del Gobierno en la implementación del Acuerdo, resulta insuficiente por las altas demandas y necesidades que exige la implementación del Acuerdo y el fin del conflicto en Colombia”, dice el informe.

Aunque el Gobierno ha destinado mayores recursos en comparación con el inicio de su mandato, las demandas del proceso son altas y los fondos asignados parecen ser insuficientes para cumplir con los objetivos trazados.

En el documento se agrega que más que el presupuesto general de una entidad y que se relacione con la implementación, lo que se debe privilegiar -y es allí donde hay la mayor reducción- son los rubros de inversión.

Carolina Varela, coordinadora del proyecto, dice que la principal alerta es, en efecto, sobre la Agencia Nacional de Tierras (ANT), cuyo presupuesto de funcionamiento cayó en un 68,3 % y el de inversión en un 68,2 %. “No se entiende este cambio si una de las mayores apuestas del presidente es el acceso, adjudicación y titulación de tierras”, dice Varela en referencia a lo que es la primer punto del Acuerdo de Paz sobre la reforma rural integral.

¿Cómo quedaron las entidades claves en el proyecto de presupuesto?

Reducción significativa en la Reforma Rural Integral

Uno de los pilares fundamentales del Acuerdo de Paz es la Reforma Rural Integral, diseñada para transformar las zonas más afectadas por el conflicto. Sin embargo, el presupuesto destinado a esta área presenta reducciones importantes.

• Agencia de Renovación del Territorio: Esta entidad sufre una reducción del 12% en su presupuesto de inversión en comparación con el 2024.
• Agencia Nacional de Tierras (ANT): La ANT enfrenta un drástico recorte del 68% en inversión y funcionamiento, lo que podría afectar la adjudicación de tierras en el país. A pesar de este recorte, el monto asignado sigue siendo 630% superior al de 2023.
• Agencia de Desarrollo Rural (ADR): También experimenta una caída del 28%, concentrada en los rubros de funcionamiento, aunque su presupuesto global sigue siendo 261% superior al de 2023.
• Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC): Encargado del catastro multipropósito, sufre una reducción del 36% en inversión, lo que puede retrasar la identificación de la vocación del suelo, crucial para la Reforma Rura

Estas reducciones preocupan, dado que el campo colombiano ha sido históricamente epicentro del conflicto armado. Las metas de adjudicación y titulación de tierras, establecidas en el Acuerdo, presentan un notable retraso, lo que subraya la necesidad de acelerar su implementación.

Para Varela, el principal obstáculo ahora será cómo se va a desenredar el debate sobre el presupuesto. Esto porque la primera parte de la discusión es que se apruebe el monto -lo que aún no pasa- y la otra es cómo será la distribución final. “Sin la primera parte y con el tema de que pueda darse por decreto es imposible ahora saber cómo quedará la distribución final, por eso hacemos estas alertas”, explica.

Impacto en la reincorporación

La Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), encargada de la reincorporación de los excombatientes, presenta un ligero incremento del 3.92% en su presupuesto de inversión. No obstante, su presupuesto total cae en un alarmante 71.5%, lo que equivale a una reducción de 229 mil millones de pesos. Esta caída podría obstaculizar seriamente los procesos de reincorporación, afectando la estabilidad y el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

Esta reducción amenaza con entorpecer los programas de reincorporación, poniendo en riesgo la reintegración de los firmantes del acuerdo y su transición hacia una vida civil. La reincorporación exitosa es fundamental para garantizar la estabilidad y la no repetición del conflicto, por lo que este recorte genera incertidumbre en torno a su sostenibilidad.

La Búsqueda de Personas Desaparecidas, un presupuesto inadecuado

A pesar de un aumento de 10 mil millones de pesos en el presupuesto total de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la inversión en este frente crucial disminuye. La búsqueda de personas desaparecidas es un componente esencial de la reparación para las víctimas y un paso importante hacia la reconciliación. Los recortes podrían obstaculizar la localización de los desaparecidos, limitando la capacidad del Estado para brindar justicia y cerrar heridas abiertas del conflicto armado.

Reducción en los recursos para la Solución del Problema de las Drogas

Uno de los recortes más severos se observa en el presupuesto destinado a la solución del problema de las drogas, que se reduce en un 79,8 %. Esta disminución es especialmente crítica dado el estancamiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.

En varias regiones, el mercado de la coca sigue en crisis, lo que agrava la violencia y la inestabilidad. Sin un apoyo financiero adecuado, la sustitución de cultivos y el desarrollo alternativo podrían verse gravemente comprometidos.

Retroceso en participación política y protección de líderes y excombatientes

El presupuesto destinado a la participación política, una pieza clave en el fortalecimiento de la democracia y la inclusión de las comunidades afectadas por el conflicto, se reduce en un 81%. Esto pone en peligro los avances logrados en la integración de estas comunidades en el proceso político y podría debilitar la confianza en las instituciones. En un contexto donde la participación activa es esencial para prevenir el resurgimiento del conflicto, este recorte plantea un desafío significativo.

Por su parte, la Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de salvaguardar la vida de líderes sociales y excombatientes, enfrenta una situación ambigua. Aunque su presupuesto total aumenta un 21,8 %, la inversión directa disminuye un 31,8 %. Este recorte puede socavar la capacidad de la UNP para ofrecer una protección efectiva, especialmente en un momento en que los asesinatos de líderes sociales siguen siendo una grave preocupación.