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Luego de 18 meses de haber dado inicio formal a los diálogos de paz, las delegaciones del Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) firmaron el primer punto de la agenda de negociación: el acuerdo de participación de la sociedad civil en la construcción de paz. Se trata no solo del mayor logro en el proceso actual, sino del avance más significativo en más de 30 años de intentos de negociación de varios Gobiernos con este grupo guerrillero.
Además, la firma del acuerdo de participación —que fue presentado por ambas delegaciones el sábado en Venezuela— llega en un momento crucial del proceso: en los últimos tres meses, la mesa de conversaciones ha estado congelada ante una serie de crisis entre las partes, que se espera puedan resolverse con el impulso de este logro, para así avanzar hacia los temas de fondo que aún no se empiezan a dialogar.
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“La participación es uno de los puntos que mayor dinamismo les da a las negociaciones. Es un elemento que da credibilidad y legitimidad al proceso. Ahora vienen nuevas fases que tendrán que ser más robustas y cualitativamente superiores, porque acogen más voces y van revisando aprendizajes, críticas y diferentes posiciones”, dice monseñor Héctor Fabio Henao, quien hace parte del grupo de acompañantes permanentes del proceso con el ELN.
¿Un tanque de oxígeno para destrabar la negociación?
Pese a la importancia del acuerdo de participación, hay una serie de temas espinosos que rodean la continuidad de este tablero de negociación.
Primero, que el documento fue firmado en medio de críticas de diversos sectores (especialmente gremios empresariales), lo que obligó a replantear algunos puntos del borrador inicial.
Segundo, la falta de certezas sobre si el ELN volverá a secuestrar, pues se pasó por alto la advertencia del comisionado de Paz, Otty Patiño, de no suscribir ningún acuerdo hasta que la guerrilla le pusiera freno a ese crimen. A eso se suma la tensión que aún existe entre las delegaciones por el proceso de diálogo paralelo que el Gobierno adelanta con la estructura Comuneros del Sur, un frente disidente del ELN.
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“La firma del primer punto de la agenda ocurre en medio de una crisis importante en el proceso, pero da un mensaje de persistir en la mesa. Este acuerdo puede tratar de destrabar el proceso; sin embargo, hay muchos pendientes en la agenda todavía”, explica la analista Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Acuerdo plantea nuevos retos
El documento de 10 páginas que se firmó en Caracas se divide en nueve puntos, y plantea cuatro grandes ejes de transformaciones a abordar: en el régimen político, el modelo económico, la política ambiental y la educación y cultura.
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Pero Bonilla plantea que el acuerdo no especifica cómo se abordarán varios temas claves. “Aún hay preguntas sobre temas como la capacidad estatal para proveer seguridad a esos escenarios de participación masiva; lo segundo es la capacidad operativa y logística. Esos puntos se tocan muy por encima en el documento y este no es un tema menor, porque si no funciona se va a ver lastimada la expectativa del Gobierno, del ELN y la sociedad en que estos diálogos puedan funcionar”, dice la analista.
Aún se necesita claridad sobre varios puntos espinosos
De otro lado, el exministro Juan Camilo Restrepo, quien lideró la negociación con el ELN durante el gobierno de Juan Manuel Santos, aunque reconoce la importancia del acuerdo de participación, asegura que “subsiste la ambigüedad de cuál es el papel del Congreso si alguna o algunas de estas conclusiones a que se llegue requieren cambios constitucionales o legales”, una de las principales críticas de los gremios al borrador del documento.
De hecho, en los principios contenidos en el Acuerdo 28 se asegura que las propuestas de esta estrategia de participación son de carácter vinculante, un tema que fue cuestionado por algunos sectores: “La sociedad en el proceso de construcción de la paz, como fuente de las propuestas, así como el Estado y el ELN, adquieren el compromiso de impulsar y lograr las transformaciones”, se lee en la tercera página.
El documento resalta que “los acuerdos adoptados por la mesa son de obligatorio cumplimiento para las partes y deberán convertirse en políticas de Estado, políticas públicas, programas y proyectos que se articulen con el Plan Nacional de Desarrollo”.
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Para Restrepo, esto resulta “tremendamente ambiguo, pues puede dársele una interpretación el día de mañana que termine en un proceso Constituyente por la puerta de atrás, esquivando al Congreso”.
Se espera que en los próximos días las partes den respuesta a estos cuestionamientos y amplíen la información sobre las siguientes fases del proceso, el más avanzado de la apuesta de paz del presidente Gustavo Petro.
