Con compromisos y pactos sobre la mesa, el espacio de diálogo sociojurídico con bandas en Quibdó, Chocó, cumple un año desde su instalación y hoy por hoy se perfila como uno de los procesos más estables, según cercanos al desarrollo de la paz en este territorio.
Dentro de los avances más recientes del proceso, el Gobierno pactó un nuevo compromiso con las estructuras urbanas que están sentadas en el espacio de diálogo que se abrió el pasado 18 de agosto de 2023. Esta vez, Mexicanos, Locos Yam y RPS, bandas que hacen presencia en la zona, se comprometieron con suspender la extorsión a varios sectores, en el marco de la paz total.
Ese acuerdo se firmó el pasado 8 de agosto y en el documento quedó contemplado que “se comprometen a dejar de extorsionar a los sectores de profesores, personal de la salud, obras comunitarias en los barrios, mejoras de vivienda y construcciones menores y acarreos de material de construcción”. Asimismo, el compromiso explica que “estos acuerdos se realizan en el marco del proceso de desmonte a mediano plazo de todas las extorsiones y un primer paso para superar las economías ilícitas”.
Uno de los grandes obstáculos que ha tenido el proceso de paz con las bandas en Chocó es que todavía no existe un instrumento legal que le entregue una vía clara al espacio sociojurídico. En una reciente entrevista con Colombia+20, el congresista David Racero, delegado en ese espacio de diálogo, dio algunas luces de lo que se espera. Según el representante, el actual marco jurídico es muy exigente para cualquier banda criminal que busque un sometimiento negociado. En ese contexto, “ellos entienden que tienen que pagar cárcel y adelantar un proceso de reparación a las víctimas, están dispuestos, pero en condiciones con garantías”, apuntó Racero.
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El último balance del Gobierno frente a este proceso apunta a que, a pesar de esas dificultades, el espacio va en marcha. Precisamente, con los acuerdos que se firmaron a inicios de agosto con el fin de frenar la extorsión en el territorio, el Gobierno también se comprometió a buscar complementar esos compromisos con ofertas institucionales para los jóvenes. De acuerdo con la Oficina del Consejero Comisionado, se busca que “cerca de 500 integrantes de estas estructuras armadas (principalmente jóvenes), puedan vincularse a programas que les permitan contar con alternativas de sostenimiento diferentes al conflicto armado”. Y agrega: “Además, buscamos brindar alternativas económicas, culturales y sociales a los jóvenes integrantes de estas estructuras armadas, quienes han visto en las armas su único sustento”.
Otra de las dificultades que impactan ese diálogo en Quibdó tienen que ver con las células urbanas del Clan del Golfo o AGC que se han instalado en el departamento y con quienes recientemente el Gobierno abrió un nuevo tablero de negociación. Sin embargo, según la Oficina del Consejero Comisionado, entre los acercamientos con estas bandas criminales -diciembre del 2022- y la oficialización del espacio -el 18 de agosto de 2023- se presentó una reducción del 54% de los homicidios en Quibdó.
El panorama de las extorsiones en Chocó
El avance en cuanto al desmonte a mediano plazo de todas las extorsiones en el territorio, representa un hito clave para el proceso. A partir de una revisión de datos del SIEDCO de la Policía Nacional, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) recientemente identificó que entre enero y agosto de 2022 se presentaron 146 casos, mientras que para 2023, en el mismo período, la cifra fue de 167 extorsiones, lo que se traduce en un aumento del 12 %.
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Si bien es latente la persistencia de la extorsión y las economías ilegales en el territorio, la voluntad de paz existe entre las bandas. Cercanos al proceso apuntan a que poco a poco se irá desescalando este fenómeno que golpea a la comunidad.
El más reciente compromiso que se firmó con las tres estructuras armadas se suma a otros acuerdos en los que ya han sido sacados de lista de extorsión sectores como vendedores ambulantes y mototaxistas.