Olga Silva, una defensora de derechos humanos en la mesa de paz con el Eln

Su nombre ha estado detrás de la defensa de las víctimas en algunos de los casos más emblemáticos del conflicto armado colombiano. En octubre de 2010, al país lo sacudió la denuncia de que un subteniente del Ejército había abusado sexualmente de dos menores de 13 y 14 años y luego asesinado a una de ellas junto con sus dos hermanos de 6 y 9 años, en Tame (Arauca). Un caso que llamó aún más la atención de la opinión pública cuando al año siguiente la jueza que investigaba el caso fue asesinada a tiros en Saravena. El subteniente involucrado fue condenado a 60 años de prisión en primera instancia, condena que confirmó un tribunal y luego la propia Corte Suprema de Justicia. Detrás del proceso, que impidió que el caso quedara en la impunidad, estuvo una abogada consagrada a la defensa de los derechos humanos: Olga Lilia Silva.

Lea: Todo lo que tiene que saber de las negociaciones de paz con Eln

Aunque ha llevado casos que han sido mediáticos, pudo haber pasado desapercibido el hecho de que su nombre apareciera en el listado oficial de integrantes del equipo negociador del Gobierno Nacional con el Eln. Equipo que encabeza Otty Patiño y que también integran, por ejemplo, los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro. A su lado estará ahora esta defensora de derechos humanos, que conoce desde sus entrañas las afectaciones que han padecido las víctimas del conflicto armado.

Quizá su nombre no ha figurado en titulares de prensa, porque siempre ha preferido que aparezcan las organizaciones sociales y jurídicas a las que ha pertenecido. Empezó hace más de 20 años en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), fundó luego la Corporación Jurídica Yira Castro hasta que en 2006 aterrizó en la organización a la que ha pertenecido y de la cual hoy es directora: Humanidad Vigente.

Desde esa organización ha asumido la defensa de decenas de víctimas de violaciones a los derechos humanos, particularmente de casos en que las víctimas han sido niños y niñas, y en casos de “falsos positivos”. De hecho, fue representante de víctimas en el caso que derivó en el primer fallo internacional sobre “falsos positivos” en el país: el de Villamizar Durán y otros vs. Colombia, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por las ejecuciones extrajudiciales de seis jóvenes presentados falsamente por el Ejército como “muertos en combate”.

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Los casos de “falsos positivos”, o muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, han sido una constante en los casos que ha llevado y de hecho desde Humanidad Vigente hizo parte de la Campaña por la Verdad, en la que más de 10 organizaciones sociales pusieron en la palestra a los máximos responsables de esas ejecuciones extrajudiciales. El país conocería esa campaña porque fue de donde salió el reconocido mural con la pregunta “¿Quién dio la orden?”, acompañada de varios rostros de militares señalados por esos casos. Un mural que fue objeto de toda una cruzada del Ejército Nacional por censurarlo. Cruzada que fracasó, pues el mural terminó haciéndose viral.

Lea: Falsos positivos: la cruzada del Ejército contra la campaña ¿Quién dio la orden?

Eso le ha costado amenazas, perfilamientos, hostigamientos e intimidaciones. Por más que ese tipo de hechos en Colombia ha perseguido siempre a los abogados defensores de derechos humanos, nada fue tan duro para esta abogada cundiboyacense como las semanas en que investigaba el caso de los niños y niñas de Tame – en el que asesinaron a la jueza que lo llevaba – y acompañaba a víctimas de “falsos positivos”: todos los días entraban a su celular llamadas intimidantes en las que llegaron hasta a detallarle la forma en que la agredirían sexualmente.

Su fortaleza radica quizá en que ha estado rodeada del movimiento social y de derechos humanos en Colombia. Olga Silva ha sido vocera de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), una amplia plataforma de derechos humanos que nació en la década de los noventa para aumentar la incidencia en esa materia fuera del país y que hoy agrupa a alrededor de 280 organizaciones en todo el territorio nacional. La rigurosa documentación que ha llevado esa plataforma de violaciones a derechos humanos y en particular de “falsos positivos” fue clave para que la JEP llegara a la cifra de 6.402 víctimas de esa práctica atroz, pues su base de datos fue una de las tres en las que se basó esa jurisdicción, junto con la de la Fiscalía y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

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Además, esa plataforma fue una de las que durante el Gobierno de Iván Duque entregaron anualmente un balance de la situación de derechos humanos e implementación del Acuerdo de Paz. “Lecciones del aprendiz: autoritarismo y desigualdad”, fue el título del informe que lanzaron en 2021 y del que Olga Silva fue vocera.

No es la única que viene del seno del movimiento de derechos humanos que el Gobierno Petro ingresa a sus filas. Franklin Castañeda, también miembro de la CCEEU y quien venía del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, es ahora el director de Derechos Humanos en el Ministerio del Interior; y Diana Sánchez, de la Asociación Minga, fue nombrada directora de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa.

Su nombre ha estado detrás de la defensa de las víctimas en algunos de los casos más emblemáticos del conflicto armado colombiano. En octubre de 2010, al país lo sacudió la denuncia de que un subteniente del Ejército había abusado sexualmente de dos menores de 13 y 14 años y luego asesinado a una de ellas junto con sus dos hermanos de 6 y 9 años, en Tame (Arauca). Un caso que llamó aún más la atención de la opinión pública cuando al año siguiente la jueza que investigaba el caso fue asesinada a tiros en Saravena. El subteniente involucrado fue condenado a 60 años de prisión en primera instancia, condena que confirmó un tribunal y luego la propia Corte Suprema de Justicia. Detrás del proceso, que impidió que el caso quedara en la impunidad, estuvo una abogada consagrada a la defensa de los derechos humanos: Olga Lilia Silva.

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Aunque ha llevado casos que han sido mediáticos, pudo haber pasado desapercibido el hecho de que su nombre apareciera en el listado oficial de integrantes del equipo negociador del Gobierno Nacional con el Eln. Equipo que encabeza Otty Patiño y que también integran, por ejemplo, los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro. A su lado estará ahora esta defensora de derechos humanos, que conoce desde sus entrañas las afectaciones que han padecido las víctimas del conflicto armado.

Quizá su nombre no ha figurado en titulares de prensa, porque siempre ha preferido que aparezcan las organizaciones sociales y jurídicas a las que ha pertenecido. Empezó hace más de 20 años en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), fundó luego la Corporación Jurídica Yira Castro hasta que en 2006 aterrizó en la organización a la que ha pertenecido y de la cual hoy es directora: Humanidad Vigente.

Desde esa organización ha asumido la defensa de decenas de víctimas de violaciones a los derechos humanos, particularmente de casos en que las víctimas han sido niños y niñas, y en casos de “falsos positivos”. De hecho, fue representante de víctimas en el caso que derivó en el primer fallo internacional sobre “falsos positivos” en el país: el de Villamizar Durán y otros vs. Colombia, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por las ejecuciones extrajudiciales de seis jóvenes presentados falsamente por el Ejército como “muertos en combate”.

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Los casos de “falsos positivos”, o muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, han sido una constante en los casos que ha llevado y de hecho desde Humanidad Vigente hizo parte de la Campaña por la Verdad, en la que más de 10 organizaciones sociales pusieron en la palestra a los máximos responsables de esas ejecuciones extrajudiciales. El país conocería esa campaña porque fue de donde salió el reconocido mural con la pregunta “¿Quién dio la orden?”, acompañada de varios rostros de militares señalados por esos casos. Un mural que fue objeto de toda una cruzada del Ejército Nacional por censurarlo. Cruzada que fracasó, pues el mural terminó haciéndose viral.

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Eso le ha costado amenazas, perfilamientos, hostigamientos e intimidaciones. Por más que ese tipo de hechos en Colombia ha perseguido siempre a los abogados defensores de derechos humanos, nada fue tan duro para esta abogada cundiboyacense como las semanas en que investigaba el caso de los niños y niñas de Tame – en el que asesinaron a la jueza que lo llevaba – y acompañaba a víctimas de “falsos positivos”: todos los días entraban a su celular llamadas intimidantes en las que llegaron hasta a detallarle la forma en que la agredirían sexualmente.

Su fortaleza radica quizá en que ha estado rodeada del movimiento social y de derechos humanos en Colombia. Olga Silva ha sido vocera de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), una amplia plataforma de derechos humanos que nació en la década de los noventa para aumentar la incidencia en esa materia fuera del país y que hoy agrupa a alrededor de 280 organizaciones en todo el territorio nacional. La rigurosa documentación que ha llevado esa plataforma de violaciones a derechos humanos y en particular de “falsos positivos” fue clave para que la JEP llegara a la cifra de 6.402 víctimas de esa práctica atroz, pues su base de datos fue una de las tres en las que se basó esa jurisdicción, junto con la de la Fiscalía y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

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Además, esa plataforma fue una de las que durante el Gobierno de Iván Duque entregaron anualmente un balance de la situación de derechos humanos e implementación del Acuerdo de Paz. “Lecciones del aprendiz: autoritarismo y desigualdad”, fue el título del informe que lanzaron en 2021 y del que Olga Silva fue vocera.

No es la única que viene del seno del movimiento de derechos humanos que el Gobierno Petro ingresa a sus filas. Franklin Castañeda, también miembro de la CCEEU y quien venía del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, es ahora el director de Derechos Humanos en el Ministerio del Interior; y Diana Sánchez, de la Asociación Minga, fue nombrada directora de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa.