“Colombia camino a ser un narcoestado. Mientras haya coca habrá terrorismo, que se alimenta del narcotráfico al que hoy le abren las puertas”, trinó la senadora María Fernanda Cabal luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara desde el Catatumbo que se les permitiría a los campesinos continuar con los cultivos de coca mientras los proyectos productivos para sustituirla salen adelante.
“Después del discurso de Gustavo Petro en el Catatumbo, la droga quedó legalizada, de facto, hoy en Colombia”, trinó, por su parte, el abogado Fabio Humar. Y un joven activista del Movimiento de Salvación Nacional publicó: “Gustavo Petro quiere reemplazar la palma de cera por la planta de coca y declararla árbol nacional de Colombia”.
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En los últimos tres días, no han parado las reacciones y desinformaciones sobre el anuncio del presidente Petro en la primera asamblea de cultivadores de coca que se hizo en El Tarra, Norte de Santander. Sus palabras textuales fueron: “Les diré a los funcionarios que ideemos el programa para que un campesino pueda cultivar aún hoja de coca mientras va plantando el cultivo sustituto, hasta probar que el cultivo sustituto funciona. Y si funciona, ya no hay necesidad de lo otro”.
La primera precisión que hace Juan Carlos Quintero, líder campesino del Catatumbo y uno de los voceros de esa asamblea cocalera donde se dio el anuncio, es que esa no es una propuesta que Petro se esté inventando. “Es la aceptación de una propuesta que viene haciendo el movimiento campesino cocalero desde los años noventa”, resume.
Un mensaje que reconstruye la confianza con los campesinos
Estefanía Ciro, doctora en sociología e investigadora del Centro de Pensamiento A la Orilla del Río, celebró esa aceptación del presidente, pues aseguró que es un mensaje necesario en medio del ambiente de desconfianza que quedó tras los incumplimientos al Programa Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) del gobierno pasado. “Por el incumplimiento, la gente casi que no quiere saber de sustitución en las veredas. Este es un mensaje que estaba esperando el campesinado cocalero colombiano desde la posesión de Petro para saber hacia dónde va a darse el rumbo de la implementación del Acuerdo de paz en especial con el tema del PNIS. Es un momento de volver a la naturaleza central de los acuerdos que era la transformación rural y eso se da con gradualidad”, señaló Ciro.
El PNIS que hoy es el centro de la discusión fue el programa que se estableció en el cuarto punto del Acuerdo de Paz firmado con las Farc, en noviembre de 2016, para tratar el tema de los cultivos de coca. Las familias que se inscribían asumían el compromiso de arrancar toda la coca que tuvieran para empezar a recibir pagos de un millón de pesos mensuales durante un año, asistencia técnica, proyectos de autosostenimiento y proyectos productivos. A hoy, son 99.000 familias en 14 departamentos las que están en el programa, pero solo al 2% de ellas les llegaron los proyectos productivos, pese a que todas habían arrancado sus matas de coca. Por eso, los campesinos dejaron de creer en el programa.
A eso se suman denuncias de nuevos requisitos para que les entreguen los apoyos prometidos y la persistencia de la erradicación forzada, pese a que el Acuerdo insistía en que debía dársele prioridad a la sustitución voluntaria.
Por otra parte, este anuncio significa el reconocimiento del trabajo de las organizaciones campesinas en los territorios. Así lo sostiene la socióloga e investigadora en temas de drogas Aura María Puyana: “El presidente está reconociendo el carácter económico y social de esa masa de cultivadores que los gobiernos anteriores, pegados al prohibicionismo y la guerra contra las drogas, calificaban como ilegal”, dice.
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En eso coincide Ana María Rueda, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), quien respalda en principio el anuncio porque “es necesario establecer relaciones de confianza con los campesinos después de todo lo que ha pasado con el PNIS; tiene sentido y coherencia para este Gobierno pensar en esa posibilidad.”
Por esa misma vía, María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed), plantea que incorporar la gradualidad en la sustitución “implica un nuevo enfoque en la política de drogas, donde se cambia la forma de interactuar con el Estado: porque si no, un plan de sustitución como antes, condicionado a la erradicación total, es igual a la prohibición. Con la gradualidad se da espacio a que el Estado cumpla progresivamente con los compromisos de transformación territorial”.
Para Vélez, además, este principio de la gradualidad avanza también en otra de las deudas de la política de drogas actual: la despenalización de los cultivadores de coca. “Para eso es clave articular esta propuesta con el proyecto de ley del partido Comunes sobre el tratamiento penal diferenciado para cultivadores, para que tenga una base jurídica sólida”.
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Sin embargo, Puyana y Ciro añaden que esa gradualidad debe estar sostenida por una institucionalidad cohesionada y por la participación activa de los órganos sociales territoriales. “Es necesario que la estructura institucional sea acorde a la nueva perspectiva de drogas. Eso aún no existe. Hemos escuchado al embajador Luis Gilberto Murillo hablar de ‘erradicación para la paz’ y a funcionarios hablar de ‘erradicación razonable a quienes no se quieran acoger a la sustitución voluntaria’. El Gobierno debe unificar su discurso y diseñar institucionalmente las entidades que van a hacer la gradualidad en Catatumbo”, aseguró Puyana.
Para Ciro, toda la estrategia desde el diseño hasta la ejecución debe hacerse “con las juntas de acción comunal, consejos comunitarios, cabildos indígenas y las figuras que tienen potestad en las regiones, porque son ellos y no las ONG, ni los funcionarios públicos, ni los operadores los que conocen el territorio”.
Las preocupaciones en lo práctico
“Si el campesino tiene coca, ¿a quién se la va a vender? Este no es un mercado libre, esos territorios están controlados por organizaciones armadas. Y cuando lleguen los compradores de pasta base, ¿la gradualidad significa que pueden entrar al territorio para comprar y salir? ¿Y quién va a definir cuándo el producto sustituto ya es viable? “, esas son algunas de las dudas prácticas que manifiesta Eduardo Díaz Uribe, quien ayudó a idear el PNIS y fue el primer director de Sustitución de Cultivos Ilícitos, durante el Gobierno Santos.
Para Díaz Uribe, hay muchas dificultades prácticas y dudas que resolver antes de desarrollar esa propuesta. “Hacen falta muchas precisiones”, dice, aunque no es un opositor de la propuesta. Sobre esto, Ana María Rueda advierte los riesgos que la iniciativa podría tener y los asuntos que deben tratarse cuando se aterrice mucho más cómo funcionaría esa gradualidad. “Sí tendría que ser un ejercicio controlado para que no se desborde y otra vez terminemos con incentivos perversos como fue el Pnis, que dijeron “el que cultive entra al Pnis”; y aquí es más o menos lo mismo: los van a dejar cultivar coca y les van a dar beneficios por tener coca, creo que es un escenario riesgoso”.
“Sí tendría que ser un ejercicio controlado para que no se desborde y otra vez terminemos con incentivos perversos como fue el PNIS, que dijeron “el que cultive entra al PNIS””
Ese control, para la investigadora, debe ir atado a un registro: “Él no dijo a quién se refería, por ejemplo, la gente que está inscrita al Pnis, que tenga ya un acuerdo con el Gobierno, donde el Gobierno sabe que tiene coca, sabe cuánta tiene y hasta cuándo puede ir esa coca”. Y añadió: “Pero lanzar este mensaje como para todo el país sí me parece que se puede desbordar”. Adicionalmente, plantea que ese control es un desafío para un Estado que históricamente no ha tenido esa capacidad en las regiones cocaleras. “No hemos podido tener presencia estatal a través de los programas que hemos implementado y por esa razón los programas de desarrollo alternativo no funcionan”.
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Sobre esa preocupación, por ejemplo, Juan Carlos Quintero es enfático: “Estamos planteando que no se puede entender que la gradualidad es una licencia para que se produzca coca”. Por eso, dice que el movimiento cocalero está proponiendo que “debe concretarse – cosa que no se ha hecho – en la nueva política de drogas una especie de pacto social que permita un control comunitario de no expansión de los cultivos de coca. Es decir, el Estado propondría la gradualidad para la disminución del cultivo y el movimiento social cocalero tendría que comprometerse en un ejercicio de control social que no permita la expansión de los cultivos más allá de lo que hay”.
Actualmente, Colombia registra 200.000 hectáreas sembradas con coca en el territorio nacional, luego de que entre 2020 y 2021 se produjera un incremento del 43% en esas plantaciones. El Catatumbo, la región donde se hizo esta asamblea cocalera, es la segunda región del país con más coca (después del Pacífico) y Tibú, uno de sus municipios, es la localidad con mayor número de estos cultivos, con más de 20.000 hectáreas sembradas.
Eso, explica el líder campesino, debe ir conectado directamente con la política de paz total, “para comprometer a los grupos armados que están en la paz total a que tienen que respetar este principio de la gradualidad y a los comités de control social”.
Más que sustituir las matas, transitar a otra economía
Durante el Encuentro Cocalero del Catatumbo, uno de los mayores reclamos de los campesinos fue que la economía de la coca había logrado tanta fuerza ante la no presencia integral del Estado y les había permitido acceder a derechos básicos que este último no les garantiza. Por eso, una de las principales peticiones fue que, tal y como lo señala el Acuerdo, la sustitución esté acompañada de desarrollo rural. En eso coinciden todas las voces: no se trata de cambiar unas matas por otras, debe haber una transición económica.
“Para alcanzar la transformación de los territorios que prometía el acuerdo, la gradualidad en la sustitución es un punto, pero también detener las violencias sobre los campesinos, cambiar los modelos de acumulación regionales e implementar la Reforma Rural Integral. La sustitución no se puede continuar como la hicieron Santos y Duque porque así solo generó más coca y hambre y violencia sobre los campesinos ́”, aseguró Ciro.
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En ese mismo sentido Puyana y Díaz Uribe llaman la atención sobre los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), creados por el Acuerdo para garantizar servicios básicos en las áreas rurales, y apuntan hacia la necesidad de avanzar en la regulación de las drogas en Colombia. “La posibilidad de contener las siembras e irlas disminuyendo gradualmente es una opción que no puede ir desligada del desarrollo territorial y de la regulación completa de los circuitos de la coca-cocaína que es lo único que le quita poder a las mafias definitivamente”, señala Puyana.
Díaz lo señala con un ejemplo claro. “Hasta el párroco de una región afectada por la coca, si quiere cambiar el cristo, depende de las donaciones que le hagan con recursos de esa economía. Y ahí están el comerciante y el transportador y todos. Es cambiar una economía por otra e involucrar en una nueva dinámica al territorio”, señala. Por eso, aunque sabe que al programa se le deben hacer revisiones y ajustes, insiste en que deben precisarse en la práctica y continuar con las demás estrategias planteadas por el Acuerdo de paz. “Debe haber todo un esfuerzo: perseguir a redes de narcotráfico, laboratorios e insumos; acompañar a los campesinos; hacer la reforma agraria para que los proyectos productivos se hagan en sus propias tierras y no en tierras de otros”, añade.