Tal como lo había anticipado Colombia+20 el pasado 19 de enero, el Gobierno de Gustavo Petro y las disidencias conocidas como Estado Mayor Central de las Farc Ep (EMC) firmaron un protocolo de cese al fuego bilateral que contiene las reglas que regirán a las partes mientras dure esa suspensión de acciones ofensivas que empezaron el 1 de enero e irían hasta el 30 de junio de este año.
El documento de 9 páginas tuvo pequeñas modificaciones con respecto al que Colombia+20 publicó en primicia. El más llamativo fue la denominación del grupo. En el borrador inicial se les llamaba “las Farc Ep aún en armas”. En el documento definitivo se les denomina Estado Mayor Central de las Farc Ep, que es el grupo más grande conformado por disidentes de las antiguas Farc. Se cree que tiene cerca de 3.200 personas en armas y un número no determinado de milicianos, distribuidos en 23 frentes y cinco grandes estructuras o bloques. Nació cuando Gentil Duarte e Iván Mordisco decidieron no firmar el Acuerdo Final y siguieron en la guerra.
De este grupo no son parte las disidencias comandadas por Iván Márquez, que se denominan Segunda Marquetalia.
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El texto -que aparece firmado por el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y Andrey Avendaño, por las Farc Ep- define el cese al fuego bilateral como la suspensión de acciones ofensivas entre las partes por un tiempo determinado. Y crea un Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) que emitirá conceptos técnicos y elaborará recomendaciones para prevenir y atender posibles incidentes o incumplimientos.
El anuncio estará a cargo del Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ya que estos dos despachos han estado trabando arduamente desde septiembre del año pasado en la concreción de este protocolo que hace posible el cese al fuego decretado por el presidente Gustavo Petro el 31 de diciembre con otros tres grupos.
Comandantes de la disidencia de Farc Ep se encontrarán en cumbre
A partir de este momento, se activa otro protocolo de tres páginas que permite la movilización de 20 comandantes de esa disidencia hacia un punto determinado del país con el fin de realizar una cumbre de la dirigencia de ese grupo armado entre el 14 y el 24 de febrero. Cinco de esas personas saldrán en libertad provisional de las cárceles de Jamundí, Popayán, Villavicencio y La Picota, en Bogotá, entre otras.
La movilización de estas personas está a cargo del Comité Internacional de la Cruz Roja y contará con el apoyo de la Misión de Verificación de la ONU, la Mapp OEA y la embajada de Noruega en Colombia.
Ese encuentro, acordado desde la primera reunión realizada a finales de agosto del año pasado, permitirá que este grupo armado designe sus voceros ante la mesa de negociación con el Gobierno y discuta su propuesta de agenda que presentarán en la mesa.
A esa cumbre de mandos del EMC asistirán, entre otros, Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como Iván Losada o Iván Mordisco; Javier Alfonso Velosa García, conocido como Jhon Mechas; Omar Pardo Galeano, conocido como Antonio Medina; y Alexánder Díaz Mendoza, conocido como Calarcá. Al finalizar el encuentro, estas personas volverán a los lugares de donde fueron movilizados. Las personas privadas de la libertad volverán a los sitios de reclusión. A todos los participantes se les suspenderán las órdenes de captura mientras se realiza la reunión.
Se espera que al final de ese encuentro de comandantes y ya dados a conocer los nombres de los delegados guerrilleros para la mesa de negociación, el Alto Comisionado para la Paz y la dirigencia del EMC anuncien la instalación de esa mesa, lugar de sesiones y unas reglas mínimas para su funcionamiento.
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Este operativo y el protocolo de cese al fuego fueron conocidos y coordinados por el alto mando militar, específicamente por el Comando Conjunto Estratégico de Transición, al mando del general Gerardo Benavides.
Los otros temas que se acordaron
Dentro de lo acordado también están los siguientes puntos: “Cualquier grupo armado diferente al Estado Mayor Central de las Farc Ep que incursione con intenciones hostiles en el área de los frentes previamente georreferenciados, estará sujeto a la acción legítima del Estado para el uso y aplicación de la fuerza. Las autoridades militares y policiales continuarán sus operaciones ofensivas frente a aquellos grupos con los que no hay cese al fuego”, dice el documento.
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En las zonas donde hacen presencia las estructuras de esa guerrilla el Estado podrá adelantar procedimientos judiciales y policiales, pero deben ser comunicados al mecanismo de monitoreo, veeduría y verificación y a la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, UNIPEP. Las autoridades civiles y las Juntas de Acción Comunal tienen plena autonomía y su labor no será obstaculizada.
También se acordó que las partes respetarán la misión médica, la atención de emergencias, la prestación de los servicios médicos y la vida e integridad de los pobladores que habiten las zonas donde estén las estructuras guerrilleras.
No podrán atentar contra la población civil, impedir el transporte de víveres ni obstaculizar la labor del mecanismo y están obligados a presentar la información para que este cumpla su labor. Los integrantes de la guerrilla no pondrán estar armados en los centros poblados ni interferir en procesos electorales. Tampoco podrán transitar por vías primarias.
Las guardias indígenas, campesinas y cimarronas que estén en los territorios podrán entregar información para prevenir e informar al mecanismo.
Las partes acordaron que ni el Gobierno ni la guerrilla pueden terminar el cese al fuego sin haber discutido el evento causante del rompimiento con su contraparte.
Así funcionará el Mecanismo de Veeduría Monitoreo y Verificación
Con este protocolo firmado, las partes deben crear el Mecanismo de Veeduría Monitoreo y Verificación (MVMV), que tendrá dos niveles (uno local y otro nacional), y que estará conformado por representantes del Gobierno Nacional, de la Fuerza Pública, de la guerrilla, de la sociedad civil y de la Iglesia católica. También estarán autoridades que se dedican a la defensa de los derechos humanos (Defensoría y Personería) y un componente internacional del que forma parte, por ahora, la Mapp-OEA.
Aun no se formaliza la participación en ese mecanismo de la Misión de Verificación de la ONU, ya que con este protocolo, se debe hacer el pedido formal al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que autorice y amplíe su mandato para ejercer estas tareas de verificación de este cese al fuego.
Para garantizar el cumplimiento y verificación del cese al fuego, el EMC de las Farc Ep deben entregarle la ubicación de sus tropas a las fuerzas militares para que se realice la georreferenciación. De esta manera, se podrá hacer la separación de fuerzas que genere las condiciones para evitar choques armados.
El equipo nacional del MVMV sesionará en Bogotá, pero los grupos locales se desplegarán en cada uno de los lugares donde hacen presencia las estructuras de esta guerrilla. Se espera que sean entre 20 y 24 equipos.
Los integrantes de este mecanismo no pueden usar armas de ningún tipo, y el Gobierno se comprometió a levantar las órdenes de captura a los guerrilleros que sean parte del mismo.
Las funciones que le asignaron al mecanismo son varias: monitorear el cumplimiento del acuerdo, emitir conceptos técnicos sobre los incidentes que ocurran, hacer recomendaciones y analizar de manera imparcial los posibles incumplimientos. Además, deberán presentar informes cada dos meses.
Este anuncio se da cinco meses después de la primera reunión entre el gobierno de Gustavo Petro y este grupo armado en los llanos del Yarí. Tras el sorpresivo encuentro (4 de septiembre) se conoció una fotografía donde aparecen el alto comisionado, Danilo Rueda y cuatro integrantes del Estado Mayor Central, además del jefe adjunto de la Misión de Verificación de la ONU, Raúl Rosende, y el delegado de la embajada de Noruega, Dag Nagoda.
Estos representantes de la comunidad internacional seguirán acompañando la mesa de negociación que se instale después de este diálogo exploratorio.
En esa reunión se discutió una posible agenda que incluiría la protección de los parques naturales donde han hecho presencia histórica las Farc: Picachos, La Macarena, Sumapaz y Tinigüa y la solución definitiva a la sustitución de cultivos de uso ilícito.
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El comunicado conjunto que emitieron las partes marcó una ruta que se ha seguido al pie de la letra y que preveía la discusión de un cese al fuego bilateral y la necesidad de acordar un protocolo que garantice una cumbre de mandos de esta estructura con miras a ser consultados sobre este proceso.
Una semana después Iván Mordisco apareció en un video en el que anunció el cese de ataques del EMC contra la Fuerza Pública, planteó la creación de un plan piloto en la frontera cocalera y propuso que pequeños agricultores de marihuana sean los beneficiarios en un posible plan de legalización de la marihuana con fines medicinal, industrial y de uso recreativo.
Con ese video se confirmó que Mordisco estaba vivo y no había muerto en combates, tal como lo había anunciado el gobierno de Iván Duque, en julio de 2022.