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El presidente Gustavo Petro y las delegaciones en los nueve tableros de negociación y diálogo con miras al sometimiento que tiene abiertos el Gobierno con los grupos armados han insistido que el 2025 debe ser el año para implementar todos los planes de la paz total. Con avances sustanciales o proyectos que aún no logran aterrizar en las comunidades, se necesitará un acelerador a fondo para lograr la ambiciosa apuesta con la que el mandatario llegó a la Casa de Nariño.
El proceso con el ELN, por ejemplo, sigue empantanado y solo hasta enero tendrá una primera discusión sobre la continuidad del diálogo y las condiciones para ello. Otras mesas de diálogo, si bien han avanzado, no han cumplido a cabalidad con los compromisos.
En el proceso de diálogo con el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), el ala que se separó de Iván Mordisco y está bajo el mando de Calarcá Córdoba, se espera que el plan para el 2025 sea trabajar en la implementación de lo que se ha acordado y darle continuidad al cese al fuego. Sin embargo, la lentitud de la ejecución pondría en riesgo lo que han alcanzado hasta el momento.
Uno de los principales retos que tendrá el Gobierno el próximo año será instalar las mesas con los herederos del paramilitarismo: Clan del Golfo y Autodefensas Unidas de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como instalar un marco jurídico para el sometimiento, que sirva también en los tres laboratorios de paz urbana con las bandas criminales de Medellín, Buenaventura y Quibdó.
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El Gobierno también tendrá que ver con lupa las divisiones internas en los grupos armados. Aunque algunos analistas apuntan a que sería una estrategia del Gobierno, esas fracciones promueven la aparición de nuevas estructuras ilegales mientras el tiempo corre en contra para la paz total.
Y, no menos importante, está el tema de la implementación del Acuerdo de Paz. Petro se comprometió a acelerarlo e incluso fue a la ONU a reiterar su compromiso, pero su ejecución sigue lenta.
Esto fue lo que pasó en 2024 y lo que viene para 2025.
El incierto proceso de paz con el ELN
¿Qué pasó durante el 2024?
Este año empezó con una gran expectativa en uno de los tableros estrella del proyecto de paz total del gobierno Petro, pues los diálogos con el ELN habían alcanzado importantes acuerdos que daban luz verde a la continuidad de este proceso. En febrero, ambas partes acordaron la extensión del cese al fuego bilateral por seis meses y dejaron en firme el compromiso de la suspensión del secuestro extorsivo. Sin embargo, a los pocos días del cierre del sexto ciclo de diálogos, el ELN congeló el proceso tras conocerse que el Gobierno adelantaba unos diálogos paralelos con el frente Comuneros del Sur, fracción que opera en Nariño y se separó de esa guerrilla.
El punto más álgido en esta discusión llegó el 12 de marzo, cuando el comisionado de paz, Otty Patiño, confirmó la adhesión del frente Comuneros del Sur al espacio de negociaciones que se adelantaba en Nariño. El ELN suspendió el séptimo ciclo de negociación que estaba previsto para iniciar el 12 de abril. Desde ese momento, los diálogos quedaron congelados. El 25 de mayo, el Gobierno y esa guerrilla firmaron el primer punto de la agenda de negociación de paz, que consiste en un acuerdo de participación de la sociedad civil en ese proceso de paz. Sin embargo, el ELN aseguró que el proceso seguía congelado. El 3 de agosto no se renovó la vigencia del cese al fuego, en parte también por la petición que hizo el ELN para que su nombre fuera retirado del listado de grupos armados organizados. El punto más crítico del proceso fue el 17 de septiembre, cuando el ELN atacó con explosivos a una unidad militar en Puerto Jordán, Arauca, donde murieron tres uniformados. El Gobierno suspendió el proceso. El año acabó con dos reuniones entre las delegaciones, en las que se intentó descongelar la mesa y, aunque se hicieron algunos anuncios, ninguno logró sacar el proceso de su estancamiento.
¿Qué se viene para el 2025?
Como uno de los acuerdos que se hicieron en las reuniones de Cuba a finales de 2024, las partes se comprometieron a reunirse en enero de 2025 para dar nuevos alcances a los diálogos y evaluar temas importantes, como la reanudación del cese al fuego y la terminación del conflicto. Además, el ELN propuso un nuevo modelo de negociación para destrabar la mesa a través de un mecanismo de monitoreo y verificación del cumplimiento de los acuerdos, así como una cláusula sobre incumplimientos.
El 2025 será un año clave para que el Gobierno logre sacar adelante este proceso de negociación, aunque esa guerrilla desestimó que la firma del acuerdo se pudiera dar en los 20 meses que le quedan a Petro en la presidencia.
El diálogo regional con Comuneros del Sur
¿Qué pasó durante el 2024?
La apertura de un proceso independiente con Comuneros del Sur fue quizás el cierre a años de discordia entre ese bloque y el Comando Central (Coce) de la guerrilla del ELN.
Los acercamientos en Nariño avanzaron bajo el liderazgo, por parte del Gobierno, de Carlos Erazo, viejo mando militar de la extinta guerrilla del M-19, quien se habría reunido con Comuneros del Sur en las montañas de Samaniego, Nariño. Y por parte del ELN, bajo el mando de Gabriel Yepes Mejía (más conocido como HH). En marzo de este año, Otty Patiño confirmó la adhesión de este grupo como independiente al proyecto de paz total.
Desde entonces, Comuneros del Sur ha trazado su camino en un espacio de Coconstrucción de Paz Territorial en Nariño, tras la firma de los primeros acuerdos con el Gobierno en julio de este año.
Este tablero de paz —particular por ser quizás el que menos hombres alzados en armas reúne— se focalizó en trabajar durante el año sobre tres ejes: el desescalamiento de la violencia, la implementación de las transformaciones regionales y la transición de los integrantes del grupo armado a la vida civil.
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Y aunque uno de los grandes acuerdos que se pactó para el proceso de paz fue la destrucción de armas de guerra antes de diciembre —plazo que no se cumplió—, hace algunos días, las delegaciones anunciaron desde Nariño que ya se estaba trabajando en el plan para adelantar ese compromiso en los primeros meses del 2025.
Durante este año, Comuneros también se comprometió a suspender secuestros, reclutamiento de menores de edad y uso de minas antipersonales.
Antes de acabar el año, el Gobierno nacional también anunció que habrá un cese al fuego bilateral de seis meses, que entrará en vigor con el proceso de concentración de combatientes en dos municipios.
¿Qué se espera para el 2025?
El próximo año será la oportunidad del Gobierno para implementar los acuerdos hechos con Comuneros del Sur. Este tablero podría ser la excusa que necesita el Ejecutivo para argumentar que la paz total no ha sido un fracaso y que bajo la gestión de Otty Patiño se pudo llegar a buen puerto con un espacio de negociación. Sin embargo, la oficina del comisionado tendrá el reto de sacar adelante el proceso de concentración de combatientes de Comuneros en las Zonas de Ubicación Temporal.
Uno de los grandes interrogantes que deberá quedar claro el próximo año es la supuesta relación entre Comuneros del Sur y las Autodefensas Unidas de Nariño, pues hay temores en la población sobre la posibilidad de que los desmovilizados de la fracción disidente del ELN se unan al bloque paramilitar tras una eventual firma de paz con el Gobierno.
Mesas inciertas con herederos del paramilitarismo
¿Qué pasó durante el 2024?
En agosto pasado, el presidente Petro decidió incluir en su proyecto de paz total a dos grupos herederos del paramilitarismo: el Clan del Golfo —autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)— y las Autodefensas Unidas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sin embargo, las dudas comenzaron desde el planteamiento de la mesa, pues estos espacios carecen de un marco jurídico con el que se pueda trazar una línea clara para avanzar en los diálogos. En la agenda de este 2024, el Gobierno alcanzó hacer el nombramiento de los gestores de paz y a levantar las órdenes de captura de algunos miembros de los grupos armados para que sirvieran en las delegaciones de los diálogos.
¿Qué se espera para el 2025?
Uno de los primeros pasos que debe dar el Gobierno si quiere avanzar en estos dos tableros es instalar formalmente la mesa de negociación. La delegación de Gobierno, en cabeza de Álvaro Jiménez y María Gaitán, han hecho varias reuniones con distintas comunidades en diversos puntos del país para intentar llevar propuestas concretas.
Otro de los temas es que hay fuerte rumores de divisiones entre los cabecillas del EGC, lo que dificultaría esa negociación.
El último punto es que, al igual que el de las bandas urbanas, este proceso necesita un marco jurídico. Un proyecto de ley presentado por el senador Antonio Correa podría ser el instrumento que destrabe ese tema.
La negociación con el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF)
¿Qué pasó durante el 2024?
La gran crisis en esa mesa, que antes era con la totalidad del Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las FARC al mando de Iván Mordisco, se dio el 7 de marzo, tras un atentado de esa guerrilla contra una comunidad indígena en Toribio, Cauca, donde murió la mayora Carmelina Yule Paví. En ese momento, el presidente Gustavo Petro decretó la suspensión del cese al fuego en tres departamentos (Nariño, Cauca y Valle del Cauca). La respuesta del grupo sobre ese hecho fue gestar la división interna en la disidencia, pues parte del grupo quería seguir en la mesa a pesar de esa suspensión y otra parte, la de Mordisco, pedía levantarse del proceso.
La fractura llevó a que un grupo, el que ahora comanda Calarcá Córdoba, decidiera continuar con el proceso y el otro se apartara. El 16 de abril, Iván Mordisco fue oficialmente expulsado de la mesa de diálogos y el Ejecutivo siguió el proceso con los hombres de Calarcá, quienes se autodenominaron Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF).
El quinto ciclo de conversación con este grupo se hizo en julio, pero en ese momento el Gobierno ya solo estaba dialogando con menos de la mitad de la estructura.
Las delegaciones se volvieron a reunir en Bogotá, a mediados de octubre, y acordaron la extensión por seis meses del cese al fuego y varios proyectos de transformación territorial.
¿Qué se viene en 2025?
El próximo año será un período de ejecución a los acuerdos hechos durante las primeras etapas de las negociaciones.
En el caso del EMBF, se deberán poner en marcha procesos de transformación territorial en las dos zonas que se identificaron para priorizar en el sexto ciclo.
La primera está conformada por Catatumbo, el norte, nordeste y Bajo Cauca antioqueño, y el sur de Bolívar. La segunda incluye regiones como San Vicente del Caguán (con eje en las sabanas del Yarí y otras áreas del Caquetá), sur del Meta en los municipios de Vista Hermosa, Puerto Rico, áreas de San José del Guaviare y Putumayo.
La extensión del cese al fuego también será uno de los temas a tratar en la agenda del 2025, pues su vigencia acaba en marzo. Sin embargo, hay cierta incertidumbre sobre su extensión, pues fuentes cercanas al proceso han dicho que durante las últimas reuniones con ese grupo armado se ha criticado la lenta implementación de los acuerdos, factor que afectaría el cese al fuego, ya que su continuidad está condicionada al cumplimiento de lo pactado. Además, será necesario acordar una agenda que marque la ruta de negociación.
Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (separada de la Segunda Marquetalia)
¿Qué pasó durante el 2024?
Este año el Gobierno nacional se volvió a sentar en la mesa con la Segunda Marquetalia, disidencia de las FARC al mando de Iván Márquez. Este espacio de conversación fue cuestionado porque el Ejecutivo se sentaría con quienes ya habían tenido la oportunidad de dejar las armas.
La mesa fue instalada en junio, en Caracas, y el jefe de negociación del Gobierno fue Armando Novoa. Walter Mendoza estuvo al frente del grupo de voceros de la Segunda Marquetalia.
Uno de los primeros acuerdos fueron las medidas tempranas para desescalar el conflicto, pero también se estableció la creación de una subcomisión técnica para “georreferenciar los municipios, corregimientos y veredas” en donde esta disidencia está presente. Sin embargo, este tablero tuvo dos grandes obstáculos: la petición por parte de la organización guerrillera de levantar la orden de captura contra Iván Márquez y la decisión de la Corte Constitucional de que la Segunda Marquetalia no podía entrar al proceso como una organización de carácter político, sino que debía hacerlo bajo la modalidad de sometimiento, en vista del incumplimiento que dieron los armados al Acuerdo de Paz firmado en 2016.
El momento de mayor tensión en este tablero llegó cuando se confirmó la ruptura interna en la Segunda Marquetalia, en noviembre, cuando Iván Márquez aseguró en una carta que prohibía seguir usando el nombre de la guerrilla. Además, el máximo comandante desautorizó a Mendoza.
Tras el choque entre ambos cabecillas, Mendoza confirmó la creación de un grupo independiente llamado Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el cual estaría conformado por los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. Esta es la fracción de esa guerrilla que sigue en la mesa de paz.
¿Qué se viene para el 2025?
Según los últimos anuncios, en enero comenzará la ejecución de un plan piloto con el que se hará la sustitución de 3.000 hectáreas de coca en Nariño y Putumayo, como parte de la transición hacia las economías ilícitas.
El Gobierno también había asegurado hace unos días que estaba trabajando en un decreto para suspender las operaciones militares contra esa guerrilla, en respuesta al cese unilateral de la Coordinadora.
Las delegaciones también tendrán dos reuniones preparatorias en enero para darle continuidad al proceso y acordar la fecha del próximo ciclo de negociación.
Bandas urbanas, a la espera de marco jurídico
¿Qué pasó durante el 2024?
Los laboratorios de paz urbanos en Medellín, Buenaventura y Quibdó se han resistido a quebrarse. Por el contrario, han mostrado algunos avances que han mantenido a flote la voluntad de paz. Por un lado, en Medellín y el Valle de Aburrá, fueron las comunidades las que más avanzaron pues lograron un acuerdo para que la sociedad civil participe en el espacio sociojurídico. Antes de cerrar el año, las bandas criminales acordaron cesar las extorsiones hasta el 19 de enero en 25 barrios de Medellín y Bello. Además, se confirmó la llegada a la mesa de Douglas, cabecilla de la banda criminal La Oficina y de don Berna como gestor de paz. Por otro lado, las bandas de Quibdó (Locos Yam, RPS y Mexicanos) volvieron a sentarse en la mesa y retomaron el cese al fuego, pese a la avanzada del Clan del Golfo en sus territorios e incluso le hicieron un llamado a ese grupo armado y a otras bandas para sentarse en la mesa de paz. Con una delegación reducida, a la cabeza de David Racero, ese espacio de diálogo logró acercamientos con Los Zetas y Revolución Cabí, que también se sumaron a una tregua hasta el 31 de enero. En Buenaventura, las bandas criminales de ese espacio, Shottas y Espartanos, lograron extender el cese al fuego hasta febrero de 2025.
¿Qué se viene en 2025?
El principal reto del Gobierno será mostrar un marco jurídico para esos laboratorios de paz. En Medellín, los acuerdos tendrán que buscar extenderse, luego de que la mesa de paz pueda verificar que se cumplió con el cese de la extorsión, delito complejo de medir. En Quibdó, las delegaciones buscarán extender el cese al fuego y la tregua entre bandas, así como la entrada del Clan del Golfo al espacio de diálogo. En Buenaventura se buscará avanzar y concretar las transformaciones territoriales que se impulsan desde la mesa y la extensión del cese al fuego.
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