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Esta semana se radicó ante el Congreso un proyecto para extender el período de la Ley de Justicia y Paz, que permitió la desmovilización de paramilitares y cuya vigencia terminará en 2025. Pero el articulado, que anticipó El Espectador, tiene todo para convertirse en el marco jurídico que el Gobierno necesita con urgencia para el sometimiento a la justicia de bandas y estructuras criminales, aunque por la forma en la que está diseñado terminaría beneficiando mucho más al Clan del Golfo.
El mismo senador Antonio Correa, autor de la iniciativa, reconoció a Colombia+20 que sí podría ser más favorable para el Clan, el grupo criminal más poderoso del país. “Sí, podría usarse en ese marco de paz, de sometimiento para ese grupo armado, pero también depende de las autoridades competentes”, afirmó.
El Gobierno necesita un marco jurídico para sus procesos de paz urbana -con bandas criminales de Valle de Aburrá, Chocó y Buenaventura-, con el Clan del Golfo y con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Según conoció este diario, al Legislativo llegarán otros dos proyectos de ley sobre este tema -uno con gran apoyo del Gobierno-, que ha sido el principal obstáculo para que avancen algunos de los diálogos de la paz total.
Fuentes enteradas de la formulación del proyecto de ley explicaron a este diario algunos de los alcances y dudas que deja este articulado, que no es el primero de este ámbito que presenta el congresista del partido de la U. De hecho, el año pasado ya había presentado uno para ampliar por 10 años Justicia y Paz.
Los posibles admitidos según la iniciativa de Correa
El proyecto admitiría cuatro tipos de personas para ser juzgados e investigados. El primero es a terceros a quienes califica como “aquellas personas que no formaron parte de la organización o grupo armado, pero que contribuyeron de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto”.
En otras palabras, serían principalmente empresarios -que se presenten voluntariamente- y que reconozcan que permitieron la expansión de este tipo de estructuras armadas.
El segundo tipo de admitidos son los agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública. Aquí entrarían: jueces, políticos, notarios, alcaldes, gobernadores, entre otros, que estuvieron involucrados con grupos paramilitares.
Varias sentencias y casos demuestran el entramado paramilitar que supuso el despojo y desplazamiento de cientos de campesinos que primero eran intimidados por grupos como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y luego, en complicidad con notarios y jueces que titulaban las tierras, les arrebatan sus predios.
Uno de los casos más emblemáticos que fue calificado como “el más increíble fraude procesal encaminado a engañar a la administración de justicia” fue el de la Hacienda Las Pavas, cuyas tierras fueron entregadas este año por el Gobierno Petro tras dos décadas de reclamos por parte de los campesinos de Bolívar.
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Por ahora no hay mucho ambiente para que iniciativa, en la que según conoció este diario estuvieron participando activamente abogados de distintos grupos armados, consiga los apoyos necesarios en un Congreso con una abierta tensión con el presidente Petro.
Sobre este tema, el senador Correa afirmó que, en efecto, hubo dos reuniones con abogados -aunque no precisó de qué grupos-: una en la Comisión Segunda del Senado y otra en el Instituto de Paz de Estados Unidos.
“En ambos estuvieron abogados y fue una discusión muy abierta, muy transparente. Estuvieron delegados del Comisionado de Paz en esas reuniones. Lo que se hizo fue un estricto y consolidado consenso y una socialización de proyecto de ley en varias reuniones. Fueron reuniones para debatir ideas y tener discusiones sobre varios temas”, admitió el senador.
El tercer grupo que entraría serían personas que accedieron a los beneficios de la Ley 1424 de 2010, pero que “no han sido postuladas al proceso penal especial de Justicia y Paz”.
La Ley 1424 de 2010 es un “sistema mixto judicial y administrativo” de rendición de cuentas para los desmovilizados de las AUC, destinado a aquellos excombatientes que no cometieron crímenes graves en virtud de su pertenencia a la organización armada.
Fuentes cercanas al proyecto de ley del senador Correa explican que al menos en este punto sería difícil que entraran miembros de las bandas criminales a menos que prueben haber sido parte de grupos de autodefensas. Aunque es posible que haya varios casos, no serán todos los miembros de esas estructuras.
El cuarto tipo de admitidos serán personas investigadas o condenadas en el Código Penal “por delitos cometidos por su pertenencia a un grupo de autodefensa y/o organizado al margen de la ley, que no han sido postuladas al proceso penal especial de Justicia y Paz” pero, aquí viene la clave, “siempre y cuando hayan pertenecido al grupo armado ilegal durante el periodo de competencia de Justicia y Paz”.
En ese grupo podrían entrar Jobanis de Jesús Ávila, conocido como Chiquito Malo, y máximo jefe del Clan del Golfo. Según los registros de la rama judicial consultados por este diario, Ávila no tiene procesos en Justicia y Paz.
Ávila estuvo en el bloque Bananero de las AUC y, aunque sí se desmovilizó siguió delinquiendo. Desde 2018 aparece junto a Otoniel en una acusación (indictment) como responsable del envío de cocaína a Estados Unidos.
Chiquito Malo es, tras un decreto firmado por el Gobierno, uno de los negociadores del Clan del Golfo en el proceso de diálogo que se anunció el pasado 5 de agosto y que estaría próximo a abrirse. La Fiscalía aún no ha levantado sus órdenes de captura para que ejerza su rol como negociador. Uno de los obstáculos para ello es que está pedido en extradición.
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Otros delegados también podrían entrar como Luis Armando Pérez Castañeda, conocido como Bruno o Jerónimo, y y vocero político del Clan del Golfo. Según los registros de la rama judicial, Pérez está siendo procesado por concierto para delinquir, pero no en un tribunal de Justicia y Paz.
José Miguel Demoya Hernández, conocido como Chirimoya y también delegado, podría ser uno de los aspirantes. Actualmente tiene dos procesos judiciales, Ninguno en Justiciay Paz.
Demoya uno de los más poderosos jefes en el Clan del Golfo. Dentro de los señalamientos que le han hecho las autoridades, de los más recientes, está el de ser uno de los hombres del grupo armado que estuvo detrás los hechos violentos ocurridos en el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño a inicios de 2023. También, según reseñas de la Fuerza Pública, tendría a su mando varias tropas que hacen presencia en tres departamentos: Antioquia, Córdoba y Sucre.
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Para el abogado constitucionalista Kenneth Burbano, el proyecto podría estar “desvirtuando” el modelo de justicia transicional.
“Esto se debe a que están extendiendo temporalmente el funcionamiento de estos tribunales que, inicialmente, tenían una temporalidad establecida (…) Parecería que se está gestando algo que viene a ser un proceso de sometimiento sin las condiciones de acercamientos y negociación”, explica.
Todos los beneficios, y nada de verdad
El proyecto es escueto en el tema de las sanciones, pero deja claro que se tratará de justicia restaurativa -pero no retributiva- con las penas alternativas de privación de libertad establecidas en la ley 975 de 2005 que no pueden ser menores de 5 años ni mayores de 8 años. El artículo 6 del proyecto de Correo afirma: “Las penas impuestas a los beneficiarios de esta ley, deberán tener un enfoque restaurativo , en donde predomine la reparación, reintegración de los postulados y la reconstrucción del tejido social de las comunidades, el perdón y el desarrollo de las regiones donde se ocasionó el daño, con la presencia del Estado en las mismas”.
“Por eso se dice que no es retributiva porque nunca habla de qué es lo que deben entregar los postulados y/o admitidos e investigados a cambio de esa pena alternativa”, explica una fuente enterada del proyecto.
Esto quiere decir que, al menos en el proyecto, no hay una petición explícita a entrega de verdad hacia las víctimas.
Para el senador Correa, el proyecto quiere lo contrario: dar celeridad al proceso para que pueda indemnizarse a las víctimas. “Se necesita celeridad, especialmente para las víctimas que llevan esperando muchos años. El tema de verdad está contenido en la ley 975 de 2005. La discusión del proyecto de ley se debe dar en el Congreso, si nada cambia, lo que dice la ley 975 de contribución de verdad, se mantendría”, dice Correa.
¿Un procedimiento tipo fast track?
Lo otro que llama la atención, por no ser parte del procedimiento habitual que se lleva con Justicia y Paz, es que la evaluación de las solicitudes de quienes se postulen no lo hará la Fiscalía. Actualmente, bajo la Ley 975 de 2005, es ese ente acusador quien hace ese trabajo y, de hecho, existe una Unidad Nacional de Fiscalía para Justicia y Paz.
El proyecto ahora le da esa responsabilidad del primer filtro a la Oficina del consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño -quien dijo a este diario que no conocía del proyecto-. “Dichas personas deberán solicitar a la oficina del Comisionado de Paz o quien haga sus veces y se incluirán en el listado que será trasladado a la Dirección Nacional de Justicia Transicional de la Fiscalía para que esta dé inicio al procedimiento aquí establecido”, dice el proyecto.
“El Comisionado tiene toda la razón (en que no sabe del proyecto). Por ahora, este ha sido un proyecto del Congreso con amplia participación, pero sí la idea es que la oficina del Consejero tenga mayor responsabilidad. Con esto se quiete subsanar errores del pasado. El hecho de que sea la Oficina del señor Patiño el primer filtro es porque quién más que esa instancia puede conocer quiénes son combatientes, quiénes son máximos responsables. Esa tarea hoy, de parte del Ejecutivo en los procesos de paz, las tiene el consejero comisionado”, explica Correa.
En efecto, según el proyecto de ley, la Oficina del consejero deberá evaluar la postulación en un término no mayor a dos meses y luego la Fiscalía tendrá que hacer casi un procedimiento de fast track.
“La Fiscalía tendrá 3 meses a partir la expedición de la presente ley para que con enfoque macrocriminal cierre definitivamente las versiones libres e impute de las personas que se encuentran postuladas con anterioridad a la vigencia de esta ley”, dice el articulado.
El magistrado de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz tendrá máximo tres meses para programar y realizar la audiencia pública de formulación y aceptación de cargos.
“Terminada la audiencia pública pasará el expediente al despacho para proferir sentencia” que también debe ser emitida hasta dentro de tres meses. “La sentencia se pondrá a disposición de las partes por el término de 15 días”, dice el proyecto.
El otro punto es que en lo que estipula el proyecto sobre el procedimiento a seguir le da prioridad a la situación jurídica de los comandantes “de los actuales y los nuevos admitidos al proceso de Justicia y Paz”. “La priorización es que en un año se resuelva o se defina los temas jurídicos de esos comandantes. Eso muestra que hay una prevalencia sobre ciertos personajes y un afán para que este proceso dé réditos pronto”, dice la fuente.
En efecto, la iniciativa legislativa dice que debe haber celeridad en la producción de “sentencias definitivas” y que las audiencias deben ser tramitadas bajo un “procedimiento especial abreviado” aun sin la presencia de la totalidad de los magistrados.
Si se llega aprobar este proyecto pasará a discusión de la Comisión Primera del Senado y la vigencia de Justicia y Paz iría hasta 2030.
El Gobierno no ha dicho que este proyecto cuente con su visto bueno. Sin embargo, el Ejecutivo requiere también celeridad para definir cómo serán los procesos con las bandas criminales -que por ahora se sostienen con la voluntad de las mismas-, y con los grupos herederos del paramilitarismo, en especial porque estos últimos piden una negociación política.
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El tema del estatus político ha sido un largo debate en el país. Que Petro abriera la puerta a dialogar con negociadores a jefes de esas estructuras que tienen un largo prontuario delictivo y con grupos al margen de la ley considerados meramente delincuenciales o criminales ha suscitado polémica por ser estructuras que controlan redes de narcotráfico, minería ilegal y dinámicas de crimen trasnacional.
La presentación no podría ser más precisa. Justo esta semana se cumplieron dos años de la Ley de Paz Total con la que el Gobierno enmarcó su política de diálogos y negociación con guerrillas y bandas criminales del país y en un mes se cumplirá un año desde que la Corte Constitucional se pronunció de fondo sobre dicha legislación.
En resumen, en ese fallo la Corte le dio el visto bueno a la mayoría de los puntos de la, pero limitó varias de las funciones y alcances que el Gobierno de Gustavo Petro, entre ellas, la más importante es que aunque dio luz verde para avanzar en las mesas de conversación, las condiciones de su sometimiento ya no estarán a discreción del presidente, sino de una ley que debe pasar y expedir el Congreso de la República. Como es posible que la negociación política no se lleva a cabo, se necesita una ley de sometimiento que podría ser este proyecto de Correa, este proyecto pretende ser la respuesta a ello.
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