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                                                                                                                                Alertan que proyecto para ampliar Justicia y Paz se usaría para negociar con Clan del Golfo

                                                                                                                                Fuentes alertan que la iniciativa que radicó el senador Antonio Correa no solucionaría el problema del marco jurídico para bandas criminales y que, además, es un sistema de justicia restaurativa, pero sin verdad para las víctimas.

                                                                                                                                Cindy A. Morales Castillo

                                                                                                                                Editora General Colombia+20
                                                                                                                                Entre negociaciones y diálogos con miras al sometimiento, Petro ya suma nueve tableros de paz. En la del Clan del Golfo, estará Chiquito Malo como negociador por ese grupo.
                                                                                                                                Foto: El Espectador
                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                El mismo senador Antonio Correa, autor de la iniciativa, reconoció a Colombia+20 que sí podría ser más favorable para el Clan, el grupo criminal más poderoso del país. “Sí, podría usarse en ese marco de paz, de sometimiento para ese grupo armado, pero también depende de las autoridades competentes”, afirmó.

                                                                                                                                El Gobierno necesita un marco jurídico para sus procesos de paz urbana -con bandas criminales de Valle de Aburrá, Chocó y Buenaventura-, con el Clan del Golfo y con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Según conoció este diario, al Legislativo llegarán otros dos proyectos de ley sobre este tema -uno con gran apoyo del Gobierno-, que ha sido el principal obstáculo para que avancen algunos de los diálogos de la paz total.

                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                Los posibles admitidos según la iniciativa de Correa

                                                                                                                                El proyecto admitiría cuatro tipos de personas para ser juzgados e investigados. El primero es a terceros a quienes califica como “aquellas personas que no formaron parte de la organización o grupo armado, pero que contribuyeron de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto”.

                                                                                                                                En otras palabras, serían principalmente empresarios -que se presenten voluntariamente- y que reconozcan que permitieron la expansión de este tipo de estructuras armadas.

                                                                                                                                El segundo tipo de admitidos son los agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública. Aquí entrarían: jueces, políticos, notarios, alcaldes, gobernadores, entre otros, que estuvieron involucrados con grupos paramilitares.

                                                                                                                                Varias sentencias y casos demuestran el entramado paramilitar que supuso el despojo y desplazamiento de cientos de campesinos que primero eran intimidados por grupos como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y luego, en complicidad con notarios y jueces que titulaban las tierras, les arrebatan sus predios.

                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Read more!

                                                                                                                                Además: Paz Total: ¿Cómo pagarán la deuda ambiental el Clan del Golfo, ELN y disidencias?

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Sobre este tema, el senador Correa afirmó que, en efecto, hubo dos reuniones con abogados -aunque no precisó de qué grupos-: una en la Comisión Segunda del Senado y otra en el Instituto de Paz de Estados Unidos.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                El tercer grupo que entraría serían personas que accedieron a los beneficios de la Ley 1424 de 2010, pero que “no han sido postuladas al proceso penal especial de Justicia y Paz”.

                                                                                                                                La Ley 1424 de 2010 es un “sistema mixto judicial y administrativo” de rendición de cuentas para los desmovilizados de las AUC, destinado a aquellos excombatientes que no cometieron crímenes graves en virtud de su pertenencia a la organización armada.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                El cuarto tipo de admitidos serán personas investigadas o condenadas en el Código Penal “por delitos cometidos por su pertenencia a un grupo de autodefensa y/o organizado al margen de la ley, que no han sido postuladas al proceso penal especial de Justicia y Paz” pero, aquí viene la clave, “siempre y cuando hayan pertenecido al grupo armado ilegal durante el periodo de competencia de Justicia y Paz”.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Ávila estuvo en el bloque Bananero de las AUC y, aunque sí se desmovilizó siguió delinquiendo. Desde 2018 aparece junto a Otoniel en una acusación (indictment) como responsable del envío de cocaína a Estados Unidos.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                En contexto: Petro iniciará diálogo de paz con Clan del Golfo: Chiquito Malo estará en la mesa

                                                                                                                                Foto: Rama Judicial
                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                José Miguel Demoya Hernández, conocido como Chirimoya y también delegado, podría ser uno de los aspirantes. Actualmente tiene dos procesos judiciales, Ninguno en Justiciay Paz.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                En contexto: Estos son los integrantes del Clan del Golfo que hablarán de paz con el gobierno

                                                                                                                                Para el abogado constitucionalista Kenneth Burbano, el proyecto podría estar “desvirtuando” el modelo de justicia transicional.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Todos los beneficios, y nada de verdad

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                El proyecto es escueto en el tema de las sanciones, pero deja claro que se tratará de justicia restaurativa -pero no retributiva- con las penas alternativas de privación de libertad establecidas en la ley 975 de 2005 que no pueden ser menores de 5 años ni mayores de 8 años. El artículo 6 del proyecto de Correo afirma: “Las penas impuestas a los beneficiarios de esta ley, deberán tener un enfoque restaurativo , en donde predomine la reparación, reintegración de los postulados y la reconstrucción del tejido social de las comunidades, el perdón y el desarrollo de las regiones donde se ocasionó el daño, con la presencia del Estado en las mismas”.

                                                                                                                                Por eso se dice que no es retributiva porque nunca habla de qué es lo que deben entregar los postulados y/o admitidos e investigados a cambio de esa pena alternativa”, explica una fuente enterada del proyecto.

                                                                                                                                Esto quiere decir que, al menos en el proyecto, no hay una petición explícita a entrega de verdad hacia las víctimas.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                ¿Un procedimiento tipo fast track?

                                                                                                                                Lo otro que llama la atención, por no ser parte del procedimiento habitual que se lleva con Justicia y Paz, es que la evaluación de las solicitudes de quienes se postulen no lo hará la Fiscalía. Actualmente, bajo la Ley 975 de 2005, es ese ente acusador quien hace ese trabajo y, de hecho, existe una Unidad Nacional de Fiscalía para Justicia y Paz.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                “El Comisionado tiene toda la razón (en que no sabe del proyecto). Por ahora, este ha sido un proyecto del Congreso con amplia participación, pero sí la idea es que la oficina del Consejero tenga mayor responsabilidad. Con esto se quiete subsanar errores del pasado. El hecho de que sea la Oficina del señor Patiño el primer filtro es porque quién más que esa instancia puede conocer quiénes son combatientes, quiénes son máximos responsables. Esa tarea hoy, de parte del Ejecutivo en los procesos de paz, las tiene el consejero comisionado”, explica Correa.

                                                                                                                                En efecto, según el proyecto de ley, la Oficina del consejero deberá evaluar la postulación en un término no mayor a dos meses y luego la Fiscalía tendrá que hacer casi un procedimiento de fast track.

                                                                                                                                “La Fiscalía tendrá 3 meses a partir la expedición de la presente ley para que con enfoque macrocriminal cierre definitivamente las versiones libres e impute de las personas que se encuentran postuladas con anterioridad a la vigencia de esta ley”, dice el articulado.

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                El magistrado de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz tendrá máximo tres meses para programar y realizar la audiencia pública de formulación y aceptación de cargos.

                                                                                                                                “Terminada la audiencia pública pasará el expediente al despacho para proferir sentencia” que también debe ser emitida hasta dentro de tres meses. “La sentencia se pondrá a disposición de las partes por el término de 15 días”, dice el proyecto.

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                El otro punto es que en lo que estipula el proyecto sobre el procedimiento a seguir le da prioridad a la situación jurídica de los comandantes “de los actuales y los nuevos admitidos al proceso de Justicia y Paz”. “La priorización es que en un año se resuelva o se defina los temas jurídicos de esos comandantes. Eso muestra que hay una prevalencia sobre ciertos personajes y un afán para que este proceso dé réditos pronto”, dice la fuente.

                                                                                                                                En efecto, la iniciativa legislativa dice que debe haber celeridad en la producción de “sentencias definitivas” y que las audiencias deben ser tramitadas bajo un “procedimiento especial abreviado” aun sin la presencia de la totalidad de los magistrados.

                                                                                                                                Si se llega aprobar este proyecto pasará a discusión de la Comisión Primera del Senado y la vigencia de Justicia y Paz iría hasta 2030.

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                El Gobierno no ha dicho que este proyecto cuente con su visto bueno. Sin embargo, el Ejecutivo requiere también celeridad para definir cómo serán los procesos con las bandas criminales -que por ahora se sostienen con la voluntad de las mismas-, y con los grupos herederos del paramilitarismo, en especial porque estos últimos piden una negociación política.

                                                                                                                                Lea también: Clan del Golfo: así amenaza el poderoso grupo armado a un pulmón del mundo

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                El tema del estatus político ha sido un largo debate en el país. Que Petro abriera la puerta a dialogar con negociadores a jefes de esas estructuras que tienen un largo prontuario delictivo y con grupos al margen de la ley considerados meramente delincuenciales o criminales ha suscitado polémica por ser estructuras que controlan redes de narcotráfico, minería ilegal y dinámicas de crimen trasnacional.

                                                                                                                                La presentación no podría ser más precisa. Justo esta semana se cumplieron dos años de la Ley de Paz Total con la que el Gobierno enmarcó su política de diálogos y negociación con guerrillas y bandas criminales del país y en un mes se cumplirá un año desde que la Corte Constitucional se pronunció de fondo sobre dicha legislación.

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                En resumen, en ese fallo la Corte le dio el visto bueno a la mayoría de los puntos de la, pero limitó varias de las funciones y alcances que el Gobierno de Gustavo Petro, entre ellas, la más importante es que aunque dio luz verde para avanzar en las mesas de conversación, las condiciones de su sometimiento ya no estarán a discreción del presidente, sino de una ley que debe pasar y expedir el Congreso de la República. Como es posible que la negociación política no se lleva a cabo, se necesita una ley de sometimiento que podría ser este proyecto de Correa, este proyecto pretende ser la respuesta a ello.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Entre negociaciones y diálogos con miras al sometimiento, Petro ya suma nueve tableros de paz. En la del Clan del Golfo, estará Chiquito Malo como negociador por ese grupo.
                                                                                                                                Foto: El Espectador
                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                El mismo senador Antonio Correa, autor de la iniciativa, reconoció a Colombia+20 que sí podría ser más favorable para el Clan, el grupo criminal más poderoso del país. “Sí, podría usarse en ese marco de paz, de sometimiento para ese grupo armado, pero también depende de las autoridades competentes”, afirmó.

                                                                                                                                El Gobierno necesita un marco jurídico para sus procesos de paz urbana -con bandas criminales de Valle de Aburrá, Chocó y Buenaventura-, con el Clan del Golfo y con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Según conoció este diario, al Legislativo llegarán otros dos proyectos de ley sobre este tema -uno con gran apoyo del Gobierno-, que ha sido el principal obstáculo para que avancen algunos de los diálogos de la paz total.

                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                Los posibles admitidos según la iniciativa de Correa

                                                                                                                                El proyecto admitiría cuatro tipos de personas para ser juzgados e investigados. El primero es a terceros a quienes califica como “aquellas personas que no formaron parte de la organización o grupo armado, pero que contribuyeron de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto”.

                                                                                                                                En otras palabras, serían principalmente empresarios -que se presenten voluntariamente- y que reconozcan que permitieron la expansión de este tipo de estructuras armadas.

                                                                                                                                El segundo tipo de admitidos son los agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública. Aquí entrarían: jueces, políticos, notarios, alcaldes, gobernadores, entre otros, que estuvieron involucrados con grupos paramilitares.

                                                                                                                                Varias sentencias y casos demuestran el entramado paramilitar que supuso el despojo y desplazamiento de cientos de campesinos que primero eran intimidados por grupos como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y luego, en complicidad con notarios y jueces que titulaban las tierras, les arrebatan sus predios.

                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Sobre este tema, el senador Correa afirmó que, en efecto, hubo dos reuniones con abogados -aunque no precisó de qué grupos-: una en la Comisión Segunda del Senado y otra en el Instituto de Paz de Estados Unidos.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                El tercer grupo que entraría serían personas que accedieron a los beneficios de la Ley 1424 de 2010, pero que “no han sido postuladas al proceso penal especial de Justicia y Paz”.

                                                                                                                                La Ley 1424 de 2010 es un “sistema mixto judicial y administrativo” de rendición de cuentas para los desmovilizados de las AUC, destinado a aquellos excombatientes que no cometieron crímenes graves en virtud de su pertenencia a la organización armada.

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                Fuentes cercanas al proyecto de ley del senador Correa explican que al menos en este punto sería difícil que entraran miembros de las bandas criminales a menos que prueben haber sido parte de grupos de autodefensas. Aunque es posible que haya varios casos, no serán todos los miembros de esas estructuras.

                                                                                                                                El cuarto tipo de admitidos serán personas investigadas o condenadas en el Código Penal “por delitos cometidos por su pertenencia a un grupo de autodefensa y/o organizado al margen de la ley, que no han sido postuladas al proceso penal especial de Justicia y Paz” pero, aquí viene la clave, “siempre y cuando hayan pertenecido al grupo armado ilegal durante el periodo de competencia de Justicia y Paz”.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Ávila estuvo en el bloque Bananero de las AUC y, aunque sí se desmovilizó siguió delinquiendo. Desde 2018 aparece junto a Otoniel en una acusación (indictment) como responsable del envío de cocaína a Estados Unidos.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                En contexto: Petro iniciará diálogo de paz con Clan del Golfo: Chiquito Malo estará en la mesa

                                                                                                                                Foto: Rama Judicial
                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                José Miguel Demoya Hernández, conocido como Chirimoya y también delegado, podría ser uno de los aspirantes. Actualmente tiene dos procesos judiciales, Ninguno en Justiciay Paz.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                En contexto: Estos son los integrantes del Clan del Golfo que hablarán de paz con el gobierno

                                                                                                                                Para el abogado constitucionalista Kenneth Burbano, el proyecto podría estar “desvirtuando” el modelo de justicia transicional.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Todos los beneficios, y nada de verdad

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Por eso se dice que no es retributiva porque nunca habla de qué es lo que deben entregar los postulados y/o admitidos e investigados a cambio de esa pena alternativa”, explica una fuente enterada del proyecto.

                                                                                                                                Esto quiere decir que, al menos en el proyecto, no hay una petición explícita a entrega de verdad hacia las víctimas.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                ¿Un procedimiento tipo fast track?

                                                                                                                                Lo otro que llama la atención, por no ser parte del procedimiento habitual que se lleva con Justicia y Paz, es que la evaluación de las solicitudes de quienes se postulen no lo hará la Fiscalía. Actualmente, bajo la Ley 975 de 2005, es ese ente acusador quien hace ese trabajo y, de hecho, existe una Unidad Nacional de Fiscalía para Justicia y Paz.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                En efecto, según el proyecto de ley, la Oficina del consejero deberá evaluar la postulación en un término no mayor a dos meses y luego la Fiscalía tendrá que hacer casi un procedimiento de fast track.

                                                                                                                                “La Fiscalía tendrá 3 meses a partir la expedición de la presente ley para que con enfoque macrocriminal cierre definitivamente las versiones libres e impute de las personas que se encuentran postuladas con anterioridad a la vigencia de esta ley”, dice el articulado.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                “Terminada la audiencia pública pasará el expediente al despacho para proferir sentencia” que también debe ser emitida hasta dentro de tres meses. “La sentencia se pondrá a disposición de las partes por el término de 15 días”, dice el proyecto.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                En efecto, la iniciativa legislativa dice que debe haber celeridad en la producción de “sentencias definitivas” y que las audiencias deben ser tramitadas bajo un “procedimiento especial abreviado” aun sin la presencia de la totalidad de los magistrados.

                                                                                                                                Si se llega aprobar este proyecto pasará a discusión de la Comisión Primera del Senado y la vigencia de Justicia y Paz iría hasta 2030.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Lea también: Clan del Golfo: así amenaza el poderoso grupo armado a un pulmón del mundo

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                El tema del estatus político ha sido un largo debate en el país. Que Petro abriera la puerta a dialogar con negociadores a jefes de esas estructuras que tienen un largo prontuario delictivo y con grupos al margen de la ley considerados meramente delincuenciales o criminales ha suscitado polémica por ser estructuras que controlan redes de narcotráfico, minería ilegal y dinámicas de crimen trasnacional.

                                                                                                                                La presentación no podría ser más precisa. Justo esta semana se cumplieron dos años de la Ley de Paz Total con la que el Gobierno enmarcó su política de diálogos y negociación con guerrillas y bandas criminales del país y en un mes se cumplirá un año desde que la Corte Constitucional se pronunció de fondo sobre dicha legislación.

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                En resumen, en ese fallo la Corte le dio el visto bueno a la mayoría de los puntos de la, pero limitó varias de las funciones y alcances que el Gobierno de Gustavo Petro, entre ellas, la más importante es que aunque dio luz verde para avanzar en las mesas de conversación, las condiciones de su sometimiento ya no estarán a discreción del presidente, sino de una ley que debe pasar y expedir el Congreso de la República. Como es posible que la negociación política no se lleva a cabo, se necesita una ley de sometimiento que podría ser este proyecto de Correa, este proyecto pretende ser la respuesta a ello.

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                ✉️ Si tiene información o denuncias sobre temas relacionadas con la paz, el conflicto, las negociaciones de paz o algún otro tema que quiera compartirnos o que trabajemos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com; jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com

                                                                                                                                Por Cindy A. Morales Castillo

                                                                                                                                Periodista con posgrado en Estudios Internacionales. Actualmente es la editora de Colombia+20 de El Espectador y docente de Narrativas Digitales de la Universidad Javeriana.@cinmoralejacmorales@elespectador.com
                                                                                                                                Ver todas las noticias
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