Víctimas y exparas claman por tierra en Puerto Boyacá

La última imagen que Olga Barrientos conserva de su padre, Gustavo, regresa atravesando cuatro décadas. Ocurrió comenzando los años 80, aunque ella no sabe el año preciso. Sabe que su padre fue temprano a la casa y le entregó dinero a la mamá para que preparara un sudado de pollo: ese día era el cumpleaños de su hermana Sulay. Más tarde una vecina tocó la puerta avisando que a Gustavo se lo habían llevado por la fuerza del Café Medellín, a una cuadra de la plaza en Puerto Boyacá. Con la cacha de una pistola, le dieron golpes en la cabeza hasta montarlo en un carro rojo.

“A mí todavía me duele porque no aparecieron los restos, está el dolor”, se queja Olga con el llanto contenido y el recuerdo de su madre, quien salía desesperada cuando avisaban de algún cadáver hallado en el río o en la carretera, hasta que un amigo le pidió no buscar más: “Ya dejaron a las hijas sin papá, ¿usted las va a dejar sin mamá también?”.

Lea: Víctimas y exparamilitares se unen para sembrar cacao en el Magdalena Medio

Gustavo Barrientos, mecánico y pintor de motocicletas, es uno entre los 1.090 desaparecidos que, según reportes de la Unidad de Víctimas, dejó la guerra en Puerto Boyacá, el laboratorio donde se crearon los primeros grupos paramilitares del país.

Aquel proyecto político y militar para expulsar a las Farc fue impulsado por comerciantes, ganaderos y narcotraficantes, con la venia de políticos y altos mandos militares del Magdalena Medio como el general Farouk Yanine Díaz, e importó instructores militares de Israel como Yair Klein, un modelo que muy pronto sería replicado en otros lugares del país, que luego se sumó al proyecto de los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil, conocido como las Autodefensas Unidas de Colombia.

En cabeza de Henry Pérez, “el caudillo”, las Autodefensas de Puerto Boyacá participaron en algunos de los hechos más dolorosos de aquella época. Las masacres de La Rochela, en Santander; Honduras y La Negra, en Urabá; la de Segovia y el asesinato de Luis Carlos Galán, son apenas algunos de esos crímenes.

Con el tiempo Olga se deshizo del rencor; sin embargo, no sabe qué les diría a quienes ordenaron la desaparición de Gustavo si los tuviera al frente. La razón: todos están muertos. “La gente perdona de corazón, pero eso es muy duro”, cuenta Mirta López, hermana de Olga.

Entonces escuché el relato del niño que acudió llorando a que le dijeran dónde habían botado el cuerpo de su papá, cuando Arnubio Triana Botalón, el último comandante de las Autodefensas del Magdalena Medio, hizo un acto público para pedir perdón, o la historia de Floralba Cossio, la señora que todos los días saludaba amablemente a su vecino del inquilinato, un exparamilitar que había amarrado y torturado a su padre.

Lea también: La imposición de la identidad paramilitar en el Magdalena Medio

Siempre la tierra

Peñita es dueño de una sonrisa fácil, capaz de desarmar cualquier prevención. Sentado en un zaguán con vista a la montaña, comenta que le parece pésimo que sean las Farc quienes exijan al Estado que formalice la propiedad rural y se constituya un banco de tierras para solucionar el problema agrario.

Él fue uno de los 750 paramilitares que entregaron sus armas en El Marfil, en la desmovilización colectiva que pactaron las Auc con el gobierno de Álvaro Uribe en 2006. Este caserío fue un fortín de las Autodefensas y hoy viven algo más de medio centenar de desmovilizados.

Acá le llaman “la causa” al paramilitarismo y es normal que la gente tenga abuelos o tíos que integraron los primeros comandos de “escopeteros” organizados por Ramón Isaza en los años 70 para expulsar a las Farc de la región.

Peñita ve a la guerrilla como el enemigo de siempre, la combatió y volvería a combatir si tuviera las piernas buenas. Por eso considera desafortunado que la propuesta fuera de la exguerrilla de las Farc, pero le gusta la idea de una reforma rural integral: “Que titulen todos los terrenos baldíos para mejorar las condiciones del campesino”, dice mientras se queja del proceso de paz de Uribe con las Autodefensas que, según él, no tuvo en cuenta a los excombatientes ni a las comunidades donde estos operaron.

“Muchos integrantes del proceso no tienen casa, ni dónde vivir y hay muchas tierras que están incautadas. Por lo tanto, deberían suministrar esas tierras para uno ponerse a trabajar; en el caso mío, yo tengo mi finca dentro de un parque natural”, reclama.

Hace unos años tal planteamiento era imposible en Puerto Boyacá, pero se ha convertido en anhelo común de víctimas, desmovilizados y líderes locales como el exconcejal Eduardo Lesmes, hermano menor del fallecido Nelson Lesmes, otro pionero de las Autodefensas, artífice de la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam), la célebre asociación que otorgó un soporte legal y comunitario al movimiento.

“Se nos hacía muy difícil hacerle creer al resto del mundo que aquí la gente sí se desmovilizó. Yo nunca volví a ver una persona armada”, explica Lesmes y regresa a las críticas del proceso de paz en Ralito: “La gente de las Auc hizo un mal proceso de paz en el sentido social, nunca le dijeron al Gobierno qué hacer con los campesinos y la gente que estuvo ahí, los dejaron tirados”.

Le recomendamos: Lengupá reconstruye su memoria del conflicto y de sus desaparecidos

En opinión de Lesmes, para impulsar el desarrollo local la ruta más clara es que el Gobierno entregue a víctimas, desmovilizados y campesinos algunos de los 53 predios rurales en extinción de dominio en Puerto Boyacá, que, según él, suman casi 17.000 hectáreas y están en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Confirmamos ese número de predios con documentos de la SAE, pero los datos de extensión son confusos y no aclaran la cantidad de hectáreas totales. No obstante, en poder de esa entidad hay tierras incautadas a narcotraficantes, como la hacienda La Fe, una finca que perteneció a Gonzalo Rodríguez Gacha el Mexicano, o La Alaska, la propiedad de mil hectáreas que fue incautada al capo Arcángel Henao.

La mayoría de estas tierras fueron acaparadas en los años más duros del conflicto, cuando miles de colonos y campesinos huyeron dejando abandonadas sus parcelas. Los datos de la Unidad de Víctimas registran 6.170 eventos de desplazamiento forzado en el municipio.

“No voy a pelear con los ganaderos”, aclara Lesmes, aunque reclama que el futuro de la región debe enfocarse en el desarrollo agrícola y para eso la gente necesita tierra. Las petroleras, que hasta ahora han sido el motor de la economía local, ya comienzan a retirarse. “Nosotros no tenemos futuro en el petróleo, tenemos futuro es en la tierra y lo que produce”. En el municipio el 80 % del empleo es informal, indican los datos de la Gobernación de Boyacá, mientras que la pobreza multidimensional en áreas rurales afecta al 42 % de la población.

Mirta López y Olga Barrientos son integrantes de la Asociación El Paraíso, un grupo de 42 familias que, mientras se concretaba el desarme de los paramilitares en 2006, ocuparon la hacienda La Fe con el permiso de las Autodefensas, que levantaron un retén fijo en la zona para que la gente pudiera entrar a la propiedad. Aquella fue la primera de cinco ocupaciones de tierras con un aproximado de 600 familias, entre las que hay desmovilizados y víctimas del conflicto como Olga y Mirta.

En 2012, otras familias tomaron unos lotes sobre el río Ermitaño, donde ahora cultivan más de 70 hectáreas de cacao en proyectos asociativos. En 2015 ocuparon La Alaska, la famosa finca de Arcángel Henao, y en 2021 dos predios más: Las Marías y Los Mariachis.

William Sánchez, enlace de víctimas en el municipio, explica que aquellas propiedades solían arrendarlas a empresarios y el usufructo se usaba para un fondo de reparación, “pero eso no significa que esos recursos los vayan a invertir en Puerto Boyacá”.

“Los productores ya están trabajando, pero bajo la informalidad. Lo que le pedimos al Gobierno es que esos terrenos tienen que pasar a manos de las víctimas”, dice Mervin Ruiz, funcionario de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), que ha ayudado durante varias alcaldías a gestionar proyectos para los campesinos.

Mervin, quien “palpó” la guerra cuando era niño, cuenta que no quiere que sus hijos vivan lo mismo. “Estuvimos sumergidos más de cincuenta años en una guerra, más de 250.000 muertos, más de ocho millones de víctimas, Puerto Boyacá tiene casi 5.000 víctimas reconocidas. No creo que acá vuelva a haber grupos alzados en armas, nosotros estamos cansados de eso. Aquí no nos podemos devolver, tenemos que dar pasos hacia adelante, no hacia atrás”.

A la vera del camino

Hay que acercarse para descubrir que esa mole de óxido y mármol rajado en mitad de la única avenida de Puerto Boyacá es un monumento. Tiene las letras y baldosas rotas y retiraron del lugar la cabeza dañada del prócer. Lo que se conserva es una cita suya en hierro, la misma que en el pueblo conocen de memoria, atribuida a Pablo Emilio Guarín, el congresista liberal que ayudó a crear las Autodefensas del Magdalena Medio: “Si a la vera del camino hallaren mi cadáver, no lo recojan, dejen para que los buitres de las Farc lo devoren, recojan mis ideas, mis banderas y sigan adelante”.

La cita, real o espuria, anticipó el final de Guarín, asesinado en 1987 en una emboscada cerca de Chocontá, Cundinamarca. Las Farc asumieron su responsabilidad por ese homicidio en una carta que enviaron a la JEP, en la que además se atribuyeron los asesinatos del político conservador Álvaro Gómez Hurtado, Jesús Antonio Bejarano y el general Fernando Landázabal Reyes. Pero en Puerto Boyacá nadie cree esa versión; juran que Guarín cayó en las vendetas mafiosas que acabaron con casi todos los fundadores de las Autodefensas del Magdalena Medio en los primeros años de los 90: Ariel Otero, Gonzalo y Henry Pérez, Enrique Tobón, Evelio Osorio, el mayor del Ejército Óscar de Jesús Echandía... terminaron matándose entre ellos en una disputa donde intervinieron Pablo Escobar y el Cartel de Cali.

Llegando al pueblo ya no está la valla que por años dio la bienvenida a la “capital antisubversiva de Colombia”, tampoco la que Botalón instaló en su reemplazo pidiendo perdón a las víctimas. Ambas sucumbieron bajo una aparatosa intersección de la Ruta del Sol. “Entiendan que esta guerra no fue de nosotros, nos tocó este camino” dijo Botalón a Verdad Abierta en una de las pocas entrevistas que ha concedido.

Queda el mausoleo de Henry Pérez en la entrada del cementerio, las flores puestas con esmero, las placas de homenaje cuidadas al detalle. Podría emplear una alegoría fácil escribiendo que Puerto Boyacá fue cuna y tumba del paramilitarismo, pero las flores de ese mausoleo lucen demasiado frescas y resuenan aún las palabras de Eduardo Lesmes pidiendo con urgencia dar trabajo y tierras a la gente para contener la crisis social: “Si la historia no se quiere repetir desde cualquier lado, porque la violencia viene de cualquier lado cuando hay hambre”.

La última imagen que Olga Barrientos conserva de su padre, Gustavo, regresa atravesando cuatro décadas. Ocurrió comenzando los años 80, aunque ella no sabe el año preciso. Sabe que su padre fue temprano a la casa y le entregó dinero a la mamá para que preparara un sudado de pollo: ese día era el cumpleaños de su hermana Sulay. Más tarde una vecina tocó la puerta avisando que a Gustavo se lo habían llevado por la fuerza del Café Medellín, a una cuadra de la plaza en Puerto Boyacá. Con la cacha de una pistola, le dieron golpes en la cabeza hasta montarlo en un carro rojo.

“A mí todavía me duele porque no aparecieron los restos, está el dolor”, se queja Olga con el llanto contenido y el recuerdo de su madre, quien salía desesperada cuando avisaban de algún cadáver hallado en el río o en la carretera, hasta que un amigo le pidió no buscar más: “Ya dejaron a las hijas sin papá, ¿usted las va a dejar sin mamá también?”.

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Gustavo Barrientos, mecánico y pintor de motocicletas, es uno entre los 1.090 desaparecidos que, según reportes de la Unidad de Víctimas, dejó la guerra en Puerto Boyacá, el laboratorio donde se crearon los primeros grupos paramilitares del país.

Aquel proyecto político y militar para expulsar a las Farc fue impulsado por comerciantes, ganaderos y narcotraficantes, con la venia de políticos y altos mandos militares del Magdalena Medio como el general Farouk Yanine Díaz, e importó instructores militares de Israel como Yair Klein, un modelo que muy pronto sería replicado en otros lugares del país, que luego se sumó al proyecto de los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil, conocido como las Autodefensas Unidas de Colombia.

En cabeza de Henry Pérez, “el caudillo”, las Autodefensas de Puerto Boyacá participaron en algunos de los hechos más dolorosos de aquella época. Las masacres de La Rochela, en Santander; Honduras y La Negra, en Urabá; la de Segovia y el asesinato de Luis Carlos Galán, son apenas algunos de esos crímenes.

Con el tiempo Olga se deshizo del rencor; sin embargo, no sabe qué les diría a quienes ordenaron la desaparición de Gustavo si los tuviera al frente. La razón: todos están muertos. “La gente perdona de corazón, pero eso es muy duro”, cuenta Mirta López, hermana de Olga.

Entonces escuché el relato del niño que acudió llorando a que le dijeran dónde habían botado el cuerpo de su papá, cuando Arnubio Triana Botalón, el último comandante de las Autodefensas del Magdalena Medio, hizo un acto público para pedir perdón, o la historia de Floralba Cossio, la señora que todos los días saludaba amablemente a su vecino del inquilinato, un exparamilitar que había amarrado y torturado a su padre.

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Siempre la tierra

Peñita es dueño de una sonrisa fácil, capaz de desarmar cualquier prevención. Sentado en un zaguán con vista a la montaña, comenta que le parece pésimo que sean las Farc quienes exijan al Estado que formalice la propiedad rural y se constituya un banco de tierras para solucionar el problema agrario.

Él fue uno de los 750 paramilitares que entregaron sus armas en El Marfil, en la desmovilización colectiva que pactaron las Auc con el gobierno de Álvaro Uribe en 2006. Este caserío fue un fortín de las Autodefensas y hoy viven algo más de medio centenar de desmovilizados.

Acá le llaman “la causa” al paramilitarismo y es normal que la gente tenga abuelos o tíos que integraron los primeros comandos de “escopeteros” organizados por Ramón Isaza en los años 70 para expulsar a las Farc de la región.

Peñita ve a la guerrilla como el enemigo de siempre, la combatió y volvería a combatir si tuviera las piernas buenas. Por eso considera desafortunado que la propuesta fuera de la exguerrilla de las Farc, pero le gusta la idea de una reforma rural integral: “Que titulen todos los terrenos baldíos para mejorar las condiciones del campesino”, dice mientras se queja del proceso de paz de Uribe con las Autodefensas que, según él, no tuvo en cuenta a los excombatientes ni a las comunidades donde estos operaron.

“Muchos integrantes del proceso no tienen casa, ni dónde vivir y hay muchas tierras que están incautadas. Por lo tanto, deberían suministrar esas tierras para uno ponerse a trabajar; en el caso mío, yo tengo mi finca dentro de un parque natural”, reclama.

Hace unos años tal planteamiento era imposible en Puerto Boyacá, pero se ha convertido en anhelo común de víctimas, desmovilizados y líderes locales como el exconcejal Eduardo Lesmes, hermano menor del fallecido Nelson Lesmes, otro pionero de las Autodefensas, artífice de la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam), la célebre asociación que otorgó un soporte legal y comunitario al movimiento.

“Se nos hacía muy difícil hacerle creer al resto del mundo que aquí la gente sí se desmovilizó. Yo nunca volví a ver una persona armada”, explica Lesmes y regresa a las críticas del proceso de paz en Ralito: “La gente de las Auc hizo un mal proceso de paz en el sentido social, nunca le dijeron al Gobierno qué hacer con los campesinos y la gente que estuvo ahí, los dejaron tirados”.

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En opinión de Lesmes, para impulsar el desarrollo local la ruta más clara es que el Gobierno entregue a víctimas, desmovilizados y campesinos algunos de los 53 predios rurales en extinción de dominio en Puerto Boyacá, que, según él, suman casi 17.000 hectáreas y están en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Confirmamos ese número de predios con documentos de la SAE, pero los datos de extensión son confusos y no aclaran la cantidad de hectáreas totales. No obstante, en poder de esa entidad hay tierras incautadas a narcotraficantes, como la hacienda La Fe, una finca que perteneció a Gonzalo Rodríguez Gacha el Mexicano, o La Alaska, la propiedad de mil hectáreas que fue incautada al capo Arcángel Henao.

La mayoría de estas tierras fueron acaparadas en los años más duros del conflicto, cuando miles de colonos y campesinos huyeron dejando abandonadas sus parcelas. Los datos de la Unidad de Víctimas registran 6.170 eventos de desplazamiento forzado en el municipio.

“No voy a pelear con los ganaderos”, aclara Lesmes, aunque reclama que el futuro de la región debe enfocarse en el desarrollo agrícola y para eso la gente necesita tierra. Las petroleras, que hasta ahora han sido el motor de la economía local, ya comienzan a retirarse. “Nosotros no tenemos futuro en el petróleo, tenemos futuro es en la tierra y lo que produce”. En el municipio el 80 % del empleo es informal, indican los datos de la Gobernación de Boyacá, mientras que la pobreza multidimensional en áreas rurales afecta al 42 % de la población.

Mirta López y Olga Barrientos son integrantes de la Asociación El Paraíso, un grupo de 42 familias que, mientras se concretaba el desarme de los paramilitares en 2006, ocuparon la hacienda La Fe con el permiso de las Autodefensas, que levantaron un retén fijo en la zona para que la gente pudiera entrar a la propiedad. Aquella fue la primera de cinco ocupaciones de tierras con un aproximado de 600 familias, entre las que hay desmovilizados y víctimas del conflicto como Olga y Mirta.

En 2012, otras familias tomaron unos lotes sobre el río Ermitaño, donde ahora cultivan más de 70 hectáreas de cacao en proyectos asociativos. En 2015 ocuparon La Alaska, la famosa finca de Arcángel Henao, y en 2021 dos predios más: Las Marías y Los Mariachis.

William Sánchez, enlace de víctimas en el municipio, explica que aquellas propiedades solían arrendarlas a empresarios y el usufructo se usaba para un fondo de reparación, “pero eso no significa que esos recursos los vayan a invertir en Puerto Boyacá”.

“Los productores ya están trabajando, pero bajo la informalidad. Lo que le pedimos al Gobierno es que esos terrenos tienen que pasar a manos de las víctimas”, dice Mervin Ruiz, funcionario de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), que ha ayudado durante varias alcaldías a gestionar proyectos para los campesinos.

Mervin, quien “palpó” la guerra cuando era niño, cuenta que no quiere que sus hijos vivan lo mismo. “Estuvimos sumergidos más de cincuenta años en una guerra, más de 250.000 muertos, más de ocho millones de víctimas, Puerto Boyacá tiene casi 5.000 víctimas reconocidas. No creo que acá vuelva a haber grupos alzados en armas, nosotros estamos cansados de eso. Aquí no nos podemos devolver, tenemos que dar pasos hacia adelante, no hacia atrás”.

A la vera del camino

Hay que acercarse para descubrir que esa mole de óxido y mármol rajado en mitad de la única avenida de Puerto Boyacá es un monumento. Tiene las letras y baldosas rotas y retiraron del lugar la cabeza dañada del prócer. Lo que se conserva es una cita suya en hierro, la misma que en el pueblo conocen de memoria, atribuida a Pablo Emilio Guarín, el congresista liberal que ayudó a crear las Autodefensas del Magdalena Medio: “Si a la vera del camino hallaren mi cadáver, no lo recojan, dejen para que los buitres de las Farc lo devoren, recojan mis ideas, mis banderas y sigan adelante”.

La cita, real o espuria, anticipó el final de Guarín, asesinado en 1987 en una emboscada cerca de Chocontá, Cundinamarca. Las Farc asumieron su responsabilidad por ese homicidio en una carta que enviaron a la JEP, en la que además se atribuyeron los asesinatos del político conservador Álvaro Gómez Hurtado, Jesús Antonio Bejarano y el general Fernando Landázabal Reyes. Pero en Puerto Boyacá nadie cree esa versión; juran que Guarín cayó en las vendetas mafiosas que acabaron con casi todos los fundadores de las Autodefensas del Magdalena Medio en los primeros años de los 90: Ariel Otero, Gonzalo y Henry Pérez, Enrique Tobón, Evelio Osorio, el mayor del Ejército Óscar de Jesús Echandía... terminaron matándose entre ellos en una disputa donde intervinieron Pablo Escobar y el Cartel de Cali.

Llegando al pueblo ya no está la valla que por años dio la bienvenida a la “capital antisubversiva de Colombia”, tampoco la que Botalón instaló en su reemplazo pidiendo perdón a las víctimas. Ambas sucumbieron bajo una aparatosa intersección de la Ruta del Sol. “Entiendan que esta guerra no fue de nosotros, nos tocó este camino” dijo Botalón a Verdad Abierta en una de las pocas entrevistas que ha concedido.

Queda el mausoleo de Henry Pérez en la entrada del cementerio, las flores puestas con esmero, las placas de homenaje cuidadas al detalle. Podría emplear una alegoría fácil escribiendo que Puerto Boyacá fue cuna y tumba del paramilitarismo, pero las flores de ese mausoleo lucen demasiado frescas y resuenan aún las palabras de Eduardo Lesmes pidiendo con urgencia dar trabajo y tierras a la gente para contener la crisis social: “Si la historia no se quiere repetir desde cualquier lado, porque la violencia viene de cualquier lado cuando hay hambre”.