¿Qué debería tener una política pública de protección a líderes sociales?

Los líderes y lideresas sociales se han cansado de denunciar que un teléfono celular no les sirve para nada si en sus territorios no hay luz ni señal, que un carro blindado no entra en las trochas de acceso a sus comunidades y que un chaleco antibalas realmente los pone en mayor riesgo. Sin embargo, hasta ahora sus quejas no han sido escuchadas ni incorporadas a la protección que, con suerte, se les brinda a quienes defienden la vida. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, en Colombia hay 1.351 líderes amenazados y, desde la alerta que emitieron en marzo de 2018, han sido amenazados 196 más.

Fue por esto que miles de personas se movilizaron el 26 de julio por la vida de los líderes y exigieron que se les proteja. En ese mismo contexto, se relanzó ayer en Montería (Córdoba) la campaña Lidera la Vida, en un evento al que asistieron líderes y lideresas de ese departamento y la región de los Montes de María. Allí tuvieron lugar conversaciones en torno a las necesidades que se han identificado para proteger a los defensores y defensoras. Las peticiones más reiteradas en este escenario fueron la necesidad de desestigmatizar la labor de estas personas y de garantizar una protección oportuna y efectiva.

El gobierno de Iván Duque anunció en agosto de 2018 la formulación de una política pública para la protección de líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos. El documento Conpes, indicó la ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en una visita al sur de Bolívar, está en su etapa final, es decir, para revisión y socialización.

Si bien es cierto que aún no se conoce el documento, hay puntos importantes que debería incluir, partiendo de las peticiones de líderes y lideresas, organizaciones como Codhes e instituciones como la Defensoría y la Procuraduría. Estos son algunos de esos puntos que debe tener esta política para que realmente haya resultados, es decir, para que se traduzca en la disminución de asesinatos de líderes sociales.

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Financiación

“Ese Conpes debe tener todas las condiciones para que no quede como un documento de economistas que no se lleve a cabo. Debe ser un documento con recursos. Si es un Conpes que no va a tener recursos, es mejor que ni lo saque el Gobierno”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Negret, quien asistió al encuentro Lidera la Vida. Según Negret, esa es la única garantía para que la política no se quede en el papel y pueda llegar a los territorios más alejados, donde suceden los crímenes.

De hecho, en Córdoba los asesinatos de líderes han ocurrido en el sur, en municipios como Tierralta, San José de Uré, Montelíbano y Puerto Libertador, principalmente a personas que defienden la restitución de tierras o la sustitución de cultivos de uso ilícito o que tienen un liderazgo político.

Reestructuración de la UNP

Este es un punto importante que hace parte de la modernización y actualización del sistema de protección de líderes. La Unidad Nacional de Protección, dice el procurador (e), Juan Carlos Cortés, debe “dar un vuelco muy importante en los esquemas de protección, en temas como la protección colectiva. También se deben establecer rutas rápidas de reacción para que, cuando haya una amenaza, la UNP entre rápidamente a proteger”. A esto se suma la necesidad de implementar esquemas rápidos de valoración del riesgo que sufren los líderes. “Creemos que se debe pensar en que los mismos jueces valoren los riesgos. Por ejemplo, si hay una persona amenazada que entra y hace su denuncia, y hay una investigación penal, pues que sea el juez de garantías el que diga: ya se capturó a los responsables, la amenaza cesa o, por el contrario, la amenaza continúa, y debe brindarse un nivel mayor de protección”, agrega Cortés.

Medidas colectivas

Marco Romero, director de Codhes, fue enfático en señalar que “la protección debe ser concertada con las comunidades. Hay un llamado a la protección colectiva y deben darles garantías a los mecanismos de autoprotección”. Estos últimos son esfuerzos como las guardias indígenas, campesinas o cimarronas, custodios cívicos y desarmados, o, por ejemplo, el Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, que no se ha puesto en acción. En lugares como Tierralta (Córdoba), la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas) ha sido víctima de asesinatos de los líderes.

De hecho, hace dos años asesinaron a su vicepresidente, José Yimer Cartagena. La lideresa Gregoria Arrieta señala que, además de los riesgos de los actores armados, hay una constante estigmatización por parte de las autoridades locales. “También tenemos al alcalde (ver balcón) que no mira bien el trabajo social. De hecho, en la movilización (para exigir los pagos para la sustitución de cultivos de uso ilícito) también recibimos muchas amenazas de parte de la administración municipal”. Apunta que, si fueran allá a preguntarles, desearían tener una oficina de derechos humanos independiente de la administración, de modo que se sientan seguros al hacer denuncias.

Zaida Ely Artuz, presidenta de la Anuc en Canalete (Córdoba), apoya esta idea y agrega: “Yo pienso que debe ser constante la escucha con nosotras y sobre todo tener la seguridad de que se van a tomar medidas correctivas, porque tenemos que movernos en todo el territorio”. La Procuraduría recomendó también que debe garantizarse la participación ciudadana en las instancias de dirección, vigilancia y seguimiento, que “se les dé todo el peso y el valor a la Comisión Nacional de Garantías, a los subcomités técnicos y en general a mecanismos de participación”, dijo Cortés.

Finalmente, Marco Romero agregó que la interlocución con las comunidades debe hacerse precisamente porque “las zonas de priorización para la protección no pueden ser experimentos cívico-militares, ni pueden restringir las libertades diciendo que van a proteger”.

Los líderes esperan que el Conpes se presente pronto y se socialice con ellos. Sobre todo esperan que, si el Gobierno hace un esfuerzo como este, no debería continuar haciendo declaraciones que banalicen la problemática y menos que culpen a los líderes, aludiendo a que los crímenes obedecen a ajustes de cuentas o líos de faldas. Piden que no se les estigmatice. Ni una vida más en riesgo.

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Los líderes y lideresas sociales se han cansado de denunciar que un teléfono celular no les sirve para nada si en sus territorios no hay luz ni señal, que un carro blindado no entra en las trochas de acceso a sus comunidades y que un chaleco antibalas realmente los pone en mayor riesgo. Sin embargo, hasta ahora sus quejas no han sido escuchadas ni incorporadas a la protección que, con suerte, se les brinda a quienes defienden la vida. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, en Colombia hay 1.351 líderes amenazados y, desde la alerta que emitieron en marzo de 2018, han sido amenazados 196 más.

Fue por esto que miles de personas se movilizaron el 26 de julio por la vida de los líderes y exigieron que se les proteja. En ese mismo contexto, se relanzó ayer en Montería (Córdoba) la campaña Lidera la Vida, en un evento al que asistieron líderes y lideresas de ese departamento y la región de los Montes de María. Allí tuvieron lugar conversaciones en torno a las necesidades que se han identificado para proteger a los defensores y defensoras. Las peticiones más reiteradas en este escenario fueron la necesidad de desestigmatizar la labor de estas personas y de garantizar una protección oportuna y efectiva.

El gobierno de Iván Duque anunció en agosto de 2018 la formulación de una política pública para la protección de líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos. El documento Conpes, indicó la ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en una visita al sur de Bolívar, está en su etapa final, es decir, para revisión y socialización.

Si bien es cierto que aún no se conoce el documento, hay puntos importantes que debería incluir, partiendo de las peticiones de líderes y lideresas, organizaciones como Codhes e instituciones como la Defensoría y la Procuraduría. Estos son algunos de esos puntos que debe tener esta política para que realmente haya resultados, es decir, para que se traduzca en la disminución de asesinatos de líderes sociales.

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Financiación

“Ese Conpes debe tener todas las condiciones para que no quede como un documento de economistas que no se lleve a cabo. Debe ser un documento con recursos. Si es un Conpes que no va a tener recursos, es mejor que ni lo saque el Gobierno”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Negret, quien asistió al encuentro Lidera la Vida. Según Negret, esa es la única garantía para que la política no se quede en el papel y pueda llegar a los territorios más alejados, donde suceden los crímenes.

De hecho, en Córdoba los asesinatos de líderes han ocurrido en el sur, en municipios como Tierralta, San José de Uré, Montelíbano y Puerto Libertador, principalmente a personas que defienden la restitución de tierras o la sustitución de cultivos de uso ilícito o que tienen un liderazgo político.

Reestructuración de la UNP

Este es un punto importante que hace parte de la modernización y actualización del sistema de protección de líderes. La Unidad Nacional de Protección, dice el procurador (e), Juan Carlos Cortés, debe “dar un vuelco muy importante en los esquemas de protección, en temas como la protección colectiva. También se deben establecer rutas rápidas de reacción para que, cuando haya una amenaza, la UNP entre rápidamente a proteger”. A esto se suma la necesidad de implementar esquemas rápidos de valoración del riesgo que sufren los líderes. “Creemos que se debe pensar en que los mismos jueces valoren los riesgos. Por ejemplo, si hay una persona amenazada que entra y hace su denuncia, y hay una investigación penal, pues que sea el juez de garantías el que diga: ya se capturó a los responsables, la amenaza cesa o, por el contrario, la amenaza continúa, y debe brindarse un nivel mayor de protección”, agrega Cortés.

Medidas colectivas

Marco Romero, director de Codhes, fue enfático en señalar que “la protección debe ser concertada con las comunidades. Hay un llamado a la protección colectiva y deben darles garantías a los mecanismos de autoprotección”. Estos últimos son esfuerzos como las guardias indígenas, campesinas o cimarronas, custodios cívicos y desarmados, o, por ejemplo, el Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, que no se ha puesto en acción. En lugares como Tierralta (Córdoba), la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas) ha sido víctima de asesinatos de los líderes.

De hecho, hace dos años asesinaron a su vicepresidente, José Yimer Cartagena. La lideresa Gregoria Arrieta señala que, además de los riesgos de los actores armados, hay una constante estigmatización por parte de las autoridades locales. “También tenemos al alcalde (ver balcón) que no mira bien el trabajo social. De hecho, en la movilización (para exigir los pagos para la sustitución de cultivos de uso ilícito) también recibimos muchas amenazas de parte de la administración municipal”. Apunta que, si fueran allá a preguntarles, desearían tener una oficina de derechos humanos independiente de la administración, de modo que se sientan seguros al hacer denuncias.

Zaida Ely Artuz, presidenta de la Anuc en Canalete (Córdoba), apoya esta idea y agrega: “Yo pienso que debe ser constante la escucha con nosotras y sobre todo tener la seguridad de que se van a tomar medidas correctivas, porque tenemos que movernos en todo el territorio”. La Procuraduría recomendó también que debe garantizarse la participación ciudadana en las instancias de dirección, vigilancia y seguimiento, que “se les dé todo el peso y el valor a la Comisión Nacional de Garantías, a los subcomités técnicos y en general a mecanismos de participación”, dijo Cortés.

Finalmente, Marco Romero agregó que la interlocución con las comunidades debe hacerse precisamente porque “las zonas de priorización para la protección no pueden ser experimentos cívico-militares, ni pueden restringir las libertades diciendo que van a proteger”.

Los líderes esperan que el Conpes se presente pronto y se socialice con ellos. Sobre todo esperan que, si el Gobierno hace un esfuerzo como este, no debería continuar haciendo declaraciones que banalicen la problemática y menos que culpen a los líderes, aludiendo a que los crímenes obedecen a ajustes de cuentas o líos de faldas. Piden que no se les estigmatice. Ni una vida más en riesgo.

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