Que la paz no se nos escape de las manos: procurador a Duque
Fernando Carrillo le pidió al presidente una ruta clara de cumplimiento del acuerdo de paz y resultados inmediatos para detener la “máquina de exterminio” contra líderes sociales.
Redacción El Espectador
En momentos en que la consolidación del proceso de paz con las Farc atraviesa por una aguda crisis como consecuencia de la incertidumbre en torno al paradero de varios ex jefes de esa guerrilla y los anunciados ajustes del gobierno a la implementación de la paz, el procurador Fernando Carrillo exhortó al presidente de la República para que no deje morir la ilusión de paz del país.
Puede leer: ¿Qué pasa con los exmandos medios de las Farc?
Invocando su condición de jefe del Ministerio Público, Carrillo le pidió a Iván Duque que, con carácter prioritario, defina y presente “una ruta de cumplimiento de lo pactado para la reincorporación efectiva de los excombatientes, mediante una acción social, económica y política que consolide en los territorios la reconciliación y espante los nubarrones que amenazan con devorarse lo avanzado”.
Las dudas en torno al futuro de la implementación se agudizaron a comienzos de septiembre cuando la propia Misión de Verificación de la ONU señaló que seis dirigentes de cuatro Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y de un Nuevo Punto de Reagrupamiento (NPR) en el suroriente del país “dejaron estos espacios y abandonaron sus responsabilidades con aproximadamente 1.500 excombatientes que residen allí”.
Para Carrillo, se trata de una grave alarma de la comunidad internacional “sobre la fragilidad del proceso de paz y la urgente necesidad de salvaguardar lo acordado”.
(Le puede interesar: Mesa con Eln, a la espera de ser liberada).
Tal y como lo han advertido agencias internacionales y expertos cercanos al proceso de paz entre las Farc y el Estado colombiano (iniciativa que fue negociada y firmada por la administración de Juan Manuel Santos), las comunidades más golpeadas por el conflicto armado interno tienen miedo de caer nuevamente en una espiral de violencia. Y así se lo recordó Carrillo al presidente, mediante carta enviada el 7 de septiembre pasado.
Duque llegó a la Presidencia de la República justo un mes atrás, con la promesa de que haría ajustes a la paz con las Farc. No ha precisado hasta qué punto llegarán esos cambios, pero el canciller Carlos Holmes Trujillo ya mencionó algunos, que en realidad se referirían a salvaguardas que ya están en el acuerdo de paz, según escribió en este diario Humberto de la Calle, el jefe del equipo que negoció la paz con las Farc.
Lea: En Guaviare los proyectos productivos de la FARC no marchan
Y mientras el Estado se demora en copar las zonas que antes controlaba la guerrilla de las Farc y en cumplir las promesas de ayuda para las regiones azotadas por la violencia, los mandos medios de la desmovilizada guerrilla siguen entre los más tentados para reciclarse en la guerra.
Las Farc se desarmaron, pero las economías ilegales siguen vigentes.
Por eso la preocupación de Carrillo en su comunicación al presidente: “se hace urgente la acción del Estado para garantizar que quienes han creído en la paz y entregaron las armas, se mantengan dentro del proceso de reincorporación. Hay que dar garantías permanentes de que las partes cumplen los acuerdos y dejar sin asidero los cuestionamientos de quienes han faltado a su palabra y parecieran estar alejándose equivocadamente de lo pactado”.
(Lea aquí: ¿Mucho tilín tilín?).
Finalmente, el Procurador llamó la atención de los desmovilizados. No los mencionó con nombre propio, pero se refería a 'Romaña', 'Iván Márquez' y los otros cuatro que abandonaron los espacios de reincorporación. Les pidió que demuestren con hechos su compromiso con el proceso de reintegración y les aclaró que “ es equivocada la estrategia de silencio...que contribuye a minar la confianza nacional e internacional en la paz, por la que tantos años hemos esperado”.
En suma, lo que pide Carrillo es que el Estado les cumpla a los miles de desmovilizados que le están jugando limpio a la paz, para evitar que nuevas violencias los vuelvan a reclutar. Por eso Carrillo insiste en que el gobierno debe tomar decisiones sobre el funcionamiento de la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Verificación del Acuerdo Final y el Consejo Nacional de Reincorporación. Fortalecer la institucionalidad para resolver diferencias o dificultades y consolidar la reconciliación, en palabras del Procurador.
Vea también: ¿Qué pasa en Miravalle, la zona de reincorporación de “El Paisa” e Iván Márquez?
Pero antes que los proyectos productivos y las promesas de ayuda económica, lo que el Estado debe cumplir es su promesa de garantizar la vida de sus ciudadanos. Los que fueron guerrilleros, los que no lo fueron pero viven en zonas afectadas por el accionar de los violentos, los valientes líderes sociales que luchan por un mejor futuro para esas regiones. Todos.
Sobre ese tema, Carrillo solicitó al presidente redoblar la acción contra las organizaciones criminales que atentan contra los líderes sociales, autoridades étnicas y defensores de derechos humanos. “Sabemos de su determinación en este campo, en el cual el país espera resultados inmediatos para detener esa máquina de exterminio contra el liderazgo social en Colombia”, concluyó Carrillo.
(También: Los sueños de un líder indígena asesinado en Tumaco)
En momentos en que la consolidación del proceso de paz con las Farc atraviesa por una aguda crisis como consecuencia de la incertidumbre en torno al paradero de varios ex jefes de esa guerrilla y los anunciados ajustes del gobierno a la implementación de la paz, el procurador Fernando Carrillo exhortó al presidente de la República para que no deje morir la ilusión de paz del país.
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Invocando su condición de jefe del Ministerio Público, Carrillo le pidió a Iván Duque que, con carácter prioritario, defina y presente “una ruta de cumplimiento de lo pactado para la reincorporación efectiva de los excombatientes, mediante una acción social, económica y política que consolide en los territorios la reconciliación y espante los nubarrones que amenazan con devorarse lo avanzado”.
Las dudas en torno al futuro de la implementación se agudizaron a comienzos de septiembre cuando la propia Misión de Verificación de la ONU señaló que seis dirigentes de cuatro Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y de un Nuevo Punto de Reagrupamiento (NPR) en el suroriente del país “dejaron estos espacios y abandonaron sus responsabilidades con aproximadamente 1.500 excombatientes que residen allí”.
Para Carrillo, se trata de una grave alarma de la comunidad internacional “sobre la fragilidad del proceso de paz y la urgente necesidad de salvaguardar lo acordado”.
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Tal y como lo han advertido agencias internacionales y expertos cercanos al proceso de paz entre las Farc y el Estado colombiano (iniciativa que fue negociada y firmada por la administración de Juan Manuel Santos), las comunidades más golpeadas por el conflicto armado interno tienen miedo de caer nuevamente en una espiral de violencia. Y así se lo recordó Carrillo al presidente, mediante carta enviada el 7 de septiembre pasado.
Duque llegó a la Presidencia de la República justo un mes atrás, con la promesa de que haría ajustes a la paz con las Farc. No ha precisado hasta qué punto llegarán esos cambios, pero el canciller Carlos Holmes Trujillo ya mencionó algunos, que en realidad se referirían a salvaguardas que ya están en el acuerdo de paz, según escribió en este diario Humberto de la Calle, el jefe del equipo que negoció la paz con las Farc.
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Y mientras el Estado se demora en copar las zonas que antes controlaba la guerrilla de las Farc y en cumplir las promesas de ayuda para las regiones azotadas por la violencia, los mandos medios de la desmovilizada guerrilla siguen entre los más tentados para reciclarse en la guerra.
Las Farc se desarmaron, pero las economías ilegales siguen vigentes.
Por eso la preocupación de Carrillo en su comunicación al presidente: “se hace urgente la acción del Estado para garantizar que quienes han creído en la paz y entregaron las armas, se mantengan dentro del proceso de reincorporación. Hay que dar garantías permanentes de que las partes cumplen los acuerdos y dejar sin asidero los cuestionamientos de quienes han faltado a su palabra y parecieran estar alejándose equivocadamente de lo pactado”.
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Finalmente, el Procurador llamó la atención de los desmovilizados. No los mencionó con nombre propio, pero se refería a 'Romaña', 'Iván Márquez' y los otros cuatro que abandonaron los espacios de reincorporación. Les pidió que demuestren con hechos su compromiso con el proceso de reintegración y les aclaró que “ es equivocada la estrategia de silencio...que contribuye a minar la confianza nacional e internacional en la paz, por la que tantos años hemos esperado”.
En suma, lo que pide Carrillo es que el Estado les cumpla a los miles de desmovilizados que le están jugando limpio a la paz, para evitar que nuevas violencias los vuelvan a reclutar. Por eso Carrillo insiste en que el gobierno debe tomar decisiones sobre el funcionamiento de la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Verificación del Acuerdo Final y el Consejo Nacional de Reincorporación. Fortalecer la institucionalidad para resolver diferencias o dificultades y consolidar la reconciliación, en palabras del Procurador.
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Pero antes que los proyectos productivos y las promesas de ayuda económica, lo que el Estado debe cumplir es su promesa de garantizar la vida de sus ciudadanos. Los que fueron guerrilleros, los que no lo fueron pero viven en zonas afectadas por el accionar de los violentos, los valientes líderes sociales que luchan por un mejor futuro para esas regiones. Todos.
Sobre ese tema, Carrillo solicitó al presidente redoblar la acción contra las organizaciones criminales que atentan contra los líderes sociales, autoridades étnicas y defensores de derechos humanos. “Sabemos de su determinación en este campo, en el cual el país espera resultados inmediatos para detener esa máquina de exterminio contra el liderazgo social en Colombia”, concluyó Carrillo.
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