¿Qué pasará con los PDET en lo que resta del Gobierno Petro? Habla director de ART

Hace pocos días, en Apartadó (Antioquia), Raúl Delgado presentó la rendición de cuentas anual de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), entidad que dirige desde hace nueve meses y que tiene la tarea de implementar una de las principales apuestas del Acuerdo de Paz con las FARC: los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), con los que se pretende mejorar la situación de los 170 municipios más afectados por el conflicto en Colombia.

Allá, frente a las comunidades que durante décadas han resistido a la guerra, Delgado explicó lo que se encontró en la entidad y por qué parece imposible cumplir a cabalidad con esos PDET. Las razones van desde errores en la planeación de los programas, pasando por la falta de fondos, hasta los incumplimientos en cientos de obras y denuncias de corrupción como las del OCAD Paz, un escándalo en el que se señaló a funcionarios del Gobierno de Iván Duque que, presuntamente, habrían desviado recursos de la paz por alrededor de $500.000 millones.

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Raúl Delgado, quien fue gobernador de Nariño, tiene el tiempo en contra. En 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz, se hablaba de los PDET como una apuesta de largo plazo (su planificación y gestión es a 10 años). Pero a la cuenta regresiva le quedan apenas los tres años que restan del mandato de Gustavo Petro.

En entrevista con Colombia+20, el director de la ART explicó cómo va la implementación de los programas, qué se está haciendo para blindar la transparencia de los recursos y cómo se les va a cumplir a las poblaciones que incluso hoy en día siguen bajo el yugo de la guerra. Además, reveló detalles de la apuesta de educación superior que plantea el presidente Petro en estas regiones.

Usted llegó al cargo a finales de octubre, pero tuvo que entregar cuentas por todo el año 2022. ¿Cuál es el balance del trabajo de la entidad?

Lo primero que nos encontramos fue un profundo escepticismo de las comunidades sobre la implementación de los PDET. Fuimos región por región a las 16 zonas que agrupan los 170 municipios PDET e identificamos los proyectos que estaban en ejecución y que, según las comunidades, presentaban problemas. De 3.200 que se sometieron al análisis, se encontró que 834 (la cuarta parte) presentaban serias dificultades. Son proyectos que comprometen inversiones por cerca de 5 billones de pesos, la mayoría financiados a través de regalías para la paz. En esos casos hemos trasladado al Departamento Nacional de Planeación (DNP), citamos al implementador que tenía a cargo las obras y remitimos el listado de los proyectos en dificultades tanto a la Contraloría General como a la Oficina de Transparencia de la República.

¿Hay plata para cumplir con los PDET?

Si vemos estructuralmente los recursos, en 2018 hubo un CONPES que estimó en 80 billones el costo de la implementación de los PDET, y la principal fuente que incluyó fue el Sistema General de Participaciones (SGP). Con esta cifra y con esta fuente hay dos problemas. Primero, el costo total está subestimado, y en cuanto al SGP, este tiene destinación específica: hoy se invierte en un municipio de sexta categoría sea o no sea PDET. ¿Por qué hablo de la subestimación? En el periodo anterior se aprobaron unos 5.000 proyectos por unos $20 billones, así que para 32.000 iniciativas se necesitan más de $200 billones.

¿Qué plantean entonces?

Primero, la necesidad de revisar el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz. No solo por los PDET, sino que ya el Instituto Kroc advirtió cómo están las cosas: es casi imposible cumplir el acuerdo en los plazos estimados. Al menos en los PDET no es posible en los plazos estimados. Segundo, actualizar los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), pero creo que aún así hay necesidad de buscar nuevas fuentes de financiación si se quiere cumplir.

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¿Cuáles son los proyectos más colgados y qué va a pasar con estos?

Las mayores quejas se presentan en los proyectos de energía fotovoltaica, los de unidades sanitarias familiares y los de vías. Nuestra política no es decir “qué pena, eso no lo contratamos nosotros”, porque nuestra obligación como Gobierno y parte del Estado es tratar de que los proyectos se ejecuten como se les prometió a las comunidades. Se priorizaron iniciativas y allí nos encontramos con una gran falencia: casi ninguna tiene ya formulados proyectos que permitan implementarlas. Hemos acordado una estrategia de estructuración de proyectos y estamos buscando firmar convenios con universidades o con otras entidades con experticia en la formulación de proyectos con enfoque territorial. En cuanto a los proyectos ya estructurados, se sometieron a la opinión de las comunidades, que en algunos casos objetaron y en otros recibimos el mandato de buscarles fuente de financiación.

¿Y cómo hacer para que no vuelva a pasar lo mismo con los contratistas?

No emplearemos el modelo de la administración anterior, que consistió en contratar un gran implementador para toda una subregión y se le encomendaron 50, 60, 70 obras, con incumplimientos gravísimos. El mayor de los problemas de ese modelo es que el implementador de los proyectos subcontrataba muchas veces a organizaciones comunitarias y les están adeudando recursos. No vamos a volver a emplear eso: o se contrata con la comunidad o abrimos una convocatoria proyecto por proyecto, entre otras, buscando que también la ingeniería y los empresarios locales puedan participar. Hay otro cambio importante frente a las regalías para la paz: antes había una sola bolsa, el gobierno Duque dispuso de más de 6 billones de regalías para la paz, porque anticipó el 70% de las del gobierno Petro y el 70% del gobierno que le siga. Nosotros vamos a disponer de menos de 4 billones porque ya solo quedaba el 30%.

¿Cómo va a funcionar eso de tener varias bolsas?

El cambio de fondo es que ya no habrá una sola bolsa nacional, sino una bolsa subregión por subregión. ¿Por qué? Porque 5 subregiones concentraron el 54% de los recursos, mientras que las otras 11 les correspondió el 48%. En vez de haber contribuido a cerrar brechas regionales, se profundizaron. Y lo otro que se hará en adelante es que todo proyecto que vaya al OCAD Paz, los nuevos proyectos, para que la ART expida el certificado de concordancia, que es por donde inicia el proceso, se pedirá un acta de socialización con las comunidades. Eso, entre otros cambios que hemos adoptado.

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Hace un año salió a la luz el escándalo del OCAD Paz. ¿Qué medidas tomaron para blindar los recursos de la paz?

Primero, que no haya una gran bolsa nacional, sino convocatorias subregión por subregión. Eso hace que en cada una, sus autoridades y comunidades conozcan lo que les corresponde y facilita la priorización de proyectos al interior de cada subregión. Segundo, para que la ART expida el certificado de concordancia, debe anexarse por quien vaya a presentar el proyecto al OCAD-Paz el acta de socialización con la comunidad beneficiaria, con el grupo motor y el Mecanismo Especial de Consulta (MEC). Tercero, con Planeación Nacional hemos acordado impulsar lo que podríamos llamar un sistema de alertas comunitarias vía WhatsApp, para que un ciudadano, un dirigente del grupo motor o del MEC pueda poner una alerta sobre un problema o desde el proyecto que se va a presentar y a la vez ese ciudadano reciba las alertas que nazcan del equipo de seguimiento que tiene el DNP. Y lo cuarto, hemos dicho, no habrá proyecto que no tenga veeduría porque muchas veces la veeduría sin apoyo técnico es más formal que real.

En el balance de su gestión se observa que le ha dedicado varios meses a “recuperar la confianza” de las comunidades. ¿Por qué?

El primer gran reto es recuperar la confianza de las comunidades porque, unánimemente, el mayor de los reclamos es que fueron muy tenidas en cuenta a la hora de formularse los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) y luego, según ellas, quedaron prácticamente excluidas a la hora de la priorización, ejecución y control social de las iniciativas que quedaron en esos planes. Entonces, nuestro primer gran propósito y compromiso fue el de retomar una participación comunitaria incidente, con enfoque diferencial, étnico y de género y el sentido transformador de los PATR, como se establece en el Acuerdo de Paz. Y ligado a esa implementación también está la coordinación y apoyo a la política de paz total.

En varias regiones se ha anunciado la construcción de universidades como parte de la apuesta por transformar. ¿Cómo va eso?

Le estamos poniendo mucha atención a lo que hemos denominado los proyectos integradores y transformadores, que jalonan una inversión integral de las distintas entidades del gobierno, del sector privado, de la academia etc. El piloto de esto es Catatumbo, por instrucción del señor Presidente de la República, allá el proyecto jalonador es la Universidad de Catatumbo, que entre otras está a cargo de la ART. ¿Qué quedó como meta? 32 proyectos estructurados y 24 en ejecución de este tipo.

¿Cuáles son las instrucciones del presidente Petro al respecto?

Hemos estado reunidos con el señor Presidente para analizar el tema de educación y en particular él ha llamado un “salto cualitativo en el acceso a educación superior” por parte de los sectores más vulnerables y en los territorios más vulnerables. Se habla de que al menos serán 50 sedes, pero hasta ahora están identificadas la de Catatumbo; en Nariño, la de Tumaco y el centro de educación superior en el Telembí (con sede en Barbacoas), y también estaría la de Puerto Asís (Putumayo) y Arauca, entre lo que hasta ahora va más priorizado. De 10 proyectos, 5 corresponden a municipios PDET. Donde haya un centro de educación superior, ese se convierte en el jalonador de una serie de intervenciones en el mejoramiento de la conectividad, tanto física como digital, el proyecto de mejoramiento de la salud, unas líneas productivas ligadas a la política de sustitución (de cultivos de uso ilícito), entre otras acciones.

Lea también: “¿De qué sirve inaugurar una escuela PDET si en la puerta matan al profesor?”

Hablando de sustitución, el 94% de los cultivos de coca hoy están en los municipios PDET. Allí hay muchas familias que sustituyeron y se les incumplió, pero el gobierno se comprometió a responder…

Hay una Dirección de Sustitución a cargo del doctor Felipe Tascón, que es la voz autorizada para informar en detalle. Lo que puedo decir en términos generales es, primero, que el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) se va a cumplir en su totalidad. El programa estaba para dos años, se amplió a tres y hoy, seis años después, menos de mil de las 100.000 familias inscritas tienen cumplido el ciclo. Pero, como sea, están los recursos para terminar de cumplir el PNIS. Eso es un compromiso. Y lo otro es que se pondrá en marcha la nueva política de sustitución que quedó en el Plan de Desarrollo, que ante todo busca más que sustituir una mata por otra, sustituir economías ilegalizadas por economías legales, que a la vez implica una transformación territorial y allí está lo que le corresponde a la ART, sobre todo es articular la intervención para la transformación territorial.

Mientras eso pasa, se mantiene vigente una crisis de la economía de la coca que tiene a los campesinos aguantando hambre…

Para enfrentar esa situación, previo visto bueno de cada familia, le van a anticipar dos millones de pesos de los recursos que tengan pendientes, como una manera de disminuir el efecto de algo que está sucediendo y es la parálisis de las economías. Reitero que están los recursos para terminar de cumplir el PNIS. Y en cuanto al PDET, las familias deben tener la absoluta seguridad que en medio de las limitaciones que hemos hablado, el gobierno hará el mayor esfuerzo por avanzar todo lo que podamos avanzar, quedando claro que en este gobierno no se puede terminar de cumplir todo lo de los PDET por las razones ya explicadas.

Puede leer: Crisis cocalera: oportunidad para que el Estado ofrezca alternativas a comunidades

Pese a la apuesta de Paz Total, en las zonas PDET sigue vivo el conflicto. ¿Qué retos implica eso para la ejecución de obras?

Creo que el cumplimiento del Acuerdo de Paz y el avance en la Paz Total están entrañablemente ligados. Ahora, el Estado tampoco puede quedar solo sujeto al éxito de la paz total. Donde hayan grupos que no muestren voluntad de paz, el Estado tiene que ejercer el control de los territorios y garantizar los derechos de las comunidades, entre otras cosas, el derecho a que se cumpla un compromiso que pactó el Estado con las FARC cuando se firmó el Acuerdo de Paz. En casi todas las zonas PDET hay desafíos, por eso la gente espera el éxito de esa política, porque la ve como la única esperanza de que vuelva a haber tranquilidad, garantía a la vida y a la integridad de los líderes y las comunidades.

Quienes viven en esas regiones son las personas que más han sufrido el conflicto. Desde esa óptica, ¿por qué es importante que la Paz Total llegue a buen puerto?

Acá en Bogotá hay sectores que dicen que la paz total puso en segundo plano la implementación. Las comunidades, créame, no lo ven así, porque para ellos la seguridad tal vez es el mayor de sus retos. Si bien el Acuerdo de Paz creó instrumentos, comisiones y unidades, lo cierto es que las comunidades ven que su situación, en vez de mejorar en cuanto a seguridad, ha empeorado y por eso tienen puestas sus esperanzas en la paz total. Está claro que cumplir el Acuerdo de Paz es condición necesaria para crear confianza en las nuevas negociaciones, pero a la vez los avances, sobre todo humanitarios, en el contexto de la paz total sirven para implementar los acuerdos, porque mientras se siga minando, siga el desplazamiento, los confinamientos, los asesinatos de líderes, los desplazamientos de firmantes para la paz, difícilmente se avanza.

Hace pocos días, en Apartadó (Antioquia), Raúl Delgado presentó la rendición de cuentas anual de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), entidad que dirige desde hace nueve meses y que tiene la tarea de implementar una de las principales apuestas del Acuerdo de Paz con las FARC: los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), con los que se pretende mejorar la situación de los 170 municipios más afectados por el conflicto en Colombia.

Allá, frente a las comunidades que durante décadas han resistido a la guerra, Delgado explicó lo que se encontró en la entidad y por qué parece imposible cumplir a cabalidad con esos PDET. Las razones van desde errores en la planeación de los programas, pasando por la falta de fondos, hasta los incumplimientos en cientos de obras y denuncias de corrupción como las del OCAD Paz, un escándalo en el que se señaló a funcionarios del Gobierno de Iván Duque que, presuntamente, habrían desviado recursos de la paz por alrededor de $500.000 millones.

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Raúl Delgado, quien fue gobernador de Nariño, tiene el tiempo en contra. En 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz, se hablaba de los PDET como una apuesta de largo plazo (su planificación y gestión es a 10 años). Pero a la cuenta regresiva le quedan apenas los tres años que restan del mandato de Gustavo Petro.

En entrevista con Colombia+20, el director de la ART explicó cómo va la implementación de los programas, qué se está haciendo para blindar la transparencia de los recursos y cómo se les va a cumplir a las poblaciones que incluso hoy en día siguen bajo el yugo de la guerra. Además, reveló detalles de la apuesta de educación superior que plantea el presidente Petro en estas regiones.

Usted llegó al cargo a finales de octubre, pero tuvo que entregar cuentas por todo el año 2022. ¿Cuál es el balance del trabajo de la entidad?

Lo primero que nos encontramos fue un profundo escepticismo de las comunidades sobre la implementación de los PDET. Fuimos región por región a las 16 zonas que agrupan los 170 municipios PDET e identificamos los proyectos que estaban en ejecución y que, según las comunidades, presentaban problemas. De 3.200 que se sometieron al análisis, se encontró que 834 (la cuarta parte) presentaban serias dificultades. Son proyectos que comprometen inversiones por cerca de 5 billones de pesos, la mayoría financiados a través de regalías para la paz. En esos casos hemos trasladado al Departamento Nacional de Planeación (DNP), citamos al implementador que tenía a cargo las obras y remitimos el listado de los proyectos en dificultades tanto a la Contraloría General como a la Oficina de Transparencia de la República.

¿Hay plata para cumplir con los PDET?

Si vemos estructuralmente los recursos, en 2018 hubo un CONPES que estimó en 80 billones el costo de la implementación de los PDET, y la principal fuente que incluyó fue el Sistema General de Participaciones (SGP). Con esta cifra y con esta fuente hay dos problemas. Primero, el costo total está subestimado, y en cuanto al SGP, este tiene destinación específica: hoy se invierte en un municipio de sexta categoría sea o no sea PDET. ¿Por qué hablo de la subestimación? En el periodo anterior se aprobaron unos 5.000 proyectos por unos $20 billones, así que para 32.000 iniciativas se necesitan más de $200 billones.

¿Qué plantean entonces?

Primero, la necesidad de revisar el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz. No solo por los PDET, sino que ya el Instituto Kroc advirtió cómo están las cosas: es casi imposible cumplir el acuerdo en los plazos estimados. Al menos en los PDET no es posible en los plazos estimados. Segundo, actualizar los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), pero creo que aún así hay necesidad de buscar nuevas fuentes de financiación si se quiere cumplir.

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¿Cuáles son los proyectos más colgados y qué va a pasar con estos?

Las mayores quejas se presentan en los proyectos de energía fotovoltaica, los de unidades sanitarias familiares y los de vías. Nuestra política no es decir “qué pena, eso no lo contratamos nosotros”, porque nuestra obligación como Gobierno y parte del Estado es tratar de que los proyectos se ejecuten como se les prometió a las comunidades. Se priorizaron iniciativas y allí nos encontramos con una gran falencia: casi ninguna tiene ya formulados proyectos que permitan implementarlas. Hemos acordado una estrategia de estructuración de proyectos y estamos buscando firmar convenios con universidades o con otras entidades con experticia en la formulación de proyectos con enfoque territorial. En cuanto a los proyectos ya estructurados, se sometieron a la opinión de las comunidades, que en algunos casos objetaron y en otros recibimos el mandato de buscarles fuente de financiación.

¿Y cómo hacer para que no vuelva a pasar lo mismo con los contratistas?

No emplearemos el modelo de la administración anterior, que consistió en contratar un gran implementador para toda una subregión y se le encomendaron 50, 60, 70 obras, con incumplimientos gravísimos. El mayor de los problemas de ese modelo es que el implementador de los proyectos subcontrataba muchas veces a organizaciones comunitarias y les están adeudando recursos. No vamos a volver a emplear eso: o se contrata con la comunidad o abrimos una convocatoria proyecto por proyecto, entre otras, buscando que también la ingeniería y los empresarios locales puedan participar. Hay otro cambio importante frente a las regalías para la paz: antes había una sola bolsa, el gobierno Duque dispuso de más de 6 billones de regalías para la paz, porque anticipó el 70% de las del gobierno Petro y el 70% del gobierno que le siga. Nosotros vamos a disponer de menos de 4 billones porque ya solo quedaba el 30%.

¿Cómo va a funcionar eso de tener varias bolsas?

El cambio de fondo es que ya no habrá una sola bolsa nacional, sino una bolsa subregión por subregión. ¿Por qué? Porque 5 subregiones concentraron el 54% de los recursos, mientras que las otras 11 les correspondió el 48%. En vez de haber contribuido a cerrar brechas regionales, se profundizaron. Y lo otro que se hará en adelante es que todo proyecto que vaya al OCAD Paz, los nuevos proyectos, para que la ART expida el certificado de concordancia, que es por donde inicia el proceso, se pedirá un acta de socialización con las comunidades. Eso, entre otros cambios que hemos adoptado.

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Hace un año salió a la luz el escándalo del OCAD Paz. ¿Qué medidas tomaron para blindar los recursos de la paz?

Primero, que no haya una gran bolsa nacional, sino convocatorias subregión por subregión. Eso hace que en cada una, sus autoridades y comunidades conozcan lo que les corresponde y facilita la priorización de proyectos al interior de cada subregión. Segundo, para que la ART expida el certificado de concordancia, debe anexarse por quien vaya a presentar el proyecto al OCAD-Paz el acta de socialización con la comunidad beneficiaria, con el grupo motor y el Mecanismo Especial de Consulta (MEC). Tercero, con Planeación Nacional hemos acordado impulsar lo que podríamos llamar un sistema de alertas comunitarias vía WhatsApp, para que un ciudadano, un dirigente del grupo motor o del MEC pueda poner una alerta sobre un problema o desde el proyecto que se va a presentar y a la vez ese ciudadano reciba las alertas que nazcan del equipo de seguimiento que tiene el DNP. Y lo cuarto, hemos dicho, no habrá proyecto que no tenga veeduría porque muchas veces la veeduría sin apoyo técnico es más formal que real.

En el balance de su gestión se observa que le ha dedicado varios meses a “recuperar la confianza” de las comunidades. ¿Por qué?

El primer gran reto es recuperar la confianza de las comunidades porque, unánimemente, el mayor de los reclamos es que fueron muy tenidas en cuenta a la hora de formularse los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) y luego, según ellas, quedaron prácticamente excluidas a la hora de la priorización, ejecución y control social de las iniciativas que quedaron en esos planes. Entonces, nuestro primer gran propósito y compromiso fue el de retomar una participación comunitaria incidente, con enfoque diferencial, étnico y de género y el sentido transformador de los PATR, como se establece en el Acuerdo de Paz. Y ligado a esa implementación también está la coordinación y apoyo a la política de paz total.

En varias regiones se ha anunciado la construcción de universidades como parte de la apuesta por transformar. ¿Cómo va eso?

Le estamos poniendo mucha atención a lo que hemos denominado los proyectos integradores y transformadores, que jalonan una inversión integral de las distintas entidades del gobierno, del sector privado, de la academia etc. El piloto de esto es Catatumbo, por instrucción del señor Presidente de la República, allá el proyecto jalonador es la Universidad de Catatumbo, que entre otras está a cargo de la ART. ¿Qué quedó como meta? 32 proyectos estructurados y 24 en ejecución de este tipo.

¿Cuáles son las instrucciones del presidente Petro al respecto?

Hemos estado reunidos con el señor Presidente para analizar el tema de educación y en particular él ha llamado un “salto cualitativo en el acceso a educación superior” por parte de los sectores más vulnerables y en los territorios más vulnerables. Se habla de que al menos serán 50 sedes, pero hasta ahora están identificadas la de Catatumbo; en Nariño, la de Tumaco y el centro de educación superior en el Telembí (con sede en Barbacoas), y también estaría la de Puerto Asís (Putumayo) y Arauca, entre lo que hasta ahora va más priorizado. De 10 proyectos, 5 corresponden a municipios PDET. Donde haya un centro de educación superior, ese se convierte en el jalonador de una serie de intervenciones en el mejoramiento de la conectividad, tanto física como digital, el proyecto de mejoramiento de la salud, unas líneas productivas ligadas a la política de sustitución (de cultivos de uso ilícito), entre otras acciones.

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Hablando de sustitución, el 94% de los cultivos de coca hoy están en los municipios PDET. Allí hay muchas familias que sustituyeron y se les incumplió, pero el gobierno se comprometió a responder…

Hay una Dirección de Sustitución a cargo del doctor Felipe Tascón, que es la voz autorizada para informar en detalle. Lo que puedo decir en términos generales es, primero, que el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) se va a cumplir en su totalidad. El programa estaba para dos años, se amplió a tres y hoy, seis años después, menos de mil de las 100.000 familias inscritas tienen cumplido el ciclo. Pero, como sea, están los recursos para terminar de cumplir el PNIS. Eso es un compromiso. Y lo otro es que se pondrá en marcha la nueva política de sustitución que quedó en el Plan de Desarrollo, que ante todo busca más que sustituir una mata por otra, sustituir economías ilegalizadas por economías legales, que a la vez implica una transformación territorial y allí está lo que le corresponde a la ART, sobre todo es articular la intervención para la transformación territorial.

Mientras eso pasa, se mantiene vigente una crisis de la economía de la coca que tiene a los campesinos aguantando hambre…

Para enfrentar esa situación, previo visto bueno de cada familia, le van a anticipar dos millones de pesos de los recursos que tengan pendientes, como una manera de disminuir el efecto de algo que está sucediendo y es la parálisis de las economías. Reitero que están los recursos para terminar de cumplir el PNIS. Y en cuanto al PDET, las familias deben tener la absoluta seguridad que en medio de las limitaciones que hemos hablado, el gobierno hará el mayor esfuerzo por avanzar todo lo que podamos avanzar, quedando claro que en este gobierno no se puede terminar de cumplir todo lo de los PDET por las razones ya explicadas.

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Pese a la apuesta de Paz Total, en las zonas PDET sigue vivo el conflicto. ¿Qué retos implica eso para la ejecución de obras?

Creo que el cumplimiento del Acuerdo de Paz y el avance en la Paz Total están entrañablemente ligados. Ahora, el Estado tampoco puede quedar solo sujeto al éxito de la paz total. Donde hayan grupos que no muestren voluntad de paz, el Estado tiene que ejercer el control de los territorios y garantizar los derechos de las comunidades, entre otras cosas, el derecho a que se cumpla un compromiso que pactó el Estado con las FARC cuando se firmó el Acuerdo de Paz. En casi todas las zonas PDET hay desafíos, por eso la gente espera el éxito de esa política, porque la ve como la única esperanza de que vuelva a haber tranquilidad, garantía a la vida y a la integridad de los líderes y las comunidades.

Quienes viven en esas regiones son las personas que más han sufrido el conflicto. Desde esa óptica, ¿por qué es importante que la Paz Total llegue a buen puerto?

Acá en Bogotá hay sectores que dicen que la paz total puso en segundo plano la implementación. Las comunidades, créame, no lo ven así, porque para ellos la seguridad tal vez es el mayor de sus retos. Si bien el Acuerdo de Paz creó instrumentos, comisiones y unidades, lo cierto es que las comunidades ven que su situación, en vez de mejorar en cuanto a seguridad, ha empeorado y por eso tienen puestas sus esperanzas en la paz total. Está claro que cumplir el Acuerdo de Paz es condición necesaria para crear confianza en las nuevas negociaciones, pero a la vez los avances, sobre todo humanitarios, en el contexto de la paz total sirven para implementar los acuerdos, porque mientras se siga minando, siga el desplazamiento, los confinamientos, los asesinatos de líderes, los desplazamientos de firmantes para la paz, difícilmente se avanza.