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Este martes, en una dura y conmovedora transmisión virtual, las Madres de Soacha y Bogotá entregaron a la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su informe sobre los hechos que han tenido que afrontar estas mujeres, madres, esposas y hermanas, luego de que sus familiares fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes del Estado.
Jacqueline Castillo, representante legal de este colectivo, abrió y cerró este encuentro agradeciendo a la JEP la cifra de 6.042 víctimas de estos asesinatos presentados como falsas bajas en combate por agentes del Estado. Y la agradeció porque para ella da cuenta de que no se trató de casos aislados sino de un crimen de Estado sistemático. E insistió en que quieren que los altos mandos les den la cara y que como medida de restauración esperan que las medallas y ascensos que les dieron a los responsables del asesinato de sus hijos, hermanos y esposos sean retiradas en público. Asimismo, señaló que luego de que se conoció esta cifra, las han llamado de diferentes lugares del país, como Pasto, Soacha, Engativá (Bogotá), Aquitania (Boyacá), de personas que creen que algún familiar vivió algo parecido y que quieren documentar mejor sus casos. Por eso Jacqueline cree que esa cifra puede ser mucho mayor.
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Las afectaciones van desde lo emocional, familiar y psicológico hasta lo socioeconómico. Gloria Martinez, por ejemplo, habló de lo “desesperante” y “dolorosa” que ha sido la búsqueda de las familias. Y cómo fueron encontrando historias tan duras como que los cuerpos de sus familiares, encontrados como falsas bajas en combate en Ocaña, Norte de Santander, fueron alicorados y drogados antes de ser asesinados. “Los trataron peor que a los animales”, contó Gloria.
Así como el caso de Doris Tejada, quien tuvo que vender su casa para poder buscar a su hijo Óscar Alexander Morales y hoy vive a las afueras de Bogotá en condiciones precarias. Óscar fue reportado como guerrillero muerto en combate por parte del Batallón La Popa el 16 de enero de 2008. Hasta el momento ella sigue a la espera de poder recuperar su cuerpo, que podría estar enterrado en el cementerio alterno de El Copey (Cesar), por eso en esta transmisión pidieron no adelantar proyectos de infraestructura en esta zona hasta que se pueda esclarecer dónde puede estar este y otros cuerpos de jóvenes desaparecidos.
Durante el evento Doris habló de lo duro que ha sido para ella enfrentarse a una fosa común buscando respuestas y como ella, al seguir teniendo desaparecido a su hijo, le ha tocado vivir esa pesadilla varias veces. Ahora teme que borren las posibilidades de encontrarlo y narró cómo durante este proceso muchas de las madres han sido convencidas de enterrar a sus familiares sin necropcias claras. Situaciones que se sumaron a la negligencia, desesperanza y revictimización por parte de las entidades que han padecido.
Por su parte, las madres y familiares que sí pudieron enterrar a sus hijos siguen enfrentándose a más de ocho años de deudas con los cementerios donde están los cuerpos y algunas no han sido reconocidas por la Unidad de Víctimas. Ocho de ellas, además, han sido víctimas de otros hechos del conflicto armado, como amenazas, desplazamiento forzado (en el caso de cuatro de ellas) y el asesinato de sus familiares, como le ocurrió a Beatriz Méndez, a quien le mataron un hermano y su sobrino; y a Carmenza Gómez y Luz Edilia Palacios, quienes han perdido otro hijo.
Idali Garcera, otra de las madres de este colectivo, y quien perdió a su hijo, habló de un tema poco reconocido. La enorme presión y manipulación por parte de periodistas y ONGs a la que han sido sometidas, que han contribuido a revictimizarlas y manosearlas. “Nos presionaban para entregar fotos y recuerdos y yo me presté para eso. En mi apartamento vinieron y dijeron que vivía en barrios marginados y yo ni sabía eso. Ha sido muy duro todo eso”.
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Otras han sufrido hechos que no tienen que ver con el conflicto armado, pero igual han marcado su vida como en el caso de Soraida Muñoz, Doris y Rubiela Giraldo. Soraida perdió un hijo por una bala perdida, Doris perdió primero a su padre y luego a su hija, los dos atropellados por un carro y Rubiela a su esposo por la misma causa.
El informe “Unidas por la Memoria y la Verdad” recogió los testimonios de las 15 mujeres y la búsqueda de sus hijos, la justicia y la verdad que han buscado sin descanso a lo largo de 13 años. También fue elaborado a partir de las entrevistas a otras familias y víctimas de los mal llamados “falsos positivos” en El Castillo (Meta), El Placer (Putumayo), San Carlos (Antioquia); incluso con algunos de los militares que se negaron a cometer estos crímenes.
“Se pretende que se reconozcan las diferentes dimensiones del daño causado, algo que muchas veces se reduce porque las cifras no dejan ver las madres que murieron de pena moral, los hijos que han quedado sin el apoyo de sus padres, que han tenido que sufrir la estigmatización, las enfermedades físicas y mentales, las rupturas familiares, la manipulación, la extracción ilícita de órganos, el tener que enfrentarse a fosas comunes para encontrar a quien se ama o para seguir buscándolo”, sostuvo el colectivo.
A su turno, la magistrada de la JEP, Catalina Díaz que investiga el macro caso 03 de “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, agradeció al colectivo la confianza que han depositado en la JEP y aseguró que siguen trabajando en el establecimiento de patrones de este crimen, contrastando información para esclarecer por qué sucedieron estos hechos. En esa dirección, mencionó, que han tenido acceso a manuales y directrices militares. “Estamos en la fase de análisis de patrones y planes criminales que estuvieron detrás de la comisión de estos hechos. Y esperamos seguir avanzando”, dijo el magistrado Óscar Parra.
Al cierre de esta transmisión de dos horas, el procurador delegado de la JEP, Jairo Acosta, hizo un importante reconocimiento y mea culpa tras escuchar los testimonios de las mujeres que repitieron en varias ocasiones la negligencia institucional y la falta de apoyo que han encontrado en las entidades del Estado que, en cambio, las han estigmatizado y discriminado.
En esa dirección habló Blanca Nubia Monroy, cuando mencionó que “de forma abusiva” el expresidente Álvaro Uribe, quien siempre ha negado la existencia de una política de “falsos positivos” dijo ante los medios de comunicación que sus familiares eran culpables porque no fueron asesinados “recogiendo café”.
Precisamente sobre ese negacionismo se refirió la comisionada por la Verdad, Alejandra Miller, quien aseguró que la verdad sigue “amenazada por el negacionismo del poder” y que decir que “no estarían recogiendo café” solo refleja un enorme desprecio a la vida. Asimismo, la comisionada Lucía González dijo que gracias al coraje de estas mujeres es que un delito de estos, cometidos por agentes del Estado, se reconoce y no se quiere volver a repetir nunca.
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Este mismo martes, los senadores y políticos Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Ángela Maria Robledo junto al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) acompañaron a las Madres de Soacha a radicar en el Congreso un proyecto de ley por la memoria de sus seres queridos y demás víctimas de “falsos positivos”.
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