Manuel de Jesús Pirabán dice que la vida se le va entre audiencia y audiencia. Desde que se desmovilizó, el 11 de abril de 2006, ha entregado versiones en Justicia y Paz que se acumulan en más de 2.000 horas de grabación, ha reconocido casi 3.000 hechos entre masacres, desapariciones, violaciones, homicidios, desplazamiento forzado y otros delitos atroces cometidos durante las casi tres décadas que participó en el conflicto armado en los Llanos Orientales. Estuvo nueve años y cinco meses pagando pena efectiva de cárcel en Acacías y Granada (Meta), la Modelo en Bogotá y El Espinal (Tolima), y recobró su libertad en enero de 2016.
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El otrora jefe militar del bloque Centauros de las Auc, al que apodaron Jorge Pirata (solo mentar su nombre generaba terror), es ahora un hombre de 57 años, pelo cano, que vive en Bogotá sin esquema de seguridad y que carga un cuaderno cuadriculado en el que toma notas y que consulta de vez en cuando para contestar las preguntas de esta entrevista que tuvo dos sesiones, una en Villavicencio y otra en Bogotá.
Pirabán participó en el encuentro “Hablemos de verdad”, que realizó este diario en la capital del Meta, el pasado 3 de abril. Aceptó sentarse a conversar sobre la búsqueda de la verdad con nueve panelistas más y frente a un auditorio con más de 400 personas, entre las que estaban algunas de sus víctimas y varios de sus antiguos enemigos, los excombatientes de las Farc. Era la primera vez que este hombre que había sembrado de dolor y muerte este territorio se sentaba ante un público tan diverso. “No es fácil enfrentarse a las víctimas, pero fui dispuesto a escuchar con humildad y a agachar la cabeza”, dijo.
Allí respondió una a una las preguntas de madres, padres e hijos que preguntaban por los cuerpos de sus familiares desaparecidos. Tomó nota de cada caso, sin mirar a las víctimas, y respondió: “Su caso no está documentado en Justicia y Paz, me comprometo a hacer todo lo posible por esclarecerlo”; “el cuerpo de su hija no se ha podido recuperar porque la Fiscalía no tiene gente suficiente y suspendió las exhumaciones”; “voy a preguntar a los muchachos de las cárceles a ver si alguno sabe qué pasó”; “yo no di la orden de matar a su mamá, pero asumo la responsabilidad por ese terrible error”. La mayoría de las víctimas, en medio del dolor y del llanto, lo perdonaron.
No sabe a cuántas víctimas ha tenido que enfrentar para darles información sobre los delitos que cometió, pero sí recuerda con nombre y apellido a la mayoría de las personas por las que le preguntan, describe los hechos, el lugar exacto donde sucedieron y quiénes ejecutaron las órdenes. Sorprende su capacidad para recordar. Se la atribuye a Dios. Se declara católico y cuenta que gracias a unos retiros espirituales pudo llenarse de valor para contar la verdad que está archivada en los anaqueles de la Fiscalía y que hoy quiere que se revele al país. No es fácil escuchar lo que cuenta ni es fácil determinar el límite entre la explicación y la justificación, pero es indudable que el país debe conocer lo que sabe.
¿Cómo ha sido su experiencia cuando las víctimas lo confrontan?
Cuando se cuenta la verdad es mucho más fácil obtener perdón. Cuando uno cuenta qué sucedió y por qué sucedió, les da tranquilidad a las víctimas. Tuve una bonita oportunidad, en 2011, gracias a la fiscal Elba Beatriz Vargas, que nos llevó a los Llanos a visitar a varias víctimas, al azar, en sus casas, con su núcleo familiar. Pude ir a explicarles lo que había sucedido y pedir perdón. Eso me marcó la vida. Ellos tenían temor de que cuando saliéramos de la cárcel nosotros tomáramos represalias. Les dije que no, que la verdad la construíamos entre todos, cuando no estamos todos es difícil reconstruirla. Muchos de ellos me dijeron que cuando saliera de la cárcel los fuera a visitar a sus casas a tomar un tinto o almorzar. Hoy, en libertad, me los encuentro y les pregunto cómo va su proceso de reparación y ellos me preguntan cómo va el tema de mis condenas.
Se insiste en que ustedes no han contado la verdad.
Eso es mentira. Hay más de 2.000 horas de grabación, hay casi 3.000 hechos esclarecidos. Aún faltan muchos, como el 40 %, pero hay casos que ni siquiera han llegado a la Fiscalía. Nuestro compromiso es aclarar todo lo que podamos.
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¿Usted puede asegurar que les ha dicho la verdad de lo que pasó a sus víctimas?
Sí, he tenido la oportunidad de hablar con las víctimas, el problema es que esto no se conoce. Lo que pasó en justicia y paz solo lo saben la Fiscalía, las víctimas y nosotros como actores del conflicto. Por eso desde los escritorios es muy fácil decir que no se ha contado la verdad. La he contado en los estrados judiciales y fuera también. Me he sentado con los familiares en un rincón de la sala después de la audiencia a resolverles todas las dudas que tienen, nos damos la mano y un abrazo, y recibo su perdón.
En el evento usted no miró a la cara a sus víctimas, ¿por qué?
A veces uno no lo hace porque no sabe el estado de dolor en que está la persona y de pronto con la mirada la puedo ofender o intimidar. Es humildad, no es arrogancia, es respeto. Me concentro en escucharla para poder recordar los hechos y darles respuestas. Es gente humilde, muy educada, que da el perdón de corazón… es que el pecado acobarda… eso le ablanda a uno el corazón, lo doblega, lo cambia a uno. Cuando fui a esos reencuentros, en cada una de esas familias veía reflejada la mía. Eso me convenció de que el proceso de paz valía la pena.
Usted ha acompañado a los familiares a las exhumaciones de sus víctimas. ¿Cómo fue esa experiencia?
Son sentimientos encontrados. Le quité la vida a una persona y cuando me encuentro con la víctima es muy duro explicarle lo que pasó y por qué se hizo, uno guarda ese dolor en su corazón, porque la conciencia no lo deja estar tranquilo. Pero, por otro lado, siento que estoy cumpliéndole en algo a esa persona y se ve un alivio en ella. Hay muchas personas que solo piden eso, la devolución de los cuerpos, tener una tumba donde llorarlos, donde llevarles flores.
Acto de reconciliación con la familia de Luis Carlos Cardona, en San Martin (Meta). / Fiscalía General de la Nación
¿Cómo es eso de que la Fiscalía no tiene gente ni equipos para cumplir con todas las exhumaciones?
La Fiscalía hizo una priorización por bloques, por la cantidad de hechos y porque no tienen suficientes personas. Nosotros fuimos priorizados al comienzo y localizamos como 300 cuerpos, pero por el orden público o por el clima les dieron la prioridad a otros bloques, y luego vinieron los procesos de miembros de las Farc, por la Ley 975, y les dieron la prioridad a ellos, porque también han entregado muchos cuerpos. Es difícil que un conflicto de 50 años se vaya a resolver en cinco. Y ahora vienen los que están en la JEP.
¿Cuántos cuerpos le falta entregar?
No sé, creo que vamos por el 60 % por ciento. En esta zona del Llano había mucha población flotante que venía de otros lados y que morían porque daban malas informaciones de ellos. También mucho patrullero de la autodefensa que murió, y aunque teníamos las hojas de vida, muchas veces los datos de la familia habían cambiado y se perdían. No ha sido fácil tomar contacto con las familias, pero toca entregarlos para que los identifiquen.
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¿A qué se refiere con malas informaciones?
Cuando uno entraba a operar y estaba rompiendo zona, uno iba tomando contacto con la gente de la región y muchas veces nos utilizaron. El vecino que tenía una rencilla con alguien decía que era guerrillero y como el comandante de escuadra era autónomo para actuar, le quitaba la vida sin averiguar bien. No estoy justificando, eso jamás debió pasar, pero sucedió. En gran parte de los hechos que cometimos tuvimos guerrilleros que desertaban y llegaban a las filas de las autodefensas, ellos señalaban quién les llevaba la comida, quién los transportaba. Siempre que se montaba un retén se llevaba uno de esos muchachos y nos daba la información, uno creía ciegamente en ellos. Desafortunadamente así era. Y con los milicianos era peor, porque para nosotros eran los que más daño hacían. Así se actuaba.
Siempre se ha dicho que la mayor cantidad de víctimas eran civiles que no estaban en la confrontación.
No siempre. Allí morían en diferentes circunstancias, muchos en combate, muchos eran milicianos de civil. Había una máxima de Carlos Castaño, él decía: miliciano de civil se uniforma o se muere de civil. Los guerrilleros que vinieron a El Nogal a poner la bomba no venían uniformados y con fusil. Muchos muertos no tenían armas ni antecedentes. Para la muestra un botón: cuando llegué a la cárcel tenía una sola orden de captura. Y le digo que el 99 % de la tropa del bloque mío no tenía orden de captura.
¿A ustedes los están llamando como testigos en la JEP?
Sí, y van a llamar a más. Es por los falsos positivos que ocurrieron en la zona de San Juan de Arama, El Castillo, San Martín. Todo eso se ha confesado y está ya en la Fiscalía.
¿Cuál fue su participación en los falsos positivos?
En Villavicencio, por ejemplo, había bandas de delincuentes comunes y los teníamos para quitarles la vida. La orden era llevar un carro y coger una o dos de esas personas, y para no matarlos y tirarlos en las calles, los traíamos, los peluquiábamos, los uniformábamos, les poníamos un equipo y un fusil. A veces los matábamos nosotros mismos y se le avisaba al Ejército para que los levantara y los presentara como bajas en combate. A veces los mandábamos con un fusil por un camino y el Ejército preparaba una emboscada y les disparaba para dar el positivo. A veces había muchachos de nosotros que estaban insubordinados y había que darles de baja, porque el castigo era la pena de muerte. Se les decía que fueran por un camino porque el grupo los esperaba al otro lado y era mentira, ahí estaba el Ejército y les disparaban. Otras veces se coordinaba con un sargento o un mayor y montaban la emboscada con los soldados y los soldados disparaban y mataban sin saber que era un falso positivo.
Pirabán con Martín Sombra (der.), ex jefe guerrillero y Ramón Isaza, de las Auc. / Cortesía
¿Les pagaban por eso, con quién coordinaban?
Había un coronel Cabuya (Héctor Alejandro Cabuya de León, excomandante del Batallón Vargas con sede en Granada, Meta), muy mencionado. Él exigía a los comandantes de cada frente que teníamos que entregar positivos o nos mandaban la tropa para matarnos. Entonces para quitarse esa presión, le entregaba dos personas con equipo, fusil y todo. No sabíamos si los presentaba como bajas de autodefensa o de guerrilla. Eso está clarito en Justicia y Paz, con nombres y todo.
¿Cuántos falsos positivos cometieron en complicidad con el ejército?
Se ha hablado de unos 100 en los que participó el Bloque Centauros, ya se han documentado, ojalá algún día la Fiscalía los diera a conocer.
¿Según usted la verdad se quedó en las salas de audiencias?
Esta verdad es del país no de un grupo de autodefensa, todo el país ha vivido el conflicto. Hay muchos cuerpos que saben dónde están, pero no hay quién los reclame. Esa es una dificultad grande para nosotros y también para la Fiscalía.
Usted dice que hubo muchos urabeños en los llanos, ¿a qué se refiere?
Un 70% de la gente del bloque era de Urabá, el resto eran llaneros, del Huila, de Cundinamarca. Los primeros que llegaron en el 86 eran del Urabá, Montería y esos lados, eran morenos y chilapos. Los relevos llegaron en el 97 y así fueron creciendo. En 2003 los mismos Castaño dijeron que todos los muertos los estaba poniendo Urabá y dieron la orden de reclutar gente de otras zonas. La política del bloque fue decirle a cada muchacho que se fuera de permiso, le damos 250 mil pesos por cada muchacho que traiga. Y así se trajeron hermanos, primos, hermano, amigos.
¿Y ya entregaron los cuerpos de esos excombatientes?
La Fiscalía ha contactado gente, hemos dado información. Nosotros teníamos el compromiso de entregar cada muchacho a la familia, quedaron unos pocos que no pudimos recuperar.
¿Quiénes se beneficiaron con las tierras que despojaron?
En los desplazamientos no toda la gente se iba, a veces quedaban algunas personas que saqueaban las cosas de los demás. Fueron actos del conflicto y por el miedo no se decía nada. Reconozco la responsabilidad, porque si nosotros no hubiéramos hecho ese acto, esas cosas no se hubieran perdido. Denuncié las tierras que quitaron Miguel Arroyave y Don Mario. Yo mismo devolví casi 40 mil hectáreas a sus dueños.
¿Cómo hizo eso?
Cuando muere Miguel Arroyave, yo tomo esas tierras y las devuelvo a sus dueños. Hay otras que nadie había recibido y que los dueños están denunciando, entonces yo certifico que sí era de ellos y les ayudo a restituir.
¿Y las que usted despojó?
Yo no lo hice, puede mirar en la Fiscalía y no tengo denuncias por robo de tierra. Los que hicieron eso fueron Don Mario y Arroyave. Ellos hicieron negocios con esas tierras, yo aclaré eso y salió en Justicia y Paz. Esa no era la política de las autodefensas, nosotros no necesitábamos esas tierras, no teníamos motivos para robarlas, no teníamos tiempo para trabajar en eso.
¿Y su relación con el narcotráfico?
No la tuve, fui autodefensa todo el tiempo. Si hubiera participado en eso, ya me hubieran llevado. Miguel y Daniel sí tenían sus cosas y sus investigaciones, ahí están los juicios que dan claridad.
¿Usted ha reconocido casos de violencia sexual?
Sí, unos 20 o 30 casos. Pero en las políticas y estatutos jamás era permitido este delito. Nosotros hemos agachado la cabeza y aceptamos el daño tan grande que se hizo. Puedo decirle que varios muchachos murieron por esos delitos, esos todavía están enterrados por allá, porque la orden era quitarles la vida y desaparecerlos. Hay otros casos que apenas estamos conociendo, han salido hace poco, las víctimas han tardado en hablar.
Ese número es muy bajo.
Sí, son pocos, pero le digo: no debió suceder ninguno. Les digo a las víctimas de estos delitos que no tengan miedo, que denuncien, que tenemos el compromiso de esclarecer estos actos, no queremos guardarnos nada.
¿Para qué quieren ir a la JEP y a la Comisión de la Verdad?
No aspiro a nada en la JEP, ya llevo 13 años contando la verdad y mucha de esta verdad no se conoce afuera. Quiero ir a la Comisión porque nosotros tenemos derecho a ser partícipes de esa verdad. Es más fácil construirla entre todos, con las Farc, con las víctimas. Para eso está la Comisión.
¿Usted qué quiere que pase con esas miles de horas de grabación?
Quiero que lo que conté lo sepa todo el país, no queremos que sigan diciendo que no dijimos la verdad. Eso está en cajas, en archivos.