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La semana pasada, dos mujeres vallecaucanas integrantes de la Asociación de Productores Agropecuarios de Argelia, Valle del Cauca (Asproagro), compuesta principalmente por víctimas del conflicto, logró poner su producto estrella, el plátano hartón, en la Feria Macfrut de Italia, una de las ferias agrícolas más importantes de Europa. Junto a ellas viajaron también dos mujeres del Putumayo a exponer, frente a más de 40.000 visitantes de la feria, el sacha inchi, el cacao o la caña que están produciendo en su territorio.
El hecho pasó casi desapercibido en la prensa, pero es revelador. Tanto las mujeres del Valle como las de Putumayo pertenecen a proyectos productivos financiados por el Fondo Europeo para la Paz y son muestra de cómo se está materializando en los territorios el sonado apoyo de cooperación internacional que llegó al país tras la firma del Acuerdo Final de La Habana, en 2016.
Por esos meses, una de las principales preocupaciones sobre lo recién firmado eran los recursos para la implementación de lo pactado entre las Farc y el Estado colombiano. Por ello, el Gobierno de Colombia hizo recorridos internacionales para convencer a varios países de que el momento que atravesaba el país era histórico y que necesitaba apoyo externo para materializar los esfuerzos en marcha.
Entre varios apoyos conseguidos de la comunidad internacional para el Acuerdo de Paz, uno de los más sólidos fue el que vino de la Unión Europea, que para entonces ya llevaba casi dos décadas de relación con Colombia. Para concretarlo, ese órgano multilateral creó el Fondo Europeo para la Paz, al que inicialmente se destinaron 95 millones de euros.
Dos fueron las esferas concretas en las que se acordó que debería ser destinado el apoyo de este fondo: el desarrollo rural, pactado en el primer punto del Acuerdo de La Habana, y la reincorporación de los excombatientes de las Farc, estipulada en el tercer punto. En el aspecto geográfico, la prioridad fueron los territorios en los que se iban a implementar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que se ejecutan en 16 subregiones del país, aquellas particularmente afectadas por el conflicto armado.
En noviembre de 2018, ya con Iván Duque en la presidencia, el director general de Cooperación y Desarrollo de la Unión Europea, Estefano Manservisi, visitó Colombia y durante su estancia en el país se anunció una inyección de recursos al fondo, que elevó el capital a 125 millones de euros. Además, se anunció la entrada de Chile al Fondo Europeo para la Paz, lo que lo convertía en el primer país latinoamericano en hacer parte de dicho fondo.
Desde entonces, el Fondo Europeo para la Paz está presente en 73 municipios, de 16 departamentos, con 24 proyectos para la paz. Dichas iniciativas van desde apoyo a cadenas productivas locales (café, cacao, pesca) hasta proyectos de ecoturismo en corredores amazónicos de Caquetá y Guaviare.
En muchos de esos proyectos están vinculados tanto excombatientes de las Farc como población víctima del conflicto. A raíz de ello, no en pocas ocasiones altos delegados de la Unión Europea en el país, como la embajadora Patricia Llombart, han señalado que la coyuntura histórica que atraviesa el país se asemeja a lo que ocurrió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los enemigos de la guerra se unieron y dieron origen a la misma Unión Europea, como un proyecto de paz.
El Fondo Europeo no es el único que actualmente está apoyando la construcción de paz en el país. Existe también el Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el Posconflicto, el del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el del Banco Mundial. Según explica Francisco García, jefe de cooperación de la Unión Europea en Colombia, el diálogo con esas entidades es constante y, en todo caso, está coordinado por el Gobierno Nacional.
Ustedes han sido testigos de primera mano de los esfuerzos de construcción de paz en los territorios. ¿No cree que hay una brecha entre lo que sucede allí y la discusión a nivel nacional?
Eso es así en todos los sitios. Además, lo que está pasando es parte del proceso legítimo de la democracia, no todo el mundo está de acuerdo en todo, pero para eso hay unas instituciones, donde el presidente tiene unos derechos, el Congreso tiene que aprobar o no unas cosas, la Corte Constitucional tiene que decir si eso está con la Constitución o no, y ese es el juego de la democracia. Otra cosa es la paz que se está construyendo entre la gente, en las comunidades y que no depende tanto del juego político, sino que es el día a día y cómo sobrevivir en ese territorio que fue tan azotado por la violencia a la que no quieren volver.
¿Qué tanto cambiaron las prioridades del Fondo Europeo con el cambio de Gobierno?
En los proyectos del Fondo y en la acción de la Unión Europea no ha habido cambios. Este gobierno sigue comprometido con implementar los acuerdos de paz, por tanto, ni en el tema de reincorporación ni en el de desarrollo económico de esos territorios ha habido absolutamente ninguna diferencia de criterio. Al revés, este gobierno, a través del consejero Emilio Archila, unió fuerzas con la Unión Europea. La primera vez que el presidente fue a un espacio de reincorporación nos llamó para acompañarlo. Archila preside la representación de Colombia en nuestro fondo, entonces todo se hace en consenso con él. Es importante decir que el fondo europeo existe porque el gobierno de Colombia lo pidió. La Unión Europea no crea fondos para apoyar procesos de paz por sí misma. Todo lo que haga el fondo tiene que ser visto como uno más de los esfuerzos del gobierno.
Los 95 millones de euros con los que inició el fondo luego se convirtieron en 125 millones. ¿Cuál es el estado de ejecución de ese monto?
De esos primeros 95 millones tenemos ya 70 millones en curso, con contratos firmados. Hay dos contratos más que salen en las próximas dos o tres semanas, que sumarán otros nueve millones. Entonces ahí ya son prácticamente 80. Como los resultados han sido buenos, se decidió ampliar a 125 millones y ahora mismo estamos formulando dos apoyos grandes junto con el Gobierno en política pública de reincorporación y en tratar de apoyar la creación de negocios en las zonas PDET. Eso está en marcha y empezará a finales de este año y ahí habrá otros 30 millones. En conclusión, de los 125 millones, a finales de este año 110 van a estar en curso.
¿Qué tan sostenibles en el tiempo son los proyectos que ha apoyado el fondo luego de ese espaldarazo inicial?
Es muy pronto para decirlo. La mayoría de los proyectos del fondo empezaron en 2018. Nosotros estamos convencidos de que la única manera de que esto sea sostenible es que al final de los tres años del proyecto quede una empresa y unas comunidades haciendo negocios donde a las dos partes les va bien. No puede ser que la gran empresa venga con condiciones abusivas como tampoco puede ser que las empresas vengan a hacer caridad. La empresa tiene que ganar dinero y las comunidades tienen que conseguir vivir bien con esa empresa. Por eso es tan importante involucrar al sector privado en la construcción de paz.
¿Cuáles han sido los resultados de juntar a excombatientes de la guerrilla y a víctimas del conflicto en los proyectos?
Lo que está pasando en los territorios es igual de loco que cuando seis años después de la Segunda Guerra Mundial los que se habían estado bombardeando y asesinando decidieron que iban a poner el carbón y el acero en manos de una autoridad supranacional y crearon la Unión Europea. Hemos visto a excombatientes, militares y víctimas del conflicto trabajando juntos en hacer una carretera donde los militares ponían las máquinas, la Unión Europea ponía los materiales, los excombatientes y las comunidades ponían la mano de obra y todos trabajando hombro con hombro. Hombres que hace cinco años se hubieran matado unos a los otros porque eran parte del conflicto armado.