Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc quedó claro que las víctimas serían el centro del tratado y sobre todo del sistema de justicia transicional. Hoy, cinco años después de la firma, centenares de ellas claman por un espacio en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El órgano transicional que se comprometió a llevarles verdad, justicia y reparación ha abierto siete macrocasos: secuestro; ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”; reclutamiento de menores; victimización de la Unión Patriótica, y la priorización del conflicto en Nariño, Urabá, Cauca y el Valle. Sin excepciones, les han llovido críticas por la demora en las decisiones, que solo se han visto en los dos primeros.
Le puede interesar: En Colombia no alcanza la vida para encontrar a los desaparecidos
Al reclamo sobre agilizar los otros cinco macrocasos se suma el de víctimas que, hasta el momento, no han tenido la respuesta que esperan del Sistema Especial para la Paz. Se trata, por ejemplo, de los exiliados por el conflicto armado; las víctimas de violencia sexual y de género; los desplazados; o las víctimas de artefactos explosivos (como minas antipersonal) y desapariciones forzadas. Miles de colombianos quienes, como los que sí están priorizados en la JEP, vivieron en carne propia los peores estragos de una guerra. Y que, como los que sí tienen procesos en la jurisdicción especial, piden tener un espacio más notorio en la JEP para que las autoridades y el Estado resarzan el daño que padecieron durante más de 50 años de conflicto armado.
Aunque recientemente la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) reconoció el trabajo de la jurisdicción, organizaciones de derechos humanos han denunciado, incluso en el extranjero, que el trabajo de la JEP ha estado “a medias”, pues víctimas de los mencionados delitos no han sido priorizados. El Espectador reunió una serie de testimonios de víctimas que piden, a cinco años del Acuerdo y tres de la creación de la justicia transicional, ser tratados con la misma proporción a los priorizados en los siete macrocasos existentes. Una exigencia que, aseguran, no deberían ni siquiera tener que expresarle a un sistema de justicia que prometió tener las víctimas, como ellas, como eje central.
Exilio y delitos sexuales y de género, los temas que apenas avanzan
El pasado 18 de octubre, el Estado colombiano fue condenado como responsable por la tortura y violencia sexual sufrida en mayo de 2000 por la periodista Jineth Bedoya, y las posteriores amenazas y dilación de la investigación en el expediente. Durante las audiencias que llevaron a esa decisión, Bedoya pidió a la JEP abrir un macrocaso exclusivo relacionado con delitos sexuales y de género en el marco del conflicto. Lo cierto es que la justicia transicional, por ahora, solo ha incluido esos expedientes dentro de otros macrocasos, como ocurrió el pasado 31 de agosto, cuando acreditó a tres organizaciones y 10 víctimas por violencia en Cauca y Valle.
Además: Organizaciones de mujeres reclaman que la violencia sexual sea un macrocaso en la JEP
Linda Cabrera, directora de Sisma Mujer, una organización con enfoque psicojurídico y de derechos humanos, habla en nombre de cientos de mujeres cuando pide que la JEP abra un macrocaso particular para investigar ese tipo de violencia. De acuerdo con la jurista, durante los años de conflicto se presentaron las crudas “marcas de género”, la violencia sufrida en particular por mujeres. En sus palabras, los diferentes actores armados, a lo largo de sus dinámicas de guerra, han violentado el cuerpo y sensibilidad de la mujer con el ánimo de castigarlas y someterlas. Según el Registro Único de Víctimas, de 1985 a 2021 más de 30.086 mujeres han sido víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual.
De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, además, entre 1959 y 2017 se registraron alrededor de 15.711 víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto. Nueve de cada diez personas fueron mujeres. “En el marco de la JEP todavía no tenemos una respuesta ni una estrategia de género para el tratamiento de casos de violencia sexual y violencia contra las mujeres o personas LGBTI. Sería muy importante que la jurisdicción atienda este llamado a la priorización de estas conductas con el propósito, además, de generar las condiciones para construir y desarrollar el enfoque de género en la justicia transicional, que es una deuda que tiene esta jurisdicción y muchas en el mundo”, concluyó Cabrera.
A la JEP, por otro lado, han llegado voces del extranjero como llamado a que priorice estos casos. En marzo de este año, mujeres víctimas del conflicto armado exiliadas en España, Canadá y Costa Rica pidieron a la Unidad de Investigación y Acusación elevar el exilio a la categoría de delito de lesa humanidad. Alba Teresa Higuera, defensora de derechos humanos refugiada en España, aseguró estar cómoda con el desarrollo de la JEP en sus casos particulares, pero también espera una respuesta en términos de género.
También le puede interesar: Los nuevos casos de la JEP para masacres, desplazamiento, desaparición y violencia sexual
Entre 1959 y 2017 se registraron alrededor de 15.711 víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto. 9 de cada 10 personas fueron mujeres
Centro Nacional de Memoria Histórica
La deuda con las víctimas de artefactos explosivos y los desplazados
La postura de Sisma Mujer sobre la necesidad de buscar sentencias judiciales ejemplares para los responsables de afectaciones durante el conflicto armado no esquiva la visión de Nelson Ramírez, un exmiembro del Ejército que perdió parte de su pierna derecha, en 2008, cuando pisó una mina antipersonal. Para este padre de tres niños, que la JEP abra un macrocaso que vincule a todas las víctimas de artefactos explosivos es de suma importancia porque son casi 7.600 colombianos los afectados. “Hemos tenido que atravesar los retos de la discriminación y lo que es estar con una discapacidad permanente”, expuso Ramírez y añadió que, con la apertura de un macrocaso, se podrán visibilizar los dolores, problemas y necesidades que tienen que pasar quienes padecieron este flagelo.
A su juicio, la única reparación que puede recibir es conocer la verdad y que se impongan las sanciones penales pertinentes a sus victimarios. “Que se cumplan las leyes y lleguemos a un proceso de reparación verdadero”, afirmó el militar en retiro. El tema no es menor. Según cifras de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, se han registrado, desde 1990, 11.140 víctimas de minas antipersonal, de ellas 6.870 son miembros de la Fuerza Pública y 4.270 son víctimas civiles. Además del reconocimiento en la JEP, quienes conocen del tema aseguran que esa decisión podría, incluso, ser un apoyo para el trabajo de desminado que sigue en marcha en todo el país.
También puede leer: Violencia sexual y otros macrocasos que la Procuraduría pidió a la JEP abrir
La intención de Ramírez de aterrizar como víctima en la JEP podría estar cerca. El abogado Antonio Ochoa, director jurídico de la Fundación Funvides, que se encarga de proteger los derechos de personas afectadas por el conflicto armado, prepara un grueso informe que será presentado en enero próximo a la justicia transicional. En él, plasmarán los relatos de 4.000 víctimas ubicadas en el territorio nacional, incluyendo relatos de exmiembros de la Fuerza Pública y población civil. El abogado y su equipo de trabajo viene documentando ese flagelo desde hace dos años y esperan acciones por parte de la justicia transicional.
“Nosotros hablamos con hechos. No les exigimos nada a los magistrados. Lo que vamos a hacer es que le entregamos el informe de minas e instantáneamente les decimos: abran el macrocaso porque sí están las víctimas y están focalizadas”, señaló el abogado. Añadió, entre otras cosas, que la importancia de que la JEP abra un macrocaso responde a que, a su juicio, en Colombia hay víctimas que han sido discriminadas, y en ese grupo existe una subsección que ha sido completamente invisible para el Estado y la sociedad. La vulneración a exmiembros de la fuerza pública y de la población civil será expuesta ante la justicia transicional que tendrá sobre la mesa la opción de abrir un macrocaso.
De igual manera, sobre las mesas de los despachos de la JEP está también la tarea de definir qué pasará con los cientos de casos de desplazamiento, ese delito que, según cifras oficiales, parece ser el que más se cometió durante el conflicto armado y sigue vigente con igual o mayor fuerza. Según Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), este delito también podría aterrizar en la justicia transicional, pues desde la entidad que representa, desde hace tres años preparan informes con los que pretenden dejar en evidencia esa vulneración en millares de colombianos.
Vea: Escuchar para sanar: una posibilidad que se abrió con la Comisión de la Verdad
La situación es abrumadora: el Registro Único de Víctimas (RUV) tiene un acumulado histórico de casi 8 millones de desplazados, desde 1985 hasta el 31 de diciembre de 2019. Un récord de víctimas que no tiene ninguno de los siete macrocasos que ha abierto la JEP en los últimos tres años. “Lo que estaban esperando las víctimas era que la jurisdicción hiciera un anuncio sobre la intención de abrir un caso de esta índole para empezar a trabajar duro y presentar los informes. En distintas partes del país, coaliciones de organizaciones están trabajando para eso”, reseñó Romero.
El director de Codhes celebró que el magistrado Eduardo Cifuentes diera indicios de abrir lo que se denominará un caso sombrilla, que no es otra cosa que encerrar un número determinado de sucesos violentos por parte de las extintas Farc. “El desplazamiento debe ser llevado por la JEP porque es un suceso que no es amnistiable. La propuesta de la JEP es que sus sentencias deben ser estructurales. Eso quiere decir que los efectos de esas penas deben tener un contenido reparador para todas las víctimas”, expuso Romero y dejó claro que, en caso de que los exjefes de las Farc no cumplan con esa responsabilidad, será el Estado quien repare a las víctimas, pues, asegura, era obligación de este velar por la seguridad y los derechos de la población.
La desaparición forzada tampoco tiene espacio en la JEP
“A la Jurisdicción Especial para la Paz lo que menos le ha importado ha sido la desaparición forzada”. La frase es de Gloria Gómez, directora de la Asociación de familiares de detenidos desaparecidos (Asfaddes), una de las organizaciones más antiguas de Colombia en esta materia. Para la líder de esta asociación que agrupa a víctimas de todo el país, el trabajo de la JEP en estos tres años ha sido insuficiente con las personas afectadas por este delito y a quienes ella representa: los desaparecidos. Aunque en el Acuerdo de Paz quedó escrito que se crearía la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en términos de justicia y verdad, para Gómez la JEP se ha quedado corta.
Le puede interesar: Los cinco reencuentros en vida con personas desaparecidas tras el Acuerdo de Paz
La directora de Asfaddes expresa que las víctimas de desaparición forzada, en su intento de ser reconocidas en la jurisdicción, han hecho sacrificios muy grandes para no haber recibido prácticamente nada. “Hemos sacrificado ese sueño de la justicia real con sanciones ejemplarizantes, en aras de que nos digan la verdad”, dijo Gómez en entrevista con este diario. La líder manifiesta que el acuerdo que se firmó en La Habana (Cuba), hace ya cinco años, no se ha cumplido con los desaparecidos porque “allí se habló de garantizar, con la justicia transicional, la búsqueda de nuestros familiares y que, los que sea posible, nos los devuelvan vivos”.
Precisamente, para darle respuesta a esas peticiones, en La Habana se pactó la creación de la UBPD que, al igual que la JEP, arrancó a funcionar hace tres años. Una tarea, sin duda colosal, pues según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) entre 1970 y 2015 se registraron 60.630 personas desaparecidas forzosamente en el país. La más reciente rendición de cuentas de la Unidad, de agosto de este año, da cuenta de la dificultad de la tarea que tiene: desde 2018 solo ha podido entregar los cuerpos de 109 personas y logró la recuperación de 163 cuerpos no identificados. Aunque ha priorizado casos en todo el país y sigue elaborando sus planes regionales de búsqueda, los hallazgos están rezagados.
Como parte de su inconformidad, Gómez manifestó que a la JEP “se le olvidó, y solo se ha enfatizado en recoger información de algunos, como si todas las víctimas no fuéramos iguales. No vemos un interés claro en nuestro caso”. Igualmente, manifestó que, aunque es valioso que esta jurisdicción busque y entregue información de los múltiples casos, no puede desconocer que las víctimas de desaparición forzada son damnificados de la guerrilla, el paramilitarismo y el Estado. Por eso, pide que “sean atendidos con las mismas condiciones y con el mismo interés” que ha mostrado la JEP en los siete macrocasos. Aunque los magistrados no han rechazado la idea de abrir un caso, hasta ahora no hay un plan concreto.
Por su parte, Andrea Torres Bautista, coordinadora jurídica de la Fundación Nydia Erika Bautista, una organización de familias víctimas de desaparición forzada, le dijo a
El Espectador que ellos han tenido dificultades para acceder a la JEP por no encontrarse priorizados. La abogada explicó que la mayoría de casos de desaparición están en la jurisdicción especial en las investigaciones por falsos positivos o por secuestro, pero que apenas tienen uno o dos expedientes acreditados en cada macrocaso. “Somos casi invisibles”, agregó Torres Bautista, quien señaló que hay una preocupación generalizada en las víctimas que representa pues no es claro “cuáles son las garantías de participación que la JEP le está brindando a las víctimas”.
Lea también: Víctimas de desplazamiento forzado esperan que la JEP ponga fin a la impunidad
Sin importar el victimario, las víctimas de estos delitos exigen un espacio, a su medida, en la jurisdicción transicional, que este año anunció los principales avances en los macrocasos oficiales. Fueron imputados 15 antiguos miembros del Batallón La Popa, entre ellos el coronel (r) Hernán Mejía, así como otra docena de militares junto al general (r) Paulino Colorado por falsos positivos en El Catatumbo. Además, el exsecretariado de las Farc fue imputado por secuestro, incluyendo a Rodrigo Londoño, alias Timochenko. Entre tanto, la JEP sigue recopilando información, la Sala de Reconocimiento aún no entrega detalles de cómo serán los casos sombrilla que anunció Cifuentes y solo a través de anuncios a cuenta gotas se han conocido avances para quienes el conflicto armado los marcó en capítulos de exilio, desplazamiento, desaparición forzada, violencia sexual o instalación de artefactos explosivos.