Dos jóvenes combatientes de una disidencia de las FARC en San Vicente del Caguán.

Foto: Julián Ríos Monroy

Las palabras se mezclaban con la nube de polvo que circulaba en el platón de la camioneta. Ahí atrás íbamos cinco pasajeros: cuatro jóvenes guerrilleros vestidos con uniforme verde oliva y sosteniendo sus fusiles a dos manos, y yo, que improvisaba una charla mientras recorríamos una vereda de Caquetá controlada por el grupo ilegal al que ellos pertenecen.

Para ese entonces el mayor tenía 22 años (había ingresado a los 16). Las otras tres vacilaban en su edad, pero ninguna superaba los 18 años.

—Y si se llega a un acuerdo de paz con el Gobierno y dejan las armas, ¿les gustaría estudiar?

—¿Estudiar? ¡Ja! Eso es para la gente de la ciudad. Cuando uno crece acá tan lejos no hay cómo pensar en pagar una universidad. Igual, acá en la organización también se estudia. ¿Para qué más?, dijo Natalia, una de las muchachas.

Su respuesta, seca y pragmática, fue un baldado de realidad. Allá —donde la interconexión eléctrica aún no llega, donde el colegio más cercano queda a dos horas a pie, donde el ladrillo y el cemento son un lujo que casi nadie se permite, donde llenar el estómago es una lucha diaria, en tierras que nunca pisa un funcionario estatal ni un profesional que se proyecte como ejemplo—, portar un fusil se convierte en un proyecto de vida para cientos de niños, niñas y adolescentes.

Los casos se multiplicaron

La situación no puede ser más alarmante: en los últimos cuatro años el reclutamiento infantil creció en un 1.005 % en Colombia: de 37 casos en 2021 a 409 en 2024, según cifras de la Defensoría del Pueblo (aunque la entidad advierte que existe un subregistro). De esos muchachos, por lo menos nueve murieron en combates y enfrentamientos armados entre enero y noviembre del año pasado, según reportes preliminares de Medicina Legal conocidos por Colombia+20.

El panorama en el arranque de 2025 es mucho más dramático. Solo en enero de este año murió la misma cantidad que en 11 meses de 2024: nueve niños y jóvenes en las filas de los grupos ilegales. Tres de ellos, en medio de la ola de violencia por la guerra entre el ELN y las disidencias de las FARC que azota a Catatumbo desde hace dos semanas. Los seis restantes, en un mismo enfrentamiento en Guaviare. Una de las víctimas tenía 14 años, otra 15, dos más, 16, y los dos restantes, 17.

Nueve vidas en solo un mes. Nueve nombres. Nueve rostros. Nueve cuerpos. Nueve familias que perdieron a un ser querido que, no sobra repetir, es también una víctima del conflicto, por verse forzada a empuñar los fusiles. La cuenta de la tragedia colectiva que enfrenta Colombia podría ser mucho mayor, pues las autoridades no han podido llegar, por ejemplo, a todas las zonas de Catatumbo para hacer el levantamiento de los cuerpos.

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“Lo que más nos preocupa es lo que no se ve y no se reporta, porque aún hay mucho miedo de las comunidades a denunciar los crímenes asociados al reclutamiento. Calculamos que el subregistro podría ser de un 30 %. Los análisis internacionales ponen a Colombia como uno de los cinco países con mayor número de reclutamiento de niños en entornos escolares”, explica a este diario María Mercedes Liévano, directora ejecutiva de la ONG Save the Children, que trabaja por la protección de la niñez.

En departamentos como Cauca (donde se registró el 73 % de los reclutamientos de 2024), Putumayo, Valle, Huila, Arauca, Nariño, Vaupés, Chocó y Norte de Santander el drama de los jóvenes reclutados se comenta sin sigilo entre las comunidades, que aún no encuentran una respuesta efectiva del Estado para prevenir y atender estos casos.

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“Carne de cañón”

De hecho, en las últimas semanas, marcadas por los combates entre grupos ilegales, han circulado decenas de videos en los que se observa a menores entre las víctimas. “Ellos son los más vulnerables. Acá hemos visto compañías completas con muchachos que están entre los 15 y 20 años como máximo. No tienen entrenamiento militar, no están preparados para una guerra de este nivel, los mandan como carne de cañón, y es casi imposible que sobrevivan contra una tropa experimentada”, mencionó un defensor de derechos humanos de la Orinoquia que pidió no ser citado.

Detrás de la vinculación de un niño o adolescente a un grupo armado ilegal hay una serie de violencias que no se pueden perder de vista. Lejos de los discursos estigmatizadores, que han tildado a los menores como “máquinas de guerra”, hay una serie de factores relacionados con el abandono estatal y la falta de oportunidades que les abren el camino hacia estas estructuras.

Julián Álvarez, personero de Miraflores, Guaviare, ha seguido de cerca esa situación. “En territorios dispersos y aislados de las ciudades como este, a donde solo se puede llegar por avión, los niños crecen en un contexto en el que no ven nada más que miembros de grupos armados. Hay comunidades a siete horas por lancha desde el casco urbano, y allá nunca llega un ingeniero o un abogado que ellos puedan ver como ejemplo, por eso sus modelos a seguir son los guerrilleros, que son la autoridad en el territorio y son casi los únicos que tienen dinero para comprar. Sin acceso a servicios, educación ni condiciones de vida digna, los muchachos crecen pensando que tomar las armas es la única salida para tener un futuro”.

Aunque existen casos en los que estos reclutamientos infantiles se dan sin amenazas ni presiones, que haya una aparente “voluntad” del niño por vincularse al grupo ilegal no resta el carácter forzado del delito.

“La Corte Constitucional ha declarado que, cuando se trata de menores de edad no existe esa voluntad, porque está permeada por una serie de factores socioeconómicos de violencia directa que no permiten que sea un acto voluntario”, explica la profesora de la Universidad Javeriana Yadira Alarcón Palacios, experta en temas de vinculación de menores a grupos ilegales.

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Pelear una guerra lejos de su territorio

Otro fenómeno que han documentado organizaciones como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) es el traslado de los jóvenes para pelear guerras en otros departamentos. Algunos niños reclutados por el bloque Occidental del Estado Mayor Central habrían salido del norte de Cauca hacia Guaviare y Meta para fortalecer al bloque Amazonas, comandado por “Iván Mordisco”, en su disputa contra la disidencia de “Calarcá Córdoba”.

Pero este fenómeno no se da solo en las zonas rurales. En ciudades con altos índices de conflictividad urbana y presencia de bandas criminales, los jóvenes de los barrios empobrecidos también han salido para engrosar las filas de los grupos armados organizados. Una fuente aseguró que el año pasado varios menores de Buenaventura fueron reclutados para viajar a Chocó a pelear la guerra entre el Clan del Golfo y el ELN.

“Las bandas delincuenciales están muy vinculadas con los grupos de alto impacto. Hemos identificado que hacen préstamos de sus integrantes para trasladarlos según sus apuestas de control de zonas urbanas y rurales”, explica Juana Cabezas, investigadora de Indepaz.

Los testimonios de los menores que abandonan estas estructuras dan cuenta de una profunda cicatriz en su salud mental.

“Los tratan como adultos, sin ninguna consideración por ser niños. Se enfrentan a tratos crueles, a un miedo intenso de combatir y, de hecho, muchos se evaden o escapan cuando pueden hacerlo, pero se encuentran con la muerte, porque ese es uno de los castigos si se fugan. Lo que sufren es una escena muy dramática en términos de dignidad e integridad humana”, explica Liévano, la directora de Save The Children.

Desde su óptica, en los últimos años ha mejorado la respuesta del Estado frente a los menores desmovilizados y las rutas de restablecimiento de derechos, pero aún hay retos importantes.

“Es clave mejorar la prevención, contrarrestar las ofertas por redes sociales, tener planes de emergencia cuando hay que sacar al niño y su familia del territorio, así como brindar oportunidades a futuro. Paralelo a la atención en salud mental, hay que entender que estos menores, al salir de los grupos, llegan en contextos desfavorables. En ese sentido, se necesita fomentar proyectos de vida, pero ese debe ir más allá y pensar en cómo generar ingresos para esta población, impulsar iniciativas de formación vocacional y emprendimiento”, añade la experta.

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Aunque el Estado lleva más de una década implementando programas de prevención para que los niños, niñas y adolescentes no se vinculen con los actores armados, las cifras hablan por sí solas. El aumento sostenido de los reclutamientos en los últimos años enciende las alarmas frente a un fenómeno que no ha sido atendido de manera eficaz y alimenta un drama en las comunidades, que no solo se ven obligadas a vivir bajo el control de un grupo ilegal, sino que ven cómo sus hijos resultan involucrados en la guerra.

Lo que está claro es que, para los jóvenes, la falta de oportunidades genera una venda en las perspectivas de futuro en los territorios más aislados y empobrecidos. Mientras eso no cambie, muchachos como Natalia seguirán viendo como primera opción empuñar las armas. Se trata de una condena a repetir los ciclos de violencia que podría cortarse de raíz.

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