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El intento de reclutamiento de un menor de edad por parte de la disidencia de las antiguas FARC, conocida como Estado Mayor Central, que derivó en una ataque contra una comunidad indígena y la muerte de una mayora, puso de nuevo en el debate la voluntad de paz de ese grupo armado, así como las acciones que han hecho contra la comunidad indígena y contra el Cauca en medio del cese al fuego.
El ataque que ocurrió en la vereda La Bodega, en Toribío, llevó al presidente Gustavo Petro a suspender el alto al fuego en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, las tres regiones donde la disidencia que comanda Iván Mordisco ha tenido una mayor cantidad de posibles violaciones del cese. El hecho violento es, además, la muestra de lo que ha venido creciendo y denunciándose en el suroccidente del país, por lo menos en los dos últimos años.
De esas regiones, quizás en Cauca, es donde más se ha concentrado ataques a la comunidad, la mayoría de ellas reclutamiento forzado, desplazamientos, confinamientos, imposición de horarios de movilidad, así como obligan a los campesinos a trabajar para ellos.
Cifras de la Fiscalía, presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante una reciente audiencia sobre el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes indígenas en el conflicto armado, evidencia que la mitad de los casos que se registraron en Colombia el año pasado fueron en el Cauca, mientras que en lo que va corrido de este año van 38 noticias criminales relacionadas con el tema.
La situación ha venido en aumento. La Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) ha advertido que el reclutamiento de menores ha crecido a la par que las víctimas de minas antipersonales, mientras que Joe Sauca, consejero mayor del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) advierte que “no se ha respetado a la población”. Sauca explicó que la disidencia usa una mala interpretación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) al decir que este “permite” el reclutamiento de mayores de 15 años. “Es mentira en todo el sentido. Tenemos registro de que ha reclutado a jóvenes de 13 años”, dice
El más reciente informe sobre la situación de los pueblos indígenas en Colombia, realizado por el relator especial sobre derechos de pueblos étnicos, José Francisco Cali Tzay, y presentando hace unos días, muestra casos más desalentadores como el reclutamiento de niños desde los seis años.
“Hay una situación en la cual se puede ver que hay niños, inclusive de 6, 7, 8 años, que están siendo reclutados. Es una situación que es preocupante, esencialmente por la cuestión de la violación al derecho internacional humanitario”, indicó Cali Tzay, quien llamó la atención en que los actores armados también estarían reclutando a menores de edad que luego retornan a las comunidades como informantes.
Según Sauca, los grupos armados utilizan las redes sociales, sobre todo TikTok, para engañar a los jóvenes con falsas oportunidades de empleo para administrar fincas y llevárselos reclutados. También va en aumento la instrumentalización de menores de edad para atraer a los jóvenes. De acuerdo con el consejero, les crean cuentas en redes donde las muestran con armas y con dinero.
Algo similar señala Ricardo Arias, defensor del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, quien añade que siguen atrayendo a los jóvenes con kits escolares o auxilios de transporte. “Les ofrecen cosas que no han visto antes, a los más jóvenes les comienzan a pasar un salario básico que, por los caminos de la legalidad no se les presenta la oportunidad de recibir, mientras que a otros los convencen con la administración de justicia, entonces el joven se acerca al grupo porque le robaron una motocicleta. El grupo le recupera la motocicleta e inmediatamente se gana la confianza del joven y hay mayor empatía”.
Sumado a esto, tanto las comunidades indígenas con la Defensoría del Pueblo han alertado la presencia de un centro de reclutamiento en Toribío, el que, según Arias, se ha convertido en una escuela de entrenamiento al que llegan niños y jóvenes de diferentes lugares del país, que a la par son enviados a diferentes zonas. “Lo hemos advertido muchas veces, pero la política en prevención está estática. El aumento de niños reclutados es evidente, pero el subregistro es enorme, porque primero pasan como desapariciones forzadas y luego las familias temen denunciar el reclutamiento por estigmatización o amenazas. Ahí uno encuentra evidencias es a través de los maestros o las juntas de acciones comunales que cuentan los casos con confidencialidad”, explica.
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Cauca, la más golpeada por esa disidencia
Los ataques a población indígena han motivado las dos suspensiones del cese al fuego que ha ordenado el presidente Gustavo Petro. El primero ocurrió en mayo de 2023, cuando aún no se había instalado formalmente la mesa de diálogos.
En ese entonces, el frente Carolina Ramírez, adscrito al EMC; reclutó y asesinó a cuatro niños indígenas del Putumayo. El Ejecutivo le puso freno a la tregua, también regionalmente en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta. Días después, el EMC expresó su rechazo a esa decisión unilateral y rompió la tregua en todo el país. Los diálogos tardaron dos meses en reanudarse.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, el Cauca ha sido el que más ha sufrido los estragos del conflicto y el resurgimiento de grupos armados ilegales. El más reciente hecho a inicios de febrero, cuando se registraron enfrentamientos en el municipio de Silvia, que dejaron como saldo el desplazamiento forzado de 150 pobladores.
Cifras del mecanismo de monitoreo del Sistema Integral para la Paz (liderado por la JEP) indican que desde noviembre de 2016 hasta diciembre de 2023 se registraron 2.797 hechos de violencia (al menos 964 homicidios selectivos, 421 amenazas, 220 enfrentamientos armados, 120 secuestros, 62 masacres, entre otros hechos).
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En los cinco meses de los diálogos con el EMC, los intentos del Gobierno para quitarle el control de zonas del departamento a esa disidencia no han llegado a buen puerto, e incluso han causado varios reveses en la mesa de diálogos con esta disidencia de las FARC. Por ejemplo, en septiembre pasado hubo una serie de atentados del Estado Mayor Central en respuesta a los intentos del Ejército para incursionar en el corregimiento de El Plateado, que dejó más de una decena de muertos y heridos.
A finales de diciembre se volvieron a encender las alarmas en el departamento, luego de que en una sola semana se reportó una masacre con cinco víctimas y el asesinato de 11 personas en distintos municipios, incluido el alcalde de Guachené, Elmer Abonía Rodríguez.
La situación de violencia se ha mantenido en 2024, pese a que todos los grupos que hacen presencia en el departamento (EMC, Segunda Marquetalia y ELN) tienen mesas de diálogo activas con el gobierno. El 10 de marzo, en el municipio de Balboa (en límites con Nariño), se presentaron combates entre grupos armados, que obligaron a más de 200 personas a desplazarse.
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