“Reforma agraria de Petro no será la de los años 60, sino la del Acuerdo de Paz”

Jhenifer Mojica Flórez es abogada, fue subgerente de Tierras en el antiguo Incoder y, ahora, con más de una década trabajando en los asuntos agrarios del país, está al frente del equipo de empalme del presidente electo, Gustavo Petro, en ese sector. Con un centenar de expertos avanza para dejar lista la hoja de ruta de la que será la reforma agraria del nuevo gobierno y de la cartera de Agricultura que encabezará Cecilia López.

En esta entrevista deja claro que esa reforma agraria seguirá al pie de la letra la reforma rural integral estipulada en el primer punto del Acuerdo de Paz, que, según dice, el gobierno Duque abandonó. Otras dos metas serán: convertir al país en una potencia agrícola e integrar en el agro la nueva agenda ambiental.

Lea: ¿Cuáles deben ser las prioridades de la paz para el nuevo gobierno?

¿Cuáles son las prioridades en este momento?

Tenemos una ruta que nos marcó el presidente electo, Gustavo Petro, que es retomar todo lo que hay y evaluar en detalle, técnica, financiera y políticamente, lo que puede funcionar para impulsar la agenda programática del sector agricultura, central en la propuesta del presidente Petro. Estamos identificando qué empata, qué se va a potencializar. Por ejemplo, el catastro o los programas de formalización. También identificamos “temas rojos”, en los que hay que encender alertas, porque definitivamente no van más, como el enfoque de criminalización y persecución que tiene la forma en que este gobierno ha interpretado la resolución de los conflictos de uso de tierra de áreas protegidas -especialmente la Operación Artemisa, que militarizó la función ambiental-.

Cecilia López dice que este es un nuevo ministerio y sí, en efecto lo es porque el Ministerio de Agricultura tradicionalmente ha estado enfocado en la productividad, en las cadenas, el arroz, papa, café, en cómo ponerles plata a los gremios, con algunos manejos no tan transparentes, pero no se ha preguntado por un enfoque poblacional, un enfoque de desarrollo integral y un enfoque de tierras fuerte que permita realmente que las comunidades que están más desfavorecidas logren mejores garantías. Este será un Ministerio de Agricultura que más se asemeja a un Ministerio de la Paz.

¿Cuál será la reforma agraria del nuevo gobierno?

Una claridad: cuando el presidente Petro habla de que vamos a hacer la reforma agraria, no es la de los años sesenta del siglo pasado, sino la reforma agraria del primer punto del Acuerdo de Paz, que tiene muchos componentes: acceso a tierras con el Fondo de Tierras que se debe recuperar y entregar a gente que no tenga, la titulación de propiedad, la restitución de tierras a las víctimas, la zonificación ambiental y resolución de conflictos de uso, y toda la agenda de desarrollo rural integral. Colombia ha sido monodependiente del petróleo y del extractivismo y eso se veía reflejado en la agenda económica: el agro era un sector relegado, el presupuesto del agro anual es de $1 billón o $1,2 billones, o sea es la Cenicienta de toda la economía y aún así aporta el 6 % al PIB nacional. Hay dos sectores económicos que van a impulsar el desarrollo del país y el crecimiento que es la manufactura y el agro.

Vamos a tener tres enfoques. Uno: volvernos potencia agroalimentaria. Eso es recoger todos esos esfuerzos que se hacen y enfocarlos para producir más y mejores alimentos. Coger todos esos distintos subsidios y versiones que se hacen de manera segregada y poderlos enfocar en la producción agroalimentaria, y especialmente darle un lugar a la economía familiar y campesina que nunca ha tenido lugar en la economía del agro y es la que produce el 70 % de lo que comemos. Dos: cumplir con seriedad la reforma rural del Acuerdo de Paz, porque aquí sabemos que no se ha hecho, es decir, en la práctica volvieron trizas el Acuerdo de Paz, y esa es una realidad. Nadie puede aquí decir que el Acuerdo en la práctica no fue estropeado. Y tres, la agenda ambiental en lo agrario. Tenemos apuestas muy grandes en el tema de resolución de conflictos de uso de tierras, pero cambiando totalmente el chip de ese enfoque criminalizador y restrictivo que tiene en este momento la lucha contra la deforestación, hacia un enfoque integrador de gobernanza ambiental donde las comunidades no son enemigas del ambiente, sino que son las llamadas a protegerlo y lo han hecho.

Lea también: Revertir concentración de tierras y recomendaciones rurales en eI Informe Final

Esa reforma rural del Acuerdo de Paz tiene metas claras. ¿En qué van los tres millones de hectáreas del Fondo de Tierras que deben ser adjudicadas?

Hablo desde lo que vimos en la consultoría para la Procuraduría delegada para el Acuerdo de Paz y también con base en los recientes informes que esa entidad y la Contraloría entregaron al Congreso. De lo que se dice que está en el Fondo de Tierras (cerca de dos millones de hectáreas), el 10 % realmente son tierras que se pueden disponer para adjudicación. Y esas no se han podido adjudicar por distintas situaciones, habrá que evaluar qué es lo que pasa. La gran realidad es que el 90 % son tierras que están ocupadas o están problematizadas de otra forma, o son tierras que tienen que pasar por un proceso de recuperación de baldío. Hay múltiples procesos que son de competencia de la Agencia de Tierras y que en este momento tienen que ir incluso ante los jueces agrarios -que no existen-. Esa es una alerta que hay que encender.

Tampoco es fácil encontrar tres millones de hectáreas libres para adjudicarlas…

No, no las hay. ¿Por qué no? Yo estaba en esta entidad cuando formulamos el Acuerdo de Paz y esas cifras salieron de nosotros. Cogimos todo lo que teníamos en trámite en ese momento en procesos agrarios, o sea, tierras baldías mal ocupadas, ocupadas ilegalmente, playones que habían sido disecados artificialmente violando la normativa ambiental para ser cerrados y apropiados por ganaderías de búfalo; tierras que estaban en áreas ambientales y que habían sido apropiadas ilegalmente; tierras que habían sido objeto de extinción de dominio por temas de narcotráfico, tierras ocupadas por población campesina que las explotaba desde siempre pero que la titularidad aparecía a nombre de otros. Había más o menos un millón y medio de hectáreas. Cuando el ministro Juan Camilo Restrepo me pregunta qué se podía hacer en tierras, dijimos al menos el doble, y así salieron los tres millones de hectáreas. Yo pensé que las Farc no iban a aceptar eso, porque era una meta muy conservadora. No me imaginaba que alguien hiciera una guerra de más de medio siglo para decir que va a cumplir la ley. No hay nada más estatista que ese Acuerdo de Paz: cumplir lo que estaba.

Le recomendamos: Paz territorial, cómo saldar las deudas con el campo para ponerle fin a la guerra

¿Y los siete millones de hectáreas que deben ser formalizadas?

Informes de Procuraduría y Contraloría coinciden en que de las cifras que se exponen de titulación o de formalización (dos millones de hectáreas), la mitad no corresponde al Acuerdo de Paz, sino que son cifras viejas, anteriores a 2016, que se presentaron como nuevas porque, por ejemplo, se llevó alguna resolución al Registro de Instrumentos Públicos; entonces las adjudicaciones que habíamos hecho acá en años anteriores se registraron y lo empezaron a contar como resultado del Acuerdo de Paz, pero no fue así. Han acomodado las cifras para decir que se hacen muchas gestiones.

Y ahí hay otro problema duro en formalización, que es un reto que tenemos claro, y es la microfundización, o sea, aquí se han hecho procesos de titulación que han sido masivamente de microfundios que no cumplen con los estándares de la Unidad Agrícola Familiar. Cuando se avanza en titular microfundios, el coeficiente de desigualdad aumenta, porque hay cada vez más predios, que es lo que tenemos hoy: 60% de las unidades productivas son de pequeños, y con ese 60% la media es de menos de cinco hectáreas, de hecho, la mayoría es de dos hectáreas. ¿Y el resto de las tierras quién las tiene haciendo qué? Es decir, estamos pendientes de los latifundios, pero también de los microfundios.

La Agencia de Tierras tiene otra deuda, que es con las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Algunas de ellas han solicitado su constitución desde hace más de 10 años. ¿Qué ha pasado allí?

Se sintetiza en una política sistemática de estigmatización y señalamiento frente a la figura. Se ha dicho que estas zonas son una figura de la subversión, del enemigo interno y en esa medida, al ser fortines de las Farc, principalmente, no merecen ningún apoyo y son segregadas. Y además las que ya están constituidas muy poco han logrado avanzar en los planes de desarrollo sostenible que se formularon, eso está en el papel.

¿Ustedes van a destrabar estas zonas pendientes por constituir?

En el acuerdo programático está explicito que se van a constituir las ZRC que están en curso. Pero, además de incluir las zonas nuevas, hay también otras expresiones de territorios campesinos que en la ley no están previstas, pero aquí se quieren implementar, como los territorios agroalimentarios. No todo el mundo tiene que estar organizado en unas asociaciones campesinas que quieran ser zona para ser protegidos por el Estado. Los territorios agroalimentarios son zonas donde haya vocación y aptitudes de suelos aptos y fértiles para la agricultura, donde las comunidades tengan una vocación campesina, productora de alimentos, que exige que allí se privilegie la producción alimentaria como una utilidad pública y social.

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La Comisión de la Verdad en su Informe Final también acaba de decir que hay que hacer el reconocimiento al sujeto campesino. En su equipo de empalme hay personas como Darío Fajardo o Absalón Machado, que han defendido eso. ¿Cómo se materializa?

Hay una discriminación histórica de las comunidades campesinas, el sujeto campesino y sus factores de identidad: su autorreconocimiento, sus territorios, su relación con la tierra, que no se limita a ponerla a trabajar; la tierra para el campesino tiene una relación tan estrecha, como la de los pueblos indígenas y los pueblos afro con el territorio; para nosotros la tierra es una propiedad más que se vende y se tramita, para ellos es su vida, su heredad, sus tradiciones, su cultura, sus tejidos comunitarios y organizativos. Eso está hoy en desventaja. Ese no reconocimiento especial ha llevado a que el campesinado esté en una situación de discriminación y marginación. En la historia del conflicto, y el Informe Final lo confirma, la población campesina ha sido la principal víctima del conflicto en Colombia. Y además ha resistido con su propia fuerza y capacidad organizativa porque no ha habido políticas orientadas a protegerlo, de hecho, las ultimas políticas agrarias han venido orientadas es a desaparecerlo, ya el campesino hoy es un trabajador agrario, para algunos sectores. Y cumplir esa deuda histórica pasa por darle ese estatus que se le ha negado, por ejemplo, Colombia ni siquiera ratificó la Declaración de Naciones Unidas, todo es deliberado, es un mensaje intencional, no es accidental.

¿O sea, ustedes van a formular la política pública del campesinado? Esa es una disputa entre este gobierno y el movimiento campesino…

Aquí se va a hacer. Eso es parte del programa de gobierno que ganó. Se le tiene que dar el reconocimiento; ya no podemos ir a Naciones Unidas y decir yo me ratifico, pero sí podemos incluir aquí internamente la declaración de los derechos del campesino, volverlo ley, en instrumentos del sector agro darle el lugar tanto en lo institucional, como en las inversiones, en los programas, en las fichas de gobierno y desarrollo y en los proyectos de inversión. Que lo campesino tenga un lugar específico en el desarrollo.

¿La Operación Artemisa, campaña de este gobierno contra la deforestación, entonces no va más?

No, no va más. Ese enfoque castigador y que persigue a las comunidades es muy negativo, en lugar de poner a las comunidades como aliadas, las pone en contra, si la Amazonia se ha protegido es porque las comunidades la han protegido; de hecho creo que todavía Parques Naturales no logra llegar a la Amazonia; las autoridades ambientales no logran tener gobernanza ni la van a tener así contraten un batallón de gente y la pongan ahí. Las directrices de la FAO sobre la gobernanza, la tierra y el ambiente, las experiencias internacionales, el Acuerdo de Río, todos los compromisos internacionales en materia ambiental muestran que la gobernanza ambiental es participativa y las comunidades locales son las protagonistas de la protección y no las enemigas. Aquí es absurdo, por ejemplo, Reino Unido y Noruega ponen un montón de fondos de donación en Acción Climática solamente a fortalecer a la Fiscalía para que vaya y haga operativos judiciales.

¿Cuál va a ser acá la estrategia? Se habla del eslabón campesino, pero ¿y los patrocinadores de la deforestación?

La idea es en los dos niveles. Se mantiene toda la parte de lucha contra la deforestación, como la han presentado, sacando a Defensa, porque la función ambiental no es de un sector destinado a la guerra; desde ahí empieza mal. Que lo hagan las entidades ambientales y agrarias para poder estimular acuerdos de cómo resolver esos conflictos y como lograr asentamiento de las comunidades. Y lo que es la persecución de esa delincuencia, que también hay que hacerlo, que la acción de la justicia recaiga en esas personas. Uno ve los operativos que hay hasta hoy y no están recayendo en las personas que sí son criminales, y están metiendo en el mismo paquete a comunidades que estaban asentadas allí hace 20 o 30 años o más. Nosotros vamos en la idea de lo que esta en el Acuerdo de Paz: resolver los conflictos de uso de manera participativa, cerrar la frontera agrícola con las comunidades, asentándolas a ellas y volviéndolas socias del Estado en la gobernanza ambiental.

Jhenifer Mojica Flórez es abogada, fue subgerente de Tierras en el antiguo Incoder y, ahora, con más de una década trabajando en los asuntos agrarios del país, está al frente del equipo de empalme del presidente electo, Gustavo Petro, en ese sector. Con un centenar de expertos avanza para dejar lista la hoja de ruta de la que será la reforma agraria del nuevo gobierno y de la cartera de Agricultura que encabezará Cecilia López.

En esta entrevista deja claro que esa reforma agraria seguirá al pie de la letra la reforma rural integral estipulada en el primer punto del Acuerdo de Paz, que, según dice, el gobierno Duque abandonó. Otras dos metas serán: convertir al país en una potencia agrícola e integrar en el agro la nueva agenda ambiental.

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¿Cuáles son las prioridades en este momento?

Tenemos una ruta que nos marcó el presidente electo, Gustavo Petro, que es retomar todo lo que hay y evaluar en detalle, técnica, financiera y políticamente, lo que puede funcionar para impulsar la agenda programática del sector agricultura, central en la propuesta del presidente Petro. Estamos identificando qué empata, qué se va a potencializar. Por ejemplo, el catastro o los programas de formalización. También identificamos “temas rojos”, en los que hay que encender alertas, porque definitivamente no van más, como el enfoque de criminalización y persecución que tiene la forma en que este gobierno ha interpretado la resolución de los conflictos de uso de tierra de áreas protegidas -especialmente la Operación Artemisa, que militarizó la función ambiental-.

Cecilia López dice que este es un nuevo ministerio y sí, en efecto lo es porque el Ministerio de Agricultura tradicionalmente ha estado enfocado en la productividad, en las cadenas, el arroz, papa, café, en cómo ponerles plata a los gremios, con algunos manejos no tan transparentes, pero no se ha preguntado por un enfoque poblacional, un enfoque de desarrollo integral y un enfoque de tierras fuerte que permita realmente que las comunidades que están más desfavorecidas logren mejores garantías. Este será un Ministerio de Agricultura que más se asemeja a un Ministerio de la Paz.

¿Cuál será la reforma agraria del nuevo gobierno?

Una claridad: cuando el presidente Petro habla de que vamos a hacer la reforma agraria, no es la de los años sesenta del siglo pasado, sino la reforma agraria del primer punto del Acuerdo de Paz, que tiene muchos componentes: acceso a tierras con el Fondo de Tierras que se debe recuperar y entregar a gente que no tenga, la titulación de propiedad, la restitución de tierras a las víctimas, la zonificación ambiental y resolución de conflictos de uso, y toda la agenda de desarrollo rural integral. Colombia ha sido monodependiente del petróleo y del extractivismo y eso se veía reflejado en la agenda económica: el agro era un sector relegado, el presupuesto del agro anual es de $1 billón o $1,2 billones, o sea es la Cenicienta de toda la economía y aún así aporta el 6 % al PIB nacional. Hay dos sectores económicos que van a impulsar el desarrollo del país y el crecimiento que es la manufactura y el agro.

Vamos a tener tres enfoques. Uno: volvernos potencia agroalimentaria. Eso es recoger todos esos esfuerzos que se hacen y enfocarlos para producir más y mejores alimentos. Coger todos esos distintos subsidios y versiones que se hacen de manera segregada y poderlos enfocar en la producción agroalimentaria, y especialmente darle un lugar a la economía familiar y campesina que nunca ha tenido lugar en la economía del agro y es la que produce el 70 % de lo que comemos. Dos: cumplir con seriedad la reforma rural del Acuerdo de Paz, porque aquí sabemos que no se ha hecho, es decir, en la práctica volvieron trizas el Acuerdo de Paz, y esa es una realidad. Nadie puede aquí decir que el Acuerdo en la práctica no fue estropeado. Y tres, la agenda ambiental en lo agrario. Tenemos apuestas muy grandes en el tema de resolución de conflictos de uso de tierras, pero cambiando totalmente el chip de ese enfoque criminalizador y restrictivo que tiene en este momento la lucha contra la deforestación, hacia un enfoque integrador de gobernanza ambiental donde las comunidades no son enemigas del ambiente, sino que son las llamadas a protegerlo y lo han hecho.

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Esa reforma rural del Acuerdo de Paz tiene metas claras. ¿En qué van los tres millones de hectáreas del Fondo de Tierras que deben ser adjudicadas?

Hablo desde lo que vimos en la consultoría para la Procuraduría delegada para el Acuerdo de Paz y también con base en los recientes informes que esa entidad y la Contraloría entregaron al Congreso. De lo que se dice que está en el Fondo de Tierras (cerca de dos millones de hectáreas), el 10 % realmente son tierras que se pueden disponer para adjudicación. Y esas no se han podido adjudicar por distintas situaciones, habrá que evaluar qué es lo que pasa. La gran realidad es que el 90 % son tierras que están ocupadas o están problematizadas de otra forma, o son tierras que tienen que pasar por un proceso de recuperación de baldío. Hay múltiples procesos que son de competencia de la Agencia de Tierras y que en este momento tienen que ir incluso ante los jueces agrarios -que no existen-. Esa es una alerta que hay que encender.

Tampoco es fácil encontrar tres millones de hectáreas libres para adjudicarlas…

No, no las hay. ¿Por qué no? Yo estaba en esta entidad cuando formulamos el Acuerdo de Paz y esas cifras salieron de nosotros. Cogimos todo lo que teníamos en trámite en ese momento en procesos agrarios, o sea, tierras baldías mal ocupadas, ocupadas ilegalmente, playones que habían sido disecados artificialmente violando la normativa ambiental para ser cerrados y apropiados por ganaderías de búfalo; tierras que estaban en áreas ambientales y que habían sido apropiadas ilegalmente; tierras que habían sido objeto de extinción de dominio por temas de narcotráfico, tierras ocupadas por población campesina que las explotaba desde siempre pero que la titularidad aparecía a nombre de otros. Había más o menos un millón y medio de hectáreas. Cuando el ministro Juan Camilo Restrepo me pregunta qué se podía hacer en tierras, dijimos al menos el doble, y así salieron los tres millones de hectáreas. Yo pensé que las Farc no iban a aceptar eso, porque era una meta muy conservadora. No me imaginaba que alguien hiciera una guerra de más de medio siglo para decir que va a cumplir la ley. No hay nada más estatista que ese Acuerdo de Paz: cumplir lo que estaba.

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¿Y los siete millones de hectáreas que deben ser formalizadas?

Informes de Procuraduría y Contraloría coinciden en que de las cifras que se exponen de titulación o de formalización (dos millones de hectáreas), la mitad no corresponde al Acuerdo de Paz, sino que son cifras viejas, anteriores a 2016, que se presentaron como nuevas porque, por ejemplo, se llevó alguna resolución al Registro de Instrumentos Públicos; entonces las adjudicaciones que habíamos hecho acá en años anteriores se registraron y lo empezaron a contar como resultado del Acuerdo de Paz, pero no fue así. Han acomodado las cifras para decir que se hacen muchas gestiones.

Y ahí hay otro problema duro en formalización, que es un reto que tenemos claro, y es la microfundización, o sea, aquí se han hecho procesos de titulación que han sido masivamente de microfundios que no cumplen con los estándares de la Unidad Agrícola Familiar. Cuando se avanza en titular microfundios, el coeficiente de desigualdad aumenta, porque hay cada vez más predios, que es lo que tenemos hoy: 60% de las unidades productivas son de pequeños, y con ese 60% la media es de menos de cinco hectáreas, de hecho, la mayoría es de dos hectáreas. ¿Y el resto de las tierras quién las tiene haciendo qué? Es decir, estamos pendientes de los latifundios, pero también de los microfundios.

La Agencia de Tierras tiene otra deuda, que es con las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Algunas de ellas han solicitado su constitución desde hace más de 10 años. ¿Qué ha pasado allí?

Se sintetiza en una política sistemática de estigmatización y señalamiento frente a la figura. Se ha dicho que estas zonas son una figura de la subversión, del enemigo interno y en esa medida, al ser fortines de las Farc, principalmente, no merecen ningún apoyo y son segregadas. Y además las que ya están constituidas muy poco han logrado avanzar en los planes de desarrollo sostenible que se formularon, eso está en el papel.

¿Ustedes van a destrabar estas zonas pendientes por constituir?

En el acuerdo programático está explicito que se van a constituir las ZRC que están en curso. Pero, además de incluir las zonas nuevas, hay también otras expresiones de territorios campesinos que en la ley no están previstas, pero aquí se quieren implementar, como los territorios agroalimentarios. No todo el mundo tiene que estar organizado en unas asociaciones campesinas que quieran ser zona para ser protegidos por el Estado. Los territorios agroalimentarios son zonas donde haya vocación y aptitudes de suelos aptos y fértiles para la agricultura, donde las comunidades tengan una vocación campesina, productora de alimentos, que exige que allí se privilegie la producción alimentaria como una utilidad pública y social.

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La Comisión de la Verdad en su Informe Final también acaba de decir que hay que hacer el reconocimiento al sujeto campesino. En su equipo de empalme hay personas como Darío Fajardo o Absalón Machado, que han defendido eso. ¿Cómo se materializa?

Hay una discriminación histórica de las comunidades campesinas, el sujeto campesino y sus factores de identidad: su autorreconocimiento, sus territorios, su relación con la tierra, que no se limita a ponerla a trabajar; la tierra para el campesino tiene una relación tan estrecha, como la de los pueblos indígenas y los pueblos afro con el territorio; para nosotros la tierra es una propiedad más que se vende y se tramita, para ellos es su vida, su heredad, sus tradiciones, su cultura, sus tejidos comunitarios y organizativos. Eso está hoy en desventaja. Ese no reconocimiento especial ha llevado a que el campesinado esté en una situación de discriminación y marginación. En la historia del conflicto, y el Informe Final lo confirma, la población campesina ha sido la principal víctima del conflicto en Colombia. Y además ha resistido con su propia fuerza y capacidad organizativa porque no ha habido políticas orientadas a protegerlo, de hecho, las ultimas políticas agrarias han venido orientadas es a desaparecerlo, ya el campesino hoy es un trabajador agrario, para algunos sectores. Y cumplir esa deuda histórica pasa por darle ese estatus que se le ha negado, por ejemplo, Colombia ni siquiera ratificó la Declaración de Naciones Unidas, todo es deliberado, es un mensaje intencional, no es accidental.

¿O sea, ustedes van a formular la política pública del campesinado? Esa es una disputa entre este gobierno y el movimiento campesino…

Aquí se va a hacer. Eso es parte del programa de gobierno que ganó. Se le tiene que dar el reconocimiento; ya no podemos ir a Naciones Unidas y decir yo me ratifico, pero sí podemos incluir aquí internamente la declaración de los derechos del campesino, volverlo ley, en instrumentos del sector agro darle el lugar tanto en lo institucional, como en las inversiones, en los programas, en las fichas de gobierno y desarrollo y en los proyectos de inversión. Que lo campesino tenga un lugar específico en el desarrollo.

¿La Operación Artemisa, campaña de este gobierno contra la deforestación, entonces no va más?

No, no va más. Ese enfoque castigador y que persigue a las comunidades es muy negativo, en lugar de poner a las comunidades como aliadas, las pone en contra, si la Amazonia se ha protegido es porque las comunidades la han protegido; de hecho creo que todavía Parques Naturales no logra llegar a la Amazonia; las autoridades ambientales no logran tener gobernanza ni la van a tener así contraten un batallón de gente y la pongan ahí. Las directrices de la FAO sobre la gobernanza, la tierra y el ambiente, las experiencias internacionales, el Acuerdo de Río, todos los compromisos internacionales en materia ambiental muestran que la gobernanza ambiental es participativa y las comunidades locales son las protagonistas de la protección y no las enemigas. Aquí es absurdo, por ejemplo, Reino Unido y Noruega ponen un montón de fondos de donación en Acción Climática solamente a fortalecer a la Fiscalía para que vaya y haga operativos judiciales.

¿Cuál va a ser acá la estrategia? Se habla del eslabón campesino, pero ¿y los patrocinadores de la deforestación?

La idea es en los dos niveles. Se mantiene toda la parte de lucha contra la deforestación, como la han presentado, sacando a Defensa, porque la función ambiental no es de un sector destinado a la guerra; desde ahí empieza mal. Que lo hagan las entidades ambientales y agrarias para poder estimular acuerdos de cómo resolver esos conflictos y como lograr asentamiento de las comunidades. Y lo que es la persecución de esa delincuencia, que también hay que hacerlo, que la acción de la justicia recaiga en esas personas. Uno ve los operativos que hay hasta hoy y no están recayendo en las personas que sí son criminales, y están metiendo en el mismo paquete a comunidades que estaban asentadas allí hace 20 o 30 años o más. Nosotros vamos en la idea de lo que esta en el Acuerdo de Paz: resolver los conflictos de uso de manera participativa, cerrar la frontera agrícola con las comunidades, asentándolas a ellas y volviéndolas socias del Estado en la gobernanza ambiental.