El barrio El Oasis, de Puerto Berrío (Antioquia), tiene una calle a la que llaman “el callejón de la muerte”. Por ese pasadizo ingresan las pandillas de jóvenes de otros barrios que llegan a atacar a la pandilla de este barrio. El Oasis, precisamente, es una de las zonas más estigmatizadas de ese municipio y suele figurar en los titulares de la prensa local cada vez que hay un nuevo asesinato de un cabecilla de los combos o una captura o una incautación de armas.
Pero el último fin de semana de julio fue inusual en el barrio. Decenas de hombres y mujeres llegaron a este poblado con maquinaria, carretillas, cemento, palas y palustres. Entre ese puñado de gente, quienes estaban al frente eran hombres a los que hace una década los pobladores veían bajar por el río Magdalena con uniformes camuflados, un fusil terciado al hombro y un brazalete con la sigla Farc. Y entre ellos, el más alto comandante de la guerrilla en esa zona: José Lisandro Lascarro, más conocido como Pastor Alape.
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El sábado 30 de julio el exjefe guerrillero llegó de blanco, con gorra y una camiseta en la que se leía “Colombia República de Paz”. Junto a él, otros de los comandantes de las Farc que hicieron la guerra en el Magdalena Medio: Omar de Jesús Restrepo, hoy senador de la República; Jairo Cala y Pedro Baracutao, representantes a la Cámara; y Pedro Trujillo, o Alberto Cancharina. La razón: venían a intervenir y a pavimentar el conocido “callejón de la muerte del barrio”, hombro a hombro con sus pobladores, muchos de ellos víctimas del conflicto.
Durante ese sábado los antiguos jefes de la insurgencia arrastraron carretillas de un lado a otro llenas de cascajo, cargaron cemento y echaron pala, bajo el rigor del sol de Puerto Berrío y ya desacostumbrados a ponerse las botas y al trabajo físico, pues ya son cinco años desde que varios de ellos dejaron el fusil y asumieron su oficina en el Congreso. Tampoco son pocos de ellos los que ya rondan los sesenta años y a los que la paz les ha ido costando kilos de más. Aún así, el resultado fue la pavimentación completa de ese callejón, a lo largo del cual viven alrededor de una decena de familias.
En el acto estuvieron presentes @Pastor_Alape, el senador @Omar_Comunes, los representantes @JairoComunes y @Pedro_Comunes junto a varios firmantes de paz trabajando junto a la comunidad y en colaboración a la gestión de la alcaldía del municipio. pic.twitter.com/oaXU0MORzs
— COMUNES 🌹 (@ComunesCoL) July 31, 2022
Que los antiguos jefes guerrilleros hayan llegado ese sábado a intervenir el barrio El Oasis tiene de precedente un largo proceso de reconstrucción de confianza con las víctimas de Puerto Berrío, que Pastor Alape ha venido impulsando tras la firma de la paz, en ese que es el municipio donde nació y en otros del Magdalena Medio. Un proceso en el que se ha encontrado incluso con hombres del Bloque Central Bolívar de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia, con quienes combatió a muerte en el norte y sur de Santander, el sur del Cesar, el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño.
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Al otro lado del río Magdalena, al oriente, queda Cimitarra, ya del lado de Santander. Allí, hace menos de un año, el mismo Alape lanzó la cerveza ‘Alapaz’ con cuyas ventas espera construirle a su vereda, Vuelta Acuña, el acueducto que no ha tenido hasta hoy. Ya perforaron un pozo y siguen avanzando en las tareas previas junto con ganaderos y campesinos de la zona.
La escena del fin de semana era la materialización de una de las promesas que estaba en la base del Acuerdo de Paz con esa guerrilla: ver a antiguos jefes guerrilleros reparando vías en los municipios en los que hicieron daño, junto a sus víctimas, en vez de verlos pasar años en la cárcel por los delitos que cometieron durante la guerra. El trabajo fue conjunto: la alcaldía de Puerto Berrío puso la maquinaria, se hizo recolecta para comprar el cemento y los materiales, y la mano de obra fue de más de 20 excombatientes de las Farc, además de otros miembros de la comunidad.
“La paz tiene que llegar al territorio. Nosotros (los exguerrilleros) venimos de una experiencia de trabajar con las comunidades y no queremos que esa experiencia se pierda. Como firmantes, pero también en nuestra condición de promotores de paz, tratamos de que la pedagogía de la paz se manifieste en obras concretas: que la esperanza se pueda tocar, se pueda caminar. Esta intervención le va a servir por lo menos a 40 personas que viven en esa calle”, sostiene el exjefe Pastor Alape.
Los trabajos, obras y acciones reparadoras anticipadas
La jornada en Puerto Berrío fue iniciativa propia de los firmantes de paz, pero está reglamentada en la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Allí, se llaman formalmente Trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador, o TOAR. Hasta ahora la sigla no ha sido muy común en la opinión pública, pero empezará a sonar cada vez más, en la medida en que se van acercando las primeras sanciones propias que impondrá esa justicia a los comparecientes.
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Pero aún antes de que esa justicia emita las primeras sentencias, que vendrán seguramente de los macrocasos 01 – secuestro – y 03 – falsos positivos – que son los más avanzados, los excombatientes han venido trabajando en lo que se denomina TOAR anticipados. Felipe León, coordinador del equipo jurídico de TOAR que apoya a los firmantes de paz, lo explica así:
“Estos TOAR anticipados tienen dos sentidos: el primero, reafirmar el compromiso con la jurisdicción para quienes suscribieron el régimen de condicionalidad, o, en otras palabras, mostrarle a la JEP que esas personas están cumpliendo. Eso es para las personas que no tienen vocación de ser sancionadas (excombatientes de base); pero para las personas que posiblemente vayan a ser sancionadas, esos TOAR tienen una vocación de seguridad jurídica de cumplimiento anticipado de la sanción que la JEP les vaya a imponer”.
A la fecha, el equipo jurídico de los exguerrilleros ha radicado 179 solicitudes de certificación de TOAR en todo el país, de las cuales la JEP ha certificado ya 31.
Así, los firmantes presentan a la JEP solicitudes para que certifique que algunas labores o actividades que están desarrollando o desarrollaron son en efecto TOAR anticipados, y la secretaría ejecutiva de esa justicia confiere esa certificación. A la fecha, el equipo jurídico de los exguerrilleros ha radicado 179 solicitudes de certificación de TOAR en todo el país, de las cuales la JEP ha certificado ya 31. Además, otras 26 están en construcción por parte de los firmantes, entre ellas la labor desarrollada el fin de semana en Puerto Berrío, que se presentará a consideración de la JEP.
Sin embargo, explica el abogado, aún no hay claridad en lo que sigue después de que la JEP certifica estos TOAR anticipados. “Esa es una de las demandas a la JEP por parte de la defensa de los comparecientes, tanto de Fuerza Pública como excombatientes de Farc: ¿Cómo se va a evaluar eso? ¿Cómo se va a hacer el descuento de la sanción? En 31 casos de los excombatientes ya la JEP ha certificado que son TOAR anticipados, pero eso cómo les cuenta a los firmantes, de qué forma les sirve… no hay fórmula de cómo se va a hacer ese descuento en las sanciones”, dice el abogado León.
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El inédito episodio de Puerto Berrío del sábado se vio opacado por la seguidilla de asesinatos de excombatientes que le siguió entre domingo y lunes. El 31 de julio fueron asesinados Idelber Gómez en Puerto Caicedo y Rigoberto López en Valle del Guamuez, ambos en Putumayo; y el 1 de agosto la víctima fue Wiston Antonio Mosquera, en Bello (Antioquia). En lo corrido de 2022, han sido asesinados 31 firmantes de la paz.