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La guerra en Colombia quedó “empapada de dolores, odios y desconfianzas”. Esa es una de las frases que quedó consignada en uno de los volúmenes del Informe final de la Comisión de la Verdad en el que queda explícito que por años nos acostumbramos a vivir en el conflicto y, peor aún, que eso se tradujo en una desconfianza generalizada.
Esa cautela y sospecha han permanecido intrínsecas en la sociedad con consecuencias nefastas. Desde hace tres años, Somos Comunidad le ha apostado a la transformación de esa forma de relacionamiento, especialmente en las poblaciones más afectadas por el conflicto, con un proceso innovador que busca mejorar la seguridad ciudadana y la confianza entre vecinos y fuerza pública. Algunas de esas estrategias, que se han implementado en 35 municipios afectados de Antioquia, Bolívar, Cauca, Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Sucre, fueron expuestas en la primera Semana de la Resiliencia, que se llevó a cabo del 28 al 30 de noviembre en Bogotá.
“Esta Semana de la Resiliencia nos permitió traer personas del territorio, líderes comunitarios, lideresas y líderes de poblaciones étnicas para que mostraran esas realidades y pudiéramos generar una reflexión sobre cómo se puede construir nuevamente la confianza que ha roto el conflicto armado. Esta semana, sobre todo, hicimos el ejercicio de escuchar y estar dispuestos a aprender de esas realidades”, dice Joshua Mitrotti, director del programa Somos Comunidad —una actividad financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) e implementada por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD)—.
El evento fue justamente un espacio de diálogo, análisis y reflexión con expertos, representantes del Gobierno, la academia y cooperación internacional. En seis paneles que incluían temas sobre género e inclusión, la transformación de la policía y el papel de los jóvenes como protagonistas del cambio, se mostraron los retos y perspectivas en convivencia y seguridad ciudadana, pero abordados con una óptica distinta: a través de la cohesión social, el fortalecimiento de los sistemas de seguridad locales y con la resiliencia como eje transversal.
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“Le apuntamos a construir esa resiliencia, esa capacidad que tienen las personas, las organizaciones y las instituciones para resistir, en nuestros casos, a factores de riesgo que generan crimen, violencia y falta de convivencia. Es un término que en la ciencia social cada vez toma relevancia y pertinencia porque nos permite entender que hay unos factores externos que nos pueden alterar, pero que podemos generar capacidades para que nos alteren lo menos posible. Eso es fundamental para esas comunidades porque se salvaguarda su tejido social”, dijo Mitrotti.
Justamente ese tejido social es el primero que se ve atacado por los grupos armados en su afán del control territorial. No en vano, 1.567 líderes y lideresas sociales han sido asesinados desde el Acuerdo de Paz, 153 solo este año.
En uno de los paneles centrales sobre estrategias de prevención en el marco de la seguridad ciudadana, Elizabeth Dickinson, analista de International Crisis Group, explica cuál ha sido el plan de esas estructuras criminales: “En Montes de María, las AGC llegaron hace unos años con una estrategia muy diferente a la del pasado. En vez de llegar con violencia, les decían a las comunidades: aquí llegamos a hacer proyectos, vamos a hacer una placa huella acá. ¿No tienen electricidad? Se las ponemos. Pero, por otro lado, quien nos critica se va para el monte a pagar el precio. ¿Qué más hicieron? Identificaron a los líderes de su comunidad y los cooptaron, los coaccionaron o los desplazaron del territorio y así rompieron el tejido social de la región para construir su propio orden y reglamento de cómo debe ser la vida diaria. Ese es el tejido que toca reconstruir”, dijo.
Dickinson y otros panelistas coincidían en que para enfrentar esos riesgos de violencia era necesario abordar distintos frentes. Desde Somos Comunidad han intentado en estos tres años —de los cinco que dura la actividad— proporcionar apoyo psicosocial y de autocuidado, reducir la estigmatización a los liderazgos sociales y potenciar nuevos líderes en los territorios donde han intervenido. También juntar a quienes han estado en diferentes orillas a través de la promoción de colaboración, por ejemplo, entre policía, comunidades y autoridades locales.
“A partir de allí hacemos un diagnóstico donde invitamos a la autoridad local y a la comunidad para que se vean, se conozcan, se reconozcan y en ese espacio tratamos de que ambos identifiquen las fortalezas de esa población y posibles riesgos. Construimos un diagnóstico y hacemos una cartografía social. A partir de allí, hacemos unos planes de resiliencia. Es decir, ¿cuáles son esas salidas a los problemas que hemos encontrado?, ¿Cuál podría ser una alternativa, por ejemplo, para generar un espacio para que los jóvenes después de la media jornada puedan tener un espacio cultural o recreativo o deportivo para prevenir el consumo de drogas o sustancias psicoactivas?”, explica Mitrotti.
Para Felipe Muñoz, consultor experto en temas de SPA (sustancias psicoactivas), quien estuvo en el panel sobre las historias de las Zonas Comunitarias de Orientación y Escucha, “no basta con generar una oferta, la oferta debe integrarse para que se complemente. Hay una oferta educativa, una cultural, una deportiva, pero entre ellas no se complementan”.
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Así lo señaló también el ministro de Cultura, Juan David Correa, durante el conversatorio sobre prácticas para la resiliencia y la construcción de paz: “No es la biblioteca o la cocina lo que salva a la gente, es la convicción de la transformación espiritual”.
El plan de resiliencia puede servir para prevenir riesgos en torno a violencia intrafamiliar, violencia de género o violencia por prejuicio. “La idea es generar alternativas e incluir a todos, a los líderes y a los excluidos. Este tema debe ser interseccional”, explica el director de Somos Comunidad.
Esta actividad apunta a que quede la capacidad instalada en los territorios y en las comunidades para que sean ellas mismas quienes aporten soluciones a las problemáticas y eventualmente a los planes de desarrollo.
“Históricamente, las instituciones llegan al territorio, pero se van. Los programas duran un año, el profesional se va, llega otro y se repite lo mismo. Aquí se deja un conocimiento y una construcción en red”, aseveró Myriam Molina, lideresa de la Junta de Acción Comunal Moravia y participante de la estrategia de prevención del crimen y la violencia del municipio de Briceño, Antioquia.
En varios de los paneles la protagonista fue la paz territorial como la base para el desarrollo social y se tocó especialmente la implementación del Acuerdo de Paz. La consolidación y aceleración de su cumplimiento, dijeron los expertos, es la clave para copar los espacios que están llenando otros grupos armados. “Las respuestas a muchas de las preguntas que aquí hacemos están en una pronta y juiciosa implementación plena del Acuerdo de Paz. En ese pacto está todo y el país ya cuenta con ello desde hace siete años”, afirmó Dickinson.
Kyle Johnson, director de Conflict Responses Foundation (CORE), explicó que la idea de que varios temas para prevenir nuevas violencias se encuentran en ese pacto firmado en 2016. “El Acuerdo de Paz fue hecho para 15 años, pero seguramente muchas de sus metas se cumplirán en 30 años. No se puede ser injusto con el acuerdo… solo busca hacer en poco tiempo todo lo que no se ha hecho en más de 200 años de historia. Esta es una inversión para las comunidades, que necesitan paz y sentirse bien en sus hogares”, acotó.
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Algunas de las iniciativas de las comunidades terminan o deben terminar incluidas en políticas públicas. Al respecto, Vladímir Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Defensa, fue enfático en decir que se debería apuntar a las políticas de Estado para que queden aseguradas sin importar el Gobierno que esté en el poder.
“No basta con tener políticas públicas, deben ser efectivas y para eso hay que combinar tres asuntos: voluntad política, participación de las comunidades y resultados claros y concretos para que se generen cambios”, dijo Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo. Parte de las propuestas de las comunidades que participan en Somos Comunidad también han tenido enfoques de género y de población LGBTIQ+.
El profesor Alejo Vargas, investigador de la Universidad Nacional, hizo una aproximación similar durante el panel sobre la transformación de la Policía. El docente aseguró que se debe revisar el verdadero impacto local que tienen las políticas nacionales. “Ahí uno encuentra unos vacíos, ya que los discursos que están en el papel no siempre se ven reflejados en la cotidianidad que vive la gente”, explica.
En el encuentro también participaron representantes de los municipios de Caloto, El Tambo y Caldono (Cauca); San Pelayo, Puerto Libertador, San José de Uré y Montelíbano, (Córdoba); San Juan Nepomuceno, en Montes de María; Ocaña y El Carmen (Catatumbo), y Briceño (Antioquia). Todos ellos fueron condecorados al finalizar el evento por su destacada su participación y liderazgo en el programa de Somos Comunidad.
La transformación de la Policía
Uno de los puntos álgidos que se ha tratado tras el estallido social es la necesaria reforma de la Policía y del enfoque de la fuerza pública. Su reestructuración amerita una discusión amplia que logre sintonizarla con las necesidades de los ciudadanos, pero especialmente que logre que esa institución pueda transversalizar el enfoque de derechos humanos e inclusión.
Somos Comunidad también ha ayudado en esta tarea fortaleciendo los sistemas de seguridad locales y promoviendo una adecuada gestión territorial de la seguridad. Durante casi medio siglo, las soluciones se encaminaron a dar respuesta al control del orden público: más policías para las ciudades, más militares en las zonas rurales, pero el aumento del pie de fuerza no se ha traducido necesariamente en un mejoramiento de las condiciones.
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“La sociedad demanda espacios específicos. En la estructura de la Policía hicimos el ajuste, precisamente entendiendo que la transformación debe ser la sombrilla que debe estar siempre viva”, dijo la coronel Diana Constanza Torres, jefa de la Oficina de Planeación de la Policía, en el panel sobre la hoja de ruta para la transformación de esa institución.
En las actividades desarrolladas por Somos Comunidad también se contempla en esa reestructuración de la Policía, la implementación de estrategias de prevención del crimen y la violencia que se hacen e implementan con las comunidades.
“Todo lo que ocurrió en el estallido social abrió un espacio para que Somos Comunidad pudiera trabajar de la mano con la Policía y el Ministerio de Defensa en temas de transformación del servicio de policía. Lo hacemos transformando los incentivos y los indicadores para medir su gestión. Eso está muy ligado a los temas de confianza, legitimidad y proximidad con las comunidades”, afirma Mitrotti.
Y agrega: “Eso se traduce en una capacidad de hacer cartografía social y de entender las dinámicas de los territorios. Por ejemplo, que un policía que llega a un departamento de la costa nariñense entienda que allá hay comunidades negras, que tienen una legislación y una jurisdicción especial, que los consejos comunitarios son fuertes, que se puede hablar también con los resguardos indígenas a través del cabildo gobernador para que uno pueda generar espacios de colaboración y confianza. Estamos en un momento en que el país quiere construir soluciones desde el territorio”.
El acercamiento entre comunidad y actores de seguridad es necesario al ser la primera autoridad con la que tiene contacto un ciudadano, afirmó Jairo García, del proyecto de Prevención del Crimen y la Violencia de Somos Comunidad. “Los ministerios tienen una responsabilidad nacional, pero con muy pocas capacidades locales; en cambio, la Policía sí tiene una respuesta local y es la institución más exitosa en eso. Si le pasa algo a una persona a la primera institución que llama es a su policía local, no tiene que necesariamente llamar a un general para tener una respuesta”.
A Somos Comunidad le quedan dos años de implementación de su estrategia en los que espera dejar transformaciones sociales en sus territorios de influencia.
**Este artículo fue construido en alianza con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD).